Detrás del maquillaje
Por Rogelio Campos
El Gobernador contrató a escondidas un monto considerable de deuda a corto plazo, y lo mantuvo en secreto por lo menos durante los primeros diez meses de 2012. De enero a octubre no hay registro de noticias que hagan referencia al oscuro préstamo por mil 400 millones de pesos que habrían sido para pagar deudas de los Juegos Panamericanos.
Hasta octubre, MURAL y los demás medios solamente habían publicado que se debían 500 millones de pesos a los proveedores de los Panamericanos. El 22 de agosto, Mario Vázquez Raña, mandamás de la Odepa, denunció la existencia de una "escandalosa" deuda por mil millones pesos, pero al día siguiente, Carlos Andrade Garín desmentía categóricamente lo dicho por Vázquez Raña.
Vázquez Raña estaba equivocado. No se debían mil millones, se debían más de dos mil: 500 a los proveedores, mil 400 de un crédito oculto y un monto -que no conocemos- por concepto de intereses crediticios y moratorios.
El Gobernador evadió el camino de solicitar la aprobación del Congreso para contratar deuda y se refugió en el artículo sexto de la Ley de Deuda Pública, que dice: "No constituirán deuda pública las obligaciones directas a corto plazo que se contraigan para solventar necesidades urgentes, producto de circunstancias extraordinarias e imprevisibles...". Así contrató el crédito por el equivalente a poco más de 100 millones de dólares. No hay que olvidar que los intereses de los créditos a corto plazo son considerablemente mayores.
Resulta difícil creer que los adeudos fueran producto de circunstancias imprevisibles: desde muchos años antes de los Panamericanos se sabía de su organización y -se supone- de su costo. Y si las circunstancias eran urgentes, extraordinarias e imprevisibles, resulta sospechoso que ese escenario no haya merecido un comunicado oficial oportuno.
El propio artículo sexto de la referida ley pone candados a este tipo de créditos, ya que su vencimiento y liquidación se deben realizar en el mismo ejercicio anual para el cual fueron contratados. Si el crédito se contrató a principios de este año, como lo reveló el Secretario de Finanzas (MURAL, 3/11/2012), debe pagarse este mismo año. De hecho, algunas notas periodísticas indican que precisamente hoy, 21 de diciembre, vence ese plazo. Quizás se fijó el día de vencimiento para no tener que pagarlo, porque dicen que hoy sería el fin del mundo...
La fecha límite impuesta por el banco es el 21 de diciembre, y el 31 de este mes es la fecha límite que impone la Ley de Deuda Pública. Por cierto, sería conveniente saber cuál es el banco con el que se contrató, la tasa de interés y la sanción económica y los intereses moratorios previstos en el contrato de crédito, si no se paga hoy.
Como sea, si el crédito se contrató en esas condiciones es porque había suficiencia presupuestaria para pagarlo en 2012, pero... resulta que no. El artículo octavo de la Ley de Deuda Pública establece que "Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las disposiciones previstas en la presente ley son nulas de pleno derecho sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran quienes las lleven a cabo".
La contratación del crédito contraviene además varias disposiciones previstas en la Ley de Deuda Pública, y por tanto -según la propia ley- son nulas y deben ejercerse las acciones legales correspondientes.
Para muestra de las disposiciones vulneradas, en el artículo sexto encontramos un botón. Los créditos de corto plazo, a pesar de no ser considerados como deuda pública, "quedarán sujetos a los requisitos de información y registro previstos en esta Ley". Resulta muy extraño que nadie se haya percatado de la existencia del crédito si éste, a pesar de no ser considerado técnicamente como deuda pública, sí se encuentra sujeto a los mismos requisitos de información y registro que los otros.
Las cosas se empiezan a explicar cuando se consulta la página del Gobierno del Estado: en ningún lugar se encuentra publicitado ni registrado el crédito de marras, pero lo más grave es que el Gobierno no solamente no lo publicó, sino que hizo todo lo posible por ocultarlo, llegando a maquinar versiones alejadas de la realidad y a maquillar cifras sobre el verdadero adeudo de los Panamericanos. ¿Así se quedará?
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
viernes, 21 de diciembre de 2012
viernes, 14 de diciembre de 2012
Poder opaco
El TE está conformado por una Sala Superior integrada por siete magistrados y cinco salas regionales, y en cada una hay tres. Los 15 Magistrados que integran las salas regionales terminan su encargo el 7 de marzo de 2013, y a ello obedece el Acuerdo 11/2012.
Los Magistrados que integran las salas regionales resuelven asuntos de la mayor relevancia, tanto del proceso electoral federal como de los procesos locales. Un Magistrado de Sala Regional percibe anualmente dos millones 300 mil pesos; al terminar su cargo de nueve años cada uno se habrá llevado entonces 21 millones de pesos.
Llama la atención la forma en que la Corte ha decidido "difundir" la convocatoria: parecería que el objetivo es que nadie se entere. Tratándose de cargos de gran responsabilidad, por lo trascendente de sus decisiones, la prolongada duración del nombramiento y las remuneraciones, que están en la cima de cualquier tabulador del servicio público, sería conveniente que la convocatoria tuviera la mayor difusión posible.
En el segundo transitorio del Acuerdo de la Corte se indica que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el Semanario Judicial y su Gaceta, en cuatro diarios de circulación nacional y en medios electrónicos de consulta pública.
El Acuerdo sí se publicó en el DOF, pero no aparece en el Semanario ni en la Gaceta. Tampoco se encuentra en los portales principales de Internet de la Corte ni del Tribunal Electoral ni del Senado, que es a donde se enviarán las ternas. En el portal de Internet de la Corte sí aparecen varios acuerdos, incluso el 12/2012, pero no el inmediato anterior que convoca a los interesados que aspiren a estos cargos.
Eso no es todo: el Acuerdo dispone que los interesados únicamente cuentan con cinco días para presentar su documentación certificada por notario y un ensayo de hasta 15 cuartillas. Por si lo anterior fuera poco, los interesados de cualquier parte del País deben ir al DF a presentar su documentación.
El Acuerdo y la forma de darlo a conocer revelan que en el Poder Judicial de la Federación está ausente el principio de "máxima publicidad". El Acuerdo ni siquiera aparece en la sección de comunicados: un simple boletín de prensa habría sido replicado como nota por varios medios de comunicación.
La mínima difusión de un acuerdo de semejante magnitud y el poco tiempo que se concede a los aspirantes privilegia a la burocracia judicial, que es la que sí puede estar al tanto de tan peculiar forma de dar publicidad a este acto público.
El proceder de la Corte lleva a pensar que en el proceso hay cartas marcadas o favoritismo para ciertos aspirantes. La otra opción es que los Ministros de la Corte no quieren llenarse de cientos de solicitudes, pero entonces debería modificarse la norma para establecer requisitos más rígidos.
Cuando un proceso de renovación de este tipo de cargos es publicitado ampliamente y se da el tiempo suficiente para que los interesados se inscriban, hay oportunidad para que periodistas, editorialistas, académicos, especialistas, intelectuales y organizaciones hagan un análisis de los perfiles idóneos, un balance de la gestión que termina y un escrutinio público de los aspirantes. Pareciera que algunos poderes ya encontraron la forma de reducir al mínimo esta posibilidad.
El proceso deja muy mal parada a la Corte en cuestión de transparencia y da una mala señal sobre la vocación del Poder Judicial para manejar de cara a la sociedad la renovación de cargos de la máxima importancia. Los tiempos que corren demandan sin duda otro tipo de prácticas en el proceso de designación de quienes tienen en sus manos los veredictos de las cuestiones electorales.
Las elecciones y sus impugnaciones -que resuelve el TE- son mecanismos propios de un régimen democrático, y las cuestiones democráticas exigen un manejo distinto del que la Corte ha decidido dar a este asunto. ¿Así se quedará?
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
viernes, 7 de diciembre de 2012
Proyectos sí, ocurrencias no
El 20 de octubre de 2007, MURAL publicó "Quieren desarrollar Barranca". La nota reporta que el Ayuntamiento de Guadalajara analizaba la posibilidad de asociarse con una empresa inmobiliaria (la española Mecanovae) para la construcción del complejo Puerta de Guadalajara, en un predio municipal de Periférico y la Calzada Independencia. Así, de la nada surgía el "proyecto", sin explicar cómo se gestó o cuál era la razón de escoger a esa empresa.
Un mes después, el 20 de noviembre, MURAL publicó "Viaja a Valencia Alcalde tapatío". La nota reporta que Alfonso Petersen viajaría a Valencia, España, a promover un desarrollo inmobiliario denominado Puerta Guadalajara; iría a presentar el proyecto en la Feria Internacional Inmobiliaria. Esto es, se le dio más importancia a una presentación en España que en nuestra ciudad.
La autoridad únicamente informaba lo que según su juicio consideraba que los ciudadanos debíamos conocer: que iba a generar empleo, que iba a detonar esa zona de la ciudad, que se construirían departamentos, un hotel y un centro comercial. También decía que a cambio de los 33 mil metros de terreno municipal, la empresa entregaría a la ciudad dos museos, un palacio de convenciones y áreas verdes; uno de los museos sería Panamericano y, lógicamente, tendría que estar listo para la justa continental.
Los argumentos de la autoridad también estaban anclados en otros proyectos que habría en la zona. Petersen decía que con la Presa de Arcediano se iba a construir un Jardín Botánico y que además estaría el Guggenheim. Cinco años después todos esos proyectos están sepultados.
Desde el anuncio de Puerta Guadalajara, la hemeroteca de este periódico registra un centenar de notas que desnudan las carencias del "proyecto". Para muestra un botón: la autoridad se percataba de que muy cerca de ahí está el Planetario y que sus condiciones eran deplorables: entonces se les ocurría que, en lugar de pedir un museo nuevo, los españoles arreglaran la construcción existente.
Después vinieron las acusaciones cruzadas por incumplimiento. La autoridad señalaba a la empresa y viceversa. Se llegó a publicar que la administración de Alfonso Petersen no entregó bitácoras ni planos autorizados (Mural, 30/01/2010).
Recientemente se dieron a conocer las dificultades económicas que sufre la empresa española y que le impedirían continuar con el proyecto. Para defender la continuidad, los promotores dicen que ya han tramitado créditos y que cuentan con nuevos socios (Mural, 25/05/2012).
En lo que ya parece una comedia de enredos, el Presidente Municipal declaró ayer que el "anonimato" con el que están actuando los nuevos socios mayoritarios es una violación al acuerdo de la concesión. Ramiro Hernández también dijo "No sabemos quién es la parte interesada, hay un enorme misterio que nos hace pensar que no están las cosas claras y que no sabemos a qué atenernos". La opacidad no es exclusiva del sector público.
Puerta Guadalajara generó muchas notas en los medios de comunicación, pero nunca hemos conocido el dato más importante: el tamaño del negocio. ¿A cuánto ascenderían las ganancias de este proyecto, una vez terminado y descontando el costo de los museos y otras obras de equipamiento urbano?
Si a final de cuentas se trata de un modelo de negocio en el que una compañía va a obtener utilidades, ¿no sería conveniente licitarlo para que lo hiciera la empresa con mayor solvencia y además obtener los mayores beneficios posibles para la ciudad?
Ante tanto manoseo, la actual administración ha determinado cancelar el "proyecto". Y hace bien. Además, debemos escarmentar y tomar este caso como ejemplo para en el futuro evitar las ocurrencias y hacer un manejo con el profesionalismo y la transparencia que este tipo de asociaciones público-privadas exige. La ciudad así lo merece.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
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