Extraña visión la de los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes esta semana interpusieron un amparo en contra de la reforma constitucional que prohíbe la contratación de spots en materia electoral por parte de organismos privados. Argumentan la violación de garantías individuales, como la libertad de expresión, derecho a la información y asociación.
Más tardaron en anunciar y presentar el recurso jurídico, que éste en ser rechazado por el juez. El CCE ha anunciado, otra vez con bombo y platillo, que continuará con su defensa patriótica de las garantías y libertades y que acudirán a una instancia superior para que decida al respecto.
No son pocos los elementos que llaman la atención en este episodio. Primeramente, veamos la realidad de varios países desarrollados en donde este tipo de anuncios están prohibidos y nunca se ha tenido conocimiento de queja alguna o recurso jurídico que pretenda combatir la medida. En esos países no se advierte atentado a las garantías o limitación de libertades relacionadas con la prohibición de contratar spots político-electorales.
La realidad de un país desarrollado puede explicar con claridad las razones de que no les importe si se programan o no spots políticos: un elevado nivel de lectura, menos horas frente al televisor, nutrida oferta de pasatiempos y actividades culturales, mayor participación de la población en actividades deportivas, mayor politización, una robusta clase media que amortigua los vaivenes entre los extremos políticos, un avanzado sistema de prestaciones sociales, entre muchas otras. Todos estos factores suponen el ejercicio real de libertades.
Por eso resulta kafkiano ver a los dirigentes (habría que ver qué tanto lo son) empresariales (nuevamente habría que verificar la pertinencia del término), rasgándose las vestiduras ante semejante atentado a las garantías y libertades, generado por no poder programar sus anuncios. Todavía llama más la atención su silencio cómplice frente al no cumplimiento de "las otras" garantías individuales en México, aquellas que estos empresarios se niegan a ver y reconocer: la garantía a un trabajo digno y bien remunerado, recreación, vivienda, educación, etcétera.
Lo que es más, en algunos casos, como es la garantía de igualdad de género, de ecuación laica o la de decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos, estos grupos se han manifestado abiertamente en contra, ya sea en su discurso o con acciones concretas.
No hablemos de los derechos de tercera generación; los dirigentes empresariales no saben ni con qué se comen. El derecho por un medio ambiente sano, no contaminado, es vulnerado por no pocos empresarios que no pagan el costo ambiental de su actividad. Imaginemos, por un momento, lo siguiente: en México todas las empresas pagan equipos de reducción de emisiones, tratan sus aguas y pagan un costo por impacto ambiental... ¿Cuánto disminuirán las ganancias que hoy perciben los preocupados hombres de negocios? ¿Cuánto disminuiría nuestra competitividad, sustentada básicamente en bajos precios, que tienen origen en que estos demócratas cargan muchos costos al medio ambiente?
El segundo elemento que llama la atención es que estos organismos, que parecieran preocuparse tanto por la situación democrática de nuestro país, son precisamente el ejemplo de la antidemocracia. En ellos la opacidad de las decisiones campea, las elecciones de sus (supuestos) dirigentes se deciden en corto, en comilonas, o se juegan en un volado. En no pocas ocasiones los pretendidos dirigentes son en realidad gerentes que prestan nombre y figura. No hay quién pueda explicar en qué consisten los mecanismos democráticos de un organismo empresarial, por la sencilla razón de que no existen: desde la elección de dirigentes, hasta la toma de postura frente a un tema de coyuntura.
Por último, nos enfrentamos a un problema de magnificación y de concepción. En México ha llegado a tal punto la veneración del Dios Mercado que sus apologistas hacen aparecer a Adam Smith como un comunista. Adicionalmente, consideramos que todo está o debe estar en el mercado. Por eso los señores empresarios creen que la libertad se puede comprar. Si la libertad de expresión se ejerce comprando un anuncio, entonces más del 95 por ciento de los mexicanos está condenado a nunca poderla ejercer.
Los "dirigentes empresariales" parten del entendido de que la política es un negocio. Lo que se les olvida es que la política debe ser pública y por lo tanto no se encuentra o no debe situarse en el mercado (el del dinero).
Si los señores empresarios quieren abonar por un ejercicio más pleno de las libertades en México, no son pocas las acciones que pueden poner en práctica de manera inmediata. Tienen que ver con la democratización de sus anquilosadas y premodernas organizaciones, el trato a sus empleados, al medio ambiente y a sus consumidores, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el no confundir caridad y altruismo con deducción fiscal, el otorgamiento pleno de prestaciones de seguridad social, etcétera.
Cuando esto suceda, el ejercicio de las libertades será más pleno... y no sólo para quienes puedan pagarlas.
rogelio_campos@yahoo.com
