Para
destacar el exitoso desempeño económico de México, las autoridades
presumen y comparan cifras sobre la inversión extranjera, el Producto
Interno Bruto, las exportaciones y la tasa de desempleo. Sin embargo,
hay temas, como el salario mínimo, que por años se han evitado y hasta
olvidado. De eso no habla el Gobierno, pero tampoco la sociedad. En este
asunto no hay nada que presumir y no se compara con el de otros países
porque el resultado es tan escalofriante como bochornoso.
En 1970, la Organización Internacional del Trabajo adoptó un convenio
que obligaba a los países firmantes a establecer un sistema de salarios
mínimos. México lo ratificó en 1973. La Constitución establece que el
salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales
materiales, sociales y culturales de un jefe de familia y para proveer
la educación obligatoria de sus hijos.
México es la décimo tercera economía en el mundo, y resulta ilógico que
el salario mínimo mensual apenas llegue a los 136 dólares. Somos la
vergüenza de Latinoamérica, ya que muchos nos superan, comenzando con
Nicaragua (145) y República Dominicana (150). Por arriba de los 200
dólares se encuentran Guatemala (228), Perú (280), Ecuador y Colombia
(292), y Honduras (300).
Superan los 300 dólares Brasil y Uruguay (350), Paraguay (372), Costa
Rica (375), Chile (386) y Argentina, con un salario mínimo superior a
los 500 dólares. Ni hablar de la disparidad salarial con nuestros socios
del TLCAN. Algo ha estado pasando en el resto del continente que les ha
permitido elevar el salario mínimo: lo que sea, no ha ocurrido aquí.
Las sanciones económicas que establecen nuestras leyes tienen como punto
de referencia el salario mínimo. Resulta lógico que esas multas sean
irrisorias cuando la referencia es tan baja. El paupérrimo aumento anual
al salario mínimo también ha servido de base para fijar las
percepciones en el sector público, condenando a la mayoría de los
burócratas a tener bajas remuneraciones.
En estas semanas se ha discutido con intensidad sobre la compra del voto
en las elecciones de julio. Resulta lógico, más no justificable, que a
menor salario sea más fácil que alguien venda su voto. Nos hemos quedado
en la consecuencia y olvidado de la causa. Queremos democracia
desarrollada cuando el salario mínimo corresponde a la mitad del que
tienen en Ecuador. Quizás los mexicanos aprecian las instituciones -y a
su país- en la misma medida que éstas valoran su trabajo.
Así como se celebró el surgimiento de #YoSoy132, que buscó la
democratización de los medios, debemos cuestionarnos por qué no ha
surgido un movimiento que exija llevar el salario mínimo a los niveles
de América Latina.
A pesar de que el alcance que debe tener la mínima remuneración está
elevado a rango constitucional, y sobre todo a la luz de la comparación
con otros países, en este tema los defensores de las instituciones y del
Estado de Derecho brillan por su ausencia.
Los indicadores macroeconómicos que tanto se presumen no han sido
suficientes para elevar el salario mínimo al nivel de Latinoamérica.
Probablemente los bajos salarios son los que nos han permitido lograr
las abstractas metas presumidas.
¿Cuántas inversiones atraemos por la mala paga y hasta qué grado nuestra
"competitividad" está cimentada en los pobres sueldos que nos permiten
vender barato? Los empresarios y el Gobierno recurren al argumento de
que son pocas las personas que sólo ganan un salario mínimo, pero aun
ganando tres veces ese monto apenas equivale al mínimo de Costa Rica.
Prometer empleos bien -o mejor- pagados es promesa recurrente de los
políticos. Calderón no fue la excepción en 2006; tampoco Peña Nieto en
2012. Es una promesa tramposa que evade el compromiso fundamental y el
principio para poder cumplirla: elevar el salario mínimo.
Tomará mucho tiempo alcanzar a países que superan los 200 dólares
mensuales, y ni hablar de los que superan los 300 ó los 500. Y más nos
vamos a tardar si no empezamos a discutirlo seriamente y a la brevedad.
No faltarán los tecnócratas e intelectuales que busquen explicaciones
para el bajo nivel que tenemos en este rubro. Yo digo que los salarios
corresponden, en gran medida, al grado de vergüenza y dignidad de las
naciones.
Twitter @camposrogelio
rogelio_campos@yahoo.com
En
el álgido enfrentamiento entre Los Pinos y MVS ha salido a relucir el
peculiar estilo de negociar del actual gobierno, pero también el de la
clase empresarial. A 99 días del fin de su gestión, Calderón añade otro
eslabón a su larga cadena de derrotas.
Buen tribuno y polemista, Calderón siempre escogió la palabra hablada
como su mejor arma, pero la mayoría de las veces fue derrotado por los
números y, sobre todo, por los documentos.
Este caso no fue la excepción. En la batalla de dimes y diretes entre
Vargas y los voceros calderonistas, el empresario sí presentó evidencia
documental, mientras que los funcionarios básicamente aportaron dichos.
Este escándalo tuvo un detonante: el señalamiento del supuesto
alcoholismo de Calderón, hecho que fuera retomado y editorializado por
Carmen Aristegui. En Los Pinos se sintieron ofendidos, y así lo
demuestran los documentos exhibidos por Joaquín Vargas. En aquella
ocasión, la corte presidencial no daba crédito a lo dicho por la
periodista, que equivocadamente trasladaba la carga de la prueba al
señalado, en este caso el Primer Mandatario.
Los peones y alfiles calderonistas exigían una disculpa pública y
pensaron que para diluir los señalamientos bastaría el dicho de que el
Presidente hace ejercicio. Una estrategia similar adoptó Emilio González
Márquez durante sus giras proselitistas a diversos estados del país:
cuando le preguntaban si tenía problemas con el alcohol, contestaba
diciendo que hacía ejercicio.
La soberbia de los gobernantes mexicanos les hace pensar que su salud y
posibles adicciones no son de interés público. Creen que una vez
instalados en la silla, nadie debe conocer si hay riesgos de que puedan
abandonarla antes de tiempo o si cuentan con la lucidez necesaria para
tomar decisiones. Su altivez los lleva a creer que con sus dichos pueden
disipar las dudas.
En la Unión Americana, los presidentes se someten a un examen médico
periódicamente. En el sitio de internet de la Casa Blanca,
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/potus_med_exam_feb2010.pdf,
se puede consultar el penúltimo examen al que se sometió Barack Obama, y
el último se encuentra en
http://www.nationaljournal.com/whitehouse/full-text-memo-from-doctor-on-obama-s-physical-exam-20111031.
Se puede observar que Obama fumaba siendo Presidente; constan sus
esfuerzos y éxito para dejar el tabaco, y también dice que bebe alcohol
ocasional y moderadamente. Hay más datos: frecuencia cardiaca, presión
arterial, masa corporal, estatura, peso. También están los niveles de
glucosa, colesterol y triglicéridos; historial de cirugías, y resultados
de estudios orientados a detectar cáncer de próstata y colo-rectal. El
examen contiene los medicamentos que toma y otra serie de datos médicos y
recomendaciones.
Allá, la carga de la prueba sí corresponde al Presidente en turno, pero
no se espera a que le hagan cuestionamientos: toma la iniciativa, se
somete a una evaluación periódica y se publica el papelito con los
resultados. Los exámenes de Bush Jr. evidenciaban su sobrepeso y el
riesgo de cáncer en la piel.
Acá las cosas son diferentes. La palabra del inquilino de Los Pinos,
replicada por su corte, debe ser suficiente para convencer. ¿Para qué
recurrir a la ciencia o a los documentos si con el dicho presidencial
basta? Olvidémonos de los elementos que dan certeza, quedémonos con la
creencia.
El escándalo de MVS tiene otro elemento esencial: las prácticas
exhibidas para limitar la libertad de prensa. "Hoy México, a pesar de
sus problemas, tiene una libertad de prensa y de expresión que nunca se
había visto". Son palabras de Calderón en la ceremonia de entrega del
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010.
Estas palabras se estrellan contra otro documento, el Índice de Libertad
de Prensa de la organización internacional Reporteros sin Fronteras
(http://es.rsf.org/). Entre 179 países evaluados, México se encuentra en
el lugar 149 del índice. Con Calderón, las cosas empeoraron en este
rubro.
Joaquín Vargas, Barack Obama y Reporteros sin Fronteras muestran
documentos para probar la presión del gobierno, su estado de salud y la
libertad de prensa, respectivamente... Calderón desdeña los papelitos y
siempre apuesta por los dichos. ¿A quién creerle?
Twitter @camposrogelio
rogelio_campos@yahoo.com
"Si yo no tengo para comer, pues no como", esa fue la respuesta de Jorge Higareda, líder de la Alianza de Camioneros y director de la Operadora Macrobús, al ser cuestionado sobre la afectación a los usuarios cuando pedían aumento de tarifa, al mismo tiempo que amagaban con hacer un paro hace tres años (MURAL, 12/01/09). Previamente, Higareda dijo: "que usen una bicicleta, o sea, también tenemos que usar otros medios, tenemos que caminar si no tenemos los medios".
Ese es el talante de quien encabeza a la mayoría de transportistas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La altivez de la expresión proyecta el poder que tienen los camioneros, pero también la debilidad de la autoridad y sobre todo, lo caduco del modelo de transporte que sufrimos.
La Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte establece como una de las atribuciones del Ejecutivo asegurar que los concesionarios cumplan con las condiciones de higiene, comodidad y seguridad que correspondan a la categoría del servicio, de acuerdo con los términos de su concesión.
El mismo artículo establece que cuando se compruebe el deterioro en la prestación del servicio, se debe obligar a los concesionarios a que mejoren su higiene, seguridad, calidad y eficiencia. El Ejecutivo debe ordenar la suspensión temporal o total del servicio cuando no se reúnan esas condiciones.
La ley también establece que las personas físicas no podrán tener más de tres concesiones, cuando es un secreto a voces que hay personas que detentan decenas de ellas.
Pero la autoridad no revoca las concesiones, a pesar de que la ley establece las causas para sí hacerlo. Menciono solamente dos: cuando los concesionarios no sustituyan los vehículos que deban ser retirados del servicio por orden del Ejecutivo del Estado, en virtud de no reunir los requisitos exigidos, y por exigirlo así el interés público.
La autoridad se hace ojo de hormiga: no solamente es omisa en la exigencia de la calidad del servicio, también se hace como que la virgen le habla cuando se trata de indagar el gran número de concesiones que tienen unos cuantos y no ejerce su facultad de revocarlas, a pesar de que la ley lo establece.
En cuestión de tarifas, el mismo ordenamiento señala que se procurará que el prestador tenga una utilidad razonable. ¿Qué es una utilidad razonable? El 30 de abril de 2011, MURAL publicó "Exigen su inversión"; la nota da cuenta de dos inversionistas del Macrobús (cuyo director es Jorge Higareda) que pusieron 50 mil pesos a cambio de la promesa de recibir mil pesos mensuales durante los 12 años que duraría la concesión.
Si una persona invierte 50 mil pesos en el banco, recibirá 2 mil pesos anuales. Después de 12 años tendrá 24 mil pesos de intereses, más sus 50 mil devaluados pesos. Invertir en el Macrobús redituaría el doble (144 mil pesos). Si de ese tamaño son las ganancias del transporte público, ¿no sería conveniente invertir los fondos de pensiones en el transporte público? Se obtendría el doble del interés bancario.
La operación del Macrobús se entregó, en una licitación dirigida, a la Alianza de Camioneros, porque ellos tenían la mayoría de las rutas del corredor Calzada Independencia. La autoridad optó por entregar a los dinosaurios del transporte un proyecto supuestamente de vanguardia y rehuyó ejercer la facultad legal de revocar las concesiones por causa de interés público.
En el Metrobús del DF, nueve empresas prestan el servicio de las cuatro líneas; en la ZMG solamente una empresa presta el servicio de la única línea existente: la Alianza de Camioneros, disfrazada como Operadora Macrobús.
En la Capital de la República hay tres empresas de recaudo (prepago), mientras que aquí ganó una empresa coreana, a la que se le beneficia para todos los proyectos de BRT hasta el año 2024. No hubo claridad, pero sí inconformidades en la licitación que ganó esa empresa coreana (MURAL, 18/09/08 y 25/02/09).
En el Metrobús del DF hay un fideicomiso por cada una de las cuatro líneas que se operan, mientras que en el Macrobús tapatío no es necesario... es dirigido por una persona que emite tan sesudos razonamientos como "si no tengo para comer, no como". Y él sí ha tenido para comer: se ha engullido a la autoridad... con muy buen provecho.
rogelio_campos@yahoo.com
Twitter @camposrogelio
