Rogelio Campos / Paraíso laboral
Mural
(15-Mar-2013).-
El 1 de noviembre del año pasado iniciaron su encargo los nuevos diputados que integran la 60 Legislatura en el Estado de Jalisco. Ya van poco más de cuatro meses desde que se sentaron en su curul, y parece que no tienen mucha prisa por limpiar la muy mala imagen que tiene el Poder Legislativo.
El problema del Congreso no es nuevo ni es responsabilidad de los actuales diputados. Es una situación que se incubó hace años, pero que se salió de cualquier control y ha adquirido una dimensión escandalosa.
A los diputados de anteriores Legislaturas se les hizo fácil empezar a engrosar la nómina. Una modalidad para hacerlo fue la creación de "órganos técnicos" que, supuestamente, auxiliarían a ciertas comisiones. En esa dinámica resultaba lógico contratar al personal necesario que operara esas instancias de nueva creación.
Al paso del tiempo, la instauración de esos órganos parece más un pretexto para dar empleo a cuates que una medida racional, sobre todo a la luz de los resultados generados por las instancias creadas.
El crecimiento de la plantilla de personal también tuvo otras causas. Casi al finalizar el cargo de tres años, a los diputados los embargaba el espíritu compasivo y generoso, y decidían "basificar" a aquellos colaboradores con los que sentían el compromiso de ayudarlos o protegerlos.
"Basificar" consiste en otorgar un puesto de base a un empleado. En el sector público hay empleados de base, los que permanecen, sin importar que se acabe una Administración. Los de confianza, llegan con la Administración entrante y se van cuando el jefe que los designó renuncia, es despedido o se acaba su encargo por cualquier razón.
Los empleados de base tienen sueldos modestos, situación que de alguna manera se compensa con la estabilidad laboral, la permanencia en su empleo. Los de confianza tienen los sueldos más altos, lo que resulta lógico por la propia incertidumbre laboral.
Pero los diputados decidieron ser muy reformistas: desafiaron la lógica laboral del sector público y crearon un híbrido. Inventaron empleos públicos que conjugan lo mejor de dos mundos: los altos sueldos de los empleos de confianza y la permanencia que ofrecen los empleos de base. Podrían llamarse empleos de "bas-fianza" o de "con-base".
Los servidores públicos que cuentan con los sueldos más altos son los que ganaron una elección. También tienen altos sueldos quienes dirigen y coordinan dependencias, y en estos casos sus atribuciones están en una ley o reglamento. Hay otro tipo de servidores públicos bien remunerados que deben acreditar conocimientos en cierta área y hasta someterse al escrutinio público en un proceso de selección. En todos los casos mencionados el cargo es temporal.
Pero la nueva casta burocrática creada por los diputados no fue electa en las urnas, tampoco acredita conocimientos especializados ni se somete al escrutinio social (de hecho se trata de personas ampliamente desconocidas), no coordinan ni dirigen, ni hay una norma -ni siquiera un manual- en donde podamos encontrar sus atribuciones o funciones.
No obstante lo anterior, estos "servidores" están en la cúspide del tabulador de sueldos, gozando de un paraíso laboral que ofrece permanencia e inamovilidad. Por si lo anterior fuera poco, están sindicalizados. Así que al parecer nadie puede moverlos de tan plácido lugar. Todo esto, por obra y gracia de los -entonces- diputados.
Debe conocerse el origen de estas "megaplazas": ¿cuál diputado gestionó cada una?, ¿qué hace el "servidor público" que goza de semejante privilegio?, ¿cuál es el "árbol genealógico político" del beneficiado?, etcétera. Además, debe hacerse lo necesario para cancelar todas estas plazas de hasta 60 mil pesos mensuales ¡de por vida! Si los diputados no se atreven a tomar cartas en este asunto, muy pronto el Judicial, el Ejecutivo y algunos órganos autónomos podrían seguir el mal ejemplo.
Si bien es cierto que esto no fue responsabilidad de los actuales diputados, sí deben actuar de inmediato ante este delicado asunto, sobre todo si es que en realidad aspiran a enderezar lo que se fue construyendo con decisiones irracionales. Si no lo hacen, será muy difícil que empiecen a limpiar la dañada imagen del Poder Legislativo.
Twitter @camposrogelio
http://derogeliocampos.blogspot.mx/
domingo, 17 de marzo de 2013
viernes, 8 de marzo de 2013
Chávez y las mujeres
Chávez y las mujeres |
 |
8 Mar. 13
El pasado martes falleció Hugo Chávez y hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Parecerían dos hechos aislados, pero no lo son, por lo menos no para los mexicanos, quienes somos muy dados a opinar sobre la Venezuela gobernada por Chávez.
Hugo Chávez siempre tuvo una muy mala imagen en buena parte de la sociedad mexicana. Eso explica que en 2006, la figura del Presidente sudamericano fuera usada por el equipo de campaña calderonista para asociarlo con AMLO. Se produjeron y transmitieron spots para que el electorado concluyera que ambos personajes eran muy parecidos.
Al régimen chavista se le acusó de dictatorial o autoritario. Sin entrar en esa polémica, y suponiendo que todas las descalificaciones tienen sustento y son ciertas, valdría la pena -a propósito del Día Internacional de la Mujer- que reflexionáramos sobre la situación de las mujeres mexicanas y las venezolanas, concretamente en la igualdad de género en ambos países.
El Foro Económico Mundial, publica anualmente el Índice de Igualdad de Género. En 2006, cuando Calderón y su equipo nos pintaban a Chávez como el mismísimo diablo, México estaba en el lugar 75 (en tanto más grande sea el número mayor la desigualdad) y seis años después descendimos nueve lugares para ubicarnos en el sitio 84.
Por su parte, Venezuela en 2006 se ubicaba en el casillero 57 y en seis años coincidentemente -al igual que México- se movió nueve lugares. La única diferencia es que mientras nuestro País se hundía en el ranking, el país sudamericano ascendía y se colocaba en el lugar 48.
Este índice tiene cuatro componentes: en uno empatamos con Venezuela y en el resto somos superados. Empatamos en atención en salud y sobrevivencia, pero en Participación Económica y Áreas de Oportunidad se ubican 30 lugares arriba de nosotros (83 vs 113); en Educación el ranking es todavía más cruel con nuestro País, pues estamos en el lugar 69 por el 29 de los venezolanos, y en empoderamiento político nos separan 13 posiciones (35 vs 48).
Todos los datos de este índice se refieren a igualdad de género y es eso lo que hoy precisamente se conmemora: la lucha de la mujer por su participación -en igualdad con el hombre- en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Está muy bien que -en nuestra generosidad- nos preocupemos por el desarrollo democrático de otros pueblos y dediquemos tiempo, más que suficiente, para señalar todas las deficiencias que padecen, pero pareciera que somos "candil de la calle y oscuridad de la casa".
Si en seis años nuestro régimen democrático no alcanza para avanzar 10 lugares o más en materia de igualdad de género, y un régimen autoritario -y hasta dictatorial, como se ha llegado a calificar- fue capaz de superar nueve sitios, es señal de alarma de que algo anda muy pero muy mal en nuestro País.
Lo que la mayor parte de la sociedad mexicana le imputa a Chávez (violencia, autoritarismo, golpismo, intolerancia, etc.) es exactamente lo que describe a nuestro País en materia de género. Finalmente, resulta más conveniente -y un buen distractor- hablar y señalar esos graves defectos cuando se trata de alguien que estaba a miles de kilómetros de distancia, que hacerlo sobre nuestra realidad cotidiana.
P.D.
En 2004 fui invitado por la Oposición chavista y por el Gobierno de Venezuela para ser Observador Electoral Internacional del Referéndum Revocatorio de Hugo Chávez. Como en todo proceso de observación electoral, resulta literalmente obligado -desde varios días previos- entrevistarse y asistir a actividades proselitistas de ambos bandos y dialogar con académicos, intelectuales y periodistas. Chávez ganó ampliamente ante la mirada de cientos de observadores de la OEA, el Centro Carter y autoridades, políticos, funcionarios públicos y periodistas de todo el continente.
Entendí con claridad por qué ganó, pero lo más importante es comprender por qué y cómo llegó: estudiar los años previos al chavismo y las causas de su ascenso resulta fascinante. Sin embargo, sucede lo mismo que con la desigualdad de género: es un tema incómodo, revelador y que a muchos conviene que no se hable de eso... sobre todo a los que critican con mayor dureza el régimen chavista.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
|
viernes, 1 de marzo de 2013
Los gastos de Elba / El gabinete de Aristóteles
Los gastos de Elba / El gabinete de Aristóteles
Rogelio Campos
Apenas detenida Elba Esther Gordillo, fue el nivel de gasto de la lideresa sindical del magisterio lo que causó mayor furor en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sin embargo no debería sorprendernos, porque no hacemos algo serio para evitar el lavado de dinero, el enriquecimiento inexplicable y la defraudación fiscal.
Los métodos más usados para el lavado de dinero pueden consultarse en http://www.felaban.com/lvdo/cap5_metodos_usados.html, sitio de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, que a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente -incluida la de México-, agrupa a más de 500 bancos y entidades financieras. Una revisión puntual de los métodos más usados y de las recomendaciones para evitar el lavado muestra con facilidad que en nuestro país todo eso es letra muerta.
El resultado: México es un paraíso para el lavado de dinero, según Global Financial Integrity (enero 2011), que señala que los recursos ilícitos y provenientes de la corrupción que ingresan y salen de México ascienden a 46 mil 200 millones de dólares al año.
Tampoco combatimos la defraudación fiscal, y por eso somos un paraíso fiscal de facto según la Comisión Económica para América Latina (Mural, 29/06/2010). Esta situación nos ubica en el sótano de la recaudación tributaria en todo el continente, incluso por debajo de Haití.
No hacemos algo –más allá de llenar anaqueles y estantes- con las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, y que deberían servir para detectar el enriquecimiento inexplicable que en muchos casos es evidente a simple vista.
No deberíamos entonces escandalizarnos por el enriquecimiento y los montos lavados y evadidos por Elba Esther pues hemos dejado de hacer todo lo necesario para evitar que se tenga temor por enriquecerse inexplicablemente lavando y evadiendo con impunidad.
La reacción consiste en decir que es un golpe selectivo y que se debe ir por Romero Deschamps y por Moreira… pero por más larga que fuera la lista seguiría siendo selectiva. Independientemente de cinco o de veinte casos, lo que debemos exigir es que la Unidad de Inteligencia Financiera, las contralorías estatales y otras dependencias hagan su tarea y actúen contra el 20 por ciento de indicios que ya tengan detectados y correspondan a los mayores volúmenes de enriquecimiento inexplicable, lavado de dinero y defraudación fiscal.
La exigencia también es para los bancos y las instituciones financieras que pertenecen a la Federación Latinoamericana de Bancos pero hacen caso omiso a sus acuerdos y recomendaciones. Se debe trabajar en esquemas que permitan una cultura de denuncia eficaz en contra de la defraudación fiscal, el enriquecimiento inexplicable y el lavado de dinero. De no hacerlo así, el caso de Gordillo, y veinte más, no pasarán de la anécdota.
Gabinete
A propósito de las designaciones de los integrantes del nuevo gabinete que encabezará Aristóteles Sandoval: deben ofrecer logros realizables y su cumplimiento. No vaya a ocurrir igual que con el gabinete de Emilio, cuando llegaron “con buenas intenciones y con la propuesta de que harán de Jalisco un Estado de primer mundo” (Mural, 13/02/2007).
Ya aprendimos que no basta con buenas intenciones ni tampoco con propuestas irrealizables, pues son las que primero desaparecen de la memoria de los secretarios del gabinete… y más grave aún es que igual se borran de la memoria del electorado.
Quizás el contraste más acentuado entre el nuevo gabinete y el que entraba en funciones hace seis años está en la designación del secretario de salud. Yo sí pondría mi salud y la de mi familia en manos del nuevo secretario, el reconocido médico Jaime Agustín González, cosa que no haría bajo ninguna circunstancia con el anterior secretario Gutiérrez Carranza, quien manejó las políticas de salud para los jaliscienses: tan condenable aquella designación como la pasividad de la sociedad que lo consintió.
Si las acciones de este gabinete resultan mejores que las del anterior, y lo son en la misma proporción del perfil del nuevo secretario de salud comparado con el de hace seis años, entonces podremos decir “estamos –mucho- mejor”, pero esa palabra la tiene el gobernador y su equipo… y una sociedad vigilante y exigente.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
Rogelio Campos
Apenas detenida Elba Esther Gordillo, fue el nivel de gasto de la lideresa sindical del magisterio lo que causó mayor furor en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sin embargo no debería sorprendernos, porque no hacemos algo serio para evitar el lavado de dinero, el enriquecimiento inexplicable y la defraudación fiscal.
Los métodos más usados para el lavado de dinero pueden consultarse en http://www.felaban.com/lvdo/cap5_metodos_usados.html, sitio de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, que a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente -incluida la de México-, agrupa a más de 500 bancos y entidades financieras. Una revisión puntual de los métodos más usados y de las recomendaciones para evitar el lavado muestra con facilidad que en nuestro país todo eso es letra muerta.
El resultado: México es un paraíso para el lavado de dinero, según Global Financial Integrity (enero 2011), que señala que los recursos ilícitos y provenientes de la corrupción que ingresan y salen de México ascienden a 46 mil 200 millones de dólares al año.
Tampoco combatimos la defraudación fiscal, y por eso somos un paraíso fiscal de facto según la Comisión Económica para América Latina (Mural, 29/06/2010). Esta situación nos ubica en el sótano de la recaudación tributaria en todo el continente, incluso por debajo de Haití.
No hacemos algo –más allá de llenar anaqueles y estantes- con las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, y que deberían servir para detectar el enriquecimiento inexplicable que en muchos casos es evidente a simple vista.
No deberíamos entonces escandalizarnos por el enriquecimiento y los montos lavados y evadidos por Elba Esther pues hemos dejado de hacer todo lo necesario para evitar que se tenga temor por enriquecerse inexplicablemente lavando y evadiendo con impunidad.
La reacción consiste en decir que es un golpe selectivo y que se debe ir por Romero Deschamps y por Moreira… pero por más larga que fuera la lista seguiría siendo selectiva. Independientemente de cinco o de veinte casos, lo que debemos exigir es que la Unidad de Inteligencia Financiera, las contralorías estatales y otras dependencias hagan su tarea y actúen contra el 20 por ciento de indicios que ya tengan detectados y correspondan a los mayores volúmenes de enriquecimiento inexplicable, lavado de dinero y defraudación fiscal.
La exigencia también es para los bancos y las instituciones financieras que pertenecen a la Federación Latinoamericana de Bancos pero hacen caso omiso a sus acuerdos y recomendaciones. Se debe trabajar en esquemas que permitan una cultura de denuncia eficaz en contra de la defraudación fiscal, el enriquecimiento inexplicable y el lavado de dinero. De no hacerlo así, el caso de Gordillo, y veinte más, no pasarán de la anécdota.
Gabinete
A propósito de las designaciones de los integrantes del nuevo gabinete que encabezará Aristóteles Sandoval: deben ofrecer logros realizables y su cumplimiento. No vaya a ocurrir igual que con el gabinete de Emilio, cuando llegaron “con buenas intenciones y con la propuesta de que harán de Jalisco un Estado de primer mundo” (Mural, 13/02/2007).
Ya aprendimos que no basta con buenas intenciones ni tampoco con propuestas irrealizables, pues son las que primero desaparecen de la memoria de los secretarios del gabinete… y más grave aún es que igual se borran de la memoria del electorado.
Quizás el contraste más acentuado entre el nuevo gabinete y el que entraba en funciones hace seis años está en la designación del secretario de salud. Yo sí pondría mi salud y la de mi familia en manos del nuevo secretario, el reconocido médico Jaime Agustín González, cosa que no haría bajo ninguna circunstancia con el anterior secretario Gutiérrez Carranza, quien manejó las políticas de salud para los jaliscienses: tan condenable aquella designación como la pasividad de la sociedad que lo consintió.
Si las acciones de este gabinete resultan mejores que las del anterior, y lo son en la misma proporción del perfil del nuevo secretario de salud comparado con el de hace seis años, entonces podremos decir “estamos –mucho- mejor”, pero esa palabra la tiene el gobernador y su equipo… y una sociedad vigilante y exigente.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
viernes, 22 de febrero de 2013
Seis años después
| Seis años después |
|
22 Feb. 13
El 28 de junio de 2006, MURAL publicó "Las promesas frente a frente". En ese espacio, los candidatos a la gubernatura expusieron sus compromisos, en caso de ganar. Nadie los obligó ni los forzó a comprometerse, ellos voluntariamente lo hicieron. Seis años después, vale la pena hacer un recuento de algunos compromisos que hizo el candidato triunfador. Por razones de espacio, solamente me referiré a la mitad de esas promesas.
En materia de empleo, Emilio dijo que iba a impulsar proyectos productivos en zonas marginadas (por cada dólar para proyectos productivos en comunidades menores a 2500 habitantes que invierta el migrante, el gobierno invertirá uno más); otorgar incentivos a las empresas que contrataran a personas discapacitadas (sic); apoyar proyectos productivos de recién egresados, y 114 proyectos productivos dedicados a las mujeres que quisieran poner o crecer su negocio.
En materia de seguridad, establecería un sistema estatal de información sobre adicciones y problemas de grupos vulnerables; crearía la Policía Estatal de Caminos; reformaría el Poder Judicial y el sistema de readaptación social, y transparentaría los procesos de procuración de justicia.
En lo relativo a educación, se empeñaba la palabra para crear el Fondo Estatal de Becas con atención especial a las madres solteras, la Universidad Práctica, telebachilleratos en las 619 telesecundarias y una preparatoria técnica con áreas especializadas. También ofrecía realizar una cruzada por la alfabetización; que no se quedaría ningún joven sin ingresar a la preparatoria, y apoyar directamente a las empresas que contrataran jóvenes por primera ocasión.
En materia de salud, se pondrían en marcha los hospitales de especialidades de pediatría, geriatría y traumatología especializada en neurología. También se comprometía a que no habría un adulto mayor con hambre, ya que habría comedores comunitarios.
En infraestructura se levantaría la Presa de Arcediano, se mantendría limpio el Lago de Chapala, y hasta se construirían sistemas de refrigeración para el almacenamiento de pescado en la Ribera de Chapala.
En vivienda se planteaban varios compromisos: la Colonia Ferrocarril sería la primera que se transformaría en vivienda digna. Se crearía un fondo llamado "Tu primer vivienda" para jóvenes. Al terminar su gobierno nadie viviría en casa con piso de tierra, y las personas que pudieran construir tendrían el material, mientras que los que no pudieran tendrían programas que los apoyaran con la construcción de su vivienda.
En lo relacionado con el transporte, desaparecería las empresas paraestatales, se actualizaría la tarifa de acuerdo a la inflación, se crearía un Consejo Estatal que reordenaría las rutas y se crearía un sistema de transporte público especial para discapacitados (sic).
En otros rubros, Emilio también se comprometía a crear un fideicomiso para ayudar a pagar el gas y la luz a 38 mil familias de adultos mayores que no tienen posibilidad de generar ingresos. Y también se daría asesoría jurídica: el gobierno serviría como vínculo para la obtención de la ciudadanía estadounidense.
Del total de las promesas, que precisamente se encuentran en la hemeroteca de MURAL (28/062006), muy poco se cumplió. Las promesas se empezaron a olvidar o dejaron de ser importantes... no solamente para quien las hizo, también para el electorado.
Cuando menos pensamos, el mandatario ya era mandante y era él quien fijaba la agenda de los temas que eran discutidos por la sociedad. Se debatía sobre el alza en el costo de las placas, donaciones para telenovelas, clases de Biblia para funcionarios, macrolimosnas, la negativa a repartir condones gratuitamente y el disfraz del día del Gobernador, o bien sobre sus hábitos etílicos.
Pero nos olvidamos de las promesas. Bailamos al son que nos tocó un showman, de quien supuestamente nos reíamos, pero era él quien en realidad se divertía, manteniéndonos alejados de los temas importantes, tan alejados que la mayoría ya no los recuerda.
Esa historia no debe repetirse. Debemos tomar nota de las promesas del nuevo gobernador y observar sus acciones, para poder ir dando cuenta de qué tanto se acerca o se aleja de lo que planteó para ganar el voto popular.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
viernes, 15 de febrero de 2013
Transformar el Gobierno
| Transformar el Gobierno |
|
15 Feb. 13
Ayer, Aristóteles Sandoval propuso reformar la organización del Poder Ejecutivo que encabezará a partir del próximo 1 de marzo. En la propuesta hay algunas cuestiones interesantes.
De aprobarse la propuesta, habría un Secretario de Finanzas, Administración y Planeación sumamente poderoso, ya que asumiría las funciones que hasta ahora han desempeñado tres dependencias y que son las que dan nombre a esta nueva súper Secretaría.
El último Gobernador priista electo en las urnas promovió la creación de la Secretaría de Administración. Antes, esas funciones las tenía la Secretaría de Finanzas. Hoy es nuevamente un priista quien propone la fusión de Finanzas y Administración.
La Secretaría de Planeación, que también se fusionaría, fue creada en 2007 a instancias del actual Gobernador. Cabe hacer mención que a nivel federal no existe un símil de la Secretaría de Administración ni de la de Planeación.
La Fiscalía sería otra súper dependencia, ya que fusiona la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad, la Policía Vial y Protección Civil. Esta figura existe actualmente en Chihuahua. Parecería que la intención es contar con estrategias y mando uniforme en las fuerzas de seguridad, porque además se establecería el mando único en todos los Municipios del interior de Jalisco.
Otro aspecto interesante es la transformación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades). A esta dependencia se le transferirían algunas atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur): ordenamiento territorial, planeación urbana y desarrollo de vivienda. Esta reforma podría llenar el vacío que actualmente permite el desorden que provocan los Presidentes Municipales al autorizar fraccionamientos sin ton ni son.
Esta Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, además de ejercer las atribuciones que actualmente tiene la Semades, también tendría las de materia forestal, áreas naturales protegidas y desarrollo regional, que actualmente ejerce la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).
La Sedeur y la Seder ceden sus atribuciones en materia de adjudicación y ejecución de obra pública a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Con este movimiento desaparece la Sedeur, y la Seder solamente quedaría con atribuciones en el rubro de la productividad del sector agropecuario.
Cabe mencionar que la nueva Secretaría de Infraestructura y Obra Pública además absorbería las atribuciones que en esa materia tienen las Secretarías de Educación, Salud y Vialidad. Estos cambios -acompañados de otras acciones- podrían permitir mayor eficacia y fiscalización en la adjudicación y ejecución de la obra pública.
Otro punto planteado es la transformación de la Secretaría de Desarrollo Humano en la de Desarrollo e Integración Social. La propuesta consiste en que la nueva dependencia concentre todos los apoyos sociales, es decir, los subsidios, que actualmente están dispersos en prácticamente todas las Secretarías. Una sola dependencia manejando todos los apoyos sociales podría aportar ventajas: concentrar los padrones de beneficiarios y la posibilidad de que pueda profesionalizar una logística en la entrega de dichos apoyos, entre otras.
Por último, el ramo de la educación tecnológica, superior y el de investigación pasan a integrar la nueva Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que armoniza con lo que sucedería en el ámbito federal.
Hace tiempo que no se proponía la transformación orgánica -casi total- del Poder Ejecutivo. Varias de las propuestas tienen sustento y pueden representar oportunidades para mayor eficacia y ahorro del aparato gubernamental. Se ha anunciado que se haría algo similar con los más de 100 organismos descentralizados, consejos y fideicomisos que integran el Poder Ejecutivo, y sería muy sano que eso pasara, sobre todo si es para evitar duplicidad de funciones, sepultar organismos inoperantes y para gastar menos y mejor en gasto corriente.
La reforma por sí sola no es garantía de éxito, pero sí puede ser un buen primer paso si de inmediato se acompaña de objetivos y metas claras, designaciones atinadas en el Gabinete y políticas eficaces de austeridad, racionalidad del gasto, control y fiscalización.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
viernes, 8 de febrero de 2013
¿Mejoría o fantasía?
Por Rogelio Campos
"Jalisco ahora está mejor", así lo dice el Gobernador de Jalisco en los spots que promocionan el informe de la Administración que llegará a su fin en 20 días. Emilio González dice que "hoy hay muchas obras que antes no existían".
Bajo ese criterio, siempre hemos estado mejor que el año anterior, y difícilmente encontraremos a un Gobernador que no pueda decir lo mismo: "al finalizar mi sexenio hay más obras que hace seis años"; finalmente, uno de los rubros del presupuesto es el de inversión pública, y la realización de obras es una de las principales funciones -y razones de existir- del Gobierno.
Contar con más obras no necesariamente equivale a estar mejor, mucho menos cuando a simple vista saltan datos y hechos que contradicen ese optimismo. Un dato contundente es el publicado por el Gobierno del Estado en materia de inversión pública. Durante el sexenio de Francisco Ramírez Acuña en este rubro se erogó el 4.1 por ciento del total del presupuesto sexenal, mientras que en el sexenio que está por concluir, la proporción destinada a inversión pública fue del 3.4 por ciento.
Si el actual Gobernador hubiera dirigido el mismo porcentaje que su antecesor a inversión pública, habría invertido 2 mil 800 millones adicionales, y podría haber pagado cinco líneas de Macrobús, similares a la única que existe en la Ciudad, o se habrían pagado dos terceras partes de la ampliación de la Línea 1 del Tren Eléctrico que llegaría a Tlajomulco, como solamente lo llegó a anunciar.
En las cifras publicadas por el Gobierno del Estado se dice que en estos seis años se erogaron 13 mil 600 millones de pesos en inversión pública, pero también que este Gobierno contrató deuda por 12 mil millones que, es de suponer, debieron destinarse a ese rubro: entonces nos queda apenas una triste cifra sexenal, mil 600 millones, dedicada a este concepto. Caso contrario al sexenio de Ramírez Acuña, cuando se adquirió una deuda de mil 500 millones de pesos, pero se destinó a inversión pública una cantidad seis veces mayor (9 mil millones).
La masa presupuestal del actual sexenio es 102 por ciento mayor a la del sexenio anterior, pero el rubro de inversión pública apenas creció 52 por ciento. No son los únicos datos por los que es difícil pensar que estamos mejor; también hay hechos que alertan sobre situaciones desagradables y alarmantes que, muy probablemente, detonarán ya que se vaya la actual Administración.
En los festivos spots se dice que hoy hay 15 estadios nuevos, pero lo que no se dice es que el CODE está quebrado, que tiene deudas e incluso ha despedido personal, incluidos entrenadores. Adicionalmente, no se presupuestaron los recursos para el mantenimiento de los nuevos estadios y algunos ya lucen descuidados y otros no tienen ni para pagar la energía eléctrica.
Decir que estamos mejor que antes porque hoy hay nuevos estadios, cuando no hay dinero para su operación, es tanto como pensar que mejoramos porque compramos un coche, pero sin tener para la gasolina, el seguro y los servicios de mantenimiento.
Varios medios han dado cuenta de que hay dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Humano, que tienen adeudos económicos con los beneficiarios de programas sociales: extrañamente hace meses que no se paga lo que estaba presupuestado. También está el caso del Instituto Jalisciense de la Juventud, donde confiesan que ya nada más queda dinero para la nómina.
Existen adeudos de las dependencias del Ejecutivo con la Dirección de Pensiones, por un monto cercano a los 600 millones de pesos. La carencia ya no solamente es de dinero: tampoco se tiene interés por pagar lo que se debe antes de irse.
¿De verdad ahora estamos mejor? Sería creíble si el actual Gobernador hubiera destinado mayor porcentaje de la masa presupuestal en inversión pública que su antecesor, pero no fue el caso. Si, al igual que en el anterior sexenio, se hubiera erogado en inversión pública por lo menos el monto de la nueva deuda multiplicado por seis, pero no, apenas fue un 10 por ciento adicional a los préstamos que solicitó.
El Gobernador decidió recurrir a las obras para decir que "ahora estamos mejor", pero la realidad y las propias cifras publicadas por la autoridad confabulan contra lo dicho por los festivos spots.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
Fecha de publicación: 8 Feb. 13
viernes, 1 de febrero de 2013
Nuevo Rector
Hace seis años en la UdeG no hubo contienda y se optó por transitar la ruta de un candidato "de unidad". Paradójica y lamentablemente, el desenlace fue totalmente el opuesto a la modalidad del tipo de candidatura anunciada. En ese sentido, bienvenida la contienda interna. El próximo Rector puede y debe hacer propias varias de las propuestas de los que hasta ayer fueron sus contendientes.
Tonatiuh Bravo tiene una destacada trayectoria política que ha combinado con su quehacer académico e importantes cargos de dirección en la propia universidad. Ha sido dos veces diputado federal. En 1997 compitió por la Presidencia Municipal de Guadalajara, cuando los candidatos que lo superaron eran Francisco Ramírez (PAN) y Enrique Dau (PRI). Quedó en tercer lugar, pero logró una de las más altas votaciones que ha obtenido un partido de izquierda en la capital jalisciense, lo que le valió ser regidor.
No obstante su trayectoria como militante perredista y los cargos de representación que ha alcanzado, ayer Bravo Padilla hizo una declaración tan sensata como necesaria: su militancia -y por lo tanto su visión- partidista quedará en el ámbito estrictamente personal, y hay motivos de sobra para celebrar que el próximo Rector -como debiera ser con todos los Rectores durante su ejercicio- no esté dispuesto a escuchar el canto de las sirenas de las candidaturas y se concentre exclusivamente en su responsabilidad.
Para Bravo Padilla la tercera fue la vencida, ya que hace doce años compitió por la Rectoría, resultando triunfador Trinidad Padilla. Hace seis años se quedó con las ganas, pues decidió quedarse en la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Su trabajo en diversas áreas de la UdeG, principalmente en el CUCEA y en la vicerrectoría ejecutiva, y el haberse apuntado -o manifestar su interés- en anteriores contiendas por ser Rector general le valió en esta ocasión ser el más -re- conocido de los candidatos: así se reflejó en los sondeos que realizó MURAL. El orden en el que finalmente se ubicaron los participantes, por la cantidad de votos obtenidos, no solamente coincide con los ejercicios que llevó a cabo este diario, también con la cantidad de seguidores que tuvieron en las redes sociales.
Es de suponer que tantos años esperando ser Rector general llevaron a Tonatiuh Bravo a observar aún con mayor detenimiento las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas de la universidad estatal más grande del país.
También podemos suponer que esa observación se conjuntará con otros atributos propios del próximo Rector: disciplina, trabajo, buen trato, respeto hacia los demás y habilidad política, entre otros. Y si esto es así, Bravo Padilla podrá realizar una gestión exitosa.
La problemática de la institución es compleja, como grandes las expectativas y demandas que tiene la población respecto a ella. Sin embargo, basta tomar como ejemplo cualquier universidad estatal para darnos cuenta de que el balance de la UdeG es favorable.
Lo anterior no quiere decir que no haya importantes y urgentes retos, pero hay universitarios con talento, disposición y buena voluntad para superarlos. Seguramente el Rector electo sabe de la importancia de tener cerca a los perfiles más capaces.
No son pocos los colegas editorialistas que en estas fechas han ponderado las cualidades de Tonatiuh Bravo para encabezar los trabajos de la UdeG. Otros han dicho que "ya se la debían", por aquello de que la había buscado en otras dos ocasiones.
En lo personal, me congratulo de que el próximo Rector sea un colega editorialista en estas páginas, quien ha sido mi maestro en las aulas universitarias y con quien he tenido el gusto y el honor de colaborar. Yo no creo que sea un asunto de débitos; en este caso -y reconociendo en los demás candidatos importantes cualidades- es un asunto de méritos. Que sea para bien de la Universidad de Guadalajara y de Jalisco. Así se requiere.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
viernes, 25 de enero de 2013
Justicia a la mexicana
Nadie puede negar que nuestro aparato de procuración y administración de justicia es anacrónico y rudimentario; esto -entre otras circunstancias- lo vuelve inoperante. Si a lo anterior añadimos que la corrupción se ha enquistado en las procuradurías, juzgados y tribunales, tenemos un panorama -literalmente- kafkiano.
Todo empieza por la imagen. Los espacios físicos en los que supuestamente se procura y administra justicia son deprimentes. Parecería que el mensaje que se pretende transmitir es "no vengan".
Después de que un ciudadano fue víctima de un delito, vuelve a serlo al entrar a un lugar lúgubre y con un denso ambiente. Pero de algo le sirvió el impacto, ya que el resto tiene una coherencia formidable con la primera impresión de estas oficinas: el descuido y la modorra se enseñorean en un territorio en el que parece que se ha declarado la guerra a la diligencia y a la modernidad.
Casos como el contenido en el documental "Presunto culpable" son una muestra de que los procedimientos obsoletos y tortuosos con los que se pretende procurar y administrar justicia en México generan resultados que distan mucho de la certeza jurídica.
Tan rudimentarios estamos, que no atendemos un protocolo cuando se trata de presentar a presuntos delincuentes ante la opinión pública a través de los medios de comunicación. Partiendo del supuesto de que es recomendable presentarlos, porque hay quienes dicen que no, parece que da lo mismo que se les vea el rostro o no (porque algunos se lo cubren), y así como se les pone un chaleco naranja a unos, a otros se les pone uno oscuro.
No hay un seguimiento informativo de las tan publicitadas detenciones. Nos debemos conformar con verlos en el periódico o en la televisión. No se nos dice cuántos quedaron libres, cuántos están procesados y cuántos fueron sentenciados. No extraña de la autoridad, pero sí deja mucho qué desear la actitud tan pasiva de la sociedad ante una actuación tan rudimentaria.
Pareciera que los mexicanos nos hemos acostumbrado a tener un infame sistema de procuración y administración de justicia, y que son los extranjeros los que nos observan y evalúan.
En noviembre de 2011, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó -y entregó a Felipe Calderón- información realmente escalofriante: de los homicidios que habían contabilizado en el anterior sexenio, solamente se habían abierto investigaciones en el 2.22 por ciento, y se habían logrado condenas en el 0.05 por ciento de los casos.
Cuando se analizan con detalle algunos índices, como el Mundial de Competitividad, el de Estados Fallidos y el Global de Paz, entre otros, se aprecia con toda claridad el nivel tan bajo de nuestro Estado de Derecho, de nuestras instituciones y de la seguridad jurídica. En gran medida estos factores son los que nos tienen anclados en lugares vergonzosos en esos y otros indicadores.
No debe sorprendernos que el caso Cassez -y muchos más- no arrojen luz y sí proyecten sombras. Como país, no nos hemos preocupado por contar con un sistema de seguridad, procuración y administración de justicia moderno y eficaz, aunque de manera esporádica sí tendemos a rasgarnos las vestiduras ante casos emblemáticos o mediáticos.
Modernizar la procuración y administración de justicia en México requiere de muchos recursos: tecnológicos, financieros y humanos. Es una tarea titánica que exige coordinación: no se va a lograr con el avance de un puñado de Estados en temas tales como los juicios orales. Es un asunto crucial para brindar certeza que sirva de cimiento para nuestra tranquilidad y progreso.
Los políticos evaden hablar de la procuración y administración de justicia; cuando llegan al Gobierno escatiman recursos -sobre todo voluntad y talento- en esas áreas. Pero también como sociedad tenemos responsabilidad: debemos empezar por apreciar la justicia en todas sus dimensiones, y difícilmente una sociedad que apuesta por, y se solaza en, la injusticia social puede aspirar a la justicia judicial.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
viernes, 18 de enero de 2013
El reto de innovar
El índice (http://www.globalinnovationindex.org/gii/) refleja la importancia que reviste la innovación como motor del crecimiento económico y la prosperidad, y el caso de México es alarmante: nos encontramos en el lugar 79 de 141 países. En América Latina, México se ubica en el penoso noveno lugar, por debajo de Chile (39), Brasil (58), Costa Rica (60), Colombia (65), Uruguay (67), Argentina (70), Perú (75) y Guyana (77).
No debería extrañarnos; no hemos pensado en innovar ni se han articulado esfuerzos en esa dirección. Nos hemos conformado con competir por precio, por tener maquiladoras y algunas empresas tecnológicas que generen empleos que no se caracterizan por su buena remuneración.
Para el Diario Financiero de Chile no es una sorpresa que el país andino ocupe la primera posición de Latinoamérica, pues han adoptado un exitoso modelo para fomentar la innovación. Chile ha trabajado durante años en esa dirección con la OCDE y con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Desde 2005, por iniciativa del Presidente Ricardo Lagos, crearon el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad CNIC (http://www.cnic.cl/), un organismo público-privado para asesorar en la identificación, formulación y ejecución de políticas y acciones que fortalezcan la innovación y la competitividad en la ciencia, la formación de capital humano y el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías.
En Chile también cuentan con el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) que depende de un organismo similar al Conacyt, pero que asigna una porción de las ganancias de las exportaciones del cobre para financiar inversión e innovación. Cobre y petróleo son recursos no renovables y bien se hace cuando invierten un porcentaje de esos ingresos en ciencia e innovación en lugar de meterlos al gasto corriente.
El CNIC tiene un consejo integrado por personas destacadas en el ámbito académico, de la investigación y empresarial, y acuden como invitados permanentes los funcionarios del gabinete de áreas relacionadas con la ciencia y la innovación: educación, hacienda, agricultura, economía, entre otras.
Para la Unidad de Inteligencia de The Economist tampoco es sorpresivo el lugar que ocupa Brasil, debido a que han establecido un marco institucional para la innovación: cuentan con la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP), que recientemente ha creado una incubadora de innovación y capital de riesgo para promover el emprendimiento.
En Brasil cuentan con el plan Brasil Maior, lanzado en 2011 con el lema "Innovar para competir, Competir para crecer". Según The Economist, Brasil es líder incorporando al sector informal en su sistema de innovación.
El país amazónico tiene una tasa de informalidad mayor que la de México, pero han tomado una ruta distinta. Según la Cepal, tienen una recaudación tributaria -con relación al PIB- casi cuatro veces mayor a la nuestra, y además han decidido incorporar los procesos de innovación a la informalidad, y eso contrasta con nuestra postura facilona de satanizar la informalidad cuando todos somos corresponsables de su magnitud.
Esta semana se anunció en México la creación del Instituto del Emprendedor, y sería conveniente que se tomarán en cuenta experiencias exitosas como la de Brasil. También se anunció una iniciativa para crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y nos equivocaríamos si no atendemos -por lo menos- la exitosa experiencia chilena. Allá no han llegado al punto de elevarlo al grado de Ministerio, pero lo importante está en las atribuciones, los actores que se involucran, la forma de financiar los proyectos y los fines que se persiguen.
En ambos casos, la creación del Instituto del Emprendedor y, posiblemente, el surgimiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, sería sensato establecer como prioridad la innovación, y para ello resulta fundamental orientar y alinear esfuerzos de los gobiernos locales y de las universidades en esa dirección. El futuro sí nos puede alcanzar.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
viernes, 11 de enero de 2013
Cruda prolongada
El primer acto de esta obra fue el del convencimiento. Se ofreció el oro y el moro, se dijo que después de los Juegos "el cambio sería total, en lo deportivo y en muchas otras cosas", que se construirían autopistas, se ampliarían y extenderían las avenidas existentes, se trazarían nuevas calles, se ampliaría y extendería la red subterránea de transporte. Así lo prometía Carlos Andrade Garín en la nota que MURAL publicó el 3 de diciembre de 1998.
Para convencernos de que valía la pena apostar a esta pachanga, también se nos dijo que se remodelarían y renovarían las redes de trenes urbanos, se crearían nuevos estacionamientos, se mejorarían los espacios públicos verdes, se modernizarían los sistemas de señalización y se implementaría tecnología avanzada en el control de tránsito. Fuera de los estadios, la verdad es que no se hizo nada de lo mucho que se prometió.
Todo ese sueño además era atractivo porque iba a tener un costo razonable. En 2006 se dijo que los Juegos tendrían un presupuesto de 180 millones de dólares (MURAL, 31 de mayo, 2006). Para 2007, la expectativa de costo había crecido 100 millones de dólares más, ya que según nota de la Agencia EFE, publicada por ESPN Deportes, el 13 de julio ya se hablaba de 280 millones de dólares http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=565498&s=pan&type=story.
El segundo acto de la obra fue la de los preparativos de la fiesta. Los arreglos de ornato no duraron más de tres meses; los organizadores se pelearon con la planeación y empezaron a comprar terrenos a diestra y siniestra para construir instalaciones... más tardaban en comprarlos que en cambiar de lugar y volver a comprar otro terreno. Así fue varias veces, y no solamente en un caso. Los estadios reportaban graves retrasos y deficiencias. El tufo de negocio flotaba en el ambiente.
El tercer acto de la obra fue la borrachera. Hubo quien quiso ir a la fiesta y ni pagando pudo; otros sí fueron porque les regalaron los boletos. La mayoría sucumbió ante -literalmente- los fuegos de artificio de la inauguración. El culmen de la borrachera fue cuando Emilio González decía: ¡Ahora vamos por las Olimpiadas!
El epílogo de la obra es la cruda de tan dispendiosa borrachera. Costó mucho más de lo que se nos dijo: ni remotamente fueron los 180 millones de dólares que decía Andrade Garín. Ayer, en el documento enviado por el Gobernador a los diputados -en el que solicita 3 mil 200 millones de pesos de deuda- se dice que los Juegos costaron más de 600 millones de dólares (hay razones para pensar que fue aún más). Por si lo anterior fuera poco, tampoco se construyó la infraestructura prometida.
Ya que terminó la fiesta vino una etapa de negación. Sólo gracias a que hubo una manifestación de acreedores pudimos conocer que existían adeudos a los proveedores por 500 millones de pesos. Después -en agosto del 2012- Mario Vázquez Raña dijo que se debían mil millones, y los organizadores lo negaban: solamente aceptaban deber 500 millones. En octubre del año pasado se sabía que eran mil 800 millones: la totalidad del adeudo correspondía a los Panamericanos.
Mil 400 millones son de un crédito que se ocultó a la sociedad y que se debió cubrir el año pasado: no se pagó. Nos bajaron la calificación crediticia como Estado, al grado de "basura". Si no se renegocia caeremos en Buró de Crédito y el chistecito nos puede costar 400 millones de pesos anuales: 8 mil millones de pesos en 20 años, esto es, una cantidad adicional que equivaldría a lo que costaron los Panamericanos.
Resulta que no se debían 500 millones como decía Andrade Garín, tampoco mil millones como decía Vázquez Raña, ni siquiera son mil 800 millones como decía el Gobernador el mes pasado. Ahora resulta que se necesitan 3 mil 200 millones de pesos, y a eso responde la solicitud para endeudarse. Ayer, mural.com publicó las declaraciones del Secretario general de Gobierno, quien explicó que ese monto, total, sería para reponer los desajustes que causó el pago de los Juegos Panamericanos.
¿Usted disfrutó la borrachera? Más vale que sí, porque de cualquier modo tenemos que pagarla. ¡Salud!
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
viernes, 4 de enero de 2013
Dinero electoral
Dinero electoral
Por Rogelio Campos
Desde 2006, en el presupuesto de Jalisco los recursos destinados a la inversión vienen a la baja, mientras el gasto corriente ha aumentado de manera escandalosa: en nómina, materiales y servicios el Gobierno de Jalisco eroga 166 por ciento más. El dato contrasta con la disminución en inversión pública: en 2012 se gastó 57 por ciento menos.
Uno de los apartados que muestra un crecimiento muy superior al de la inflación es el que se denomina "Organismos Autónomos", que corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia. Mientras que la inflación entre 2006 y 2012 fue del 30 por ciento, al conjunto de estos organismos se les aumentó su presupuesto un 83 por ciento.
Para darnos una idea de la forma en cómo ha aumentado este gasto, tomemos el ejemplo del IEPC y vayamos un poco más atrás en el tiempo. En el 2002 el entonces Consejo Electoral contó con un presupuesto anual de 39 millones de pesos (MURAL, 3/01/2002), mientras que en 2013 ejercerá 325 millones (MURAL, 2/01/2013). Ambos años son comparables porque no son tiempos electorales.
Entre el 2002 y 2013 la inflación ha sido del 58 por ciento, cifra muy lejana al 731 por ciento de incremento presupuestal que ha tenido el organismo electoral de Jalisco. Esto significa que el presupuesto anual que hoy tiene el IEPC sería suficiente para mantener por 5 años y tres meses al anterior Consejo Electoral.
Las dos notas de MURAL que he referido, contienen datos que explican las causas del exagerado incremento en el gasto electoral. Para empezar, parecería que ahí tuvo lugar un milagro similar al de la multiplicación de los peces, pero en este caso fue de multiplicación de las plazas laborales: mientras que en 2002 el organismo contaba con 50 empleados de base, en 2012 ya son 170.
Si le sorprende el aumento de 240 por ciento en el número de empleados de base, prepárese para asimilar el brutal incremento que han tenido las prerrogativas de los partidos políticos: en 2002 los partidos se repartían 26 millones 560 mil pesos, mientras que en 2013 la bolsa creció ¡706 por ciento! para llegar a 214 millones de pesos.
Si los recursos destinados a los partidos hubieran aumentado en la misma proporción que la inflación, para el presente año solamente se hubieran presupuestado 42 millones de pesos, pero -en mayo del 2008- los partidos, a través de sus diputados, reformaron la Constitución y como por arte de magia multiplicaron exponencialmente sus recursos en demérito de otros conceptos del gasto público.
Los partidos no solamente se despacharon con la cuchara grande al inflar el presupuesto a repartirse, también se beneficiaron con la reforma que prohíbe la compra de espacios en radio y televisión: ahora reciben mucho más en dinero y tienen menos gastos porque los spots en radio y televisión son con cargo a los tiempos oficiales.
Pero el desorbitado gasto electoral no es culpa de los partidos únicamente. En todo caso es un juego de complicidades con la autoridad electoral, pues la proporción del presupuesto que se llevan los partidos prácticamente es la misma: en 2002 se quedaban con el 67.78 por ciento del presupuesto del gasto electoral y en 2013 será el 65.79. Esto es, quitando el dinero de los partidos, desde 2002 la autoridad electoral ha aumentado 781 por ciento su gasto anual, cuando la inflación solamente ha sido del 58 por ciento.
Por eso debemos celebrar que los firmantes del llamado Pacto por México se hayan comprometido a impulsar una reforma electoral que, entre otras cosas, permita la creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales.
El 21 de julio del 2007 compartí en este espacio "Tarde o temprano", colaboración que, precisamente, proponía la desaparición de los 66 organismos y tribunales electorales federales y estatales que tenemos en México, para contar con uno solamente, tal y como ocurre en Brasil (http://derogeliocampos.blogspot.mx/2007/07/tarde-o-temprano.html).
Aunque lentamente, parece que vamos avanzando en la dirección correcta.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
Por Rogelio Campos
Desde 2006, en el presupuesto de Jalisco los recursos destinados a la inversión vienen a la baja, mientras el gasto corriente ha aumentado de manera escandalosa: en nómina, materiales y servicios el Gobierno de Jalisco eroga 166 por ciento más. El dato contrasta con la disminución en inversión pública: en 2012 se gastó 57 por ciento menos.
Uno de los apartados que muestra un crecimiento muy superior al de la inflación es el que se denomina "Organismos Autónomos", que corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia. Mientras que la inflación entre 2006 y 2012 fue del 30 por ciento, al conjunto de estos organismos se les aumentó su presupuesto un 83 por ciento.
Para darnos una idea de la forma en cómo ha aumentado este gasto, tomemos el ejemplo del IEPC y vayamos un poco más atrás en el tiempo. En el 2002 el entonces Consejo Electoral contó con un presupuesto anual de 39 millones de pesos (MURAL, 3/01/2002), mientras que en 2013 ejercerá 325 millones (MURAL, 2/01/2013). Ambos años son comparables porque no son tiempos electorales.
Entre el 2002 y 2013 la inflación ha sido del 58 por ciento, cifra muy lejana al 731 por ciento de incremento presupuestal que ha tenido el organismo electoral de Jalisco. Esto significa que el presupuesto anual que hoy tiene el IEPC sería suficiente para mantener por 5 años y tres meses al anterior Consejo Electoral.
Las dos notas de MURAL que he referido, contienen datos que explican las causas del exagerado incremento en el gasto electoral. Para empezar, parecería que ahí tuvo lugar un milagro similar al de la multiplicación de los peces, pero en este caso fue de multiplicación de las plazas laborales: mientras que en 2002 el organismo contaba con 50 empleados de base, en 2012 ya son 170.
Si le sorprende el aumento de 240 por ciento en el número de empleados de base, prepárese para asimilar el brutal incremento que han tenido las prerrogativas de los partidos políticos: en 2002 los partidos se repartían 26 millones 560 mil pesos, mientras que en 2013 la bolsa creció ¡706 por ciento! para llegar a 214 millones de pesos.
Si los recursos destinados a los partidos hubieran aumentado en la misma proporción que la inflación, para el presente año solamente se hubieran presupuestado 42 millones de pesos, pero -en mayo del 2008- los partidos, a través de sus diputados, reformaron la Constitución y como por arte de magia multiplicaron exponencialmente sus recursos en demérito de otros conceptos del gasto público.
Los partidos no solamente se despacharon con la cuchara grande al inflar el presupuesto a repartirse, también se beneficiaron con la reforma que prohíbe la compra de espacios en radio y televisión: ahora reciben mucho más en dinero y tienen menos gastos porque los spots en radio y televisión son con cargo a los tiempos oficiales.
Pero el desorbitado gasto electoral no es culpa de los partidos únicamente. En todo caso es un juego de complicidades con la autoridad electoral, pues la proporción del presupuesto que se llevan los partidos prácticamente es la misma: en 2002 se quedaban con el 67.78 por ciento del presupuesto del gasto electoral y en 2013 será el 65.79. Esto es, quitando el dinero de los partidos, desde 2002 la autoridad electoral ha aumentado 781 por ciento su gasto anual, cuando la inflación solamente ha sido del 58 por ciento.
Por eso debemos celebrar que los firmantes del llamado Pacto por México se hayan comprometido a impulsar una reforma electoral que, entre otras cosas, permita la creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales.
El 21 de julio del 2007 compartí en este espacio "Tarde o temprano", colaboración que, precisamente, proponía la desaparición de los 66 organismos y tribunales electorales federales y estatales que tenemos en México, para contar con uno solamente, tal y como ocurre en Brasil (http://derogeliocampos.blogspot.mx/2007/07/tarde-o-temprano.html).
Aunque lentamente, parece que vamos avanzando en la dirección correcta.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
jueves, 3 de enero de 2013
Rogelio Campos / Dime en qué gastas...
Rogelio Campos / Dime en qué gastas...
Mural
(28-Dic-2012).-
La actual administración estatal inició hace casi seis años. 2006 fue el último año completo de la administración de Francisco Ramírez Acuña -terminada por Gerardo Octavio Solís-, y 2012 lo es del Gobierno de Emilio González Márquez. Resulta interesante comparar los rubros de gasto de ambas administraciones en esos años -2006 vs 2012-, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas en el portal de internet del Gobierno de Jalisco.
Previamente diremos que la inflación entre el 1 de enero de 2006 y la misma fecha de 2012 fue del 29.27 por ciento. Todos sabemos que los salarios mínimos y los de los servidores públicos prácticamente aumentan en la misma proporción que la inflación.
Sin embargo, el presupuesto de Jalisco -desde 2006 y hasta 2012- aumentó más del doble que la inflación: 66 por ciento. Esto ha sido así en parte por los altos precios del petróleo que han permitido un prolongado oasis fiscal y también porque se viene contratando más deuda que hace seis años.
Llama la atención que si la inflación ha sido del 30 por ciento y el crecimiento presupuestal del 66 por ciento, al mismo tiempo existan rubros que en estos seis años hayan crecido muy por encima de esos porcentajes.
Iniciemos con el Poder Judicial, que en estos seis años ha incrementado su presupuesto en 71 por ciento: más del doble que la inflación y ligeramente por arriba del incremento presupuestal del Estado de Jalisco. El aumento en las participaciones y aportaciones a los municipios (82 por ciento) ha sido casi en la misma proporción que el presupuesto de los organismos autónomos (83 por ciento).
La ampliación en el presupuesto de los organismos autónomos (Instituto de Transparencia, Comisión de Derechos Humanos e Instituto Electoral) se debe en gran parte al exagerado crecimiento que ha tenido el financiamiento a los partidos políticos, cargado a la partida del Instituto Electoral.
Donde las cifras empiezan a parecer inverosímiles es cuando llegamos al Poder Legislativo. El presupuesto del Congreso ha crecido 137 por ciento: cuatro veces por encima de la inflación y más del doble del presupuesto estatal. Esto es sin considerar que ni así les alcanza, y que ese Poder tiene deudas que equivalen al total del presupuesto anual que tenían en 2006.
Si el crecimiento presupuestal del Poder Legislativo le parece exagerado, prepárese para conocer el aumento presupuestal anual por conceptos de intereses de la deuda pública del Poder Ejecutivo: ¡209 por ciento! Ahí no para el escándalo, ya que el rubro de Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSyS), que se ubica en el gasto corriente ha crecido ¡mil 505 por ciento!
El gasto corriente (nómina, materiales y servicios) del Gobierno de Jalisco hoy es 166 por ciento mayor que en 2006, dato que contrasta con la disminución en la inversión pública: hoy se gasta 57 por ciento menos en este rubro.
Urge un diagnóstico sobre tan extraño comportamiento presupuestal. Algunos rubros, como el 1,505 por ciento de aumento en las Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSyS), pudieran ser verdaderos hoyos negros presupuestales que deben aclararse. Escapa a toda lógica que Ramírez Acuña en 2006 haya gastado 1,325 millones en este rubro, mientras que Emilio González en 2012 erogue 21,284 millones.
Parecería broma del Día de los Inocentes siquiera pensar en que la Administración saliente explique las razones de semejantes cambios en la presupuestación y gasto. Toca a los académicos e investigadores, pero sobre todo a la nueva Administración, hacer un trabajo profesional que despeje las dudas que deja el muy peculiar estilo de gastar de Emilio González Márquez.
La historia no debe repetirse; necesitamos números y explicaciones coherentes sobre el presupuesto. No queremos ni necesitamos otro merolico haciendo performances sobre transparencia y rendición de cuentas.
También es necesario que de manera clara se establezca una veda presupuestal para aquellos rubros que reportan salvajes incrementos y que nos digan en qué proporción se piensa reducir el gasto corriente y aumentar la inversión pública. Y que además esas proporciones sean en sentido opuesto a lo que hizo el Gobierno que está aún a dos meses de irse.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
Mural
(28-Dic-2012).-
La actual administración estatal inició hace casi seis años. 2006 fue el último año completo de la administración de Francisco Ramírez Acuña -terminada por Gerardo Octavio Solís-, y 2012 lo es del Gobierno de Emilio González Márquez. Resulta interesante comparar los rubros de gasto de ambas administraciones en esos años -2006 vs 2012-, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas en el portal de internet del Gobierno de Jalisco.
Previamente diremos que la inflación entre el 1 de enero de 2006 y la misma fecha de 2012 fue del 29.27 por ciento. Todos sabemos que los salarios mínimos y los de los servidores públicos prácticamente aumentan en la misma proporción que la inflación.
Sin embargo, el presupuesto de Jalisco -desde 2006 y hasta 2012- aumentó más del doble que la inflación: 66 por ciento. Esto ha sido así en parte por los altos precios del petróleo que han permitido un prolongado oasis fiscal y también porque se viene contratando más deuda que hace seis años.
Llama la atención que si la inflación ha sido del 30 por ciento y el crecimiento presupuestal del 66 por ciento, al mismo tiempo existan rubros que en estos seis años hayan crecido muy por encima de esos porcentajes.
Iniciemos con el Poder Judicial, que en estos seis años ha incrementado su presupuesto en 71 por ciento: más del doble que la inflación y ligeramente por arriba del incremento presupuestal del Estado de Jalisco. El aumento en las participaciones y aportaciones a los municipios (82 por ciento) ha sido casi en la misma proporción que el presupuesto de los organismos autónomos (83 por ciento).
La ampliación en el presupuesto de los organismos autónomos (Instituto de Transparencia, Comisión de Derechos Humanos e Instituto Electoral) se debe en gran parte al exagerado crecimiento que ha tenido el financiamiento a los partidos políticos, cargado a la partida del Instituto Electoral.
Donde las cifras empiezan a parecer inverosímiles es cuando llegamos al Poder Legislativo. El presupuesto del Congreso ha crecido 137 por ciento: cuatro veces por encima de la inflación y más del doble del presupuesto estatal. Esto es sin considerar que ni así les alcanza, y que ese Poder tiene deudas que equivalen al total del presupuesto anual que tenían en 2006.
Si el crecimiento presupuestal del Poder Legislativo le parece exagerado, prepárese para conocer el aumento presupuestal anual por conceptos de intereses de la deuda pública del Poder Ejecutivo: ¡209 por ciento! Ahí no para el escándalo, ya que el rubro de Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSyS), que se ubica en el gasto corriente ha crecido ¡mil 505 por ciento!
El gasto corriente (nómina, materiales y servicios) del Gobierno de Jalisco hoy es 166 por ciento mayor que en 2006, dato que contrasta con la disminución en la inversión pública: hoy se gasta 57 por ciento menos en este rubro.
Urge un diagnóstico sobre tan extraño comportamiento presupuestal. Algunos rubros, como el 1,505 por ciento de aumento en las Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSyS), pudieran ser verdaderos hoyos negros presupuestales que deben aclararse. Escapa a toda lógica que Ramírez Acuña en 2006 haya gastado 1,325 millones en este rubro, mientras que Emilio González en 2012 erogue 21,284 millones.
Parecería broma del Día de los Inocentes siquiera pensar en que la Administración saliente explique las razones de semejantes cambios en la presupuestación y gasto. Toca a los académicos e investigadores, pero sobre todo a la nueva Administración, hacer un trabajo profesional que despeje las dudas que deja el muy peculiar estilo de gastar de Emilio González Márquez.
La historia no debe repetirse; necesitamos números y explicaciones coherentes sobre el presupuesto. No queremos ni necesitamos otro merolico haciendo performances sobre transparencia y rendición de cuentas.
También es necesario que de manera clara se establezca una veda presupuestal para aquellos rubros que reportan salvajes incrementos y que nos digan en qué proporción se piensa reducir el gasto corriente y aumentar la inversión pública. Y que además esas proporciones sean en sentido opuesto a lo que hizo el Gobierno que está aún a dos meses de irse.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
Suscribirse a:
Entradas (Atom)