Es muy común que los organismos empresariales se pronuncien contra los comprobados malos manejos de los políticos, pero pocas veces se repara en que en demasiados casos son los hombres de negocios quienes resultan beneficiados por decisiones de Gobierno.
Empecemos por el principio: un político en la actualidad requiere recursos económicos para hacer una precampaña y, si le va bien, continuar con una campaña electoral. ¿De dónde provienen los recursos para las oficinas, empleados, camisetas, gorras, calcomanías y otros gastos promocionales y de operación? ¿Alguien se desprende desinteresadamente de parte de su patrimonio para apoyar la aspiración de un político?
El candidato triunfador, en pleno ejercicio de su cargo, asigna contratos, otorga permisos y concesiones, destina subsidios y donativos, o concede usos de suelo. Se le cuestiona cuando se hace de manera discrecional, no hubo claridad en la licitación o se adjudica de manera directa, cuando causa un daño a los vecinos o no cumplió con un requisito legal.
Se condena con justa razón al funcionario público que, es de suponer, recibió a cambio y de manera indebida un beneficio, sea en campaña o en el ejercicio de su cargo. Pero no se cuestiona con la misma intensidad a quien obtuvo de malas maneras un beneficio mayor.
Los políticos, en ese sentido, se han convertido en "propineros", porque a cambio de ese "servicio" reciben una gratificación. En el mercado negro del tráfico de influencias, tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Sin embargo, por una extraña razón, nuestra psique colectiva no reparte las culpas proporcionalmente.
No empleamos el mismo criterio para medir prácticas similares en políticos y empresarios. Pareciera que los mexicanos utilizamos uno de nuestros hemisferios cerebrales para juzgar a los políticos y el otro para los empresarios.
Nos quejamos de que no podemos retirar del cargo a los políticos, pues no existe la figura de revocación de mandato, pero no cuestionamos la renovación de concesiones. El Gobierno renueva concesiones de carreteras, radiodifusoras, gasolineras y televisoras, que en muchos casos dan un pésimo servicio. Queremos revocación de mandato, pero no exigimos revocación de concesiones.
Pongamos un ejemplo más inmediato y cercano. Como consumidores, todavía no despertamos a la era de poder devolver, sin mayor problema, un producto que no fue de nuestra satisfacción. En una economía de libre mercado todos los establecimientos tienen un área de atención al cliente y se puede devolver, sin más, un producto.
Nos quejamos de la partidocracia, que monopoliza el acceso a cargos de representación popular, pero no cuestionamos con la misma intensidad los monopolios económicos que limitan nuestra capacidad de elegir y que -en el caso de tiendas de autoservicio- obstaculizan en colusión con grandes productores la posibilidad de comercializar nuevos productos.
Renegamos, con justa razón, de las promesas vacías e imposibles de cumplir de partidos y candidatos, pero toleramos y compramos "productos milagro" que ofrecen salud, cuerpos esculturales y hasta la fuente de la eterna juventud.
Mientras nos quejamos del abuso de los políticos, aguantamos sin reclamar la contratación sin prestaciones laborales y el empleo de irracionales tasas de interés de tiendas departamentales y bancos.
El 15-M, o movimiento de los indignados en España, logró unificar las proclamas políticas y económicas. En México nos faltaría desarrollar el hemisferio cerebral con el que percibimos nuestro entorno económico para exigir nuestros derechos como ciudadanos y también como consumidores.
Los políticos se deben a los ciudadanos, y resulta lógico que la sociedad exija reformas y cambios en ese ámbito; pero también los empresarios se deben a los consumidores, y en el manejo económico del País también hay mucho por cambiar.
rogelio_campos@yahoo.com
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