Contrario al discurso oficial, que enarbola la transparencia, los actos de autoridad en Jalisco se vienen caracterizando por ser opacos y turbios. La opacidad aumenta proporcionalmente a las cifras o a la importancia estratégica de los asuntos. Resulta conveniente hacer un recorrido por algunos casos.
La millonaria inversión del Instituto de Pensiones en el desarrollo turístico de Chalacatepec. En este caso se destinaron casi 90 millones de dólares y se oculta sistemáticamente la información solicitada por los cauces legales. La autoridad ha argumentado de manera torpe las supuestas causas que impiden hacer pública esta información. Se ha llegado a decir que es un negocio entre particulares.
EL Gobierno del Estado destinó 40 millones de pesos "como incentivos" para que se instalara en nuestra entidad una planta de la empresa Intel. En un caso similar, destinó 31 millones para la empresa Flextronics. Esos 71 millones de pesos habrían salido del Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE), de la Seproe. El titular del CEPE declaró que con esas dos entregas ya se está acabando el dinero para 2010 y quiere una ampliación por 100 millones.
La danza de los millones, caracterizada por la falta de cuidado en explicar de qué partidas sale el recurso, con cuáles criterios se determinan los beneficiarios, cuántas solicitudes similares existen. No se sabe en qué se invertirán -concretamente- los millones incentivadores. ¿Van a infraestructura o a fondo perdido? ¿Hay un compromiso por parte de las empresas que se pueda medir? ¿Hay forma de exigir la devolución parcial o total del incentivo en caso de que las empresas incumplan? Nada de esto sabemos.
Las obras que se realizan con motivo de los Juegos Panamericanos son un caso extraordinario de opacidad y discrecionalidad. Resulta irónico que la infraestructura de los Juegos se realice con prácticas que son contrarias al espíritu olímpico y al juego limpio.
Los criterios para determinar la ubicación de las villas panamericanas y los estadios de atletismo reflejan improvisación, falta de profesionalismo y nula voluntad por propiciar el consenso. Se ha tratado de imponer las ubicaciones mediante maniobras que dejan al descubierto la avidez por hacer negocios.
En el caso del manejo financiero, las autoridades del Copag y todos los que han tenido que ver en este asunto panamericano ya ganaron la medalla de oro a la turbiedad. Un día se necesitan mil millones para la villa y otro solamente 500. Se compran terrenos, disponiendo de una centena de millones de pesos y comprometiéndose a cambiar el uso de suelo para edificar torres de 20 pisos. La falta de transparencia del Copag es absoluta: para muestra su página de Internet, que no ofrece la información de los cientos de millones de pesos que se les han otorgado, mucho menos informa cómo se han gastado, ni tampoco de las licitaciones realizadas.
El tema de la agencia espacial no escapa a esta lógica. Se ofrecen 100 millones de pesos, pero no se dice de dónde saldrán ni qué partidas se verían afectadas. No se presentan los argumentos técnicos ni se transparenta la propuesta que se entregó a los promotores y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se ha solicitado esta información formalmente, conforme a la Ley de Transparencia, y el Gobierno del Estado responde en términos violatorios del ordenamiento que tanto defiende de dientes para afuera.
Los chalecos de los policías viales no son la excepción. Ya se reveló que el proveedor tiene el giro de vendedor de mobiliario. ¿Por qué no se le compraron los chalecos a un proveedor especializado en estos enseres? ¿Por qué se hizo un concurso y no una licitación? En una licitación los proveedores especializados habrían dejado al descubierto las deficiencias del color y los materiales que finalmente se adjudicaron por concurso. ¿Quién determinó a quiénes invitar?
Algo pasa en Jalisco. Aquí las grandes acciones, las que se presumen con bombo y platillo y en las que se invierten grandes cantidades de dinero están peleadas con la transparencia. Si esas decisiones son tan buenas, con oportunidad deberían informarse y exponer los criterios que se tomaron en cuenta así como las instancias o funcionarios que contribuyeron a tomarlas. El ánimo de transparentar no está presente en este estilo personal de gobernar. Antes bien, parece lo contrario.
rogelio_campos@yahoo.com
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