Ayer, el Gobernador del Estado presentó ante el Poder Legislativo una propuesta de endeudamiento por 5 mil 500 millones de pesos. Todo indica que será aprobada sin mayores dificultades. Ante tal situación, resulta conveniente dimensionar la magnitud de la propuesta y algunas de sus implicaciones.
Primeramente veamos la magnitud. Tomando como fecha de corte el mes de julio de este año, según los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, SHCP, la deuda pública del Estado de Jalisco es de 9 mil 703.2 millones de pesos. Es decir, los jaliscienses incrementaríamos nuestra deuda en 56.68 por ciento.
Debemos considerar que el monto de casi 10 mil millones de deuda que se reporta a la SHCP incluye la deuda de los organismos descentralizados como el SIAPA, que según el Periódico Oficial del Estado de Jalisco reporta un adeudo de mil 500 millones de pesos; adicionalmente, el registro incluye la deuda de los Municipios, que asciende a unos 2 mil 500 millones de pesos.
En septiembre de 2007, la deuda del Poder Ejecutivo era de 4 mil 444 millones de pesos. Debemos considerar que la propuesta del Gobernador será únicamente para ésa. En ese sentido, la propuesta representa un aumento del 124 por ciento.
En 1995, cuando el PAN llegó al poder en Jalisco, el entonces Gobernador no dejaba de quejarse de la "deuda inmanejable" que había heredado, pues ascendía a poco más de 3 mil millones de pesos. La situación económica que enfrentaba el Estado llevó a que Alberto Cárdenas promoviera la aprobación de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Ante las turbulencias financieras, los analistas han recomendado prudencia en la contratación de créditos. Resulta crucial que las negociaciones que se realicen no establezcan cláusulas que puedan disparar el crecimiento del pago de intereses.
Otro punto a observar es el que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El artículo cuarto de este ordenamiento obliga a que "los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública estatal y municipal, deberán estar destinados al gasto de inversión pública productiva". El problema radica en que no se encuentra la definición de lo que debe considerarse como "obra pública productiva".
Nos encontramos frente a un endeudamiento histórico. Debe cumplirse lo que señala la legislación y destinarse a "inversión pública productiva". Si se cumple, a finales de 2009 debemos contar con una inversión pública monumental, histórica.
Del tamaño del endeudamiento son las interrogantes. ¿Quién va a definir lo que es inversión pública productiva? Por lo visto no hay más instancias que el propio Ejecutivo. ¿Deben considerarse en este apartado las transferencias a organismos privados, civiles o religiosos? En el pasado reciente la respuesta afirmativa a esta pregunta ha sido defendida por el Gobernador.
¿Hay un plan maestro de inversiones; cuáles regiones o zonas se van a privilegiar, con qué criterios; existe una forma de inconformarse respecto de la realización de algunas obras; se presentarán gradualmente o en paquete; cuánto se destinará a la infraestructura de los Juegos Panamericanos? La respuesta a todas las preguntas es la misma: no sabemos.
La ley de deuda establece un monto máximo para el endeudamiento: no debe ser superior al 10 por ciento del presupuesto. En tal sentido no habría vulneración al ordenamiento. Sin embargo, todos sabemos que la mayor parte del presupuesto está etiquetada o comprometida: nómina y gastos de operación, entre otros rubros, que en muchos casos son irreductibles. El punto fino de este importante incremento presupuestal, basado en endeudamiento, radicaría en que se erogaría en todos aquellos rubros que no están comprometidos o etiquetados.
Como consecuencia, el margen de maniobra para direccionar los recursos se amplía exponencialmente. Si además consideramos que no se cuenta con un diagnóstico de las obras prioritarias, estamos frente a un potencial problema de magnitudes similares al monto del endeudamiento.
Actualmente, Jalisco se ubica en el quinto lugar de las entidades más endeudadas del País, por debajo del Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León y Sonora, en ese orden. Si se llega a contratar el techo de la deuda propuesta, pasaremos al cuarto lugar, desplazando a Sonora, y estaremos a tiro de piedra de Nuevo León.
Está por verse si los Ayuntamientos y organismos descentralizados siguen el ejemplo del Ejecutivo. De ser el caso, no es descabellado pensar que empatemos o desplacemos a Nuevo León en endeudamiento.
Pero estas mediciones únicamente se refieren a términos absolutos. Debemos estar atentos a otros cálculos: el incremento de esta deuda con relación al porcentaje que representa sobre el total de la deuda de las entidades; el monto de la deuda con relación al PIB, y a millones de pesos constantes. En esas mediciones saldremos mal librados. Ni hablar de las comparaciones de competitividad y desarrollo humano, donde Jalisco es una entidad de media tabla y en algunos casos hasta sotanera.
El Gobernador ha declarado que "el error sería no endeudarnos" y que "endeudarse no es pecado". Lo que realmente preocupa es el destino de los recursos y la forma en que se tomarán las decisiones. Ese es el debate que debe estar por venir.
