En los próximos meses, el Poder Legislativo designará nuevos integrantes del Instituto de Transparencia, del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral. Los nubarrones de los procesos de selección están a la vista. Antes, la designación de este tipo de cargos se basaba en un modelo diferente. Las ventajas que en principio ofrecía el nuevo modelo sobre el anterior no eran pocas, pero se quedaron en el papel.
La propuesta la hacía el Ejecutivo y la turnaba al Legislativo para que escogiera de entre ternas. Ahora, el centro de las negociaciones se encuentra en el Legislativo. El cambio no se ha manifestado en mejores prácticas de transparencia en las negociaciones. El mal que aquejaba al proceso anterior solamente cambió de domicilio y agregó algunos actores.
Antes, las propuestas enviadas por el Ejecutivo eran negociadas por los coordinadores parlamentarios, que a su vez atendían las consideraciones de dirigentes partidistas. Ahora, la indisciplina y la balcanización al interior de los grupos parlamentarios, y su divorcio con las dirigencias, dan como resultado que una fracción de la fracción pueda impulsar y conseguir posiciones.
Inicialmente, el nuevo modelo ofrecía la bondad de convocar a la sociedad para que presentara propuestas. Ahora, esta posibilidad se ha convertido en un requisito fácilmente salvable y en una práctica de simulación. El modelo se ha querido perfeccionar con la evaluacionitis. Se somete a los integrantes a un examen de conocimientos. En la designación de los actuales consejeros del ITEI, quienes obtuvieron los más altos puntajes tuvieron como recompensa sólo eso: su calificación. Algo similar sucedió con el Tribunal Administrativo y con el Instituto Electoral.
Donde no sucedió eso fue en el Tribunal Electoral. Ahí, los aspirantes hicieron examen y se quedaron en eso. El proceso fue interrumpido por recursos ante la Corte. Esta es otra de las novedades del nuevo modelo: las impugnaciones del Poder Judicial o de los ciudadanos que ocupaban los puestos o que aspiraban a ocuparlos. Estas impugnaciones desembocaron recientemente en indemnizaciones Millonarias (con mayúscula)... y en la restitución de los que antecedieron a los actuales. Ya mejor ni hablar del proceso para sustituir a los actuales, que por cierto resolvieron los recursos para determinar legalidad o ilegalidad de dos elecciones (2003 y 2006) sin que, en estricto sentido legal, les correspondiera hacerlo. Una chulada.
El nuevo modelo es tan arcaico que todavía pide a los aspirantes carta de Policía, práctica considerada inconstitucional. También exige un mínimo de residencia en Jalisco si no nacieron en el Estado... y también es inconstitucional. No obstante, muchos aspirantes en esa condición no entregan sus papeles inhibidos por la disposición y por el desconocimiento de la inconstitucionalidad de la medida.
Contra toda lógica y argumentos académicos se evita la designación de estos cargos por periodos prolongados (mínimo siete años). Lo anterior desemboca en que el Legislativo esté permanentemente tensionado por estas designaciones, y que sean moneda de cambio frente a la aprobación de cuentas o de leyes.
A los vericuetos que representa el nuevo modelo de designación se suma el debate desordenado de actores sociales, quienes se consideran la encarnación misma de la sociedad civil. Estos illuminati empujaron la creación de organismos "ciudadanos" y no asumen que los mismos son una figura transitoria que es reemplazada por organismos profesionales.
Los illuminati no entienden las consecuencias de la creación de estos organismos. Al interior de estos institutos se incubó un nuevo tipo de burocracia: servidores públicos más o menos especializados en la materia (electoral, derechos humanos, transparencia). En no pocos casos, el personal designado por la alta dirección tiene mayor conocimiento que los propios consejeros, y legítimamente tienen también la aspiración de convertirse en consejeros.
Tampoco entienden que ante la ausencia de un servicio civil de carrera, los incentivos de los directivos y del personal por permanecer en esa condición son menores, y aumentan los de aspirar a las máximas posiciones directivas. Ni qué decir que fueron algunos de estos iluminados, o personas alabadas por ellos, quienes han sido omisos en la implementación de un servicio civil de carrera en estos organismos.
Los illuminati esperan el momento de la convocatoria para, en ceremonias sagradas frente a tazas de café, hacer las listas de los que consideran aptos y condenar (sin pruebas) a quienes no merecen llegar al cargo. Basan sus juicios en la subjetividad, en el supuesto conocimiento que tienen sobre ellos. Luego, andan enmendando el juicio emitido.
Los medios de comunicación también abonan a las perversiones del nuevo modelo. Sólo se pone atención a los organismos cuando ya es inminente la renovación de los consejeros o magistrados. Rara vez se exige un sistema de indicadores sobre su desempeño o se da seguimiento a los pocos existentes. No se toma parecer a los integrantes de los órganos máximos de dirección acerca de la problemática estructural que se vive al interior, y se trivializan las diferencias dentro de los cuerpos colegiados.
Ni qué decir de las prácticas emergentes que produce la evolución del moderno modelito. Ahora los partidos amenazan con cortarles la cabeza a los consejeros electorales que se niegan a exonerar a los partidos por haber rebasado los topes en los gastos de campaña. Les piden a los consejeros contar bien los votos, pero no los spots ni los dineros. Eso se ganan los renuentes por no ser alquimistas.
Los tiempos han cambiado, pero lo que se avizoraba como un progreso ha desembocado en un modelo arcaico y pervertido.
