Nadie puede negar que nuestro aparato de procuración y administración de justicia es anacrónico y rudimentario; esto -entre otras circunstancias- lo vuelve inoperante. Si a lo anterior añadimos que la corrupción se ha enquistado en las procuradurías, juzgados y tribunales, tenemos un panorama -literalmente- kafkiano.
Todo empieza por la imagen. Los espacios físicos en los que supuestamente se procura y administra justicia son deprimentes. Parecería que el mensaje que se pretende transmitir es "no vengan".
Después de que un ciudadano fue víctima de un delito, vuelve a serlo al entrar a un lugar lúgubre y con un denso ambiente. Pero de algo le sirvió el impacto, ya que el resto tiene una coherencia formidable con la primera impresión de estas oficinas: el descuido y la modorra se enseñorean en un territorio en el que parece que se ha declarado la guerra a la diligencia y a la modernidad.
Casos como el contenido en el documental "Presunto culpable" son una muestra de que los procedimientos obsoletos y tortuosos con los que se pretende procurar y administrar justicia en México generan resultados que distan mucho de la certeza jurídica.
Tan rudimentarios estamos, que no atendemos un protocolo cuando se trata de presentar a presuntos delincuentes ante la opinión pública a través de los medios de comunicación. Partiendo del supuesto de que es recomendable presentarlos, porque hay quienes dicen que no, parece que da lo mismo que se les vea el rostro o no (porque algunos se lo cubren), y así como se les pone un chaleco naranja a unos, a otros se les pone uno oscuro.
No hay un seguimiento informativo de las tan publicitadas detenciones. Nos debemos conformar con verlos en el periódico o en la televisión. No se nos dice cuántos quedaron libres, cuántos están procesados y cuántos fueron sentenciados. No extraña de la autoridad, pero sí deja mucho qué desear la actitud tan pasiva de la sociedad ante una actuación tan rudimentaria.
Pareciera que los mexicanos nos hemos acostumbrado a tener un infame sistema de procuración y administración de justicia, y que son los extranjeros los que nos observan y evalúan.
En noviembre de 2011, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó -y entregó a Felipe Calderón- información realmente escalofriante: de los homicidios que habían contabilizado en el anterior sexenio, solamente se habían abierto investigaciones en el 2.22 por ciento, y se habían logrado condenas en el 0.05 por ciento de los casos.
Cuando se analizan con detalle algunos índices, como el Mundial de Competitividad, el de Estados Fallidos y el Global de Paz, entre otros, se aprecia con toda claridad el nivel tan bajo de nuestro Estado de Derecho, de nuestras instituciones y de la seguridad jurídica. En gran medida estos factores son los que nos tienen anclados en lugares vergonzosos en esos y otros indicadores.
No debe sorprendernos que el caso Cassez -y muchos más- no arrojen luz y sí proyecten sombras. Como país, no nos hemos preocupado por contar con un sistema de seguridad, procuración y administración de justicia moderno y eficaz, aunque de manera esporádica sí tendemos a rasgarnos las vestiduras ante casos emblemáticos o mediáticos.
Modernizar la procuración y administración de justicia en México requiere de muchos recursos: tecnológicos, financieros y humanos. Es una tarea titánica que exige coordinación: no se va a lograr con el avance de un puñado de Estados en temas tales como los juicios orales. Es un asunto crucial para brindar certeza que sirva de cimiento para nuestra tranquilidad y progreso.
Los políticos evaden hablar de la procuración y administración de justicia; cuando llegan al Gobierno escatiman recursos -sobre todo voluntad y talento- en esas áreas. Pero también como sociedad tenemos responsabilidad: debemos empezar por apreciar la justicia en todas sus dimensiones, y difícilmente una sociedad que apuesta por, y se solaza en, la injusticia social puede aspirar a la justicia judicial.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
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