viernes, 28 de diciembre de 2012

Dime en qué gastas...

La actual administración estatal inició hace casi seis años. 2006 fue el último año completo de la administración de Francisco Ramírez Acuña -terminada por Gerardo Octavio Solís-, y 2012 lo es del Gobierno de Emilio González Márquez. Resulta interesante comparar los rubros de gasto de ambas administraciones en esos años -2006 vs 2012-, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas en el portal de internet del Gobierno de Jalisco.

Previamente diremos que la inflación entre el 1 de enero de 2006 y la misma fecha de 2012 fue del 29.27 por ciento. Todos sabemos que los salarios mínimos y los de los servidores públicos prácticamente aumentan en la misma proporción que la inflación.

Sin embargo, el presupuesto de Jalisco -desde 2006 y hasta 2012- aumentó más del doble que la inflación: 66 por ciento. Esto ha sido así en parte por los altos precios del petróleo que han permitido un prolongado oasis fiscal y también porque se viene contratando más deuda que hace seis años.

Llama la atención que si la inflación ha sido del 30 por ciento y el crecimiento presupuestal del 66 por ciento, al mismo tiempo existan rubros que en estos seis años hayan crecido muy por encima de esos porcentajes.

Iniciemos con el Poder Judicial, que en estos seis años ha incrementado su presupuesto en 71 por ciento: más del doble que la inflación y ligeramente por arriba del incremento presupuestal del Estado de Jalisco. El aumento en las participaciones y aportaciones a los municipios (82 por ciento) ha sido casi en la misma proporción que el presupuesto de los organismos autónomos (83 por ciento).

La ampliación en el presupuesto de los organismos autónomos (Instituto de Transparencia, Comisión de Derechos Humanos e Instituto Electoral) se debe en gran parte al exagerado crecimiento que ha tenido el financiamiento a los partidos políticos, cargado a la partida del Instituto Electoral.

Donde las cifras empiezan a parecer inverosímiles es cuando llegamos al Poder Legislativo. El presupuesto del Congreso ha crecido 137 por ciento: cuatro veces por encima de la inflación y más del doble del presupuesto estatal. Esto es sin considerar que ni así les alcanza, y que ese Poder tiene deudas que equivalen al total del presupuesto anual que tenían en 2006.

Si el crecimiento presupuestal del Poder Legislativo le parece exagerado, prepárese para conocer el aumento presupuestal anual por conceptos de intereses de la deuda pública del Poder Ejecutivo: ¡209 por ciento! Ahí no para el escándalo, ya que el rubro de Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSyS), que se ubica en el gasto corriente ha crecido ¡mil 505 por ciento!

El gasto corriente (nómina, materiales y servicios) del Gobierno de Jalisco hoy es 166 por ciento mayor que en 2006, dato que contrasta con la disminución en la inversión pública: hoy se gasta 57 por ciento menos en este rubro.

Urge un diagnóstico sobre tan extraño comportamiento presupuestal. Algunos rubros, como el 1,505 por ciento de aumento en las Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSyS), pudieran ser verdaderos hoyos negros presupuestales que deben aclararse. Escapa a toda lógica que Ramírez Acuña en 2006 haya gastado 1,325 millones en este rubro, mientras que Emilio González en 2012 erogue 21,284 millones.

Parecería broma del Día de los Inocentes siquiera pensar en que la Administración saliente explique las razones de semejantes cambios en la presupuestación y gasto. Toca a los académicos e investigadores, pero sobre todo a la nueva Administración, hacer un trabajo profesional que despeje las dudas que deja el muy peculiar estilo de gastar de Emilio González Márquez.

La historia no debe repetirse; necesitamos números y explicaciones coherentes sobre el presupuesto. No queremos ni necesitamos otro merolico haciendo performances sobre transparencia y rendición de cuentas.

También es necesario que de manera clara se establezca una veda presupuestal para aquellos rubros que reportan salvajes incrementos y que nos digan en qué proporción se piensa reducir el gasto corriente y aumentar la inversión pública. Y que además esas proporciones sean en sentido opuesto a lo que hizo el Gobierno que está aún a dos meses de irse.


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viernes, 21 de diciembre de 2012

Detrás del maquillaje

Detrás del maquillaje
Por Rogelio Campos

El Gobernador contrató a escondidas un monto considerable de deuda a corto plazo, y lo mantuvo en secreto por lo menos durante los primeros diez meses de 2012. De enero a octubre no hay registro de noticias que hagan referencia al oscuro préstamo por mil 400 millones de pesos que habrían sido para pagar deudas de los Juegos Panamericanos.

Hasta octubre, MURAL y los demás medios solamente habían publicado que se debían 500 millones de pesos a los proveedores de los Panamericanos. El 22 de agosto, Mario Vázquez Raña, mandamás de la Odepa, denunció la existencia de una "escandalosa" deuda por mil millones pesos, pero al día siguiente, Carlos Andrade Garín desmentía categóricamente lo dicho por Vázquez Raña.

Vázquez Raña estaba equivocado. No se debían mil millones, se debían más de dos mil: 500 a los proveedores, mil 400 de un crédito oculto y un monto -que no conocemos- por concepto de intereses crediticios y moratorios.

El Gobernador evadió el camino de solicitar la aprobación del Congreso para contratar deuda y se refugió en el artículo sexto de la Ley de Deuda Pública, que dice: "No constituirán deuda pública las obligaciones directas a corto plazo que se contraigan para solventar necesidades urgentes, producto de circunstancias extraordinarias e imprevisibles...". Así contrató el crédito por el equivalente a poco más de 100 millones de dólares. No hay que olvidar que los intereses de los créditos a corto plazo son considerablemente mayores.

Resulta difícil creer que los adeudos fueran producto de circunstancias imprevisibles: desde muchos años antes de los Panamericanos se sabía de su organización y -se supone- de su costo. Y si las circunstancias eran urgentes, extraordinarias e imprevisibles, resulta sospechoso que ese escenario no haya merecido un comunicado oficial oportuno.

El propio artículo sexto de la referida ley pone candados a este tipo de créditos, ya que su vencimiento y liquidación se deben realizar en el mismo ejercicio anual para el cual fueron contratados. Si el crédito se contrató a principios de este año, como lo reveló el Secretario de Finanzas (MURAL, 3/11/2012), debe pagarse este mismo año. De hecho, algunas notas periodísticas indican que precisamente hoy, 21 de diciembre, vence ese plazo. Quizás se fijó el día de vencimiento para no tener que pagarlo, porque dicen que hoy sería el fin del mundo...

La fecha límite impuesta por el banco es el 21 de diciembre, y el 31 de este mes es la fecha límite que impone la Ley de Deuda Pública. Por cierto, sería conveniente saber cuál es el banco con el que se contrató, la tasa de interés y la sanción económica y los intereses moratorios previstos en el contrato de crédito, si no se paga hoy.

Como sea, si el crédito se contrató en esas condiciones es porque había suficiencia presupuestaria para pagarlo en 2012, pero... resulta que no. El artículo octavo de la Ley de Deuda Pública establece que "Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las disposiciones previstas en la presente ley son nulas de pleno derecho sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran quienes las lleven a cabo".

La contratación del crédito contraviene además varias disposiciones previstas en la Ley de Deuda Pública, y por tanto -según la propia ley- son nulas y deben ejercerse las acciones legales correspondientes.

Para muestra de las disposiciones vulneradas, en el artículo sexto encontramos un botón. Los créditos de corto plazo, a pesar de no ser considerados como deuda pública, "quedarán sujetos a los requisitos de información y registro previstos en esta Ley". Resulta muy extraño que nadie se haya percatado de la existencia del crédito si éste, a pesar de no ser considerado técnicamente como deuda pública, sí se encuentra sujeto a los mismos requisitos de información y registro que los otros.

Las cosas se empiezan a explicar cuando se consulta la página del Gobierno del Estado: en ningún lugar se encuentra publicitado ni registrado el crédito de marras, pero lo más grave es que el Gobierno no solamente no lo publicó, sino que hizo todo lo posible por ocultarlo, llegando a maquinar versiones alejadas de la realidad y a maquillar cifras sobre el verdadero adeudo de los Panamericanos. ¿Así se quedará?

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viernes, 14 de diciembre de 2012

Poder opaco

El pasado 29 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia emitió el Acuerdo 11/2012, por el que se "determina el procedimiento para integrar quince ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral (TE) del Poder Judicial de la Federación".

El TE está conformado por una Sala Superior integrada por siete magistrados y cinco salas regionales, y en cada una hay tres. Los 15 Magistrados que integran las salas regionales terminan su encargo el 7 de marzo de 2013, y a ello obedece el Acuerdo 11/2012.

Los Magistrados que integran las salas regionales resuelven asuntos de la mayor relevancia, tanto del proceso electoral federal como de los procesos locales. Un Magistrado de Sala Regional percibe anualmente dos millones 300 mil pesos; al terminar su cargo de nueve años cada uno se habrá llevado entonces 21 millones de pesos.

Llama la atención la forma en que la Corte ha decidido "difundir" la convocatoria: parecería que el objetivo es que nadie se entere. Tratándose de cargos de gran responsabilidad, por lo trascendente de sus decisiones, la prolongada duración del nombramiento y las remuneraciones, que están en la cima de cualquier tabulador del servicio público, sería conveniente que la convocatoria tuviera la mayor difusión posible.

En el segundo transitorio del Acuerdo de la Corte se indica que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el Semanario Judicial y su Gaceta, en cuatro diarios de circulación nacional y en medios electrónicos de consulta pública.

El Acuerdo sí se publicó en el DOF, pero no aparece en el Semanario ni en la Gaceta. Tampoco se encuentra en los portales principales de Internet de la Corte ni del Tribunal Electoral ni del Senado, que es a donde se enviarán las ternas. En el portal de Internet de la Corte sí aparecen varios acuerdos, incluso el 12/2012, pero no el inmediato anterior que convoca a los interesados que aspiren a estos cargos.

Eso no es todo: el Acuerdo dispone que los interesados únicamente cuentan con cinco días para presentar su documentación certificada por notario y un ensayo de hasta 15 cuartillas. Por si lo anterior fuera poco, los interesados de cualquier parte del País deben ir al DF a presentar su documentación.

El Acuerdo y la forma de darlo a conocer revelan que en el Poder Judicial de la Federación está ausente el principio de "máxima publicidad". El Acuerdo ni siquiera aparece en la sección de comunicados: un simple boletín de prensa habría sido replicado como nota por varios medios de comunicación.

La mínima difusión de un acuerdo de semejante magnitud y el poco tiempo que se concede a los aspirantes privilegia a la burocracia judicial, que es la que sí puede estar al tanto de tan peculiar forma de dar publicidad a este acto público.

El proceder de la Corte lleva a pensar que en el proceso hay cartas marcadas o favoritismo para ciertos aspirantes. La otra opción es que los Ministros de la Corte no quieren llenarse de cientos de solicitudes, pero entonces debería modificarse la norma para establecer requisitos más rígidos.

Cuando un proceso de renovación de este tipo de cargos es publicitado ampliamente y se da el tiempo suficiente para que los interesados se inscriban, hay oportunidad para que periodistas, editorialistas, académicos, especialistas, intelectuales y organizaciones hagan un análisis de los perfiles idóneos, un balance de la gestión que termina y un escrutinio público de los aspirantes. Pareciera que algunos poderes ya encontraron la forma de reducir al mínimo esta posibilidad.

El proceso deja muy mal parada a la Corte en cuestión de transparencia y da una mala señal sobre la vocación del Poder Judicial para manejar de cara a la sociedad la renovación de cargos de la máxima importancia. Los tiempos que corren demandan sin duda otro tipo de prácticas en el proceso de designación de quienes tienen en sus manos los veredictos de las cuestiones electorales.

Las elecciones y sus impugnaciones -que resuelve el TE- son mecanismos propios de un régimen democrático, y las cuestiones democráticas exigen un manejo distinto del que la Corte ha decidido dar a este asunto. ¿Así se quedará?

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viernes, 7 de diciembre de 2012

Proyectos sí, ocurrencias no

Puerta Guadalajara es un claro ejemplo de los "grandes proyectos" que las autoridades se sacan de la manga. Al inicio se anuncian con bombo y platillo: se exhiben cifras millonarias, supuestos beneficios para la ciudad y generación de empleos. Al final, terminan en simples ocurrencias, en obras inconclusas o ni siquiera iniciadas.

El 20 de octubre de 2007, MURAL publicó "Quieren desarrollar Barranca". La nota reporta que el Ayuntamiento de Guadalajara analizaba la posibilidad de asociarse con una empresa inmobiliaria (la española Mecanovae) para la construcción del complejo Puerta de Guadalajara, en un predio municipal de Periférico y la Calzada Independencia. Así, de la nada surgía el "proyecto", sin explicar cómo se gestó o cuál era la razón de escoger a esa empresa.

Un mes después, el 20 de noviembre, MURAL publicó "Viaja a Valencia Alcalde tapatío". La nota reporta que Alfonso Petersen viajaría a Valencia, España, a promover un desarrollo inmobiliario denominado Puerta Guadalajara; iría a presentar el proyecto en la Feria Internacional Inmobiliaria. Esto es, se le dio más importancia a una presentación en España que en nuestra ciudad.

La autoridad únicamente informaba lo que según su juicio consideraba que los ciudadanos debíamos conocer: que iba a generar empleo, que iba a detonar esa zona de la ciudad, que se construirían departamentos, un hotel y un centro comercial. También decía que a cambio de los 33 mil metros de terreno municipal, la empresa entregaría a la ciudad dos museos, un palacio de convenciones y áreas verdes; uno de los museos sería Panamericano y, lógicamente, tendría que estar listo para la justa continental.

Los argumentos de la autoridad también estaban anclados en otros proyectos que habría en la zona. Petersen decía que con la Presa de Arcediano se iba a construir un Jardín Botánico y que además estaría el Guggenheim. Cinco años después todos esos proyectos están sepultados.

Desde el anuncio de Puerta Guadalajara, la hemeroteca de este periódico registra un centenar de notas que desnudan las carencias del "proyecto". Para muestra un botón: la autoridad se percataba de que muy cerca de ahí está el Planetario y que sus condiciones eran deplorables: entonces se les ocurría que, en lugar de pedir un museo nuevo, los españoles arreglaran la construcción existente.

Después vinieron las acusaciones cruzadas por incumplimiento. La autoridad señalaba a la empresa y viceversa. Se llegó a publicar que la administración de Alfonso Petersen no entregó bitácoras ni planos autorizados (Mural, 30/01/2010).

Recientemente se dieron a conocer las dificultades económicas que sufre la empresa española y que le impedirían continuar con el proyecto. Para defender la continuidad, los promotores dicen que ya han tramitado créditos y que cuentan con nuevos socios (Mural, 25/05/2012).

En lo que ya parece una comedia de enredos, el Presidente Municipal declaró ayer que el "anonimato" con el que están actuando los nuevos socios mayoritarios es una violación al acuerdo de la concesión. Ramiro Hernández también dijo "No sabemos quién es la parte interesada, hay un enorme misterio que nos hace pensar que no están las cosas claras y que no sabemos a qué atenernos". La opacidad no es exclusiva del sector público.

Puerta Guadalajara generó muchas notas en los medios de comunicación, pero nunca hemos conocido el dato más importante: el tamaño del negocio. ¿A cuánto ascenderían las ganancias de este proyecto, una vez terminado y descontando el costo de los museos y otras obras de equipamiento urbano?

Si a final de cuentas se trata de un modelo de negocio en el que una compañía va a obtener utilidades, ¿no sería conveniente licitarlo para que lo hiciera la empresa con mayor solvencia y además obtener los mayores beneficios posibles para la ciudad?

Ante tanto manoseo, la actual administración ha determinado cancelar el "proyecto". Y hace bien. Además, debemos escarmentar y tomar este caso como ejemplo para en el futuro evitar las ocurrencias y hacer un manejo con el profesionalismo y la transparencia que este tipo de asociaciones público-privadas exige. La ciudad así lo merece.


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viernes, 30 de noviembre de 2012

Sexenio fallido

En el marco de la FIL y dentro del programa del 8º Encuentro Internacional de Periodistas, el miércoles se presentó oportunamente el libro Crónica de un sexenio fallido. La tragedia del calderonismo, editado por Grijalbo y autoría de Ernesto Núñez, director del -formidable- suplemento Enfoque de Grupo Reforma. Apenas empecé a leer el libro y en verdad es extraordinario. El artículo que hoy presento no es una reseña del libro, pero sí llega a la misma conclusión.

En la página de internet de la Presidencia de la República (http://t.co/V5cUN2Uh) se puede consultar el mensaje que desde el Auditorio Nacional dirigió Felipe Calderón el mismo día que tomó protesta. Entonces, Calderón decía que "la delincuencia pretende atemorizar e inmovilizar a la sociedad y al Gobierno; la inseguridad pública amenaza a todos y se ha convertido en el principal problema".

Calderón decía que "una de las tres prioridades que voy a encabezar es la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad". No hay datos que apunten en el sentido del éxito en las prioridades que se señalaban: la seguridad pública no mejoró y muchas de las acciones para alcanzar ese logro estuvieron plagadas de ilegalidad.

En lo que sí cumplió Calderón fue en la parte de su mensaje donde dice "restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, tomará tiempo, costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas". Efectivamente, ha tomado seis años, y se han multiplicado los gastos de las fuerzas de seguridad, la tasa de homicidios y la cantidad de desaparecidos. Y difícilmente alguien puede decir que las cosas están como en 2006: han empeorado.

Calderón también se comprometía en avanzar "sustancialmente en el acceso universal a los servicios de salud, en la educación de calidad y en una reducción sustantiva de la pobreza extrema". De los tres puntos, parece que al mandatario saliente se le olvidaron los dos últimos: ahora solamente presume el tema de la salud.

Sin embargo, habría que revisar si la supuesta cobertura universal de salud realmente lo es, sobre todo a la luz de lo publicado el 14 de octubre de 2012 por Grupo Reforma, en su suplemento Enfoque: con el doble de presupuesto que otros sexenios, durante el que está por finalizar se construyeron menos unidades médicas.

La cosa no para ahí. Enfoque revela que "las cifras oficiales indican que el acceso a los servicios de salud no mejoró". Peor aún, el reportaje también señala que se construyeron clínicas y hospitales, pero no se dotó de personal ni de equipo.

En cuanto a la pobreza, el 21 de marzo de 2012, José Luis de la Cruz Gallegos, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey, dijo que al finalizar el sexenio México tendrá 60 millones de pobres, 15 millones más que al inicio de la administración calderonista.

"Así, claramente mis prioridades serán: seguridad para los mexicanos, superación de la pobreza y creación de empleos en México... Me propuse y seré el Presidente del Empleo en México". Así lo decía Calderón hace seis años. Previamente se había comprometido a que se crearían un millón de empleos anuales (MURAL, 03/05/06). Muy corto se quedó en la meta, ya que no fueron seis millones de empleos y apenas se superaron los dos millones.

Podríamos seguir con el análisis del mensaje presidencial pronunciado hace 2 mil 191 días, pero no modifica la conclusión: Calderón hizo promesas que -por mucho- no cumplió.

Hasta aquí algunas citas y datos que llegan a la misma conclusión que Ernesto Núñez en su libro. Pero él nos ofrece otro camino: con información documentada, aunque poco conocida, y de manera amena, nos narra con detalle episodios determinantes en el sexenio que está por concluir. Ahí se puede tener una gran aproximación al talante de Calderón y la forma como decidió durante estos seis años.

Muy distantes del aplomo que pretende proyectar Calderón en sus discursos quedan las vacilaciones, debilidades e inseguridades que nos muestra el libro de Ernesto Núñez; tan distantes como lo están sus logros respecto a lo que prometió.


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viernes, 23 de noviembre de 2012

El nombre sí importa

Ayer, Felipe Calderón anunció una iniciativa con el propósito de cambiar el nombre de nuestro país, de Estados Unidos Mexicanos a México. No es un asunto novedoso: el Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917 registra la rica discusión en torno a ese tema.

En la octava sesión ordinaria (11/dic/1916), la Comisión de reformas a la Constitución presentó la propuesta de cambiar el nombre Estados Unidos Mexicanos (EUM), planteado por Venustiano Carranza, por el de República Federal Mexicana.

La Comisión -al igual que Calderón- consideró que EUM era una imitación al vecino país del norte. Con una claridad y sencillez extraordinarias plantearon que nuestros vecinos -contrariamente a nosotros- sí tenían razones para haber adoptado esa denominación (EUA) en virtud de su origen: trece colonias autónomas que se asentaron en esos territorios.

Otro argumento que retoma Calderón -expresado igualmente por la Comisión en 1916- es que la denominación EUM "no traspasó los expedientes oficiales para penetrar en la masa del pueblo; que el pueblo ha llamado y seguirá llamando a nuestra patria 'México' o 'República Mexicana' y con estos nombres se le designa en el extranjero" (Diario de los Debates).

Sin embargo, la Comisión integrada por Francisco J. Múgica (Michoacán), Alberto Román (Veracruz), Luis Monzón (Sonora), Enrique Recio (Yucatán) y Enrique Colunga (Guanajuato) fue derrotada. Los acusaron de conservadores y de atentar contra el espíritu federalista. Los constituyentes Luis Manuel Rojas (Jalisco), Fernando Castaños (Durango), Félix Palavicini (Tabasco), Rafael Martínez de Escobar (Tabasco) y Alfonso Herrera (Distrito Federal), entre otros, fueron los abanderados de la propuesta que a la postre triunfó: que el país se llamara Estados Unidos Mexicanos.

El resultado fue de 56 votos a favor del nombre República Federal Mexicana y 108 votos en contra, que en realidad respaldaban la propuesta de Carranza, primer jefe encargado del Poder Ejecutivo de la federación. La "línea" pesó.

El fondo del debate de hace 96 años se encuentra en que los partidarios del término EUM asociaban la denominación con el federalismo y con la autonomía de los estados. Ellos asociaban el término república al centralismo y decían que esa figura no implicaba un sistema federal.

Los que estaban por República -Federal- Mexicana decían que EUM era una copia de los norteamericanos y que no permeaba en la población. Argumentos muy similares a los que revive Calderón casi un siglo después.

De alguna forma, quienes aprobaron la denominación que actualmente tenemos -EUM- se equivocaron. El término no ha permeado y sí es una vil copia de los norteamericanos, pero lo peor es que de federalismo -un siglo después- hay muy poco, y lo poco es sumamente nocivo, porque los gobernadores empezaron a actuar como virreyes desde el "gobierno" foxista.

Es un caso parecido al Municipio Libre, que solamente existe para endeudarse y hacer tropelías. Queríamos combatir a los caciques que controlaban los estados y ahora tenemos muchos caciquitos que cobran tributo como grandes, pero nada controlan.

Quisimos hacer un híbrido entre el municipio -de origen español- y la entidad federativa -de origen norteamericano-, sin incorporar figuras como el condado o los gobiernos metropolitanos. Actualmente hay cientos de municipios que no cubren siquiera el requisito de contar con el mínimo de población, pero sí tienen presidente "monecipal" y regidores, ¡faltaba más!

El nombre no trajo federalismo. De hecho, hay estados unitarios o centralistas que tienen un mayor grado de descentralización que México, como son los casos de España y Japón.

Pretender el cambio de nombre oficial a México, como lo propone Calderón, es simplista y no es sensato. Todos decimos Brasil, aunque oficialmente se llama República Federativa del Brasil. Es el mismo caso con Suiza, cuyo nombre oficial es Confederación Helvética (CH). Igual ocurre con Alemania, que oficialmente se llama República Federal Alemana. La lista de este tipo de ejemplos sería larga.

Tenía razón la comisión del Constituyente de 1916-17. Deberíamos llamarnos oficialmente República Federal Mexicana, e informalmente, México.

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viernes, 16 de noviembre de 2012

En las nubes

Hace seis años, Felipe Calderón iniciaba su sexenio en un ambiente de crispación. Después de unas elecciones con un resultado sorprendente por la escasa diferencia -oficial- entre el primer y segundo lugar, Calderón tuvo que entrar por la puerta de atrás para tomar protesta en San Lázaro.

Las últimas semanas de su sexenio terminan de manera catastrófica. Bajo la administración calderonista, el país ha bajado su posición en prácticamente todos los índices que miden cuestiones como desarrollo humano, paz, Estado fallido, competitividad, etcétera.

Felipe Calderón llegó de manera muy apretada a la Presidencia de la República postulado por el PAN, partido que cayó al tercer lugar en la elección presidencial de 2012. Durante el sexenio calderonista, el balance del número y tamaño de estados gobernados por panistas también fue desastroso.

En lo que parecería una depresión por dejar el cargo, Calderón ha mencionado en por lo menos un par de ocasiones que tiene que darse prisa en la inauguración de obras "antes de que la carroza se le convierta en calabaza" (Mural, 28/mar y 01/nov/2012).

Un sexenio marcado por el incumplimiento de la principal promesa de campaña: la generación de más y mejores empleos. También marcado por el impresionante aumento de los homicidios y de la violencia. Por si lo anterior fuera poco, los organismos internacionales que protegen los derechos humanos hacen manifestaciones muy preocupantes acerca del dramático deterioro de los derechos humanos en México.

Sin embargo, todo eso parece que a estas alturas no le preocupa mucho a Calderón. Él trató a toda costa de encontrar algún sello distintivo -y positivo- de su paso por el poder. Así, los últimos meses se empeñó en decir que el suyo había sido el sexenio de la infraestructura y que lo construido le había cambiado el rostro a México.

Sin embargo, el Foro Económico Mundial dice que ese "gran esfuerzo" en realidad no fue tanto. En el Índice de Competitividad de 2006 (año en que asumió Calderón), México se encontraba en el lugar 64 por la calidad y desarrollo de su infraestructura. En el índice 2011-2012 nuestra infraestructura se ubica en el lugar 66.

El sexenio que termina también estuvo marcado por la muerte de dos Secretarios de Gobernación, ambos en accidentes aéreos. En los dos casos surgieron interpretaciones sobre el adecuado mantenimiento de las aeronaves oficiales, pero la versión oficial indica en otra dirección.

El pasado 26 de octubre, MURAL publicó "Indaga PGR en hangar corrupción y robos". La nota reporta una situación caótica y corrupta en el manejo de las aeronaves de la PGR. Si así se manejan las aeronaves oficiales, es probable que las accidentadas no tuvieran un mantenimiento adecuado.

La situación es más grave: la nota confirmaría que la Procuraduría General de la República, uno de los brazos en el combate contra las drogas, está podrida en su interior. Otro de los brazos en la guerra contra el crimen organizado es la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, cuyos elementos atacaron un vehículo con placas diplomáticas y tuvieron una refriega en pleno aeropuerto capitalino. El titular de la SSP ha sido señalado por hacer montajes televisivos con varias detenciones. ¿Esas son las corporaciones federales ejemplares? ¿Esos son los policías certificados que combaten el crimen organizado?

Otro de los brazos que se ha utilizado contra el crimen organizado son las fuerzas armadas. Durante el presente sexenio han desertado 44 mil militares. Cabe mencionar que el número de efectivos de nuestras fuerzas armadas asciende a 250 mil.

Cifras y datos preocupantes, pero quizás no tanto para Calderón, que se toma un fin de semana para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas, allá donde podría ser profesor huésped, con la resistencia de algunos miembros de esa comunidad académica.

Previo a cruzar la frontera, una gira por Tamaulipas como muchos mexicanos quisieran andar: escoltados, pero él nada menos que por aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. A dos semanas de concluir su sexenio, Calderón comparte gustoso las fotos de los aviones escolta... lo hace -literalmente- en las nubes.

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viernes, 9 de noviembre de 2012

Votas y te vas

El pasado martes se celebró la votación en la que fue reelecto Barack Obama, se renovaron algunos gobernadores y el Poder Legislativo. Pero también ese día los ciudadanos de 38 entidades votaron en 178 referéndums.

En Maine, Washington, Maryland y Minnesota votaron para determinar la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En Montana Massachusetts y Arkansas decidieron sobre la aprobación del uso de la marihuana con fines terapéuticos. En Colorado, Washington y Oregón fueron más allá y votaron sobre la legalización de la marihuana con fines recreativos.

En Florida rechazaron la propuesta de prohibir el uso de fondos públicos para financiar abortos. En Massachusetts se rechazó una medida para facilitar la eutanasia, mientras que en California se frenó una iniciativa contra la pena de muerte.

En Maryland votaron sobre la instalación de un casino en uno de sus condados, y en Arkansas sobre permitir o no la presencia de casinos. Montana rechazó que los inmigrantes acudan a las escuelas.

Protección de tierras, eliminación del seguro médico obligatorio, cuestiones fiscales y de gasto público, tráfico de personas, discriminación religiosa, regulación de permisos de construcción y portación de armas también fueron objeto de consulta y votación el pasado martes.

Hace casi dieciocho años, cuando por primera vez se vivió la alternancia en Jalisco, se desató una euforia democrática que propició la organización de foros de consulta para la reforma del Estado. Como consecuencia, se modificaron una serie de ordenamientos que -se nos decía- harían de Jalisco el Estado más democrático de México.

Se incorporaron las figuras de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, como un gran logro que daría poder a los ciudadanos. Faltó diseño funcional y voluntad real para llevarlos a la práctica. A casi dos décadas de distancia, sobran dedos de la mano para contar los casos en que se han llevado a cabo estos ejercicios.

En México nos conformamos con una democracia instrumental que únicamente sirve para elegir a nuestros "representantes" (de partido o -próximamente- independientes). Para nada más. ¿Para qué preguntarles a los ciudadanos sobre la instalación de casinos, permisos de construcción y cuestiones fiscales? Finalmente se puede resolver desde la sabiduría de las oficinas gubernamentales. ¿Para qué hacer pensar a la gente? Nuestros representantes populares saben lo que es bueno y pertinente para nosotros.

Cerca de la media noche, cuando Romney aceptaba su derrota, en las redes sociales se señalaba la diferencia entre nuestra democracia y la de EU, y la necesidad de aprender de nuestros vecinos. Se basaban en un solo hecho, que no es menor: la aceptación de la derrota. Muchos de los que ponderan la postura de Romney también exaltan la reelección legislativa que se practica en el país vecino.

Sin embargo, pocas voces traen a colación la multivotación que se lleva a cabo en la Unión Americana. Si los ciudadanos van a ir a votar por sus representantes, resulta lógico aprovechar la jornada electoral para que la ciudadanía se exprese y decida sobre varios temas de interés público. Criticamos su elección indirecta, por vía del Colegio Electoral, pero soslayamos la participación directísima en temas de interés público.

Ni siquiera nuestras mentes más avanzadas -nuestros intelectuales- reparan en la multivotación. Ellos andan muy preocupados por la reelección legislativa, que por cierto tiene serias críticas en la Unión Americana. Pronto avanzará la reelección legislativa, y cuando eso suceda puede ocurrir la misma decepción que significó el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular... y puede ser el mismo caso con las candidaturas independientes.

Resulta fundamental terminar con la lógica democrática del "votas y te vas". Requerimos considerar al electorado como mayor de edad en toda la amplitud del término, pensar menos en cómo elegimos a nuestros representantes y más en cómo el ciudadano decide directamente sobre diversos temas. Debemos pasar del elector espectador al ciudadano protagonista de las decisiones y para ello es necesario incorporar -entre otras prácticas- la multivotación. Lo demás es lo de menos.




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viernes, 2 de noviembre de 2012

Evolución legislativa


El Congreso del Estado se encuentra en el ojo del huracán. Son muchos y graves los señalamientos sobre su desempeño. Los diputados entrantes están obligados a solucionar el problema, pero también tienen la oportunidad de ser de los primeros en el país que hagan algo nuevo y necesario para el Poder Legislativo: profesionalizarlo.

Más allá de la catástrofe financiera causada por el incremento de plazas laborales y contratos, los diputados siguen sin contar con un equipo de apoyo profesional y confiable que les permita tomar las mejores decisiones. Han invertido mal el dinero: contratan asesores nominalmente, pero en la mayoría de los casos se trata de asistentes y de personal que realiza tareas administrativas que distan mucho de ser las que produzcan insumos de calidad para la discusión y producción legislativa.

Los diputados no están obligados a conocer de todos los temas, pero las democracias modernas han diseñado mecanismos de apoyo para que estén en condiciones de tomar decisiones con información de calidad. Ese elemento está ausente en nuestro Congreso y en muchos otros del país, incluyendo al federal.

La doctora Cecilia Judith Mora Donatto, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, publicó un interesante ensayo sobre la urgencia de rediseñar el Servicio Civil de Carrera del Congreso Mexicano, que se puede consultar en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/19/ard/ard7.htm

Mora Donatto explica detalladamente la importancia y el funcionamiento de algunos servicios de apoyo profesional que tienen varios congresos, entre ellos el Congressional Research Service (CRS) de los Estados Unidos de América. El CRS realiza investigación y análisis sobre todas las cuestiones actuales y emergentes; genera informes, recopilaciones, bibliografías, sesiones informativas, etcétera.

El CRS apoya a los miembros, comités y líderes de las cámaras durante el proceso legislativo, desde su ayuda en la evaluación de la necesidad de nueva legislación antes de que ésta se presente, hasta su asistencia para que puedan llegar a un acuerdo final sobre los proyectos de ley. El CRS también ofrece a los miembros del Congreso, su personal y comités, los servicios de seminarios, cursos de capacitación, asesorías breves, consultas en persona y traducciones.

El CRS se basa en los principios de estricta confidencialidad e independencia y posee total autonomía para desarrollar sus investigaciones y para administrar su presupuesto, según se establece en su estatuto interno. El CRS tiene 440 empleados, incluyendo investigadores, analistas y administradores. Resulta interesante cómo se distribuye su presupuesto: 61% investigación y análisis de políticas; 28% información; 6% documentación y 5% dirección ejecutiva.

Mora Donatto señala que la asignación del presupuesto refleja que el rubro de mayor interés e importancia para el Congreso estriba en la investigación y la evaluación de políticas públicas, dos de las funciones más significativas de los parlamentos modernos.

Una distancia abismal es la que nos separa del funcionamiento del CRS. El "chambismo", la improvisación y el sistema de lealtad hacia la persona (el diputado) caracterizan al asistente legislativo. Debemos evolucionar hacia una tarea articulada, institucional y profesional, realizada por analistas y asesores que ingresen a un servicio civil de carrera legislativa y que progresen según sus méritos y capacidades.

Desactivar la bomba de tiempo administrativa y presupuestal del Legislativo es lo urgente; pero más allá de lo inmediato, lo verdaderamente importante y trascendente es que los diputados entrantes perfilen un sistema de apoyo de calidad que produzca insumos de calidad para la función que deben desempeñar.

El tamaño de su decisión reflejará la importancia que le conceden a la función legislativa. Parece difícil transitar hacia un modelo como el norteamericano, sobre todo si no se tiene altura de miras, pero es de las pocas acciones que pueden redimensionar al Poder Legislativo.

Sí, hay que arreglar el tiradero del pasado, pero ya va siendo tiempo de pensar cómo queremos que sea el futuro. En este reto los nuevos diputados podrían poner a prueba sus capacidades.

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viernes, 26 de octubre de 2012

Puro teatro

El pasado miércoles, Emilio González presentó en la Ciudad de México el estudio "Jalisco Más Allá de las drogas". Ahí declaró sobre la inseguridad en la entidad y lo hizo muy a su estilo: torciendo las cifras y con expresiones poco afortunadas.

González Márquez dijo que en Jalisco se perpetran un promedio de tres homicidios dolosos al día, como también ocurre en el Distrito Federal, pero en su consideración la diferencia es que en la capital este delito se comete sin la "espectacularidad y puesta en escena" con la que se lleva a cabo en Jalisco (La Jornada, 25/10/12).

Para reforzar su argumento, el Gobernador expresó: "No somos de los Estados más violentos, cuando checas la cifra, estamos en el lugar 14 de homicidios dolosos; sin embargo, pues sí se han llevado a cabo algunos performance por parte de los grupos delictivos que los hacen notorios, esa es la realidad, por eso a nosotros nos gusta estar más en la objetividad de los números y de los informes que sólo de la percepción, sin dejar de reconocer que la percepción es importante".

Pero resulta que así no es la realidad. Según las cifras más recientes del INEGI(http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2012/agosto/comunica29.pdf), en el 2011, en el DF se contabilizaron mil 101 homicidios, mientras que en Jalisco hubo 38 por ciento más: mil 524. Efectivamente, allá se cometieron 3.01 homicidios por día, mientras que aquí fueron 4.17. Al parecer, aquí no importa o tratamos de esconder un poco más de un muerto por día.

La realidad tampoco nos ubica en el lugar 14 de homicidios, porque somos el sexto lugar en números absolutos. Tampoco se sostiene el argumento del Mandatario: "teniendo casi ya la misma población (7 millones 350 mil habitantes) que el Distrito Federal (con 8 millones 851 mil personas) tenemos el mismo número de homicidios dolosos": la tasa de homicidios en Jalisco es de 20.7 por cada 100 mil habitantes, mientras que en el DF es de 12.4.

El gusto del Gobernador por "estar más en la objetividad de los números y de los informes que sólo de la percepción" es -por lo menos- un gusto extraño o de dientes para afuera, pues ignora o manipula los números a su conveniencia, y lo hace ante quienes elaboraron el estudio presentado: investigadores que tienen como norma el rigor metodológico.

No es la primera vez que el Gobernador recurre al truco de inventar cifras de muertos. El 5 de agosto del 2010, MURAL publicó: "Estamos mejor que en EU.- Emilio", quien entonces dijo: "En los años 2007 y 2008, los índices publicados sobre inseguridad decían que en Jalisco había 5.4 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; en Estados Unidos el índice es de 5.6". Al igual que ahora, mintió: la tasa del 2008 en Estados Unidos era de 5.4 y la de Jalisco de 7.78.

Para el Gobernador, lo de Jalisco es un asunto de percepción, ya que "los grupos delictivos han llevado a cabo algunos performance", y el delito se comete con espectacularidad y puesta en escena.

Cuesta trabajo asimilar que un tema tan serio sea banalizado con ese grado de imprudencia, y que sea atestiguado -y prácticamente avalado- por los investigadores que acompañaron al Gobernador.

Resulta explicable -más no aconsejable- que la sociedad se acostumbre al crecimiento cuantitativo y cualitativo de la violencia, pero pareciera que los gobernantes no solamente quieren que veamos como normal lo que llega a ser dantesco y merece la condena unánime. Van más allá, y con gran desenfado lo llegan a llamar performance o puesta en escena. Habrá que averiguar qué los lleva a tener un humor tan retorcido como los números que alegremente recitan.

Hay que reservar las palabras para usarlas oportunamente. Performance o puesta en escena sí es aplicable para lo que, gustoso, ha hecho el Gobernador en múltiples ocasiones: dormir en una casa humilde, atarse las piernas y andar en silla de ruedas, hacerla de albañil, uniformarse de policía, conducir una ambulancia... o plantarse muy seguro ante los medios para torcer los números. Se entiende que esa teatralidad sí ha sido premeditada para lograr algo que, en palabras de Emilio González, es importante: generar percepción.


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viernes, 19 de octubre de 2012

El tamaño del negocio

El pasado miércoles se presentó el libro "Informe Jalisco: Más Allá de la Guerra de las Drogas". Es un estudio pagado a Nexos y se publicó en una coedición del Gobierno del Estado y Cal y Arena. Al final, en las páginas 284 y 285, se exponen nueve puntos a manera de conclusiones, destacando el tres y el nueve: abrirse al debate de la legalización de las drogas y alzar la voz internacional de México para revisar el consenso prohibicionista. Los demás puntos prácticamente no aportan a lo que ya se ha dicho sobre el tema.

El pasado 26 de septiembre Calderón fue vehemente en su intervención ante la Asamblea de la ONU: "propongo, formalmente que ésta, nuestra Organización de las Naciones Unidas se comprometa y que haga una valoración profunda de los alcances y los límites del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas". Urgió a la ONU a encabezar una discusión a la altura del siglo 21, que "sin falsos prejuicios" convoque a encontrar soluciones al problema del narcotráfico con nuevos enfoques (MURAL, 27/09/12).

En la presentación del libro, el Gobernador Emilio González dijo que buscó "perfiles ajenos a la función pública para realizar la investigación". Sin embargo, en el equipo de nueve personas hay cuatro servidores públicos de primer nivel de su Administración: o no busco bien, o se quedó con la intención de hacerlo.

El punto más vulnerable del estudio se encuentra cuando aborda el tamaño del mercado de la droga en México. Señala que "de acuerdo con el World Drug Report 2010 de la ONU, el valor total del mercado mexicano no excede los 8 mil millones de dólares... Por años se habló de un mercado con valor anual de 35 mil millones... Todos los cálculos documentados quedan muy por debajo de la imaginación de esas cifras. Todas las fuentes dan cifras inferiores a las que suelen leerse en la prensa o decirse al pasar".

Las estimaciones están basadas en el World Drug Report, que se alimenta -en gran medida- de la información oficial que mandan los propios países. La información corresponde a la que se procesó en 2008. También acuden al Informe del estado de la seguridad pública en México, 2010, del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal (Secretaría de Seguridad Pública) y publican la liga http://www.insyde.org.mx/images/informe_estado_ seguridad_ publica.pptx... que está en blanco. No sé usted, pero particularmente en este tipo de casos, yo no confío en las cifras gubernamentales de nuestro País.

Una cosa es el mercado interno de las drogas, el de las que se consumen en el País, y otra muy distinta serían los ingresos que se perciben por esas ventas y además por las "exportaciones" al mayoreo. Ambos datos son importantes, pero el estudio no es claro al respecto, y lo que aporta tiene serias limitaciones por la credibilidad de la fuente y el atraso de la información -corresponde a 2008-; vamos, los ingresos de las ventas en Estados Unidos también compran armas y pagan sicarios.

Hay múltiples documentos que señalan una cantidad mucho mayor de recursos que ingresan a México por "exportación" de droga. Para muestra, el documento del Servicio de Investigación del Congreso norteamericano, que se puede consultar en http://fpc.state.gov/documents/organization/155587.pdf y que señala que los flujos que entraban a México en 2010 podrían ascender hasta los 39 mil millones de dólares; la fuente no es la prensa -como lo dice el libro presentado el miércoles-, sino el propio FBI.

Es importante conocer el monto del mercado de la droga en México y los flujos que ingresan al País. Poco se va a lograr desdeñando la información o acudiendo solamente a fuentes oficiales, y mucho menos si se tiene el prejuicio de minimizar las cantidades.

No es la primera vez que los investigadores de Nexos subestiman las cifras: en 2009 publicaron que los muertos en México no eran muchos y que la percepción de inseguridad era responsabilidad de los medios... tomaban cifras del 2007, y después tuvieron que dar marcha atrás y decir que sí había un crecimiento impresionante de muertes.

Necesitamos datos tan serios como el problema mismo, no se trata de escoger arbitrariamente la cifra que soporte nuestro argumento, sino de construir argumentos alrededor de las estadísticas que realmente importan.

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viernes, 12 de octubre de 2012

Tiempo dilapidado


El 1 de julio se desarrolló la jornada electoral en la que resultó triunfador Enrique Peña Nieto. Desde ese día hasta el 1 de diciembre, fecha en que tome posesión del cargo, habrán pasado 152 días.

Esos cinco meses no son más que una larga despedida para el Mandatario saliente y una larga espera para el entrante. El enorme plazo resulta injustificado y contrasta con los que se tienen establecidos en otros países.

En la Unión Americana, Barack Obama resultó triunfador el 4 de noviembre de 2008, y 77 días después asumía la Presidencia de los Estados Unidos de América. Prácticamente la mitad del tiempo que nos llevará en México.

En Brasil, Dilma Rousseff ganó -en segunda vuelta- el 31 de octubre del 2010, y el 1 de enero del 2011 tomaba las riendas de ese país. Transcurrieron 61 días entre la jornada electoral decisiva y el inicio de su gestión.

En España, Mariano Rajoy triunfó en las elecciones del 20 de noviembre del 2011, y 31 días después tomó posesión del cargo. Si los 31 días de España nos parecen pocos, el caso de Francia todavía es más drástico. Francois Hollande ganó -en segunda vuelta- el 6 de mayo del presente año, y nueve días después ya despachaba como Presidente de la República Francesa.

No hay razón para que en México transcurran cinco meses entre la elección y el inicio del nuevo Gobierno. Lo único que se produce es un vacío de poder: en esos meses, ni el que ya se va ni el que está por llegar ejercen a plenitud sus facultades.

Parecería que lo importante son las campañas políticas. Tan es así que sí se reformó el marco legal para reducir su duración pero, contrario a otros países, hemos desdeñado la importancia de reducir el plazo entre la elección y el inicio de un nuevo Gobierno. Para nuestro calendario electoral no es importante el tiempo: no nos preocupa que el nuevo Presidente asuma a la brevedad.

Regalamos cinco meses para que el Presidente saliente arme su despedida y emprenda -antes de irse- la gira del adiós, en la que corta listones inaugurales y hace una apología de su Administración. Mientras esto ocurre, hay que asignar un presupuesto para que el que viene se entretenga -también- en giras y actos "preparatorios". Hollande, 152 días después de la elección, ya llevaba casi cinco meses despachando.

Si los cinco meses que transcurren entre la elección presidencial y la toma de protesta parecen demasiados, el caso de Jalisco es peor: entre la jornada electoral y el inicio de la nueva Administración transcurren ¡ocho meses!

Para darnos una idea de la desproporción, comparémoslo con Texas, en la Unión Americana. Rick Perry fue reelecto como Gobernador de ese Estado el 2 de noviembre de 2010, y 77 días después iniciaba su nuevo periodo.

Si la elección de Texas fuera el mismo día que en Jalisco, 242 días después el Mandatario jalisciense apenas iniciaría, mientras que su homólogo texano ya llevaría cinco meses y medio de ejercicio gubernamental.

En Jalisco, antes no transcurría tanto tiempo entre la elección y la llegada del nuevo Gobernador. Las elecciones eran en noviembre y la toma de protesta en marzo, pero se decidió hacer elecciones simultáneas: elegir autoridades locales y federales el mismo día.

Entonces se argumentó el ahorro electoral, situación que finalmente no sucedió: no sólo no se ahorraron recursos, sino que ahora se gasta en elecciones mucho más que antes. En todo caso, quisimos ahorrar centavos, pero descuidamos los pesos, ya que dilapidamos un recurso invaluable como lo es el tiempo efectivo de Gobierno.

En los partidos de futbol se lleva el registro del tiempo efectivamente jugado: se descuenta el tiempo en el que el balón no está en la cancha. Haciendo una analogía, los ocho meses que transcurren en Jalisco entre la elección y la toma de protesta no sería tiempo efectivo de juego, en este caso de Gobierno.

Es necesario que se reforme el marco legal para reducir el tiempo que transcurre entre la elección y el inicio de la Administración que fue votada en las urnas. Para exigir esa reforma, es necesario que tomemos muy en serio que el tiempo es un recurso escaso y que no podemos darnos el lujo de dilapidarlo.

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viernes, 5 de octubre de 2012

Semana de contrastes

En el marco de la "gira del adiós", como algunos medios han llamado al serial de inauguraciones emprendido por Felipe Calderón a lo largo y ancho del País, esta semana fue contrastante. El martes se inauguró una enorme prisión en Sonora, en tanto que ayer se inauguró una gran biblioteca en Jalisco.

Sin duda la inversión carcelaria es necesaria, sobre todo si tomamos en cuenta que existen pocas cárceles federales, que las prisiones estatales han recibido delincuentes del ámbito federal y que el hacinamiento en este tipo de centros aumenta. Las cárceles en México tienen una capacidad para recibir 190 mil reos, pero actualmente hay más de 238 mil, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicados a finales del mes pasado.

Actualmente se construyen ocho centros penitenciarios de estas características, y el de Hermosillo tuvo un costo de poco más de 4 mil 200 millones de pesos, con capacidad para 4 mil reos de alta peligrosidad.

La CNDH y la Organización de Estados Americanos han señalado las deficiencias en nuestras prisiones: hay autogobierno y violación a los derechos humanos; los alimentos y otras condiciones no son los adecuados, y no sirven para la readaptación y la reinserción social de los delincuentes.

Peor aún, las cárceles son universidades del crimen, y en no pocos casos también son centros de operación de la delincuencia organizada. En otras palabras, la inversión en el ámbito penitenciario no ha generado los resultados esperados.

Por otro lado, ayer se inauguró el nuevo edificio de la Biblioteca Pública del Estado "Juan José Arreola", que muy pronto estará en boca de la mayoría de los jaliscienses, quienes se asombrarán con la construcción del inmueble y disfrutarán de sus áreas: infantil, para débiles visuales, área de atención a personas con discapacidad, laboratorios, salas de exposiciones, mediateca, auditorio, salas de lectura silenciosa, cafetería, etc.

La biblioteca forma parte del Centro Cultural Universitario, cuenta con un espacioso estacionamiento subterráneo y se encuentra a un costado de la enorme Plaza del Bicentenario, llamada a ser un gran espacio de esparcimiento público y de manifestaciones culturales. Muy pronto será vecino de este inmueble el Conjunto de Artes Escénicas, que tiene un avance del 25 por ciento en su construcción.

La biblioteca resguarda el patrimonio histórico documental del Occidente y Noroeste de México, así como del Suroeste de la Unión Americana. Varias colecciones privadas y de otros países han sido donadas para que estén al alcance del público.

Pero regresando al tema menos festivo, México tiene una población reclusa de 212 presos por cada 100 mil habitantes. ¿Son pocos o muchos? Europa tiene 124, Brasil 260 y Estados Unidos 790 por cada 100 mil habitantes. Según los discursos gubernamentales, y la zozobra que se vive en muchas ciudades y poblaciones de México, todavía hay muchos delincuentes que andan sueltos y es en ese sentido que debería considerarse elevar en mucho el gasto en el rubro penitenciario.

La otra opción es reflexionar sobre las causas que nos han llevado como sociedad al punto de haber generado tantos delincuentes durante las últimas décadas. ¿En qué hemos dejado de invertir para prevenir y cuánto será el costo de las -supuestas- medidas correctivas?

Quizás una respuesta la encontramos en el contraste de las dos inauguraciones de la semana. La esplendorosa biblioteca puede dar servicio a 3 mil 600 usuarios simultáneamente, cifra similar a los reos que recibirá el penal de Hermosillo.

La cifra que no es similar es la del costo, pues en la construcción del edificio de la biblioteca se invirtieron 600 millones de pesos, una séptima parte del costo de la cárcel recién inaugurada.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012 se consideraron 16 mil 600 millones de pesos para el sector cultural: el equivalente a cuatro cárceles como esa de Hermosillo.

La inversión en cultura es necesaria y alentadora. La inauguración de ayer es para celebrar, y lo que ahí suceda es -sin duda- esperanzador. Ojalá que muchos niños, jóvenes y adultos conozcan y disfruten la nueva biblioteca, y que eso contribuya a que nunca vayan a pisar una cárcel, por moderna y segura que sea.

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viernes, 28 de septiembre de 2012

Salario máximo

La reforma laboral propuesta por Felipe Calderón avanza. Esta semana se aprobó en lo general y los diputados se reservaron la discusión de artículos en lo particular. Todo indica que el apoyo del PAN y del PRI será suficiente para que sea aprobada por ambas Cámaras.

El pasado lunes, José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey, dijo que la iniciativa que se discute en el Congreso generará la precarización del trabajo con una caída de 10 por ciento en los salarios mínimos y medio millón de pobres más por ingresos (MURAL, 25/09/12).

De la Cruz también dijo que la iniciativa beneficia a las empresas en detrimento de los propios trabajadores y que con la llamada flexibilización del mercado de trabajo, que supuestamente generaría la reforma, se incrementará la oferta laboral aunque con salarios más bajos. Quienes promueven la reforma dicen que se generarían 400 mil empleos, pero el análisis del Tec establece que solamente serían entre 150 mil y 200 mil si la inversión no ocurre como se espera.

El salario mínimo mensual en México apenas llega a los 136 dólares. Nos superan: Bolivia (144), Nicaragua (145), República Dominicana (150), Guatemala (228), Perú (280), Ecuador y Colombia (292), Honduras (300), Brasil y Uruguay (350), Paraguay (372), Costa Rica (375), Chile (386) y Argentina (más de 500). Si el análisis del Tec es correcto, el salario mínimo se reduciría a 122 dólares mensuales.

Llama la atención que tengamos un salario mínimo tan bajo cuando las remuneraciones por cargos públicos son extremadamente altas. Felipe Calderón percibe el equivalente a 111 salarios mínimos, y con la reducción planteada por el Tec ganaría poco más de 124. El sueldo del Primer Mandatario asciende a 15 mil 200 dólares mensuales.

En España, Mariano Rajoy percibe el equivalente a casi nueve de sus salarios mínimos. En Alemania no hay salario mínimo, pero sí un salario base, y Angela Merkel recibe el equivalente a casi 10 salarios base. En Estados Unidos, Barack Obama gana el equivalente a 22 salarios mínimos de su país.

En Francia, Francois Holande percibe poco más de 11 salarios mínimos, pero varios titulares de empresas públicas ganan el triple, o más, que el Presidente; el Ministro de Economía y Finanzas propuso que los directivos de empresas públicas no ganen más de 29 salarios mínimos, porque lo demás "rebasa el límite de la decencia". En Brasil, el ingreso de Dilma Rousseff equivale a poco más de 46 de los salarios mínimos de allá. Ningún caso se acerca a la brutal desproporción que existe en México.

Los salarios privados también están cuestionados en varias partes del mundo. La dirigente del partido alemán La izquierda, Katja Kipping, propuso en junio limitar los salarios a un máximo de 40 mil euros mensuales. En esa propuesta, los ingresos que excedan tal cantidad tendrían una tasa impositiva del 100 por ciento. En ese país, quienes ganan más de 250 mil euros anuales pagan 47.5 por ciento de impuestos.

En 2009, Barack Obama impuso un límite de 500 mil dólares anuales a los sueldos de los ejecutivos de empresas que fueron rescatadas con fondos públicos. Algo similar pasó recientemente en España, donde Mariano Rajoy estableció un límite de 500 mil euros anuales a los directivos de empresas que reciban ayudas estatales, y de 300 mil para las empresas nacionalizadas.

Aquí, todo gira en torno a mantener bajos los sueldos de los que menos ganan... o bajarlos más, como es el caso de la reforma que se discute y que seguramente se aprobará. Se trata -nos dicen- de ser flexibles y competitivos, pero basados únicamente en la mala paga.

Un buen principio sería establecer un salario público máximo equivalente a 60 salarios mínimos, la mitad de la equivalencia actual. Todavía estaríamos por arriba de todos los casos expuestos anteriormente: seis veces más que en España y Alemania, tres veces más que en Estados Unidos, una cuarta parte más que en Brasil y aún sería del doble de lo que los franceses consideran decente.

Quizás ese sería el mejor camino para que los gobernantes se preocuparan por el salario mínimo, ya que si quisieran ganar más, primero tendrían que aumentar el salario de los que menos tienen.

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viernes, 21 de septiembre de 2012

Del insulto a la alabanza

La próxima semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe resolver en definitiva la impugnación interpuesta sobre la elección en Guadalajara. Los resultados favorecieron a Ramiro Hernández (PRI), y en segundo lugar se ubicó Alberto Cárdenas (PAN), quien ha impugnado -sin éxito- la elección en distintas instancias.

Cárdenas señala múltiples violaciones durante el proceso electoral. Su actitud no es diferente a la que ha mostrado en otras ocasiones cuando los resultados no le han favorecido. Cuando fue precandidato a la Presidencia de la República contendió contra Santiago Creel y Felipe Calderón. Siempre se ufanó de ser mejor opción, pero cuando empezó a ver cómo se configuraban las fuerzas, iniciaron sus reclamos.

El 10 de octubre del 2005, Cárdenas arremetió: "Voy a exigir que caigan cabezas y que los responsables de esas irregularidades sean expulsados del partido". Señaló irregularidades en Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán (MURAL, 11/10/2005). Un día antes había dicho: "El equipo de Felipe Calderón es quien más ha manchado este proceso, que se limpie" (MURAL, 10/10/2005).

Esa nota también reporta que Cárdenas no presentó formalmente las denuncias ante la Comisión de Elecciones, pero afirmaba que "si la Comisión decide limpiar esa elección, esos miles de votos 'que les van a quitar a Creel y a Calderón' lo podrían colocar en segundo lugar". Un argumento muy similar al que ahora recicla.

Cárdenas también decía: "Lo que sí se puede ver claramente, y hay pruebas, es lo que ocurrió por parte de la estructura del DIF nacional en Puebla, donde regaló autos en los Municipios en los que, por coincidencia, todos los ganó Felipe". Un esquema recurrente del panista es ver con claridad hechos y afirmar que hay pruebas que no son sustentadas más allá de sus declaraciones.

Cárdenas llegó a amagar con reventar el proceso: "Yo si de aquí al jueves, el viernes, no veo una sanción fuerte, expulsiones, quitar miles de votos a los dos equipos, si no veo eso, tendré que tomar medidas más drásticas, como es... reventar un proceso que el PAN no se merece" (MURAL, 18/10/2005). La nota reporta que el representante de Cárdenas declaró que nunca se solicitó formalmente dar celeridad a las denuncias. Todo quedaba en pirotecnia verbal, fuegos de artificio de la retórica.

Ayer, Cárdenas publicó una columna con las razones que, según él, existen para anular la elección en la Capital de Jalisco. El tono y la argumentación son prácticamente iguales a los que recurrió hace siete años. Pero lo más importante es que sus argumentos solamente son publicados cuando él los expresa: no han generado eco ni encontrado respaldo... igual que en 2005.

Quizás ese reiterado monólogo de reclamación ocasionó que le preguntaran si no se ofendía al ser llamado "El Peje tapatío", a lo que respondió: "Que me dicen el 'Peje de Guadalajara'. Mis respetos de hoy y de antes también para siempre a quien luche con razón, quien luche por grandes temas y grandes objetivos, quien dé la cara a contracorriente, a contrapelo y contra muchos poderes... de entrada, para mí, va a merecer un cierto respeto. No cualquiera tiene los arrestos que ha mostrado el señor con o sin razón" (MURAL, 19/09/2012).

Es bueno que Cárdenas piense así; lo que llama la atención es que su forma de pensar cambió. En junio del 2006, Cárdenas se expresaba así de AMLO: "Que cierre la boca el estúpido, que no hable a lo güey, que no hable a lo bruto... miente cual bellaco es... ya no le cabe la suciedad que trae en el estómago, no le cabe la suciedad que trae en toda su tarea y su quehacer político, y empieza a salírsele por donde más pueda y por donde más siente" (MURAL, 26/06/2006).

No cabe duda, Cárdenas en la derrota es casi el mismo del 2005. En lo que ha cambiado es que antes insultaba a AMLO y hoy lo alaba. Si el tribunal decidiera dar la razón al "ex Góber", podríamos verlo nuevamente como el candidato echado pa'lante, con su pirotecnia verbal y los fuegos de artificio de su muy particular retórica.

En caso de que se ratifique el resultado, es posible que veamos una versión similar del Alberto Cárdenas que se reinventa después de la derrota, como cuando aceptó la senaduría después de ser vencido en un proceso cuestionado por él.



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viernes, 14 de septiembre de 2012

Urna fallida

Lo que mal empieza, mal acaba. La urna electrónica jalisciense se ofreció como una maravilla tecnológica y resultó un rotundo fracaso. Ayer, por fallas de uno de los aparatos, la sala regional del Tribunal Electoral federal revirtió el resultado de la elección municipal de Cuquío.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) tuvo la pretensión de que todos los jaliscienses votaran en urna electrónica en el pasado proceso electoral y se lanzó a la aventura sin contar con el presupuesto para hacerlo (MURAL, 23/08/11).

El proyecto fue respaldado por las cúpulas empresariales, el Gobernador y el PAN, pero despertó dudas entre algunos consejeros electorales, partidos y en el Congreso del Estado. Ante la falta de consenso, el proyecto se limitó a dos de los 20 Distritos electorales.

El proceso de licitación careció de claridad: hubo protestas por parte de las empresas que participaron y se acusó de beneficiar específicamente a la que a la postre resultaría ganadora.

En la licitación, se omitió establecer -como requisito indispensable- que las empresas participantes contaran con experiencia exitosa en la fabricación de este tipo de aparatos, aunque sí se hizo caso a las sugerencias que les externó el Gobernador para encontrar un proveedor local; se eligió a uno que nunca había fabricado urnas y que incurrió en múltiples incumplimientos en los plazos de entrega que se estipularon en el contrato. En el DF, la autoridad electoral rescindió el contrato y había demandado por incumplimiento a la misma empresa.

El 30 de septiembre del 2012, el director de informática del IEPC decía: "Disponemos de un receptor de testigos de voto... impreso, a semejanza de un voucher en el sistema financiero o bancario... lo que nos permite comprobar que los resultados de los votos electrónicos son iguales a los resultados que se tienen en papel dentro del receptor" (MURAL, 30/09/12).

Pero algo se salió del guión: la casilla 446E, instalada en Cuquío, reporta 462 votantes y solamente 252 testigos impresos. Si lo correcto son los testigos, hay 83 por ciento más de votantes. Si lo correcto son los votantes, hay 45 por ciento menos testigos. Los datos no concuerdan, y eso motivó que el Tribunal Electoral anulara esa casilla, y con ello, se revirtió el resultado.

Debido a que durante los simulacros las urnas fallaron, el IEPC compró papelería tradicional (boletas y crayones), que fueron llevados a todas las casillas donde se instalarían urnas electrónicas. Se derrumbaba el argumento de que, a la larga, los aparatos permitirían ahorrar.

En Cuquío se instalaron 25 casillas y se consideró instalar urnas electrónicas en todas ellas. El día de la elección, en ese Municipio por lo menos falló el 8 por ciento de los aparatos. Se tuvo que recurrir a la papelería tradicional en la casilla 448C01. Una urna en un universo de 25 representa el 4 por ciento.

La jornada electoral terminó y se publicaron los resultados que favorecían a Movimiento Ciudadano. Los resultados fueron impugnados y el IEPC envió al tribunal una impresión con el resumen de las operaciones del aparato instalado en la casilla 446E, que es el que reporta la inexplicable disparidad entre votantes y testigos impresos.

Uno de los magistrados que determinó la anulación de la casilla acusó la omisión del IEPC al no atender la solicitud para que les entregara copias de los testigos de votos de la casilla: "No envió ninguna información, no envió ninguna documentación ni dio explicación alguna de por qué actuaba así o por qué era omiso".

El IEPC pretendió poner en funcionamiento 8 mil 903 urnas electrónicas en todo el Estado. Si el caso de Cuquío fuera representativo de lo que hubiera pasado en Jalisco, habría sido un caos: 356 aparatos tendrían que haber sido reemplazados por la papelería tradicional y otros 356 habrían aumentado significativamente el número de votantes o desaparecido los testigos impresos.

La urna electrónica jalisciense dista mucho de estar a la altura de lo que se prometió: no genera ahorros ni da certeza, por el contrario, hay que gastar en papelería tradicional porque no se sabe cuál va a fallar, y una vez "funcionando", puede enloquecer y cambiar los datos. Es una urna fallida.

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viernes, 7 de septiembre de 2012

Espectacular abuso

Hace algunas semanas, en el camellón de la Avenida Lázaro Cárdenas, decenas de árboles fueron brutalmente mutilados. Coincidentemente, los principales favorecidos de este crimen serían los propietarios de los anuncios espectaculares de la zona, que ahora, sin "el estorbo de los árboles", ya pueden ser vistos con mayor facilidad por los automovilistas.

Sucede que el paisaje urbano es un valor ambiental, formado por elementos naturales y culturales que configuran la imagen de una ciudad. El paisaje urbano es un bien colectivo y es un valor jurídicamente protegible. En algunas ciudades, como Barcelona, España, el paisaje urbano es definido como un elemento digno de protección que responde a la conciencia cultural y estética de sus habitantes.

La publicidad exterior es un negocio privado -que beneficia a pocos- con cargo al paisaje urbano: distrae a los automovilistas genera contaminación visual y ahora también propicia la tala de árboles. La industria de la publicidad exterior está reñida con la responsabilidad social.

Debemos, pues, exigir un plan para ordenar y abatir al mínimo los espectaculares en la Ciudad. Entre otras acciones, urge contar con un censo real de todos los espectaculares (legales e ilegales), retirar aquellos que no cuentan con autorización o que no han pagado los refrendos o renovaciones, establecer una veda que nos lleve a que no haya un espectacular más, elevar considerablemente el costo de las licencias y cobrar una tasa de impuesto predial significativamente más alta para las propiedades que tengan instaladas las estructuras.

Tiene que haber un diagnóstico sobre la cantidad de espectaculares que soporta el paisaje urbano de la Ciudad e iniciar con un programa gradual que permita el retiro progresivo, hasta llegar a la meta propuesta.

Otro asunto importante es el de los contenidos. Las televisoras tienen restricciones para transmitir anuncios: no hay lugar para bebidas alcohólicas antes de las 10 de la noche y los anuncios de tabaco no se transmiten en horarios destinados a todo el público. Está prohibido anunciar cantinas y la publicidad que ofenda la moral, el pudor y las buenas costumbres. Las restricciones tienen como finalidad evitar que los menores de edad estén expuestos a esos mensajes.

Y sin embargo, con los espectaculares no existen restricciones. Ahí están, expuestos a todo el público, incluyendo los menores de edad: alcohol, cigarrillos, cantinas y -no podían faltar- los table dance.

Cuando el individualismo se impone al colectivismo, resulta normal que un particular instale en su propiedad lo que le venga en gana y se le permita la explotación del paisaje urbano. Cuando se desprecian los bienes públicos es perfectamente entendible que no se tenga noción del paisaje urbano y mucho menos se pretenda defender.

En otros países hay múltiples ejemplos sobre las acciones emprendidas por la sociedad y las autoridades para combatir la publicidad en el espacio público, en el paisaje urbano. En Nueva York el colectivo Stay Free! lanzó un boletín periódico con un mapa de contaminación visual en Manhattan. También en Estados Unidos están Scenic America y Billboard Front Liberation.

En Canadá, Black Point denuncia el abuso de la publicidad que ocupa el espacio público; en España existe el grupo "Resistencia a la Agresividad Publicitaria" y en Francia "Resistencia Antipublicidad".

Hay otros casos donde el Gobierno ha tomado el toro por los cuernos con medidas radicales. En 2006, en la ciudad brasileña de Sao Paulo se aprobó la ley Cidade Limpa. La ley está en contra de la publicidad en espacios públicos: espectaculares, vallas, taxis y autobuses. A principios del 2007 se iniciaron los trabajos para quitar todos los espectaculares de una de las 10 ciudades más grandes del mundo, caracterizada por su dinamismo industrial, comercial y financiero.

Esta semana, seis años después de la aprobación de esa ley, un juez resolvió que es inconstitucional. Habrá que ver si la resolución judicial es definitiva, pero en todo caso el ejemplo de Sao Paulo y de otras urbes deja en claro que hay muchas cosas por hacer en materia de publicidad exterior y que lo peor que puede pasar es quedarnos cruzados de brazos ante la magnitud del problema.



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viernes, 31 de agosto de 2012

Lástima y lastima

Para destacar el exitoso desempeño económico de México, las autoridades presumen y comparan cifras sobre la inversión extranjera, el Producto Interno Bruto, las exportaciones y la tasa de desempleo. Sin embargo, hay temas, como el salario mínimo, que por años se han evitado y hasta olvidado. De eso no habla el Gobierno, pero tampoco la sociedad. En este asunto no hay nada que presumir y no se compara con el de otros países porque el resultado es tan escalofriante como bochornoso.

En 1970, la Organización Internacional del Trabajo adoptó un convenio que obligaba a los países firmantes a establecer un sistema de salarios mínimos. México lo ratificó en 1973. La Constitución establece que el salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales materiales, sociales y culturales de un jefe de familia y para proveer la educación obligatoria de sus hijos.

México es la décimo tercera economía en el mundo, y resulta ilógico que el salario mínimo mensual apenas llegue a los 136 dólares. Somos la vergüenza de Latinoamérica, ya que muchos nos superan, comenzando con Nicaragua (145) y República Dominicana (150). Por arriba de los 200 dólares se encuentran Guatemala (228), Perú (280), Ecuador y Colombia (292), y Honduras (300).

Superan los 300 dólares Brasil y Uruguay (350), Paraguay (372), Costa Rica (375), Chile (386) y Argentina, con un salario mínimo superior a los 500 dólares. Ni hablar de la disparidad salarial con nuestros socios del TLCAN. Algo ha estado pasando en el resto del continente que les ha permitido elevar el salario mínimo: lo que sea, no ha ocurrido aquí.

Las sanciones económicas que establecen nuestras leyes tienen como punto de referencia el salario mínimo. Resulta lógico que esas multas sean irrisorias cuando la referencia es tan baja. El paupérrimo aumento anual al salario mínimo también ha servido de base para fijar las percepciones en el sector público, condenando a la mayoría de los burócratas a tener bajas remuneraciones.

En estas semanas se ha discutido con intensidad sobre la compra del voto en las elecciones de julio. Resulta lógico, más no justificable, que a menor salario sea más fácil que alguien venda su voto. Nos hemos quedado en la consecuencia y olvidado de la causa. Queremos democracia desarrollada cuando el salario mínimo corresponde a la mitad del que tienen en Ecuador. Quizás los mexicanos aprecian las instituciones -y a su país- en la misma medida que éstas valoran su trabajo.

Así como se celebró el surgimiento de #YoSoy132, que buscó la democratización de los medios, debemos cuestionarnos por qué no ha surgido un movimiento que exija llevar el salario mínimo a los niveles de América Latina.

A pesar de que el alcance que debe tener la mínima remuneración está elevado a rango constitucional, y sobre todo a la luz de la comparación con otros países, en este tema los defensores de las instituciones y del Estado de Derecho brillan por su ausencia.

Los indicadores macroeconómicos que tanto se presumen no han sido suficientes para elevar el salario mínimo al nivel de Latinoamérica. Probablemente los bajos salarios son los que nos han permitido lograr las abstractas metas presumidas.

¿Cuántas inversiones atraemos por la mala paga y hasta qué grado nuestra "competitividad" está cimentada en los pobres sueldos que nos permiten vender barato? Los empresarios y el Gobierno recurren al argumento de que son pocas las personas que sólo ganan un salario mínimo, pero aun ganando tres veces ese monto apenas equivale al mínimo de Costa Rica.

Prometer empleos bien -o mejor- pagados es promesa recurrente de los políticos. Calderón no fue la excepción en 2006; tampoco Peña Nieto en 2012. Es una promesa tramposa que evade el compromiso fundamental y el principio para poder cumplirla: elevar el salario mínimo.

Tomará mucho tiempo alcanzar a países que superan los 200 dólares mensuales, y ni hablar de los que superan los 300 ó los 500. Y más nos vamos a tardar si no empezamos a discutirlo seriamente y a la brevedad.

No faltarán los tecnócratas e intelectuales que busquen explicaciones para el bajo nivel que tenemos en este rubro. Yo digo que los salarios corresponden, en gran medida, al grado de vergüenza y dignidad de las naciones.


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viernes, 24 de agosto de 2012

Papelito habla

En el álgido enfrentamiento entre Los Pinos y MVS ha salido a relucir el peculiar estilo de negociar del actual gobierno, pero también el de la clase empresarial. A 99 días del fin de su gestión, Calderón añade otro eslabón a su larga cadena de derrotas.

Buen tribuno y polemista, Calderón siempre escogió la palabra hablada como su mejor arma, pero la mayoría de las veces fue derrotado por los números y, sobre todo, por los documentos.

Este caso no fue la excepción. En la batalla de dimes y diretes entre Vargas y los voceros calderonistas, el empresario sí presentó evidencia documental, mientras que los funcionarios básicamente aportaron dichos.

Este escándalo tuvo un detonante: el señalamiento del supuesto alcoholismo de Calderón, hecho que fuera retomado y editorializado por Carmen Aristegui. En Los Pinos se sintieron ofendidos, y así lo demuestran los documentos exhibidos por Joaquín Vargas. En aquella ocasión, la corte presidencial no daba crédito a lo dicho por la periodista, que equivocadamente trasladaba la carga de la prueba al señalado, en este caso el Primer Mandatario.

Los peones y alfiles calderonistas exigían una disculpa pública y pensaron que para diluir los señalamientos bastaría el dicho de que el Presidente hace ejercicio. Una estrategia similar adoptó Emilio González Márquez durante sus giras proselitistas a diversos estados del país: cuando le preguntaban si tenía problemas con el alcohol, contestaba diciendo que hacía ejercicio.

La soberbia de los gobernantes mexicanos les hace pensar que su salud y posibles adicciones no son de interés público. Creen que una vez instalados en la silla, nadie debe conocer si hay riesgos de que puedan abandonarla antes de tiempo o si cuentan con la lucidez necesaria para tomar decisiones. Su altivez los lleva a creer que con sus dichos pueden disipar las dudas.

En la Unión Americana, los presidentes se someten a un examen médico periódicamente. En el sitio de internet de la Casa Blanca, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/potus_med_exam_feb2010.pdf, se puede consultar el penúltimo examen al que se sometió Barack Obama, y el último se encuentra en http://www.nationaljournal.com/whitehouse/full-text-memo-from-doctor-on-obama-s-physical-exam-20111031.

Se puede observar que Obama fumaba siendo Presidente; constan sus esfuerzos y éxito para dejar el tabaco, y también dice que bebe alcohol ocasional y moderadamente. Hay más datos: frecuencia cardiaca, presión arterial, masa corporal, estatura, peso. También están los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos; historial de cirugías, y resultados de estudios orientados a detectar cáncer de próstata y colo-rectal. El examen contiene los medicamentos que toma y otra serie de datos médicos y recomendaciones.

Allá, la carga de la prueba sí corresponde al Presidente en turno, pero no se espera a que le hagan cuestionamientos: toma la iniciativa, se somete a una evaluación periódica y se publica el papelito con los resultados. Los exámenes de Bush Jr. evidenciaban su sobrepeso y el riesgo de cáncer en la piel.

Acá las cosas son diferentes. La palabra del inquilino de Los Pinos, replicada por su corte, debe ser suficiente para convencer. ¿Para qué recurrir a la ciencia o a los documentos si con el dicho presidencial basta? Olvidémonos de los elementos que dan certeza, quedémonos con la creencia.

El escándalo de MVS tiene otro elemento esencial: las prácticas exhibidas para limitar la libertad de prensa. "Hoy México, a pesar de sus problemas, tiene una libertad de prensa y de expresión que nunca se había visto". Son palabras de Calderón en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010.

Estas palabras se estrellan contra otro documento, el Índice de Libertad de Prensa de la organización internacional Reporteros sin Fronteras (http://es.rsf.org/). Entre 179 países evaluados, México se encuentra en el lugar 149 del índice. Con Calderón, las cosas empeoraron en este rubro.

Joaquín Vargas, Barack Obama y Reporteros sin Fronteras muestran documentos para probar la presión del gobierno, su estado de salud y la libertad de prensa, respectivamente... Calderón desdeña los papelitos y siempre apuesta por los dichos. ¿A quién creerle?


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viernes, 17 de agosto de 2012

Comerse a la autoridad


"Si yo no tengo para comer, pues no como", esa fue la respuesta de Jorge Higareda, líder de la Alianza de Camioneros y director de la Operadora Macrobús, al ser cuestionado sobre la afectación a los usuarios cuando pedían aumento de tarifa, al mismo tiempo que amagaban con hacer un paro hace tres años (MURAL, 12/01/09). Previamente, Higareda dijo: "que usen una bicicleta, o sea, también tenemos que usar otros medios, tenemos que caminar si no tenemos los medios".

Ese es el talante de quien encabeza a la mayoría de transportistas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La altivez de la expresión proyecta el poder que tienen los camioneros, pero también la debilidad de la autoridad y sobre todo, lo caduco del modelo de transporte que sufrimos.

La Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte establece como una de las atribuciones del Ejecutivo asegurar que los concesionarios cumplan con las condiciones de higiene, comodidad y seguridad que correspondan a la categoría del servicio, de acuerdo con los términos de su concesión.

El mismo artículo establece que cuando se compruebe el deterioro en la prestación del servicio, se debe obligar a los concesionarios a que mejoren su higiene, seguridad, calidad y eficiencia. El Ejecutivo debe ordenar la suspensión temporal o total del servicio cuando no se reúnan esas condiciones.

La ley también establece que las personas físicas no podrán tener más de tres concesiones, cuando es un secreto a voces que hay personas que detentan decenas de ellas.

Pero la autoridad no revoca las concesiones, a pesar de que la ley establece las causas para sí hacerlo. Menciono solamente dos: cuando los concesionarios no sustituyan los vehículos que deban ser retirados del servicio por orden del Ejecutivo del Estado, en virtud de no reunir los requisitos exigidos, y por exigirlo así el interés público.

La autoridad se hace ojo de hormiga: no solamente es omisa en la exigencia de la calidad del servicio, también se hace como que la virgen le habla cuando se trata de indagar el gran número de concesiones que tienen unos cuantos y no ejerce su facultad de revocarlas, a pesar de que la ley lo establece.

En cuestión de tarifas, el mismo ordenamiento señala que se procurará que el prestador tenga una utilidad razonable. ¿Qué es una utilidad razonable? El 30 de abril de 2011, MURAL publicó "Exigen su inversión"; la nota da cuenta de dos inversionistas del Macrobús (cuyo director es Jorge Higareda) que pusieron 50 mil pesos a cambio de la promesa de recibir mil pesos mensuales durante los 12 años que duraría la concesión.

Si una persona invierte 50 mil pesos en el banco, recibirá 2 mil pesos anuales. Después de 12 años tendrá 24 mil pesos de intereses, más sus 50 mil devaluados pesos. Invertir en el Macrobús redituaría el doble (144 mil pesos). Si de ese tamaño son las ganancias del transporte público, ¿no sería conveniente invertir los fondos de pensiones en el transporte público? Se obtendría el doble del interés bancario.

La operación del Macrobús se entregó, en una licitación dirigida, a la Alianza de Camioneros, porque ellos tenían la mayoría de las rutas del corredor Calzada Independencia. La autoridad optó por entregar a los dinosaurios del transporte un proyecto supuestamente de vanguardia y rehuyó ejercer la facultad legal de revocar las concesiones por causa de interés público.

En el Metrobús del DF, nueve empresas prestan el servicio de las cuatro líneas; en la ZMG solamente una empresa presta el servicio de la única línea existente: la Alianza de Camioneros, disfrazada como Operadora Macrobús.

En la Capital de la República hay tres empresas de recaudo (prepago), mientras que aquí ganó una empresa coreana, a la que se le beneficia para todos los proyectos de BRT hasta el año 2024. No hubo claridad, pero sí inconformidades en la licitación que ganó esa empresa coreana (MURAL, 18/09/08 y 25/02/09).

En el Metrobús del DF hay un fideicomiso por cada una de las cuatro líneas que se operan, mientras que en el Macrobús tapatío no es necesario... es dirigido por una persona que emite tan sesudos razonamientos como "si no tengo para comer, no como". Y él sí ha tenido para comer: se ha engullido a la autoridad... con muy buen provecho.


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viernes, 10 de agosto de 2012

Negocio de pocos

Seis pesos cuesta un viaje en el transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG. Recientemente, los concesionarios dicen haber realizado estudios que indican que el costo debería ser de 9 pesos, pero que con un aumento a 8 se conformarían (MURAL, 01/Ago/12).

Uno de los argumentos recurrentes para pedir un alza en la tarifa es la comparación del costo del transporte en la ZMG con el de otras ciudades del país, pero valdría la pena comparar el costo con ciudades de otros países.

Comparemos el costo del transporte público de San Antonio, Texas, con el de la ZMG. En la ciudad norteamericana se puede adquirir un pase mensual (Big Pass) por 30 dólares (420 pesos). Un dólar por día es el costo para quienes compran el pase y pueden usar ilimitadamente el servicio. El Big Pass se puede comprar por internet.

Supongamos que un usuario de la ZMG hace uso de cuatro camiones al día de lunes a viernes y que los fines de semana toma dos cada día. Durante una semana pagaría 24 pasajes (144 pesos); en un mes desembolsará 624 pesos en transporte público, sin considerar las líneas "de lujo".

A diferencia de lo que ocurre en la ZMG, donde hay varias "empresas" que se hacen cargo del "servicio", en San Antonio hay una sola entidad: VIA Metropolitan Transit. Allá todos los choferes están uniformados, todos los autobuses limpios, climatizados, con rampas para sillas de ruedas y con aditamentos para transportar bicicletas. También hay que decir que en la ciudad texana los usuarios se quejan porque el autobús no es puntual, pues frecuentemente tarda ¡uno o dos minutos más de lo programado!

Ahora comparemos la tarifa para estudiantes, que en la ZMG es de 3 pesos (50 por ciento de la tarifa normal). Un estudiante que tomara el mismo número de camiones que el usuario que imaginamos gastaría 312 pesos al mes.

En San Antonio un estudiante puede comprar un pase semestral (35 dólares), que en realidad le dará oportunidad de usar ilimitadamente el transporte los cinco meses que dura el ciclo escolar. Para estar cubierto todo el año deberá comprar dos pases semestrales (70 dólares) y dos mensuales (60 dólares).

Al año, entonces, un estudiante de San Antonio paga 130 dólares por usar ilimitadamente el transporte público. Mensualmente desembolsa 10.83 dólares (150 pesos), menos de la mitad que el estudiante de la ZMG.

Los autobuses de la ciudad texana seguramente son más caros que los de la ZMG porque son amigables con el medio ambiente, cuentan con rampas para sillas de ruedas, refrigeración y calefacción. Un factor adicional, que resulta obvio, es el hecho de que un habitante de San Antonio tiene mayor poder adquisitivo que uno de acá.

Hay otros factores que se reflejan en un mayor costo de la operación del sistema de San Antonio. Los choferes ganan 13.87 dólares por hora: con semanas de 40 horas pueden ganar al mes poco menos de 2,500 dólares (aproximadamente 33 mil pesos). Además, a los operadores se les brinda entrenamiento y uniformes y cuentan con prestaciones importantes: vacaciones pagadas, plan de retiro, cobertura médica, seguro con diversas coberturas para el operador y su familia, etcétera (http://www.viainfo.net/Opportunities/Employment.aspx).

Si allá el poder adquisitivo de los usuarios, el costo de los autobuses y los sueldos de los operadores son considerablemente más altos que aquí, ¿por qué su costo -absoluto- puede ser de un 70 por ciento para el usuario común y de menos de la mitad para los estudiantes, al compararlo con nuestra ciudad? La lógica indicaría que allá tendría que ser más caro... o que aquí es un negociazo de pocos, que no tiene presente el bienestar de los operadores, mucho menos el de los usuarios.

Hablamos de una urbe que se encuentra en un país eminentemente capitalista, en un estado que es enclave del Partido Republicano, pero donde hace 35 años los ciudadanos votaron para crear un nuevo impuesto de medio centavo en todas las compras para fundar la entidad pública que -desde entonces- opera el transporte urbano de San Antonio y de algunas ciudades vecinas que conforman en condado de Bexar.

¿Y nosotros?


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