En ese caso hubo mucho ruido, pero muy pocas nueces. Muy pronto quedaron al descubierto las limitaciones de esta "acción gubernamental", que se empezó a aplicar siete meses después de su anuncio; la única entidad en la que se probó fue en Nuevo León, y el ejercicio se circunscribió a 53 secundarias públicas. Se trató de una prueba de saliva -no de orina- y, adicional al consentimiento de los padres, se requirió el de las escuelas y de los alumnos.
En el ciclo escolar 2007-2008, únicamente se aplicó a 2 mil 709 estudiantes, de los cuales sólo 9 resultaron positivos y 35 se negaron a participar (El Norte, 4/07/08). Cabe mencionar que la población estudiantil de secundaria, en Nuevo León, asciende a 220 mil alumnos.
Para el ciclo escolar 2008-2009 se anunció la ampliación a 800 secundarias, pero el programa fue abandonado. Las pruebas no se efectuaron ni siquiera en las 53 escuelas iniciales (El Norte, 30/06/09).
Después, las autoridades educativas estatales declararon que el esfuerzo "no otorgó resultados satisfactorios, no produjo nada de lo que hubiéramos podido pensar encontrar". (El Norte, 2/09/09). Actualmente, las autoridades de Nuevo León no tienen contemplado aplicar este tipo de pruebas.
Estamos hablando de un espectacular anuncio presidencial que se diluyó, ya que esta medida se aplicó en una sola entidad, únicamente en secundarias, con una micro-muestra del 1.2 por ciento y por única ocasión.
Si bien el proyecto del Gobierno federal puesto en marcha en Nuevo León no implicó una reforma legal, hay otros casos en los que sí se ha reformado la ley para proceder a la aplicación de estos exámenes en escuelas.
En febrero del 2009, el Congreso de Sonora aprobó la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones. La medida desató un intenso debate, con la oposición del magisterio y las autoridades de integración juvenil. Se dijo que era una acción mediática de los diputados, que no se estaba en condiciones para su aplicación y que podría generar estigmatización y deserción escolar (El Universal, 11/02/09).
No obstante que -en principio- se anunció que la ley podría empezar a aplicarse en el 2010, las autoridades manifestaron que era necesario contar con un reglamento. Entre la aprobación de la ley y la publicación del reglamento (28/03/11) pasaron más de dos años. El reglamento sonorense es un entramado burocrático salpicado de buenas intenciones.
Hay muchas referencias de lo que sucedió en Sonora antes de la aprobación del reglamento, pero no se encuentran notas o registros sobre la implementación de esta medida. Pareciera que lo importante es el anuncio, y después nos olvidamos del seguimiento y del resultado.
Para analizar la viabilidad y la pertinencia de la propuesta del diputado González Uyeda resulta de mucha utilidad el estudio "Drug Testing in Schools: Evidence, Impacts and Alternatives", http://drugaids.socialnet.org.hk/Documents/australia_drug_testing_in_schools%20(1).pdf.
Éste, revela que es alto el riesgo de obtener "falsos positivos" -la detección de un consumidor de droga que en realidad no lo es-, y este riesgo no se elimina con la confirmación en laboratorio de pruebas positivas.
También refiere que este tipo de pruebas no son confiables para contextos escolares, son muy costosas, prácticamente inservibles para los bajos consumos de drogas, y no son efectivas como medidas de prevención.
Llama la atención que el anuncio del Presidente Calderón haya quedado en el olvido. ¿Cuántos anuncios presidenciales, con bombo y platillo, como éste, se encontrarán en la misma situación?
Los gobernantes llaman la atención de la sociedad, por conducto de los medios de comunicación, con propuestas que se encuentran muy alejadas de los estudios científicos y que no trascienden más allá del ámbito mediático.
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