Tarde o temprano nuestro país contará con un solo organismo electoral. El pasado jueves tuvo lugar en Guadalajara la reunión nacional de organismos electorales locales. Asistieron 28 presidentes de estos organismos e hicieron un frente común opositor a la propuesta para crear un organismo electoral nacional. También asistió el presidente del IFE y se sumó a las voces de sus colegas.
Crear un organismo electoral nacional no es una propuesta nueva, supone la desaparición del IFE y de los 32 organismos electorales existentes en el país. Pasaríamos de 33 organismos a uno solo: el Instituto Nacional Electoral. También eliminaríamos 32 legislaciones electorales para quedarnos con una.
Llaman la atención los ejes de la argumentación para oponerse a la propuesta. Se dice que la hizo el PRD como consecuencia del resultado electoral federal de 2006, y que sería una forma de remover a los actuales consejeros electorales del IFE. Efectivamente, la propuesta es del PRD, pero se hizo desde 2001, cuando estábamos muy lejos de que se conociera el resultado de 2006.
No solamente el partido del Sol Azteca se ha manifestado por la salida de los actuales consejeros; también el PRI está en la misma sintonía. El tema no es menor, estamos a menos de dos años de la jornada electoral de 2009 y a 15 meses de que inicie formalmente ese proceso electoral, y dos de los tres principales partidos no confían en el árbitro.
Otro de los argumentos que se esgrimen para oponerse a la creación de un instituto único es la supuesta invasión de soberanía de los Estados. Los opositores a esta propuesta de plano no saben de cuestiones constitucionales. Los Estados no son soberanos, sino autónomos; en dado caso, podría aceptarse el argumento de vulneración de la autonomía.
Lo extraño es que estos principios sólo se invocan a conveniencia, y se les da un acomodo forzoso. Los presidentes de organismos electorales con elecciones simultáneas nunca se han quejado de la invasión real a la autonomía estatal que el IFE, en los hechos, realiza en no pocas decisiones del proceso. Además, si se hace la reforma constitucional de manera adecuada, no tendría por qué vulnerar autonomías, pues en el pacto federal los Estados establecen qué ceden y qué se reservan.
Para fortalecer lo anterior, hay que señalar que algunos sistemas centralistas, como España y Japón, en los hechos, son más descentralizados que nuestro modelo federalista, que en realidad ha sido un centralismo de facto y que sí vulnera autonomías, y nadie dice nada, incluyendo a los consejeros y presidentes de los organismos electorales.
Por otro lado, está el caso de la Unión Americana que, siendo federal, delega prácticamente todo el proceso electoral en las autoridades locales. Si fuera por defender el federalismo a ultranza, los organismos electorales locales demandarían hacerse cargo en el ámbito de su territorio del proceso electoral federal... a ver si los fuertes cimientos federalistas de México permiten siquiera pensar esa posibilidad.
También tenemos el caso de Brasil, que es una república federal conformada (obvio) por Estados. Tome nota de algunas características de ese país que debieran servirnos de referencia. Ahí no existen organismos electorales locales y nadie lloriquea ni se queja de vulneración alguna a la autonomía de los Estados. Todas las elecciones locales y federales se celebran el mismo día y hay segunda vuelta para los ejecutivos. El cien por ciento de los brasileños vota en urna electrónica, por lo que no tienen que contar boletas ni llenar a mano las actas, y con ello tienen resultados definitivos a la medianoche del mismo día de la votación (no existe el PREP).
Los brasileños han ido más allá de la propuesta que aquí pone nerviosos a consejeros y presidentes electorales, y han reunido las funciones administrativas y jurisdiccionales en un solo órgano electoral: el Tribunal Superior Electoral, que desempeña las funciones que aquí se les encomiendan al IFE y al TRIFE. Si se adoptara esta medida en México, pasaríamos de tener 66 a sólo tres ordenamientos electorales como máximo y dejaríamos de tener 66 organismos electorales y nos quedaríamos con dos. Menos leyes, institutos, consejos, comisiones, tribunales, consejeros, magistrados y presidentes. Menos nómina y menos gastos.
Adicionalmente, los brasileños redujeron todos los mandatos a cuatro años; solamente esta medida nos ahorraría 3 mil millones de pesos en cada proceso electoral.
No estamos hablando de un país pequeño, donde hacer estos cambios podría antojarse fácil. Brasil tiene una extensión territorial y una población muy superiores a las de México; tampoco estamos hablando de un país del primer mundo: tiene zonas de difícil acceso, grupos étnicos, pobreza y muchas otras similitudes con nuestro país.
También tiene algunas diferencias: su identificación (credencial de elector) no tiene candado alguno; ser funcionario de casilla es un honor y casi vitalicio, por lo que no se insaculan... ¡Ah! también hay otra diferencia, el sistema electoral que han diseñado da como resultado que prácticamente haya cero impugnaciones.
Todas estas ventajas palidecen frente a las sabias manifestaciones de nuestros desinteresados funcionarios electorales. Sin embargo, tarde o temprano, si la racionalidad se impone transitaremos hacia el modelo que ha adoptado Brasil.
rogelio_campos@yahoo.com
