El pasado lunes, José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey, dijo que la iniciativa que se discute en el Congreso generará la precarización del trabajo con una caída de 10 por ciento en los salarios mínimos y medio millón de pobres más por ingresos (MURAL, 25/09/12).
De la Cruz también dijo que la iniciativa beneficia a las empresas en detrimento de los propios trabajadores y que con la llamada flexibilización del mercado de trabajo, que supuestamente generaría la reforma, se incrementará la oferta laboral aunque con salarios más bajos. Quienes promueven la reforma dicen que se generarían 400 mil empleos, pero el análisis del Tec establece que solamente serían entre 150 mil y 200 mil si la inversión no ocurre como se espera.
El salario mínimo mensual en México apenas llega a los 136 dólares. Nos superan: Bolivia (144), Nicaragua (145), República Dominicana (150), Guatemala (228), Perú (280), Ecuador y Colombia (292), Honduras (300), Brasil y Uruguay (350), Paraguay (372), Costa Rica (375), Chile (386) y Argentina (más de 500). Si el análisis del Tec es correcto, el salario mínimo se reduciría a 122 dólares mensuales.
Llama la atención que tengamos un salario mínimo tan bajo cuando las remuneraciones por cargos públicos son extremadamente altas. Felipe Calderón percibe el equivalente a 111 salarios mínimos, y con la reducción planteada por el Tec ganaría poco más de 124. El sueldo del Primer Mandatario asciende a 15 mil 200 dólares mensuales.
En España, Mariano Rajoy percibe el equivalente a casi nueve de sus salarios mínimos. En Alemania no hay salario mínimo, pero sí un salario base, y Angela Merkel recibe el equivalente a casi 10 salarios base. En Estados Unidos, Barack Obama gana el equivalente a 22 salarios mínimos de su país.
En Francia, Francois Holande percibe poco más de 11 salarios mínimos, pero varios titulares de empresas públicas ganan el triple, o más, que el Presidente; el Ministro de Economía y Finanzas propuso que los directivos de empresas públicas no ganen más de 29 salarios mínimos, porque lo demás "rebasa el límite de la decencia". En Brasil, el ingreso de Dilma Rousseff equivale a poco más de 46 de los salarios mínimos de allá. Ningún caso se acerca a la brutal desproporción que existe en México.
Los salarios privados también están cuestionados en varias partes del mundo. La dirigente del partido alemán La izquierda, Katja Kipping, propuso en junio limitar los salarios a un máximo de 40 mil euros mensuales. En esa propuesta, los ingresos que excedan tal cantidad tendrían una tasa impositiva del 100 por ciento. En ese país, quienes ganan más de 250 mil euros anuales pagan 47.5 por ciento de impuestos.
En 2009, Barack Obama impuso un límite de 500 mil dólares anuales a los sueldos de los ejecutivos de empresas que fueron rescatadas con fondos públicos. Algo similar pasó recientemente en España, donde Mariano Rajoy estableció un límite de 500 mil euros anuales a los directivos de empresas que reciban ayudas estatales, y de 300 mil para las empresas nacionalizadas.
Aquí, todo gira en torno a mantener bajos los sueldos de los que menos ganan... o bajarlos más, como es el caso de la reforma que se discute y que seguramente se aprobará. Se trata -nos dicen- de ser flexibles y competitivos, pero basados únicamente en la mala paga.
Un buen principio sería establecer un salario público máximo equivalente a 60 salarios mínimos, la mitad de la equivalencia actual. Todavía estaríamos por arriba de todos los casos expuestos anteriormente: seis veces más que en España y Alemania, tres veces más que en Estados Unidos, una cuarta parte más que en Brasil y aún sería del doble de lo que los franceses consideran decente.
Quizás ese sería el mejor camino para que los gobernantes se preocuparan por el salario mínimo, ya que si quisieran ganar más, primero tendrían que aumentar el salario de los que menos tienen.
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