El TE está conformado por una Sala Superior integrada por siete magistrados y cinco salas regionales, y en cada una hay tres. Los 15 Magistrados que integran las salas regionales terminan su encargo el 7 de marzo de 2013, y a ello obedece el Acuerdo 11/2012.
Los Magistrados que integran las salas regionales resuelven asuntos de la mayor relevancia, tanto del proceso electoral federal como de los procesos locales. Un Magistrado de Sala Regional percibe anualmente dos millones 300 mil pesos; al terminar su cargo de nueve años cada uno se habrá llevado entonces 21 millones de pesos.
Llama la atención la forma en que la Corte ha decidido "difundir" la convocatoria: parecería que el objetivo es que nadie se entere. Tratándose de cargos de gran responsabilidad, por lo trascendente de sus decisiones, la prolongada duración del nombramiento y las remuneraciones, que están en la cima de cualquier tabulador del servicio público, sería conveniente que la convocatoria tuviera la mayor difusión posible.
En el segundo transitorio del Acuerdo de la Corte se indica que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el Semanario Judicial y su Gaceta, en cuatro diarios de circulación nacional y en medios electrónicos de consulta pública.
El Acuerdo sí se publicó en el DOF, pero no aparece en el Semanario ni en la Gaceta. Tampoco se encuentra en los portales principales de Internet de la Corte ni del Tribunal Electoral ni del Senado, que es a donde se enviarán las ternas. En el portal de Internet de la Corte sí aparecen varios acuerdos, incluso el 12/2012, pero no el inmediato anterior que convoca a los interesados que aspiren a estos cargos.
Eso no es todo: el Acuerdo dispone que los interesados únicamente cuentan con cinco días para presentar su documentación certificada por notario y un ensayo de hasta 15 cuartillas. Por si lo anterior fuera poco, los interesados de cualquier parte del País deben ir al DF a presentar su documentación.
El Acuerdo y la forma de darlo a conocer revelan que en el Poder Judicial de la Federación está ausente el principio de "máxima publicidad". El Acuerdo ni siquiera aparece en la sección de comunicados: un simple boletín de prensa habría sido replicado como nota por varios medios de comunicación.
La mínima difusión de un acuerdo de semejante magnitud y el poco tiempo que se concede a los aspirantes privilegia a la burocracia judicial, que es la que sí puede estar al tanto de tan peculiar forma de dar publicidad a este acto público.
El proceder de la Corte lleva a pensar que en el proceso hay cartas marcadas o favoritismo para ciertos aspirantes. La otra opción es que los Ministros de la Corte no quieren llenarse de cientos de solicitudes, pero entonces debería modificarse la norma para establecer requisitos más rígidos.
Cuando un proceso de renovación de este tipo de cargos es publicitado ampliamente y se da el tiempo suficiente para que los interesados se inscriban, hay oportunidad para que periodistas, editorialistas, académicos, especialistas, intelectuales y organizaciones hagan un análisis de los perfiles idóneos, un balance de la gestión que termina y un escrutinio público de los aspirantes. Pareciera que algunos poderes ya encontraron la forma de reducir al mínimo esta posibilidad.
El proceso deja muy mal parada a la Corte en cuestión de transparencia y da una mala señal sobre la vocación del Poder Judicial para manejar de cara a la sociedad la renovación de cargos de la máxima importancia. Los tiempos que corren demandan sin duda otro tipo de prácticas en el proceso de designación de quienes tienen en sus manos los veredictos de las cuestiones electorales.
Las elecciones y sus impugnaciones -que resuelve el TE- son mecanismos propios de un régimen democrático, y las cuestiones democráticas exigen un manejo distinto del que la Corte ha decidido dar a este asunto. ¿Así se quedará?
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