Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Para las mujeres mexicanas no hay muchos motivos de celebración; el panorama es más que sombrío. Para muestra, basta recurrir al Examen Periódico Universal -cuatrianual- que realizó en los meses pasados el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
En el expediente de la evaluación consta que la legislación -federal y estatal- relativa a la violencia doméstica, no contiene las obligaciones derivadas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bien harían los candidatos a diputados -federales y locales- en comprometerse para abatir ese rezago.
No podemos decirles a las mujeres que las felicitamos en su día cuando la evaluación también reporta que la legislación local es insuficiente y hasta contraria a las obligaciones que ha adquirido México en tratados internacionales. Quiere decir que, como País, somos buenos para firmar compromisos internacionales, pero que poco hacemos para llevarlos a la realidad o siquiera para llevarlos a la normatividad.
Por eso hay que tomar con reservas las declaraciones de los políticos cuando apelan a que algo "se apega a la ley". Apegarse a la ley -a los libros que codifican las normas- no es garantía de que algo esté bien, en razón del rezago que tienen. Lo que es más, los tratados internacionales son leyes que están por encima de las leyes federales y locales, pero que por la flojera de los diputados no se reflejan en "las leyes", entendidas como los libros que contienen normas ordenadas con números de artículos.
Hay más. En la evaluación se establece que el Comité de América Latina y el Caribe Para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres indicó que la violencia intrafamiliar no se encuentra dentro de los delitos contra la vida y la integridad, sino en el de los delitos contra la familia, lo cual propicia criterios de aplicación de la ley que procuran mantener el vínculo matrimonial a costa de las mujeres víctimas de violencia. Vaya tema para esta tierra de mochos.
Llegamos al Día Internacional de la Mujer con esta evaluación sobre el Programa Nacional de Derechos Humanos: es catalogado como un instrumento federal que no se puede aplicar a actividades concretas estatales o municipales; el Programa Nacional de Derechos Humanos no está vinculado con el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México; no tiene presupuesto propio y sus vinculaciones con los planes nacionales sobre la violencia contra mujeres y niños son limitadas.
El expediente de la ONU reporta que las investigaciones y el castigo en los casos de violencia contra la mujer son deficientes o inexistentes, a lo que se suma la falta de formación y conciencia de las autoridades. La ONU conoce del grave problema de los asesinatos de mujeres (feminicidios), que sigue sin resolverse. Ahí mismo se hace hincapié en el cierre de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, y en la ineficacia de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
También se reporta la preocupación en cuanto a la eficacia de este organismo. Se habla de que el feminicidio no ha sido tipificado como delito federal y tampoco se ha establecido un registro nacional de mujeres asesinadas o desaparecidas. La excesiva violencia contra 26 mujeres en San Salvador Atenco también obra en el expediente. Al parecer, tan sólo entre junio del 2006 y junio del 2007, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio denunció mil 88 asesinatos de mujeres en 15 Estados.
Pocos motivos para celebrar cuando en la evaluación de la ONU se refirió a un estudio nacional en el que se afirmaba que en el 2006, el 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años habían denunciado alguna forma de violencia en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la escuela. Se registra que una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años, que vivía con una pareja, había denunciado actos de violencia física o sexual por parte de la misma. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque ha sido una buena medida, no ha generado cambios institucionales ni nuevas leyes locales. La ley sólo se había aplicado en 23 Estados, y solamente tres tienen las correspondientes reglamentaciones.
Para los jaliscienses -habitantes de Santurrolandia-, lo que reporta la evaluación respecto al aborto es toda una bomba. Se indica que es necesaria la armonización legislativa sobre el aborto en el nivel federal y estatal. La evaluación hace constar que se limita el acceso de las mujeres a una amplia gama de opciones de anticonceptivos, sobre todo a los anticonceptivos de urgencia.
También hay reportes que apuntan en el sentido de que las víctimas de violación e incesto tenían un acceso limitado al aborto legal y no recibían información al respecto, ni antes ni después de presentar cargos. Lo peor es que en los contados casos en que las víctimas recurrían a las autoridades judiciales, se encontraban con que no existían procedimientos de salud ni judiciales para realizar abortos, o los funcionarios de la oficina del fiscal se negaban a expedir la autorización correspondiente.En la Oficina del Alto Comisionado de la ONU -en Ginebra, Suiza- obran estos elementos. Lejos están del País que pregona que vamos bien y que quiere transformar la realidad con base en declaraciones y a punta de spots.Vienen las campañas electorales. Bien harían los candidatos en comprometerse y que lo hagan de verdad con las mujeres mexicanas. Tenemos una enorme deuda con ellas y es tiempo de empezar a saldarla. rogelio_campos@yahoo.com
