Se vino abajo el placazo. Pero lo mejor es que se derrumbaran los mitos (mitotazos) que han quedado al descubierto con este tema.
Mito 1: "Todo lo que cobra el Gobierno es un impuesto". Así lo expresaron personajes de la vida local, pero es incorrecto. Lo que el Gobierno cobra son contribuciones. Un tipo de contribución son los impuestos, y también existen los derechos. Las placas (y el refrendo) son derechos, que son contraprestaciones por un servicio que proporciona el Gobierno, y no puede cobrarse más del costo que para éste representa prestar el servicio al ciudadano.
Mito 2: "Lo que se cobra por concepto de derechos se invierte realmente en el servicio que se presta". Mencionaré solamente un caso: el Registro Público de la Propiedad. Ahí no pocos servicios se cobran con cuotas carísimas; sin embargo, ni el servicio que se recibe vale lo que se está pagando, ni lo que ingresa se invierte en esta dependencia. Este tipo de casos son los que abonan a la desconfianza de la ciudadanía. Con tal tipo de evidencias resulta imposible convencer de que el dinero llega al destino prometido.
Mito 3: "Los derechos que pagamos están debidamente fundamentados en la Constitución". Los criterios de la Corte nos permiten ver con claridad que si la cantidad que se cobra por concepto de derechos no guarda una proporción con el costo real del servicio que presta el Gobierno, la disposición que regula el cobro es inconstitucional, y sí hay mecanismos para combatir con éxito esa parte de la norma. La evidencia empírica así lo demuestra.
Mito 4: "Los ciudadanos no pueden ampararse en contra de la medida". Los casos de Guanajuato en 2001 y de Durango en 2006 demuestran lo contrario. En el segundo caso, el Gobierno tuvo que devolver la diferencia entre el costo y el cobro al ciudadano en poco más de 3 mil casos.
Los ciudadanos sí pueden ampararse contra el cobro excesivo, llámese placazo o refrendazo. El incentivo de recurrir al amparo es directamente proporcional al monto del cobro pretendido. Una cantidad considerable de personas estarán dispuestas a pagar el refrendo y evitarse las molestias de un trámite para la mayoría desconocido: el amparo. Cuanto mayor sea la cantidad a pagar, mayor será el número de personas dispuestas a combatir la medida.
Mito 5: "Las placas deben cambiarse cada tres años". Argumentan que la Norma Oficial Mexicana (NOM) así lo establece. Por más veces que usted lea la referida norma, es prácticamente imposible que encuentre redactada con la mínima claridad la pretendida obligación. La justicia federal resolvió (en el caso de Guanajuato), que lo que dijera la NOM no tiene incidencia alguna sobre la obligatoriedad de cambiar o no las placas con la periodicidad ahí referida. Lo anterior es así porque esa periodicidad (según la justicia federal) tiene que ver con parámetros de calidad de los materiales, no con la obligación de renovarlas. No son pocos los estados que cuentan con láminas con más de tres años... ¡y no pasa nada!
Mito 6: "Debemos creer que las placas durarán el tiempo que nos prometieron". Nos dijeron que durarían diez años y a los seis ya las querían cambiar. Pero hay casos más graves: en Guanajuato la tarjeta de circulación establecía la duración de las placas, pero tampoco eso valió ante la justicia federal. Lo único que vale, según el criterio jurisdiccional, es que la duración se establezca en la Ley de Ingresos. Durango aprendió la lección y así lo plasmó en una reforma.
Mito 7: "La recaudación de lo que hace falta se hace cobrando derechos". Somos un País que cobra muy caros algunos derechos. Pretender cobrar por la vía de los derechos "lo que hace falta" es inventar el agua tibia, es ir en contra de la Constitución. Es cierto, viene pasando en muchos casos, desde hace mucho tiempo, y la gente no decía nada. Si hoy se manifiesta no es porque no sea solidaria, es porque reacciona con la inconformidad acumulada de estar pagando servicios de tercera con costos de primer mundo. Y ni en el primer mundo. Un caso que ejemplifica este fenómeno es el del pasaporte. En México un pasaporte por diez años cuesta mil 630 pesos, mientras que en España el mismo servicio cuesta aproximadamente 200 pesos mexicanos.
En el caso del refrendo, Jalisco se pondrá a la cabeza de los estados más caros en este rubro. El mismo servicio cuesta: en Aguascalientes 290 pesos, en Baja California 254, en Chiapas 380, Sinaloa 300, Sonora 385. Destacan los casos de Coahuila, de 164 a 312 pesos y Chihuahua, de 256 a mil 310 pesos. En ambos casos los vehículos más viejitos pagan menos, medida que parecería justa... pero es inconstitucional.
Mito 8: "Nos endeudamos porque no quisieron pagar". Entonces, para no endeudarnos, deberíamos aceptar medidas inconstitucionales y sorpresivas. Nadie advirtió oportunamente que el cobro indebido de derechos era la llave para lograr las promesas.
La verdad es que nos endeudamos ahora porque lo dejamos de hacer en el sexenio de Alberto Cárdenas. En ese sexenio se condenó la enorme deuda que se había heredado (3 mil millones) y siempre se actuó con la tara de que endeudarse era malo. Mientras tanto, otros estados se endeudaban y hoy reportan mejor desempeño que Jalisco. A trece años de la alternancia y al concretarse el primero de los préstamos (ya autorizado) para Arcediano y los 2 mil millones que pedirá el Gobernador, la deuda pública estatal habrá llegado a poco menos de 12 mil millones. Tendremos a Nuevo León a tiro de piedra de arrebatarle el tercer lugar nacional de endeudamiento. Por cierto, según la Secretaría de Hacienda, Guadalajara tiene el liderato nacional en deuda pública municipal, con poco más de 736 millones.
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