Cuentacuentos

La semana pasada señalamos el incumplimiento a diversos ordenamientos por parte del titular de la Comisión Estatal del Agua ("Más claro, ni el agua"). La reacción del Gobernador ante flagrante infracción es en principio desconcertante e inmediatamente decepcionante. Si Emilio González Márquez no ve o no quiere ver la violación flagrante y clarísima por parte de su colaborador, no hay razones para que los ciudadanos puedan confiar en sus propuestas presentadas ayer en materia de rendición de cuentas.

César Coll cobró un bono indebidamente, violando la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la Ley del Agua, la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Esta violación tiene como consecuencia la aplicación de sanciones. La prohibición y la sanción existen en la Ley, no en el ánimo del Gobernador.

Una de las excusas de Coll es que los organismos descentralizados son autónomos para determinar este tipo de pagos, confundiendo la independencia con indolencia, y entendiendo la autonomía como una patente de corso presupuestal.

Podemos recurrir a la nota de MURAL del 15 de noviembre de 2006, ahí se registra la devolución de un bono que fue otorgado a funcionarios de primer nivel del ITEI. Otro organismo constitucional autónomo (OCA) es el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. MURAL publicó el 12 de julio de 2007 "Prohíben bonos para consejeros"; la nota registra que, ante la duda de los consejeros para otorgarse este tipo de beneficios, quisieron curarse en salud consultándolo con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, instancia que finalmente podría determinar lo indebido de la conducta.

La respuesta de la ASEJ fue contundente: "Bajo ninguna circunstancia, puede otorgar o recibir bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por conclusión del encargo, u otras percepciones de similar naturaleza adicionales a la remuneración cualquiera que sea su denominación", asegurando que no lo podían otorgar atendiendo los artículos 46, 54 bis, 54 bis 1, 54 bis 7 y 55 de la Ley para los Servidores Públicos.

El IEEJ y el ITEI son OCAs, y por tanto gozan de mayor autonomía que los descentralizados, como el que dirige Coll. No hay que darle tantas vueltas, las normas no pueden ser más claras. Lo único que es más claro que los dispositivos legales vulnerados es la ambición de quien lo toma (Coll) y la displicencia del Gobernador.

MURAL publicó el pasado martes 29 "Quita Ejecutivo dádivas a OPDs". La nota refiere que se le hizo ver al Gobernador la violación legal por parte de César Coll. Le fueron citados los artículos que prohíben este tipo de conductas, se le hizo ver que la CEA se rige por la ley de servidores públicos... Total, que los reporteros le habrían querido dar el ABC de las reglas que prohíben los bonos, y la respuesta de Emilio González ante ello está para enmarcarse: "justificó la entrega del bono ya que en 2007 la orden de no bonos era, exclusivamente, para los Secretarios y no incluía a los OPDs.

"Para este segundo año estaremos haciendo extensiva la obligación (de no recibir ni otorgar bonos) a los Organismos Públicos Descentralizados y en ese momento ni él (César Coll) ni ninguno recibirán el bono", dijo el Mandatario.

Dejamos el terreno de la República para entrar en la Monarquía. En las monarquías la palabra del Rey es la ley, por eso es el Soberano (por encima de todos). Lo que es más, hay de monarquías a monarquías; en las que el monarca es la ley son las absolutas, y en las que debe someterse a la ley son las constitucionales. En la República (que creo que todavía es nuestro caso), la ley está por encima del gobernante. De manera que estas disposiciones no debieron cumplirse por instrucción del Gobernador, sino porque simplemente lo ordena la ley, y en una partecita que se llama "Transitorios", dice la fecha en la que empieza a tener vigencia la norma. Tuve el cuidado de verificar los transitorios de todas las leyes violadas alegremente, y en ninguna parte dice que la vigencia está condicionada a que el Gobernador gire una orden al respecto.

Con esta declaración se rompen los paradigmas de lo bochornoso y de la indignación. El Gobernador entra de lleno en terrenos inexplorados. Todavía hay más: "el Gobernador, contrario a lo que dice la ley, señaló que esta dependencia, y todos los Organismos Públicos Descentralizados, tienen autonomía para decidir respecto a los bonos" (MURAL 29/1/08). Desconozco quién lo asesore en estos temas, pero sí le puedo asegurar que cualquier estudiante de tercer semestre de Derecho, de cualquier universidad, le alcanza a decir que no es así.

Seguimos con la nota: "se le insistió al Mandatario estatal que la Ley Antibonos es para todos los servidores públicos, sin importar si son de una Secretaría o de un OPD", y respondió: "No, no estaba para todos".

"Según el argumento del Gobernador, son las juntas de Gobierno de los OPDs donde se fija el sueldo de los funcionarios". Contrario a lo que dice el Gobernador, los Secretarios tenían que dejar de darse bonos por mandato de ley, no por mandato de él. Contrario a lo que dice el Gobernador, las juntas de gobierno de los OPDs no pueden decidir en contra de lo que manda la ley.

Con esas "interpretaciones" ante dispositivos sumamente claros, es difícil confiar en la propuesta que presentó ayer el Gobernador, respecto a hacer informes cuatrimestrales y no, anuales. Dice que los anuales son para lucimiento personal, al mismo tiempo que su imagen o su voz se difunde por todos los medios posibles.

Ahí está un caso concreto (el bono de Coll) para que se rindan cuentas y no para que nos cuenten cuentos... malos, por cierto.