El estudio es revelador. El 59 por ciento de los encuestados tenía una percepción negativa de los casinos, contra 20 por ciento con percepción positiva. La gran mayoría opinaba que los casinos traen consigo: corrupción (86 por ciento), delincuencia (85), narcotráfico (84) y desintegración familiar (71).
La apertura a los casinos no fue aprobada por los legisladores -representantes populares-, y además se hizo en contra de la opinión de la sociedad, ya que el 52 por ciento se oponía a su instalación y solamente 23 por ciento estaba a favor.
A la pregunta, ¿si llegaran a instalarse, en dónde preferiría que se situaran? las respuestas fueron: en zonas turísticas (30 por ciento), en ningún lado (29), en la frontera con Estados Unidos (9), en zonas de tolerancia (9), en todo el país (9), y en las playas (7 por ciento). Actualmente tenemos casinos en todo el País, situación que no contó con el respaldo social.
No solamente se atropelló la opinión ciudadana, también se ningunearon los estudios. En noviembre de 2002, la Cámara de Diputados publicó "Los casinos en México y sus principales efectos sociales: Un análisis de opinión pública", disponible en www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/pdf/dps56.pdf.
Por otra parte, en 2005, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad, A.C. (ICESI) publicó el "Estudio sobre la posible legalización de los casinos en México", disponible en www.icesi.org.mx/propuestas/icesi/estudio_sobre_casinos_en_mexico.asp.
En estos documentos se exponen las recomendaciones, objeciones, supuestos beneficios, perjuicios y sugerencias de la iniciativa privada, iglesias, ex funcionarios, especialistas e investigadores. La autoridad hizo caso omiso -prácticamente- a todo lo que se planteó: realización de estudios previos, condiciones y lugares para operar, el tipo o modelo de casino que se adoptaría, los impuestos y su destino, regulación y normatividad, límite de casinos a instalar, entre otros factores.
La Secretaría de Gobernación (Segob) contrató la realización del "Estudio multidisciplinario sobre los diversos impactos que tendría la instalación de casinos". Fue facturado por la UNAM y lo realizaron expertos de esa casa de estudios, España y Estados Unidos, y se entregó a la SEGOB en febrero del 2007.
En 2008 fue solicitado vía la Ley de Transparencia, y la SEGOB lo negó, pues lo había reservado por cinco años. El solicitante se inconformó ante el IFAI y éste ordenó su entrega.
Sin embargo, se mantuvo la clasificación de los apartados 2 al 6, que contienen el análisis y las implicaciones jurídico-políticas de los casinos, así como la experiencia internacional, las consecuencias culturales, sociales, fiscales, económicas y en materia de seguridad pública.
La Segob alegó que no podía dar a conocer el texto porque contiene diversas "opiniones" que forman parte de un proceso deliberativo permanente. También por ser guía en aspectos vinculados con lavado de dinero, delincuencia organizada, evasión fiscal, corrupción de menores y prostitución (La Jornada, 29 de julio, 2008).
La Segob debe dejar de hacerle al tahúr, no esconder los ases bajo la manga y desclasificar ya los apartados que nos oculta. ¿Acaso no estamos preparados para conocer las reglas del juego en el que ya estamos apostando?, ¿o acaso hay dados cargados?
En el juego -obviamente- no se sabe qué carta, número o combinación va a salir. Paradójicamente, estamos igual: ni la autoridad se pone de acuerdo sobre el número de establecimientos que hay; no sabemos el límite -si es que existe- de establecimientos a instalar; tampoco conocemos a ciencia cierta los supuestos beneficios que generan; no medimos los perjuicios que están ocasionando y mucho menos estamos preparados para afrontarlos.
En el asunto del juego, el Gobierno ha estado jugando. Lo ha hecho con la población, con los estudios, con las autorizaciones, con la fiscalización y con las consecuencias. Apostaron por el juego sucio, turbio. ¿Quién gana? ¡Haga sus apuestas!
rogelio_campos@yahoo.com
