No hay mejor antídoto para un panista que otro panista. La evidencia empírica así lo demuestra. Tanto en el ámbito nacional como local, una vez que los panistas llegan al poder sus problemas, en la mayoría de los casos, no se deben a la Oposición, sino que tienen un origen interno, sea por una pésima actuación en el poder o sobre todo por las fisuras internas que terminan en división, persecución, fractura o confrontación.
Este patrón es el que se manifiesta con la iniciativa de reforma en materia de fiscalización, enviada por el Gobernador al Congreso. La propuesta encontró el respaldo total de las demás fuerzas políticas y resistencia en su propio partido. El Gobernador habría acordado la propuesta con todas las fuerzas políticas, pero cometió el error de no consultarlo con quienes junto con él, y según ellos (Rosales y Salinas), conformarían el triunvirato que ejerce el Poder Ejecutivo en Jalisco.
Lejos de ser la primera vez que esto sucede, ya es algo sistemático. Más allá de los pretextos que se exponen, el Gobernador ha encontrado en una subfracción panista del Congreso una Oposición sistemática y férrea. No importa el tema; no puede moverse sin sentir el rigor de la marca personal de Eduardo Rosales y Jorge Salinas.
Se han ido los tiempos en los que el partido en el poder y sus diputados apoyaban ciegamente a su gobernante, y han dado paso a una nueva configuración de fuerzas. A primera vista resulta sano, pero esta nueva realidad entraña una serie de factores que merecen ser analizados.
A lo que se ha llegado en Jalisco es a reivindicar el derecho a disentir de las propuestas del Ejecutivo. Ahora se ve como algo normal y hasta conveniente. Sin embargo, esta reivindicación no ha sido en favor del voto libre de los diputados, sino que se endosa en favor del presidente del partido en el Gobierno. Si bien hay derecho a disentir con las propuestas del Ejecutivo, este derecho no se puede ejercer contra el presidente del partido.
El Ejecutivo no debe ejercer coacción hacia los diputados, eso está bien. Lo que resulta terrible es "la nueva línea", que se refleja en la coacción que sí ejercen dos de los integrantes del triunvirato. Se ha llegado al punto de amenazar a los diputados y regidores de ser expulsados si no votan en bloque. Esta sanción podrá estar prevista en los estatutos panistas, pero sin duda contraviene el marco constitucional, aunque ha sido un mecanismo eficaz de alineamiento. Pasamos de la línea del Ejecutivo a la línea de los otros integrantes del triunvirato. El Ejecutivo pierde, el líder partidista y el coordinador de los diputados ganan, los diputados y los ciudadanos quedan igual. Sin duda, es un cambio; el punto es quiénes son los principales beneficiados.
En países desarrollados es totalmente normal que el Ejecutivo se dé a la tarea de cabildear de manera directa, el voto con cada uno de los legisladores de todos los partidos, incluido el propio. Es un "toma y daca" donde los diputados obtienen beneficios para sus distritos. Lo hacen de manera directa porque están actuando entes políticos libres y el resultado de la votación no tiene necesariamente una correlación con la configuración partidista del Congreso. Lo que escapa de toda lógica en Jalisco es la obsesión por arrinconar al Ejecutivo a tratar todos los asuntos con el presidente de su propio partido en una relación de pares, en la sala de sesiones del triunvirato. Todavía peor, en el caso de la reforma al marco de fiscalización, se podría dar el caso de que el presidente del CEN del PAN, instancia de apelación ante las diferencias de los integrantes del triunvirato, estuviera resolviendo los asuntos de los jaliscienses.
Si los diputados representan a los ciudadanos que los eligieron, es a ellos a quienes deben rendir cuentas y justificar sus actos. Si alguien puede intimidarlos y obligarlos a votar en determinado sentido, la representación popular que ostentan es una representación acotada, limitada.
Extraño escenario el que vivimos: los votos de los diputados del partido en el poder, que hacen mayoría al coincidir con las demás fuerzas políticas, son anulados por una "mayoría intrapartidista", que en realidad es minoría en el Congreso, pero que cuenta con la fuerza de dos de los integrantes del triunvirato.
Que el Ejecutivo ceda o negocie no es nuevo; tampoco lo es el hecho del poder de las minorías, que en muchos casos terminan decidiendo. Lo extraño es que estas cesiones sean con su propio partido; que la minoría que decide sea una subfracción del partido en el poder, que hasta verse perdida recurre con estridencia a los medios de comunicación.
Ante este escenario, los argumentos que se han expuesto no sorprenden. Quien públicamente ha amenazado a sus compañeros de ser expulsados de su partido, denuncia amenazas. Quien se asume como par del Gobernador, desconfía de la legitimidad de las propuestas del Ejecutivo, no importa si su mentor, en su momento, consintió el nombramiento de la misma persona. Quien ha callado ante el lavado de cuentas públicas, hoy exige rendición de cuentas.
Mientras se dirimen las disputas internas, los diputados de Oposición disfrutan el espectáculo, toman nota de los argumentos que avivan la lucha al interior del PAN y esperan el día en que los dejen ser Oposición. Entonces les habrán dejado abonado el terreno. Nada extraño. Lo curioso será ver cómo los que hoy se oponen al Gobernador serán los primeros en rasgarse las vestiduras. Sin duda, será interesante ver el catálogo de adjetivos que expresarán en su momento, mismos que les autoaplicarán de manera retroactiva.
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