Nuevamente está en el centro de la discusión el tema de los spots con contenido político. En noviembre de 2007 se aprobaron reformas que prohíben a los particulares y a los partidos la contratación de espacios en radio y televisión. Desde entonces los hombres del dinero y algunos intelectuales se opusieron a la reforma. Interpusieron amparos que en su mayoría han sido desechados, pero que han sido atraídos por la Suprema Corte para dictaminar si dicha prohibición viola las garantías individuales, en este caso la de expresión.
No solamente hay detractores de la reforma, también hay editorialistas, periodistas y académicos que están de acuerdo con la prohibición constitucional, ayer la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) defendió la prohibición.
La voz de los que están en contra de la prohibición suena más fuerte; se debe a que las televisoras sirven de caja de resonancia y éstas defienden que se puedan contratar estos espacios. En México, donde más del 80 por ciento de la población se entera de lo que sucede en la vida pública por la televisión, resulta lógico que se perciba que son más las voces a favor de la contratación que aquellas que consideran pertinente la prohibición.
Se dice que la reforma atenta contra la libertad de expresión, pero en realidad la confunden con la capacidad económica para contratar la difusión de un mensaje en la televisión. A nadie se le está prohibiendo que se exprese, o que con su pluma publique un artículo en un medio impreso, organice una marcha, tome un altavoz y pronuncie un discurso en la vía pública, o incluso contrate la inserción de un desplegado en la prensa. Lo que se prohíbe es la contratación en radio y televisión para efectos políticos, y esa prohibición es para todos, incluidos los partidos.
Vale la pena preguntarnos cuántos ciudadanos u organizaciones tienen la capacidad económica para contratar la producción y difusión de un spot, ya no digamos varios. La evidencia empírica da respuesta: cúpulas empresariales; organizaciones patito, de las cuales no se sabía nada antes de que aparecieran sus spots ni tampoco después, meros membretes. Estas organizaciones fantasmas supuestamente ejercieron la libertad de expresión. Nunca supimos de quién ni tampoco de dónde provinieron los fondos para pagar sumas millonarias.
Cuando los que estamos a favor de la prohibición referimos estos argumentos, se nos refuta, no sin descalificaciones facilonas, denostaciones y una fuerte carga de adjetivos. Esta curiosa libertad, que para ser ejercida requiere no solamente la capacidad económica de dimensión millonaria, sino la generosa disposición de gastarla, coincidentemente es defendida por quienes igual defienden los operativos militares que violan la libertad de tránsito, y por quienes callan frente a la vulneración de otras tantas libertades consagradas en nuestra Constitución.
Frente a este escenario siempre es recomendable recurrir a la comparación; abrir la ventana para que refresque el sofocado ambiente. No basta con recurrir al caso norteamericano, en el que al parecer se basan nuestros intelectuales. Tampoco abona a la discusión pensar en la política, algo eminentemente público, como algo que está en el ámbito comercial y del dinero, y que por lo tanto se somete al imperio de las leyes del mercado.
En este sentido Francia nos pone el ejemplo. Resulta paradójico porque es un país emblemático por ser cuna de la república moderna, de las libertades y, por si fuera poco, del sistema jurídico que tenemos. Para entender brevemente el sistema francés resulta recomendable el ensayo publicado por el tapatío Sergio Ramírez Robles, publicado en el número 14 de la revista FEPADE Difunde, publicación de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.
El ensayo refiere que desde hace más de veinte años los franceses cuentan con un órgano que se encarga de reglamentar la producción, programación y difusión de emisiones oficiales que tienen que ver con campañas electorales. Se busca la equidad en el acceso y distribución de los tiempos. También se busca garantizar el derecho de réplica.
Aquí viene lo bueno. En Francia están prohibidas las emisiones publicitarias con carácter político, y la publicidad no puede contener elementos que afecten las convicciones religiosas, filosóficas o políticas de los telespectadores. Vamos, ni siquiera pueden difundir listas de los candidatos más guapos.
Los franceses traducen la libertad de comunicación en el hecho de garantizar que todas las corrientes del pensamiento puedan expresarse... ¡Gulp! Eso lo garantiza el Estado. Nada más contrario a lo que aquí defienden nuestros intelectualazos: que cada quien ampare con su chequera su libertad de expresarse ¡A mayor poder adquisitivo, mayor ejercicio de la libertad! Si usted no tiene dinero, debe o está en cartera vencida, absténgase.
El modelo francés no ha estado exento de dificultades y se ha ido perfeccionando. Paradójicamente, ellos hicieron esta importante reforma para su bicentenario (nosotros estamos próximos a celebrarlo) y la asumieron. Ojalá que los Ministros de la Corte, más que ver el caso estadounidense, volteen a ver a Francia, cuna de la república moderna, de la libertad y del sistema jurídico que adoptamos y del que ellos son los máximos responsables en México.
No se trata de decir no a las libertades, eso no está a discusión, se trata de decir sí y de que se ejerzan con responsabilidad y bajo la tutela del Estado. Ojalá y en este caso, los Ministros más que decir yes a la libertad, le digan oui.
rogelio_campos@yahoo.com
