Durante muchos años se pugnó por reducir el tiempo de las campañas, para bajar su costo y adecuarlas a los parámetros internacionales. Para darnos una idea de lo que duraban las campañas, hace seis años Calderón, AMLO y Madrazo ya llevaban -a estas alturas- más de 100 días de campaña abierta: mítines multitudinarios, spots televisivos, llamamiento al voto, etcétera.
En esta ocasión, las campañas -para Presidente, Gobernador, diputados federales y senadores- iniciarán el viernes 30 de marzo y solamente durarán 90 días. En el caso de los diputados locales y Presidentes Municipales, iniciarán el 29 de abril y tendrán una duración de 60 días. Todas las campañas concluirán el 27 de junio.
No son las únicas nuevas fechas y reglas que hay que tener presentes. La Constitución prohíbe la publicidad que aluda al nombre o a la imagen de los servidores públicos, salvo siete días antes y cinco después de su informe anual. En este caso, el Presidente ya se equivocó. Se produjo y transmitió un spot de la CFE sobre la visita que hizo Felipe Calderón a Jalisco -dos días después de los narcobloqueos- y allí aparece el nombre del Presidente, contraviniendo la Constitución.
Parece que en Los Pinos no se han preocupado por asesorar al Presidente sobre las limitaciones e implicaciones de su imagen y expresiones en el proceso electoral. Ya se equivocó, con la famosa encuesta que ubicaba a Vázquez Mota a cuatro puntos de Peña Nieto; se volvió a equivocar, al negarlo ese mismo día, cuando después se confirmaba que sí había cometido la imprudencia que se empeñaba en negar.
Otra nueva disposición es la que se refiere a la publicidad gubernamental. El 29 de marzo es el último día en que los Gobiernos podrán publicitar logros. A partir de esa fecha no veremos publicidad del Gobierno sino hasta el 2 de julio. Esta limitante explica la desquiciada conducta gubernamental en gasto publicitario. En los últimos meses, los Gobiernos de todos los ámbitos -federal, estatal y municipal- han gastado a manos llenas en espacios publicitarios de prensa, radio, televisión e Internet.
Este gasto desorbitado refleja la angustia que se vive desde el poder al ver los resultados de las encuestas de preferencias electorales. Este bombardeo publicitario no necesariamente ha sido inútil: podría ser una de las causas que explique el ligero repunte de los candidatos del partido en el poder.
La exageración del gasto en publicidad gubernamental en estos meses muy probablemente -pronto- llevará a otro candado en la legislación, para limitar o reglamentar este dispendio. Resulta paradójico que sí existan quejas contra el bombardeo de propaganda electoral, pero que no haya reclamos contra el exceso de publicidad gubernamental.
El 30 de marzo empieza otra etapa, sin ayuda de la publicidad oficial. La única propaganda será la del IFE y la de los candidatos. Serán menos de 90 días de una campaña breve, pero intensa, en la que ya hay conocimiento de los candidatos y hasta de los intereses que representan.
Teóricamente, las campañas iniciarán el viernes 30 de marzo, pero al día siguiente la mayoría de la población ya estará en las vacaciones de Semana Santa. A las campañas les sucederá como a las computadoras cuando se "traban" y tienen que "resetearse". El regreso de vacaciones será el 16 de abril, 20 días después de que se haya transmitido el último spot gubernamental; ahí podría marcarse el verdadero inicio de las campañas, que en realidad durarán 73 días. En ese tiempo se acortarán, remontarán o ampliarán las ventajas.
Otro asunto que no debemos pasar por alto es el de las encuestas. Las empresas encuestadoras tienen obligaciones: registrarse, entregar su estudio y metodología a la autoridad electoral, y bien haría la autoridad en publicarlo. Hasta el momento, la autoridad electoral ha sido complaciente y ha abandonado el papel que debería asumir al informar a la población de las empresas registradas y de los estudios que han realizado.
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