Ocultando el presupuesto

7 Feb. 09

Esta semana el International Budget Partnership presentó la Encuesta de Presupuesto Abierto 2008. Mide la transparencia presupuestaria en 85 países. Este tipo de estudios nos ubica en nuestra realidad. México resulta reprobado, con apenas 54 puntos de 100 posibles. También nos ubica en el centro del debate trascendente. Mientras aquí estamos discutiendo únicamente sobre la transparencia del gasto, dejamos de lado lo verdaderamente importante: el ciclo presupuestario.

El dinamismo del presidente del ITEI, incluso para meterse en asuntos partidistas, resulta contrastante con su inacción para pronunciarse sobre este tipo de temas de avanzada.

El índice revela que en México los ciudadanos no contamos con la información para tener una idea completa de los planes del Gobierno sobre ingresos y gasto para el año siguiente. Además, no es posible dar seguimiento al gasto, la recaudación de impuestos ni los préstamos. El índice revela que la información que se da a conocer a mitad de año carece de relevancia. Nos dan atole con el dedo. Ni antes, durante o después del gasto contamos con información, y la que hay no es de calidad. Otro aspecto a destacar es la nula participación de la ciudadanía para poder elaborar un presupuesto participativo.

Lo verdaderamente revelador es la calificación que obtienen otros países. No hablemos de los tres primeros lugares: Reino Unido, Sudáfrica y Francia. Por encima de nosotros se ubican Argentina, Colombia, Botswana, Perú y Brasil.

Tal opacidad presupuestal se manifiesta en Jalisco. Aquí tenemos una partida de erogaciones de 150 millones de pesos. Nuestra transparencia solamente alcanza para verificar que existan los comprobantes de ese gasto. No nos preguntamos si esa cantidad es razonable o corresponde a una partida con esas características. Tampoco hay un marco normativo que atienda lo que la doctrina establece respecto a este tipo de erogaciones.

La doctrina señala que las erogaciones imprevistas se encuadran en el rubro de las reservas contingentes y también que las reservas contingentes se van conformando por fondos que anualmente se destinan a este rubro. Esto es, no hay necesidad de acabarse esta partida.

La Guía Ciudadana para el Trabajo Presupuestario, de Isaac Shapiro, editada por The International Budget Project, Fundar y el CIDE, es un excelente documento que deja ver nuestra realidad.

El documento de Shapiro establece lo siguiente: "Reservas de contingencia: Las reservas de contingencia son fondos determinados para cubrir necesidades imprevistas e inevitables (como el costo presentado por un desastre natural), que pueden ocurrir durante el año presupuestario". En Jalisco el Clasificador por Objeto del Gasto establece que las erogaciones imprevistas efectivamente se encuadran en el rubro de reservas de contingencia. Hasta aquí bien. El problema radica en que se han venido usando para todo tipo de gastos que se desvían por completo de lo que señala la doctrina presupuestal.

Shapiro continúa: "Los fondos de contingencia pueden ser una aproximación prudente para determinar los costos que pueden presentarse durante al año fiscal, sin que sus especificaciones puedan conocerse en el momento en el que se prepara el presupuesto. Por otro lado, dichos fondos pueden prestarse a abusos si no son acompañados por mecanismos estrictos de rendición de cuentas... el gasto total debe reflejar decisiones explícitas que sean congruentes con políticas fiscales y económicas orientadas al crecimiento sustentable y no solamente demandas de gasto de diferentes actores influyentes". Shapiro parece brujo, es como si nos estuviera observando.

El Clasificador por Objeto del Gasto de Jalisco define las erogaciones imprevistas: "Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que por su carácter de imprevisible no pudieron especificarse en el presupuesto respectivo de las dependencias y organismos de gobierno así como a diversas instituciones sin fines de lucro a las que el Ejecutivo autorice los apoyos económicos solicitados". La definición se aparta de la teoría y además no existen en la normatividad los mecanismos de los que habla Shapiro y sí en cambio la idea de que se han cometido excesos.

Olvidemos por un momento la rendición de cuentas y demos por buena la definición -a modo- del Clasificador. Va un ejemplo. Recientemente se anunció que se entregaría a los transportistas una cantidad millonaria para que no subieran la tarifa. ¿Los transportistas se ubican en el supuesto de ser "instituciones sin fines de lucro"? Las declaraciones de su líder indican que no. ¿Los transportistas solicitaron el apoyo económico, tal y como lo establece la norma? Lo registrado por los medios de comunicación no apunta en ese sentido; habrá que ver el documento mediante el cual lo habrían solicitado.

En este botón de muestra encontramos la explicación de estar por debajo de Botswana y de Perú

rogelio_campos@yahoo.com