Dinero electoral
Por Rogelio Campos
Desde 2006, en el presupuesto de Jalisco los recursos destinados a la inversión vienen a la baja, mientras el gasto corriente ha aumentado de manera escandalosa: en nómina, materiales y servicios el Gobierno de Jalisco eroga 166 por ciento más. El dato contrasta con la disminución en inversión pública: en 2012 se gastó 57 por ciento menos.
Uno de los apartados que muestra un crecimiento muy superior al de la inflación es el que se denomina "Organismos Autónomos", que corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia. Mientras que la inflación entre 2006 y 2012 fue del 30 por ciento, al conjunto de estos organismos se les aumentó su presupuesto un 83 por ciento.
Para darnos una idea de la forma en cómo ha aumentado este gasto, tomemos el ejemplo del IEPC y vayamos un poco más atrás en el tiempo. En el 2002 el entonces Consejo Electoral contó con un presupuesto anual de 39 millones de pesos (MURAL, 3/01/2002), mientras que en 2013 ejercerá 325 millones (MURAL, 2/01/2013). Ambos años son comparables porque no son tiempos electorales.
Entre el 2002 y 2013 la inflación ha sido del 58 por ciento, cifra muy lejana al 731 por ciento de incremento presupuestal que ha tenido el organismo electoral de Jalisco. Esto significa que el presupuesto anual que hoy tiene el IEPC sería suficiente para mantener por 5 años y tres meses al anterior Consejo Electoral.
Las dos notas de MURAL que he referido, contienen datos que explican las causas del exagerado incremento en el gasto electoral. Para empezar, parecería que ahí tuvo lugar un milagro similar al de la multiplicación de los peces, pero en este caso fue de multiplicación de las plazas laborales: mientras que en 2002 el organismo contaba con 50 empleados de base, en 2012 ya son 170.
Si le sorprende el aumento de 240 por ciento en el número de empleados de base, prepárese para asimilar el brutal incremento que han tenido las prerrogativas de los partidos políticos: en 2002 los partidos se repartían 26 millones 560 mil pesos, mientras que en 2013 la bolsa creció ¡706 por ciento! para llegar a 214 millones de pesos.
Si los recursos destinados a los partidos hubieran aumentado en la misma proporción que la inflación, para el presente año solamente se hubieran presupuestado 42 millones de pesos, pero -en mayo del 2008- los partidos, a través de sus diputados, reformaron la Constitución y como por arte de magia multiplicaron exponencialmente sus recursos en demérito de otros conceptos del gasto público.
Los partidos no solamente se despacharon con la cuchara grande al inflar el presupuesto a repartirse, también se beneficiaron con la reforma que prohíbe la compra de espacios en radio y televisión: ahora reciben mucho más en dinero y tienen menos gastos porque los spots en radio y televisión son con cargo a los tiempos oficiales.
Pero el desorbitado gasto electoral no es culpa de los partidos únicamente. En todo caso es un juego de complicidades con la autoridad electoral, pues la proporción del presupuesto que se llevan los partidos prácticamente es la misma: en 2002 se quedaban con el 67.78 por ciento del presupuesto del gasto electoral y en 2013 será el 65.79. Esto es, quitando el dinero de los partidos, desde 2002 la autoridad electoral ha aumentado 781 por ciento su gasto anual, cuando la inflación solamente ha sido del 58 por ciento.
Por eso debemos celebrar que los firmantes del llamado Pacto por México se hayan comprometido a impulsar una reforma electoral que, entre otras cosas, permita la creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales.
El 21 de julio del 2007 compartí en este espacio "Tarde o temprano", colaboración que, precisamente, proponía la desaparición de los 66 organismos y tribunales electorales federales y estatales que tenemos en México, para contar con uno solamente, tal y como ocurre en Brasil (http://derogeliocampos.blogspot.mx/2007/07/tarde-o-temprano.html).
Aunque lentamente, parece que vamos avanzando en la dirección correcta.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
viernes, 4 de enero de 2013
jueves, 3 de enero de 2013
Rogelio Campos / Dime en qué gastas...
Rogelio Campos / Dime en qué gastas...
Mural
(28-Dic-2012).-
La actual administración estatal inició hace casi seis años. 2006 fue el último año completo de la administración de Francisco Ramírez Acuña -terminada por Gerardo Octavio Solís-, y 2012 lo es del Gobierno de Emilio González Márquez. Resulta interesante comparar los rubros de gasto de ambas administraciones en esos años -2006 vs 2012-, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas en el portal de internet del Gobierno de Jalisco.
Previamente diremos que la inflación entre el 1 de enero de 2006 y la misma fecha de 2012 fue del 29.27 por ciento. Todos sabemos que los salarios mínimos y los de los servidores públicos prácticamente aumentan en la misma proporción que la inflación.
Sin embargo, el presupuesto de Jalisco -desde 2006 y hasta 2012- aumentó más del doble que la inflación: 66 por ciento. Esto ha sido así en parte por los altos precios del petróleo que han permitido un prolongado oasis fiscal y también porque se viene contratando más deuda que hace seis años.
Llama la atención que si la inflación ha sido del 30 por ciento y el crecimiento presupuestal del 66 por ciento, al mismo tiempo existan rubros que en estos seis años hayan crecido muy por encima de esos porcentajes.
Iniciemos con el Poder Judicial, que en estos seis años ha incrementado su presupuesto en 71 por ciento: más del doble que la inflación y ligeramente por arriba del incremento presupuestal del Estado de Jalisco. El aumento en las participaciones y aportaciones a los municipios (82 por ciento) ha sido casi en la misma proporción que el presupuesto de los organismos autónomos (83 por ciento).
La ampliación en el presupuesto de los organismos autónomos (Instituto de Transparencia, Comisión de Derechos Humanos e Instituto Electoral) se debe en gran parte al exagerado crecimiento que ha tenido el financiamiento a los partidos políticos, cargado a la partida del Instituto Electoral.
Donde las cifras empiezan a parecer inverosímiles es cuando llegamos al Poder Legislativo. El presupuesto del Congreso ha crecido 137 por ciento: cuatro veces por encima de la inflación y más del doble del presupuesto estatal. Esto es sin considerar que ni así les alcanza, y que ese Poder tiene deudas que equivalen al total del presupuesto anual que tenían en 2006.
Si el crecimiento presupuestal del Poder Legislativo le parece exagerado, prepárese para conocer el aumento presupuestal anual por conceptos de intereses de la deuda pública del Poder Ejecutivo: ¡209 por ciento! Ahí no para el escándalo, ya que el rubro de Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSyS), que se ubica en el gasto corriente ha crecido ¡mil 505 por ciento!
El gasto corriente (nómina, materiales y servicios) del Gobierno de Jalisco hoy es 166 por ciento mayor que en 2006, dato que contrasta con la disminución en la inversión pública: hoy se gasta 57 por ciento menos en este rubro.
Urge un diagnóstico sobre tan extraño comportamiento presupuestal. Algunos rubros, como el 1,505 por ciento de aumento en las Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSyS), pudieran ser verdaderos hoyos negros presupuestales que deben aclararse. Escapa a toda lógica que Ramírez Acuña en 2006 haya gastado 1,325 millones en este rubro, mientras que Emilio González en 2012 erogue 21,284 millones.
Parecería broma del Día de los Inocentes siquiera pensar en que la Administración saliente explique las razones de semejantes cambios en la presupuestación y gasto. Toca a los académicos e investigadores, pero sobre todo a la nueva Administración, hacer un trabajo profesional que despeje las dudas que deja el muy peculiar estilo de gastar de Emilio González Márquez.
La historia no debe repetirse; necesitamos números y explicaciones coherentes sobre el presupuesto. No queremos ni necesitamos otro merolico haciendo performances sobre transparencia y rendición de cuentas.
También es necesario que de manera clara se establezca una veda presupuestal para aquellos rubros que reportan salvajes incrementos y que nos digan en qué proporción se piensa reducir el gasto corriente y aumentar la inversión pública. Y que además esas proporciones sean en sentido opuesto a lo que hizo el Gobierno que está aún a dos meses de irse.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
Mural
(28-Dic-2012).-
La actual administración estatal inició hace casi seis años. 2006 fue el último año completo de la administración de Francisco Ramírez Acuña -terminada por Gerardo Octavio Solís-, y 2012 lo es del Gobierno de Emilio González Márquez. Resulta interesante comparar los rubros de gasto de ambas administraciones en esos años -2006 vs 2012-, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas en el portal de internet del Gobierno de Jalisco.
Previamente diremos que la inflación entre el 1 de enero de 2006 y la misma fecha de 2012 fue del 29.27 por ciento. Todos sabemos que los salarios mínimos y los de los servidores públicos prácticamente aumentan en la misma proporción que la inflación.
Sin embargo, el presupuesto de Jalisco -desde 2006 y hasta 2012- aumentó más del doble que la inflación: 66 por ciento. Esto ha sido así en parte por los altos precios del petróleo que han permitido un prolongado oasis fiscal y también porque se viene contratando más deuda que hace seis años.
Llama la atención que si la inflación ha sido del 30 por ciento y el crecimiento presupuestal del 66 por ciento, al mismo tiempo existan rubros que en estos seis años hayan crecido muy por encima de esos porcentajes.
Iniciemos con el Poder Judicial, que en estos seis años ha incrementado su presupuesto en 71 por ciento: más del doble que la inflación y ligeramente por arriba del incremento presupuestal del Estado de Jalisco. El aumento en las participaciones y aportaciones a los municipios (82 por ciento) ha sido casi en la misma proporción que el presupuesto de los organismos autónomos (83 por ciento).
La ampliación en el presupuesto de los organismos autónomos (Instituto de Transparencia, Comisión de Derechos Humanos e Instituto Electoral) se debe en gran parte al exagerado crecimiento que ha tenido el financiamiento a los partidos políticos, cargado a la partida del Instituto Electoral.
Donde las cifras empiezan a parecer inverosímiles es cuando llegamos al Poder Legislativo. El presupuesto del Congreso ha crecido 137 por ciento: cuatro veces por encima de la inflación y más del doble del presupuesto estatal. Esto es sin considerar que ni así les alcanza, y que ese Poder tiene deudas que equivalen al total del presupuesto anual que tenían en 2006.
Si el crecimiento presupuestal del Poder Legislativo le parece exagerado, prepárese para conocer el aumento presupuestal anual por conceptos de intereses de la deuda pública del Poder Ejecutivo: ¡209 por ciento! Ahí no para el escándalo, ya que el rubro de Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSyS), que se ubica en el gasto corriente ha crecido ¡mil 505 por ciento!
El gasto corriente (nómina, materiales y servicios) del Gobierno de Jalisco hoy es 166 por ciento mayor que en 2006, dato que contrasta con la disminución en la inversión pública: hoy se gasta 57 por ciento menos en este rubro.
Urge un diagnóstico sobre tan extraño comportamiento presupuestal. Algunos rubros, como el 1,505 por ciento de aumento en las Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSyS), pudieran ser verdaderos hoyos negros presupuestales que deben aclararse. Escapa a toda lógica que Ramírez Acuña en 2006 haya gastado 1,325 millones en este rubro, mientras que Emilio González en 2012 erogue 21,284 millones.
Parecería broma del Día de los Inocentes siquiera pensar en que la Administración saliente explique las razones de semejantes cambios en la presupuestación y gasto. Toca a los académicos e investigadores, pero sobre todo a la nueva Administración, hacer un trabajo profesional que despeje las dudas que deja el muy peculiar estilo de gastar de Emilio González Márquez.
La historia no debe repetirse; necesitamos números y explicaciones coherentes sobre el presupuesto. No queremos ni necesitamos otro merolico haciendo performances sobre transparencia y rendición de cuentas.
También es necesario que de manera clara se establezca una veda presupuestal para aquellos rubros que reportan salvajes incrementos y que nos digan en qué proporción se piensa reducir el gasto corriente y aumentar la inversión pública. Y que además esas proporciones sean en sentido opuesto a lo que hizo el Gobierno que está aún a dos meses de irse.
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