El reto de innovar

Esta semana apareció la quinta edición del Índice Mundial de Innovación 2012, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y por el INSEAD, que es una escuela de negocios y centro de investigación con sede en Francia.

El índice (http://www.globalinnovationindex.org/gii/) refleja la importancia que reviste la innovación como motor del crecimiento económico y la prosperidad, y el caso de México es alarmante: nos encontramos en el lugar 79 de 141 países. En América Latina, México se ubica en el penoso noveno lugar, por debajo de Chile (39), Brasil (58), Costa Rica (60), Colombia (65), Uruguay (67), Argentina (70), Perú (75) y Guyana (77).

No debería extrañarnos; no hemos pensado en innovar ni se han articulado esfuerzos en esa dirección. Nos hemos conformado con competir por precio, por tener maquiladoras y algunas empresas tecnológicas que generen empleos que no se caracterizan por su buena remuneración.

Para el Diario Financiero de Chile no es una sorpresa que el país andino ocupe la primera posición de Latinoamérica, pues han adoptado un exitoso modelo para fomentar la innovación. Chile ha trabajado durante años en esa dirección con la OCDE y con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Desde 2005, por iniciativa del Presidente Ricardo Lagos, crearon el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad CNIC (http://www.cnic.cl/), un organismo público-privado para asesorar en la identificación, formulación y ejecución de políticas y acciones que fortalezcan la innovación y la competitividad en la ciencia, la formación de capital humano y el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías.

En Chile también cuentan con el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) que depende de un organismo similar al Conacyt, pero que asigna una porción de las ganancias de las exportaciones del cobre para financiar inversión e innovación. Cobre y petróleo son recursos no renovables y bien se hace cuando invierten un porcentaje de esos ingresos en ciencia e innovación en lugar de meterlos al gasto corriente.

El CNIC tiene un consejo integrado por personas destacadas en el ámbito académico, de la investigación y empresarial, y acuden como invitados permanentes los funcionarios del gabinete de áreas relacionadas con la ciencia y la innovación: educación, hacienda, agricultura, economía, entre otras.

Para la Unidad de Inteligencia de The Economist tampoco es sorpresivo el lugar que ocupa Brasil, debido a que han establecido un marco institucional para la innovación: cuentan con la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP), que recientemente ha creado una incubadora de innovación y capital de riesgo para promover el emprendimiento.

En Brasil cuentan con el plan Brasil Maior, lanzado en 2011 con el lema "Innovar para competir, Competir para crecer". Según The Economist, Brasil es líder incorporando al sector informal en su sistema de innovación.

El país amazónico tiene una tasa de informalidad mayor que la de México, pero han tomado una ruta distinta. Según la Cepal, tienen una recaudación tributaria -con relación al PIB- casi cuatro veces mayor a la nuestra, y además han decidido incorporar los procesos de innovación a la informalidad, y eso contrasta con nuestra postura facilona de satanizar la informalidad cuando todos somos corresponsables de su magnitud.

Esta semana se anunció en México la creación del Instituto del Emprendedor, y sería conveniente que se tomarán en cuenta experiencias exitosas como la de Brasil. También se anunció una iniciativa para crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y nos equivocaríamos si no atendemos -por lo menos- la exitosa experiencia chilena. Allá no han llegado al punto de elevarlo al grado de Ministerio, pero lo importante está en las atribuciones, los actores que se involucran, la forma de financiar los proyectos y los fines que se persiguen.

En ambos casos, la creación del Instituto del Emprendedor y, posiblemente, el surgimiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, sería sensato establecer como prioridad la innovación, y para ello resulta fundamental orientar y alinear esfuerzos de los gobiernos locales y de las universidades en esa dirección. El futuro sí nos puede alcanzar.

rogelio_campos@yahoo.com

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Cruda prolongada

Los Juegos Panamericanos siguen siendo un dolor de cabeza. Los síntomas actuales se asemejan a los de una resaca monumental, de esas que vienen después de una borrachera de órdago.

El primer acto de esta obra fue el del convencimiento. Se ofreció el oro y el moro, se dijo que después de los Juegos "el cambio sería total, en lo deportivo y en muchas otras cosas", que se construirían autopistas, se ampliarían y extenderían las avenidas existentes, se trazarían nuevas calles, se ampliaría y extendería la red subterránea de transporte. Así lo prometía Carlos Andrade Garín en la nota que MURAL publicó el 3 de diciembre de 1998.

Para convencernos de que valía la pena apostar a esta pachanga, también se nos dijo que se remodelarían y renovarían las redes de trenes urbanos, se crearían nuevos estacionamientos, se mejorarían los espacios públicos verdes, se modernizarían los sistemas de señalización y se implementaría tecnología avanzada en el control de tránsito. Fuera de los estadios, la verdad es que no se hizo nada de lo mucho que se prometió.

Todo ese sueño además era atractivo porque iba a tener un costo razonable. En 2006 se dijo que los Juegos tendrían un presupuesto de 180 millones de dólares (MURAL, 31 de mayo, 2006). Para 2007, la expectativa de costo había crecido 100 millones de dólares más, ya que según nota de la Agencia EFE, publicada por ESPN Deportes, el 13 de julio ya se hablaba de 280 millones de dólares http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=565498&s=pan&type=story.

El segundo acto de la obra fue la de los preparativos de la fiesta. Los arreglos de ornato no duraron más de tres meses; los organizadores se pelearon con la planeación y empezaron a comprar terrenos a diestra y siniestra para construir instalaciones... más tardaban en comprarlos que en cambiar de lugar y volver a comprar otro terreno. Así fue varias veces, y no solamente en un caso. Los estadios reportaban graves retrasos y deficiencias. El tufo de negocio flotaba en el ambiente.

El tercer acto de la obra fue la borrachera. Hubo quien quiso ir a la fiesta y ni pagando pudo; otros sí fueron porque les regalaron los boletos. La mayoría sucumbió ante -literalmente- los fuegos de artificio de la inauguración. El culmen de la borrachera fue cuando Emilio González decía: ¡Ahora vamos por las Olimpiadas!

El epílogo de la obra es la cruda de tan dispendiosa borrachera. Costó mucho más de lo que se nos dijo: ni remotamente fueron los 180 millones de dólares que decía Andrade Garín. Ayer, en el documento enviado por el Gobernador a los diputados -en el que solicita 3 mil 200 millones de pesos de deuda- se dice que los Juegos costaron más de 600 millones de dólares (hay razones para pensar que fue aún más). Por si lo anterior fuera poco, tampoco se construyó la infraestructura prometida.

Ya que terminó la fiesta vino una etapa de negación. Sólo gracias a que hubo una manifestación de acreedores pudimos conocer que existían adeudos a los proveedores por 500 millones de pesos. Después -en agosto del 2012- Mario Vázquez Raña dijo que se debían mil millones, y los organizadores lo negaban: solamente aceptaban deber 500 millones. En octubre del año pasado se sabía que eran mil 800 millones: la totalidad del adeudo correspondía a los Panamericanos.

Mil 400 millones son de un crédito que se ocultó a la sociedad y que se debió cubrir el año pasado: no se pagó. Nos bajaron la calificación crediticia como Estado, al grado de "basura". Si no se renegocia caeremos en Buró de Crédito y el chistecito nos puede costar 400 millones de pesos anuales: 8 mil millones de pesos en 20 años, esto es, una cantidad adicional que equivaldría a lo que costaron los Panamericanos.

Resulta que no se debían 500 millones como decía Andrade Garín, tampoco mil millones como decía Vázquez Raña, ni siquiera son mil 800 millones como decía el Gobernador el mes pasado. Ahora resulta que se necesitan 3 mil 200 millones de pesos, y a eso responde la solicitud para endeudarse. Ayer, mural.com publicó las declaraciones del Secretario general de Gobierno, quien explicó que ese monto, total, sería para reponer los desajustes que causó el pago de los Juegos Panamericanos.

¿Usted disfrutó la borrachera? Más vale que sí, porque de cualquier modo tenemos que pagarla. ¡Salud!


rogelio_campos@yahoo.com

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Dinero electoral

Dinero electoral


Por Rogelio Campos

Desde 2006, en el presupuesto de Jalisco los recursos destinados a la inversión vienen a la baja, mientras el gasto corriente ha aumentado de manera escandalosa: en nómina, materiales y servicios el Gobierno de Jalisco eroga 166 por ciento más. El dato contrasta con la disminución en inversión pública: en 2012 se gastó 57 por ciento menos.

Uno de los apartados que muestra un crecimiento muy superior al de la inflación es el que se denomina "Organismos Autónomos", que corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia. Mientras que la inflación entre 2006 y 2012 fue del 30 por ciento, al conjunto de estos organismos se les aumentó su presupuesto un 83 por ciento.

Para darnos una idea de la forma en cómo ha aumentado este gasto, tomemos el ejemplo del IEPC y vayamos un poco más atrás en el tiempo. En el 2002 el entonces Consejo Electoral contó con un presupuesto anual de 39 millones de pesos (MURAL, 3/01/2002), mientras que en 2013 ejercerá 325 millones (MURAL, 2/01/2013). Ambos años son comparables porque no son tiempos electorales.

Entre el 2002 y 2013 la inflación ha sido del 58 por ciento, cifra muy lejana al 731 por ciento de incremento presupuestal que ha tenido el organismo electoral de Jalisco. Esto significa que el presupuesto anual que hoy tiene el IEPC sería suficiente para mantener por 5 años y tres meses al anterior Consejo Electoral.

Las dos notas de MURAL que he referido, contienen datos que explican las causas del exagerado incremento en el gasto electoral. Para empezar, parecería que ahí tuvo lugar un milagro similar al de la multiplicación de los peces, pero en este caso fue de multiplicación de las plazas laborales: mientras que en 2002 el organismo contaba con 50 empleados de base, en 2012 ya son 170.

Si le sorprende el aumento de 240 por ciento en el número de empleados de base, prepárese para asimilar el brutal incremento que han tenido las prerrogativas de los partidos políticos: en 2002 los partidos se repartían 26 millones 560 mil pesos, mientras que en 2013 la bolsa creció ¡706 por ciento! para llegar a 214 millones de pesos.

Si los recursos destinados a los partidos hubieran aumentado en la misma proporción que la inflación, para el presente año solamente se hubieran presupuestado 42 millones de pesos, pero -en mayo del 2008- los partidos, a través de sus diputados, reformaron la Constitución y como por arte de magia multiplicaron exponencialmente sus recursos en demérito de otros conceptos del gasto público.

Los partidos no solamente se despacharon con la cuchara grande al inflar el presupuesto a repartirse, también se beneficiaron con la reforma que prohíbe la compra de espacios en radio y televisión: ahora reciben mucho más en dinero y tienen menos gastos porque los spots en radio y televisión son con cargo a los tiempos oficiales.

Pero el desorbitado gasto electoral no es culpa de los partidos únicamente. En todo caso es un juego de complicidades con la autoridad electoral, pues la proporción del presupuesto que se llevan los partidos prácticamente es la misma: en 2002 se quedaban con el 67.78 por ciento del presupuesto del gasto electoral y en 2013 será el 65.79. Esto es, quitando el dinero de los partidos, desde 2002 la autoridad electoral ha aumentado 781 por ciento su gasto anual, cuando la inflación solamente ha sido del 58 por ciento.

Por eso debemos celebrar que los firmantes del llamado Pacto por México se hayan comprometido a impulsar una reforma electoral que, entre otras cosas, permita la creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales.

El 21 de julio del 2007 compartí en este espacio "Tarde o temprano", colaboración que, precisamente, proponía la desaparición de los 66 organismos y tribunales electorales federales y estatales que tenemos en México, para contar con uno solamente, tal y como ocurre en Brasil (http://derogeliocampos.blogspot.mx/2007/07/tarde-o-temprano.html).

Aunque lentamente, parece que vamos avanzando en la dirección correcta.


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