Esta semana el Gobierno del Estado anunció su intención de renovar las placas vehiculares. La renovación sería voluntaria para la mayoría de los vehículos particulares, y obligatoria para los vehículos de servicio público. Coexistirán dos tipos de placas, con la confusión que esto genera, pero el punto que se debe discutir es el costo de este tipo de servicios que presta el Gobierno.
Actualmente las placas tienen un costo para el ciudadano de 790 pesos, y se anunció que las nuevas costarán menos de mil. Hay una distancia considerable entre este costo y el que el Gobierno paga por las láminas -160 pesos aproximadamente-. Los pagos por la dotación, canje y refrendo de placas son del tipo de contribuciones que se tipifican como "derechos"; así lo establecen la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos de Jalisco.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto reiteradamente -con el carácter de tesis relevantes- que el pago de derechos no es proporcional ni equitativo cuando no guarda relación con el costo de revalidación que presta la autoridad, pues el derecho se estaría cuantificando en términos de un elemento extraño al servicio prestado.
Es obvio que la mayoría de los Gobiernos locales no cumplen con el precepto legal. Existe un afán recaudatorio en los servicios que prestan. Si hay muchos ciudadanos con vehículo, entonces ven una fuente fácil de recaudación.
También el Gobierno federal incurre en estas prácticas. Un caso ilustrativo lo encontramos en el costo del pasaporte. Si lo queremos por seis años debemos pagar mil 170 pesos, mientras que los españoles pagan poco menos de 400 pesos por uno de cinco años. En España, al llegar a los 30 años, el pasaporte es por 10 años y el costo es el mismo: 20 euros.
Resulta lógico pensar que los sueldos de la burocracia operativa española son más altos que los de sus homólogos mexicanos y paradójicamente el servicio es mucho menos caro. La diferencia radica en el respeto a la doctrina de "los derechos". Ven en el cobro de este tipo de contribuciones el pago de un servicio que presta el Estado a sus ciudadanos y no un afán recaudatorio.
La lista podría seguir: actas de nacimiento, de matrimonio, defunción, etcétera. Son trámites que los ciudadanos tendrán que hacer en uno u otro momento y es ahí cuando el Estado mexicano -todas sus autoridades- afilan el cuchillo.
La historia de las placas ya la habíamos visto en Jalisco. En 2001 la autoridad declaró que cada juego de placas costó 116 pesos, mientras que al ciudadano le costaron 600. La autoridad reconoció su afán recaudatorio y mostró su ignorancia: "Necesita Gobierno dinero; cobrará más caras las placas", tituló MURAL (17/12/01). Según la nota, el Secretario de Finanzas, Ignacio Novoa López, dijo: "Tenemos la necesidad de obtener recursos, entre menos recursos tengamos para ir dando soluciones a las necesidades urgentes (tendríamos) que recurrir a deuda y queremos lo menos (posible) endeudar al Estado". Lo extraño de esta situación es que durante el Gobierno de Francisco Ramírez Acuña la deuda pública aumentó 49.66 por ciento en términos absolutos.
El patrón de endeudamiento se ha incrementado exponencialmente en el actual sexenio. Si se aprueba la deuda planteada por el Gobernador para 2010, se habrá incrementado en casi 11 mil millones de pesos. Los tres Gobiernos anteriores -juntos- no llegaron a 9 mil. Además, para 2009 el Gobierno del Estado recibió 9 mil millones extras a lo presupuestado, y en lo que va del sexenio estos excedentes ascenderían a 20 mil millones... que, por cierto, se habrían ejercido con total discrecionalidad, porque ni los diputados saben el destino de esas enormes cantidades. Y en este tema los transparentólogos de la comarca se hacen ojo de hormiga.
En 2007 se pretendió renovar las placas con un cobro estratosférico y se dijo que lo recaudado sería invertido en proyectos estratégicos. En 2001 se salieron con la suya -cobrar- y no cumplieron la promesa de no endeudar. En 2007 no pudieron aplicar el "placazo", pero nos enteramos que sí han tenido excedentes... lo que no vemos son los proyectos estratégicos prometidos. Pero con deuda o sin deuda, con proyectos hechos realidad o puras palabras, lo que permanece son los cobros indebidos.
