El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) tuvo la pretensión de que todos los jaliscienses votaran en urna electrónica en el pasado proceso electoral y se lanzó a la aventura sin contar con el presupuesto para hacerlo (MURAL, 23/08/11).
El proyecto fue respaldado por las cúpulas empresariales, el Gobernador y el PAN, pero despertó dudas entre algunos consejeros electorales, partidos y en el Congreso del Estado. Ante la falta de consenso, el proyecto se limitó a dos de los 20 Distritos electorales.
El proceso de licitación careció de claridad: hubo protestas por parte de las empresas que participaron y se acusó de beneficiar específicamente a la que a la postre resultaría ganadora.
En la licitación, se omitió establecer -como requisito indispensable- que las empresas participantes contaran con experiencia exitosa en la fabricación de este tipo de aparatos, aunque sí se hizo caso a las sugerencias que les externó el Gobernador para encontrar un proveedor local; se eligió a uno que nunca había fabricado urnas y que incurrió en múltiples incumplimientos en los plazos de entrega que se estipularon en el contrato. En el DF, la autoridad electoral rescindió el contrato y había demandado por incumplimiento a la misma empresa.
El 30 de septiembre del 2012, el director de informática del IEPC decía: "Disponemos de un receptor de testigos de voto... impreso, a semejanza de un voucher en el sistema financiero o bancario... lo que nos permite comprobar que los resultados de los votos electrónicos son iguales a los resultados que se tienen en papel dentro del receptor" (MURAL, 30/09/12).
Pero algo se salió del guión: la casilla 446E, instalada en Cuquío, reporta 462 votantes y solamente 252 testigos impresos. Si lo correcto son los testigos, hay 83 por ciento más de votantes. Si lo correcto son los votantes, hay 45 por ciento menos testigos. Los datos no concuerdan, y eso motivó que el Tribunal Electoral anulara esa casilla, y con ello, se revirtió el resultado.
Debido a que durante los simulacros las urnas fallaron, el IEPC compró papelería tradicional (boletas y crayones), que fueron llevados a todas las casillas donde se instalarían urnas electrónicas. Se derrumbaba el argumento de que, a la larga, los aparatos permitirían ahorrar.
En Cuquío se instalaron 25 casillas y se consideró instalar urnas electrónicas en todas ellas. El día de la elección, en ese Municipio por lo menos falló el 8 por ciento de los aparatos. Se tuvo que recurrir a la papelería tradicional en la casilla 448C01. Una urna en un universo de 25 representa el 4 por ciento.
La jornada electoral terminó y se publicaron los resultados que favorecían a Movimiento Ciudadano. Los resultados fueron impugnados y el IEPC envió al tribunal una impresión con el resumen de las operaciones del aparato instalado en la casilla 446E, que es el que reporta la inexplicable disparidad entre votantes y testigos impresos.
Uno de los magistrados que determinó la anulación de la casilla acusó la omisión del IEPC al no atender la solicitud para que les entregara copias de los testigos de votos de la casilla: "No envió ninguna información, no envió ninguna documentación ni dio explicación alguna de por qué actuaba así o por qué era omiso".
El IEPC pretendió poner en funcionamiento 8 mil 903 urnas electrónicas en todo el Estado. Si el caso de Cuquío fuera representativo de lo que hubiera pasado en Jalisco, habría sido un caos: 356 aparatos tendrían que haber sido reemplazados por la papelería tradicional y otros 356 habrían aumentado significativamente el número de votantes o desaparecido los testigos impresos.
La urna electrónica jalisciense dista mucho de estar a la altura de lo que se prometió: no genera ahorros ni da certeza, por el contrario, hay que gastar en papelería tradicional porque no se sabe cuál va a fallar, y una vez "funcionando", puede enloquecer y cambiar los datos. Es una urna fallida.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
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