¿Usted sabe en dónde edificarán una torre de departamentos? Seguramente no. No lo sabe porque la viabilidad de la edificación depende del capricho y del arbitrio de la autoridad. Usted, seguramente sí sabe que los diputados son capaces de multiplicar los ingresos de los partidos, indemnizar a los consejeros actuales y nombrar nuevos... esto lo sabe porque tiene claro que los diputados, cuando se ponen de acuerdo con quienes pudieran objetar sus decisiones, no tienen más límite que su arbitrio y su capricho. También lo tiene claro, porque sabe que no hay medios de defensa ante estas arbitrariedades.
Estos actos demuestran que estamos muy lejos del poder institucionalizado que se caracteriza por la previsibilidad del poder, esto es, por estar lejos de la arbitrariedad y del capricho de los gobernantes. Rodrigo Borja, en su "Enciclopedia de la Política", explica con gran claridad las características del poder institucionalizado.
Los políticos, en sus discursos, recurren frecuentemente a las instituciones. Sin embargo, no pasa de ahí. La institucionalización se contrapone a los madruguetes y las decisiones accidentadas. El poder institucionalizado se traduce en la existencia de límites para la autoridad y, sobre todo, en que los ciudadanos tienen conocimiento de los mismos y mecanismos para contrarrestar las acciones que los sobrepasen.
El poder institucionalizado es un indicador del grado de desarrollo político. Si la institucionalización es sinónimo de límites y del conocimiento que de los mismos tiene la ciudadanía, vale la pena cuestionar nuestro grado de desarrollo político y. por consecuencia, de institucionalización.
El 1 de septiembre de 2006, Andrés Manuel López Obrador pronunció la frase "al diablo con las instituciones", misma que le valió la reprobación de analistas, personajes de la vida política y de la opinión pública. Al expresarlo, no solamente desdeñaba los caminos que ofrecen las instituciones, también refería la caducidad de las mismas. Hay personajes de la vida pública que, sin decirlo, abonan a confirmar que las instituciones están caducas y además las desdeñan con sus hechos arbitrarios y caprichosos.
Un botón de muestra es la convocatoria que publicaron los diputados esta semana en los medios impresos. Se invitaba a registrar candidatos a magistrados electorales. El plazo para hacer llegar las propuestas vencía ¡el mismo día de su publicación! El mínimo sentido común indica que entre la publicación (de preferencia deberían ser varias) y el cierre de registros debe transcurrir un plazo razonable. Sin embargo, en una maniobra accidentada y desaseada atentaron contra principios básicos de la institucionalización. El mensaje es que las reglas incomodan, que no importa la intención de las mismas y que se cumplen por compromiso y no por convicción. Las reglas se reducen a un mero trámite y no se atienden en una dimensión más amplia.
La institucionalización del poder es una consecuencia de que la sociedad se ha dado cuenta de la necesidad de contar con modelos de comportamiento considerados como racionales y de aceptación general. Cuando la sociedad se da cuenta de esto, construye los modelos que se consideran convenientes. Los modelos funcionan o no; si solamente aparentan funcionar, entonces no sirven. La institucionalización no se da hasta en tanto estos modelos han demostrado que, además de servir, han madurado. Lo anterior implica responsabilidad de quienes los diseñan y luego se sujetan a ellos. La irresponsabilidad y la frivolidad no conducen a la institucionalización.
Por eso, sostengo que estamos lejos de la institucionalización del poder. No podemos hablar de que nos hemos dado cuenta de la necesidad de contar con reglas vigentes de aceptación general. Por lo menos a nuestros representantes no les caído el veinte. Darse cuenta de la necesidad implica el compromiso de llegar a las últimas consecuencias por conseguirlo. Mucho menos podemos hablar de que contamos con esas reglas si son letra muerta; y si ni siquiera existen como normas eficaces, mejor no hablemos de su maduración y perfeccionamiento.
Los ciudadanos también somos cómplices de esta situación. Son los ciudadanos quienes a pesar de tener noción de lo correcto sacan provecho de las decisiones arbitrarias.
Los países en los que han madurado estos modelos terminan protegiéndolos con sus leyes. Lo anterior implica que hay normas jurídicas para combatir la vulneración de los modelos. Eso y no otra cosa es el poder institucionalizado, y este es el cimiento de la seguridad jurídica, de la que casi no se habla porque ni siquiera podemos con la seguridad pública.
La discrecionalidad que se ejerce sobre los nombramientos, permisos de construcción, entrega de donativos y todo lo que tome por sorpresa a la sociedad es lo contrario al poder institucionalizado. Las veleidades personales, caprichos, arbitrariedades y atentados contra lo que se considera correcto es propio de las sociedades premodernas y del subdesarrollo político. Ahí es justo donde estamos situados.
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