En ese sentido se ha pronunciado la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, Ana Bertha Guzmán Alatorre. Al interior del Instituto Electoral también hay consejeros (Juan Alcalá y Nauhcatzin Bravo) que alertan sobre las fallas detectadas en los tres simulacros realizados. El académico David Gómez Álvarez, quien fue presidente del Instituto Electoral, señaló que fue un error la forma en que se decidió llevar a cabo la utilización de la urna electrónica (MURAL, 9/5/11).
El proyecto inició mal. El proceso de adquisición de los aparatos fue duramente criticado. Se acusó un manejo desaseado, que desde el inicio favorecía a la empresa que al final resultó ganadora. Los consejeros se decantaron por una empresa asentada en Jalisco, sin experiencia alguna en la fabricación de urnas electrónicas, cuando sí las hay.
Si el proceso de asignación careció de pulcritud, la entrega de las urnas fue un batidero. Se incumplieron todos los plazos de entrega, hasta el punto de que ya no se podía cobrar un peso más de multa. A pesar de los reiterados incumplimientos, la "autoridad" dejó de serlo y al final, quien terminó poniendo los plazos fue la empresa.
El mismo fabricante de los aparatos también celebró un contrato con el Instituto Electoral del Distrito Federal. Allá, al igual que aquí, las primeras urnas entregadas mostraban fallas y desperfectos perceptibles a simple vista. La urna capitalina costaba 33 mil pesos; la jalisciense costó 30 mil 800.
La autoridad capitalina documentó 30 deficiencias y lo hizo mediante un dictamen elaborado por el personal especializado de la UNAM y del IPN. Con base en ese documento rescindió el contrato al fabricante, del que ya no quiso sus urnas. A diferencia de lo ocurrido en el DF, aquí no se hizo público el dictamen de las fallas que presentaban los artefactos.
En Alemania, las urnas electrónicas fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. En Holanda fueron desechadas todas a raíz de que un grupo de ciudadanos descubrió que con un modesto aparato (Van-Eck phreaking) podía visualizarse a distancia el monitor de la urna: se veía por quién votaba el elector y, por consecuencia, no se garantizaba el secreto del voto.
Desde hace cinco años la autoridad electoral brasileña somete sus urnas electrónicas a un "hackeo ético", que consiste en retar a la comunidad científica y de hackers a encontrar la forma de vulnerar la seguridad de los aparatos, y precisamente este año -por primera vez- fue violada la seguridad de la urna brasileña.
Entre otras deficiencias, las urnas jaliscienses no garantizan el secreto del voto, como lo señalan la diputada Ana Bertha Guzmán Alatorre y algunos consejeros y medios de comunicación. De ser así, no sirven, pues no garantizan los términos constitucionales que debe reunir el sufragio.
Para ver el resultado del voto del elector de la urna jalisciense no hacen falta aparatos como en Holanda. El papel que imprime en ocasiones cae, mostrando el sentido del voto. Aquí hubo un engaño, debido a que el titular de informática del Instituto Electoral afirmó en un artículo publicado en MURAL (30/09/11) que "la urna garantiza la secrecía y privacidad del voto" y que se contaba con un "mecanismo diseñado para que el testigo impreso siempre caiga boca abajo, asegurando la secrecía del voto". Resulta que no: los testigos igual caen boca arriba que boca abajo.
A diferencia de Brasil, en Jalisco no se ha invitado a un hackeo ético que compruebe la seguridad o vulnerabilidad de las urnas, y tampoco nos han dicho si son a prueba de aparatos, como los Van-Eck phreaking, que permiten ver el voto a metros de distancia.
Hay varias deficiencias más que han sido señaladas por la diputada Guzmán Alatorre, pero la autoridad ha sido omisa y negligente en informar oportunamente. Uno de los principios de la función electoral es la certeza, y en este caso estamos ante un proyecto que cada vez genera más dudas y preocupación.
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