La "reforma" electoral aprobada recientemente fija nuevas reglas para la operación de las elecciones en Jalisco. No son pocas las nuevas disposiciones cuestionadas. La atención se ha centrado en el sensible aumento de los recursos destinados a los partidos políticos y en la remoción de los actuales consejeros.
El pasado jueves el órgano electoral dejó entrever que solicitará más de 700 millones de pesos para ejercer en 2009. El próximo año se celebrarán elecciones intermedias. En 2003 este tipo de elecciones costaron poco más de 200 millones de pesos. Se exponen muchos argumentos para justificar el aumento, pero no parecen alcanzar para justificarlo.
Uno de los puntos que explican el incremento se encuentra en los ingresos que tendrán los partidos. Los legisladores lo justifican al amparo de que en ese sentido está la reforma constitucional federal. Obsoletos quedaron los argumentos de anteriores reformas que buscaban un ahorro en el gasto electoral. En 2005 se reformó la Constitución para que los consejeros ganaran menos, tres años después, ganarán más que en 2004.
Para las elecciones de 2003 se hizo otra reforma que hacía coincidir las fechas de la elección local con la federal. El principal argumento fue el del ahorro. Al parecer, ese argumento ya perdió vigencia.
El Instituto Electoral sigue siendo visto por la mayoría de la población como un organismo "temporalero", que solamente tiene actividad cada tres años. Si bien es cierto que esto no es así, ya que el organismo tiene a su cargo funciones en los períodos de menor intensidad, su eficacia y el impacto de su trabajo quedan en entredicho.
El organismo electoral no ha dictaminado sobre las multas a las violaciones en los gastos de campaña de la elección de 2006. Estamos a meses de iniciar un nuevo proceso electoral y eso no es aceptable, bajo ningún argumento.
Si bien es cierto que los actuales consejeros han desplegado el mayor esfuerzo del que se tenga memoria por realizar actividades de educación cívica, también es cierto que el impacto de las mismas apenas sí se puede apreciar.
Si además consideramos que actividades sustantivas, como el padrón electoral, sale de su competencia, este tipo de organismos locales cada vez encuentran menos argumentos para existir y se convierten en ventanilla de trámite del IFE. Por si lo anterior fuera poco, el caso del referéndum promovido por la FEU evidenció que a los consejeros y a su aparato los atrofia la inactividad. La FEU demostró que el cruce de datos entre las solicitudes y el padrón lo hicieron con un documento caduco. Además demostró que varios casos de personas que se declararon inexistentes en el padrón, en realidad sí se encontraban.
Debemos transitar a un modelo de Instituto Nacional Electoral que se encargue de la organización de todas las elecciones, ya sean federales y locales, con un calendario único. El mismo día deben celebrarse elecciones en todo el País. Si somos más ambiciosos podemos recurrir al ejemplo brasileño, que conjunta en su órgano electoral las funciones administrativas y jurisdiccionales que nosotros tenemos separadas en institutos y tribunales. Un sólo organismo -con sus delegaciones- en lugar de los 66 que tenemos actualmente.
Si queremos ir más allá, podemos hacer períodos de cuatro años para Presidente de la República, Gobernador y diputados; y de ocho años para senadores, con posibilidad de reelección. Se acabaría el pretexto de que en el primer año apenas están aprendiendo, pero también se tendría la exigencia de resultados en el corto plazo.
Contar con dos organismos, con sus delegaciones, implicaría un ahorro aproximado del 50 por ciento. Períodos de cuatro años implicarían un ahorro adicional del 25 por ciento. Se puede ahorrar más si invertimos en urnas electrónicas que se puedan usar en varios procesos electorales y podríamos aprovechar las fechas simultáneas (que en este esquema se convertirían en concurrentes) para que los ciudadanos votarán por referéndum, obras públicas, entre otras decisiones.
Lo anterior sin tomar en cuenta las bondades ecológicas, de rapidez en contar con resultados y de certidumbre en cuanto a las pocas impugnaciones que se tendrían. La urna electrónica no solamente se utiliza en países de primer mundo, en Brasil el 100 por ciento de los ciudadanos la utiliza y prácticamente no han tenido impugnaciones. El mito del federalismo, al que se apela para contar con 66 organismos, se diluye con el caso brasileño.
Pasemos al segundo de los puntos. En la reforma aprobada, los consejeros duran únicamente tres años en el cargo. Con lo anterior se contraviene la doctrina que establece, para el caso de organismos constitucionales autónomos, períodos largos de duración para sus titulares como un elemento que abona de manera determinante a su autonomía, estabilidad y profesionalización.
Al parecer, estas posibilidades no existen en la mente de nuestros legisladores. Estamos peleados con la tecnología, la eficacia, la certidumbre, la rapidez, los ejemplos de casos de éxito y con lo que establece la doctrina. Nuestro sistema electoral se ve reflejado a la perfección: premoderno, ineficaz, lento, destinado al fracaso y basado en la ignorancia. Lo peor de todo es que nuestras autoridades surgen de estos procesos y estamos reafirmando las bases para que, salvo caso fortuito, sean a su vez un reflejo del sistema electoral que da origen a su autoridad.
Tomo necesarias vacaciones. Nos vemos en tres semanas.
rogelio_campos@yahoo.com
