Vivimos tiempos de polarización. Ya es normal y hasta predecible que cada acción de Gobierno y cada propuesta de reforma al marco legal generen controversia. Lo mismo sucede si se saca al Ejército a la calle que si se pretende remover a los integrantes del consejo general del IFE. Los académicos, analistas e intelectuales se expresan a favor y en contra. Al parecer, el marco legal, las instituciones y el pacto social están agotados y ya no responden a nuestra realidad.
Algunas medidas son ampliamente aprobadas por la ciudadanía y cuentan con esa legitimidad, como las movilizaciones militares; sin embargo, no son pocos los estudiosos del tema que han señalado la debilidad del fundamento jurídico que las sustentan. La ciudadanía sabe que existe un grave problema en materia de seguridad y que las autoridades civiles encargadas de esta área ya no son competentes. Para sostener las movilizaciones y hasta ufanarse de su realización, el Gobierno ha recurrido a la legitimidad que brindan la aprobación ciudadana, la iniciativa privada y los Gobernadores. El mensaje es que el crimen organizado no es intocable, a pesar de que diversas publicaciones dan cuenta de que lo sigue siendo.
Si las movilizaciones son legales o ilegales, poco importa; la Constitución no ha sido intocable, y lo que vale es que tengan el respaldo de los factores reales de poder; quizás son efectivas y con toda seguridad son altamente rentables ante la opinión pública, eso es lo que cuenta. Se dejan de lado las recomendaciones de organismos como la ONU, que sugieren para el caso específico y actual de México sacar a las fuerzas armadas de este combate, y para ello se antepone una razón de Estado.
No cabe duda que los temas de la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico alcanzan un nivel de gravedad como para unir a los mexicanos en torno a una estrategia (legal o ilegal) que nos permita la esperanza de combatir estos males.
Sin embargo, no sucede lo mismo con otros temas que también son de la mayor importancia. El primer caso es el de la Reforma Fiscal. México apenas recauda el 9 por ciento del PIB, mientras que algunos países sudamericanos rondan el 20 y países de la Unión Europea el 30 por ciento. Esta disparidad explica la calidad de los servicios públicos, la falta de obras de infraestructura necesarias para insertarnos en el siglo 21 y el remedo de aparato estatal con que contamos, entre otras cosas. El tema fiscal es casi intocable, es de lo que se maneja con pinzas.
Pero al parecer esto no es urgente, y es que contrariamente a las acciones militares, que son motivo de orgullo y de las cuales el titular del Ejecutivo asume la honrosa y responsable paternidad, en el caso de las reformas fiscales no hay apoyo de los factores reales de poder, que en el lejano escenario de alcanzar el 20 por ciento de recaudación serían los principales perjudicados en sus intereses privados. Estos sí son intocables.
Por lo tanto, la Reforma Fiscal no brinda el escenario apropiado para el lucimiento; no hay reflectores, no hay aumento de popularidad, no da votos. Esa es la razón de postergar una decisión racional, legal y de Estado, y de no asumir siquiera la paternidad de las propuestas encaminadas a recaudar más. Basta un manotazo en la mesa, de parte de los filántropos, para recular.
Que las necesidades esperen; primero está la imagen, quedar bien con los dueños del país, ganar la siguiente elección y entonces continuar administrando las ruinas del aparato gubernamental.
Es el mismo caso de la Reforma Electoral, donde propuestas van y propuestas vienen. Lo que llama la atención es que el tema de la publicidad gubernamental sea intocable. De nada servirá que los partidos gasten menos o no gasten en medios de comunicación, si no se reduce drásticamente el gasto de publicidad que ejercen principalmente los titulares del Poder Ejecutivo, federal y de los Estados, así como los Presidentes Municipales.
Otro elemento que resultaría afectado, y que hasta ahora se ha beneficiado brutalmente de las campañas y de los partidos que ellos mismos critican, son los medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido intocables. Veremos si el Legislativo sigue el ejemplo que dio el Judicial con la Ley Televisa, y se atreve a tocar a esta industria.
Por último, a juicio de "notables" "intelectuales" de este país, los consejeros del IFE también deben ser intocables. Argumentan que si son removidos se vulneraría la autonomía del IFE y luego nos tiran el mismo rollo: que el IFE es la institución más acreditada (¿o menos desacreditada?) del País. No pocos firmantes de este desplegado pertenecen al selecto grupo de los que han sido o son favorecidos de alguna u otra forma por el sistema en el que se han desarrollado.
Habrá que leer con detenimiento el desplegado que este grupo de mexicanos destacados seguramente publicará acerca de los grandes problemas y las macro reformas que le hacen falta a nuestro País; y será de mucha ayuda que nos digan qué es lo que debe ser intocable, cuáles principios deben prevalecer y a favor de qué o de quiénes deben estar. También nos ayudaría mucho saber su punto de vista sobre la vulneración de múltiples principios legales, que se da actualmente en México, en diversos ámbitos. Habrá que esperar que nos iluminen.
rogelio_campos@yahoo.com
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