El lunes, el Gobernador lanzaba la candidatura de Jalisco para ser la sede principal de la recientemente creada Agencia Espacial Mexicana (AEXA). El ofrecimiento parecería atractivo y el interés legítimo, pero la percepción puede cambiar si se hace un recuento de los antecedentes del proyecto.
En octubre de 2005, mientras Emilio González ya pensaba en presentar su licencia al cargo de Presidente Municipal para buscar la candidatura a Gobernador de Jalisco, en la Ciudad de México, el diputado federal por Hidalgo, Moisés Jiménez Sánchez, presentaba la iniciativa para la creación de la AEXA.
Desde entonces hay dos grandes promotores del proyecto: por un lado, el científico Fernando de la Peña Llaca, quien en 2005 ya había recibido entrenamientos en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston; por otro lado, el Gobierno de Hidalgo, que desplegó -desde hace más de cuatro años- una estrategia para que se aprobara la AEXA y se estableciera su sede principal en Tulancingo, Hidalgo.
No es accidental que el diputado que presentó la iniciativa sea hidalguense. Los legisladores federales de esa entidad han protagonizado todos los episodios clave en los que la iniciativa fue avanzando, hasta su aprobación. Cabe preguntarse ¿qué estaban haciendo nuestros diputados -jaliscienses- respecto a ese tema durante todo ese tiempo?
La estrategia hidalguense de cabildeo estuvo comandada por el Gobernador Miguel Ángel Osorio y respaldada por los legisladores locales y federales. Unos diputados terminaban su periodo y otros llegaban y... todos seguían apoyando la propuesta. No hay que pasar por alto que Osorio ganó para su entidad la Refinería Bicentenario. En la disputa, el hidalguense se impuso al Gobernador Oliva, quien gastó cientos de millones de pesos en comprar terrenos para la refinería y se quedó con ellos y con un extraño tufo que despide el megaproceso de adquisición de las tierras guanajuatenses.
Desde hace más de cuatro años los promotores de la AEXA lanzaron una campaña, cabildearon, dieron seguimiento al proceso legislativo, participaron en cientos de actividades, abrieron un portal en Internet y consiguieron lo que se plantearon. Enhorabuena. Desde entonces propusieron que la AEXA estuviera en Tulancingo, argumentando cuestiones geográficas, climatológicas y que ahí se encuentra -desde hace más de 40 años- la estación terrena de telecomunicaciones, que depende la SCT y cuyo titular ha expresado su aprobación porque ahí esté la sede principal de la AEXA.
Antes de la incursión de Emilio en el tema espacial ya se daba como un hecho que Tulancingo sería la sede, que la -eventual- base de lanzamientos y de entrenamientos submarinos estaría en Chetumal y que habría un centro de entrenamiento en Chihuahua. Se dijo que esas entidades, además de Aguascalientes, eran las que habían presentado propuestas más serias. También se da como un hecho que sea Fernando de la Peña el primer director de la AEXA.
Mientras diputados -locales y federales- y senadores hidalguenses de diversas legislaturas han impulsado la AEXA, a los jaliscienses no los hemos escuchado hablar del tema. Mientras un Secretario de Promoción Económica de Quintana Roo lleva trabajando cuatro años en el proyecto, un empleado de nuestro Secretario apenas iba a entrevistarse ayer con De la Peña.
Mientras el inminente director de la AEXA habla de entidades que han presentado las "propuestas más serias", la de Jalisco -más allá de un ofrecimiento de 100 millones de pesos- nadie la conoce.
El Gobernador quiere sustituir la idea, el esfuerzo, la propuesta y el cabildeo de los hidalguenses con el dinero de los jaliscienses y... hay cosas que no compra el dinero.
Por eso resulta extraño que de última hora surja un "invitado" a la fiesta. Al Gobernador le aflora el orgullo jalisciense y dice que la AEXA no tiene por qué irse a Nuevo León, Estado de México, Distrito Federal o Veracruz... pero esas entidades ni siquiera se habían mencionado y tampoco se habían apuntado.
Demasiado desconocimiento del tema, demasiado tarde el planteamiento, poco respeto por el esfuerzo de los promotores y poca elegancia en querer jalar la sede a golpe de chequera. En resumen: ¡en la Luna!
viernes, 30 de abril de 2010
viernes, 23 de abril de 2010
Las mangas del chaleco
Desde el miércoles, los policías viales de Jalisco cambiaron su apariencia. La Secretaría de Vialidad -ocurrentemente- sustituyó el color naranja de los chalecos por un peligroso tono azul. Lo que podría llamar la atención a simple vista es la similitud con los colores del PAN, situación que desestimó el Secretario de Vialidad del Gobierno del Estado.
El funcionario explicó que los nuevos chalecos muestran el teléfono (01-800-HONESTO) y que el cambio forma parte del programa "Jugando Limpio" de la Contraloría del Estado. Se supone el teléfono permitiría denunciar actos de corrupción.
No se entiende la necesidad de cambiar el color para poner el número "antitransas". Lo peor es que si usted marca el número telefónico se escucha una grabación: "El acceso al número que usted marcó, está restringido". Lo que sí queda claro, es que esta acción está hecha sobre las rodillas y a las carreras.
Por principio de cuentas, acudamos a la lógica y al sentido común ¿Por qué los chalecos eran de color naranja? La razón fue la seguridad de los agentes de tránsito, por eso se eligió un color de los que se conocen como "de Alta Visibilidad" (AV). Cuando se tomó esta lógica decisión aún no existían normas al respecto.
Actualmente ya existen normas en Europa y desde el 2006 en México, que determinan las características de la ropa AV: su clasificación, características y métodos de prueba. En Europa es la norma EN 471, en España es la NTP 718 y en México es la NMX-S-061-SCFI-2006. Estas normas definen las prendas de Alta Visibilidad: sirven como primera línea de defensa para proteger de un atropellamiento; permiten ser visto de día y de noche y pueden suponer, en un momento dado, la diferencia entre la vida y la muerte. El color -contrario a lo que "piensan" en la Secretaría de Vialidad- sí importa.
Hacer los chalecos azules es una decisión que demuestra ignorancia e irresponsabilidad: no se basa en lo racional, en la lógica, tampoco atiende las normas establecidas y pone en riesgo la seguridad de los trabajadores. Pareciera más importante el gusto o capricho colorimétrico -del Secretario de Vialidad o de alguien cercano a él- que la integridad de los policías viales. ¿Esa es la seriedad y consistencia que fundamentan las decisiones de la autoridad?
La norma indica que las prendas AV deben ser de colores fluorescentes, porque tienen las propiedades necesarias para aumentar la visibilidad diurna: devuelven una luz más brillante de la que fue absorbida. Por eso estos colores son más brillantes y ofrecen un buen contraste con el ambiente urbano. El colorcito "azul-peligro" -quizás escogido por un daltónico- no reúne estas necesarias características.
Existen tres colores posibles para las prendas AV: amarillo, rojo y rojo-anaranjado. Este último es el color de los chalecos que ya desecharon. Ojo: el azul no es un color posible para las prendas AV. Habrá que ver si Monraz también le resta importancia a estos argumentos. ¿No hay alguien en esa Secretaría que conozca estas cuestiones elementales?
Los chalecos azules tendrán que cambiarse por otros que sí cumplan la norma y contribuyan a proteger la integridad de los agentes. Probablemente haya resistencia (necedad y soberbia) de las autoridades a meter reversa. Entre más tiempo tarden en dar marcha atrás, será peor.
Este tema provoca dudas y el "azul-peligro" podría ponerse color hormiga. La autoridad debe aclarar cuánto invirtió en la compra; si hubo licitación o adjudicación directa; y ¿por qué acudió a un proveedor patito? En el caso remoto de haber acudido a una empresa profesional, ¿por qué escogió un color distinto a los del catálogo especializado y se desestimó lo que -por fuerza- le sugirió la parte vendedora?
La compra de estas prendas deja al descubierto los elementos con los que la autoridad toma decisiones: ignorancia, ligereza, actitud caprichosa, discrecionalidad e irresponsabilidad.
Además, la compra -para lanzar un programa anticorrupción- despide un extraño tufillo. No todo está perdido, el dinero gastado no necesariamente se fue a la basura: todavía nos sirve para comprar todas las mangas de chaleco que necesitemos.
rogelio_campos@yahoo.com
El funcionario explicó que los nuevos chalecos muestran el teléfono (01-800-HONESTO) y que el cambio forma parte del programa "Jugando Limpio" de la Contraloría del Estado. Se supone el teléfono permitiría denunciar actos de corrupción.
No se entiende la necesidad de cambiar el color para poner el número "antitransas". Lo peor es que si usted marca el número telefónico se escucha una grabación: "El acceso al número que usted marcó, está restringido". Lo que sí queda claro, es que esta acción está hecha sobre las rodillas y a las carreras.
Por principio de cuentas, acudamos a la lógica y al sentido común ¿Por qué los chalecos eran de color naranja? La razón fue la seguridad de los agentes de tránsito, por eso se eligió un color de los que se conocen como "de Alta Visibilidad" (AV). Cuando se tomó esta lógica decisión aún no existían normas al respecto.
Actualmente ya existen normas en Europa y desde el 2006 en México, que determinan las características de la ropa AV: su clasificación, características y métodos de prueba. En Europa es la norma EN 471, en España es la NTP 718 y en México es la NMX-S-061-SCFI-2006. Estas normas definen las prendas de Alta Visibilidad: sirven como primera línea de defensa para proteger de un atropellamiento; permiten ser visto de día y de noche y pueden suponer, en un momento dado, la diferencia entre la vida y la muerte. El color -contrario a lo que "piensan" en la Secretaría de Vialidad- sí importa.
Hacer los chalecos azules es una decisión que demuestra ignorancia e irresponsabilidad: no se basa en lo racional, en la lógica, tampoco atiende las normas establecidas y pone en riesgo la seguridad de los trabajadores. Pareciera más importante el gusto o capricho colorimétrico -del Secretario de Vialidad o de alguien cercano a él- que la integridad de los policías viales. ¿Esa es la seriedad y consistencia que fundamentan las decisiones de la autoridad?
La norma indica que las prendas AV deben ser de colores fluorescentes, porque tienen las propiedades necesarias para aumentar la visibilidad diurna: devuelven una luz más brillante de la que fue absorbida. Por eso estos colores son más brillantes y ofrecen un buen contraste con el ambiente urbano. El colorcito "azul-peligro" -quizás escogido por un daltónico- no reúne estas necesarias características.
Existen tres colores posibles para las prendas AV: amarillo, rojo y rojo-anaranjado. Este último es el color de los chalecos que ya desecharon. Ojo: el azul no es un color posible para las prendas AV. Habrá que ver si Monraz también le resta importancia a estos argumentos. ¿No hay alguien en esa Secretaría que conozca estas cuestiones elementales?
Los chalecos azules tendrán que cambiarse por otros que sí cumplan la norma y contribuyan a proteger la integridad de los agentes. Probablemente haya resistencia (necedad y soberbia) de las autoridades a meter reversa. Entre más tiempo tarden en dar marcha atrás, será peor.
Este tema provoca dudas y el "azul-peligro" podría ponerse color hormiga. La autoridad debe aclarar cuánto invirtió en la compra; si hubo licitación o adjudicación directa; y ¿por qué acudió a un proveedor patito? En el caso remoto de haber acudido a una empresa profesional, ¿por qué escogió un color distinto a los del catálogo especializado y se desestimó lo que -por fuerza- le sugirió la parte vendedora?
La compra de estas prendas deja al descubierto los elementos con los que la autoridad toma decisiones: ignorancia, ligereza, actitud caprichosa, discrecionalidad e irresponsabilidad.
Además, la compra -para lanzar un programa anticorrupción- despide un extraño tufillo. No todo está perdido, el dinero gastado no necesariamente se fue a la basura: todavía nos sirve para comprar todas las mangas de chaleco que necesitemos.
rogelio_campos@yahoo.com
viernes, 16 de abril de 2010
Instituto electoral
Se veía venir. Era predecible la discusión sobre la designación de consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC). Lo que llama la atención es el bajo nivel y lo repetitivo de los argumentos que se expresan sobre el tema.
Uno de los tópicos -reciclados- es el sueldo de los consejeros. Se asusta con el petate del muerto de que se reducirán sus percepciones. Esta estrategia se utiliza en realidad para desincentivar el alud de inscripciones que llegarán al Congreso del Estado. Lo que no dicen es que la prestación de los consejeros está en la Constitución local y no hay tiempo -por las implicaciones y requisitos especiales- para una reforma al máximo ordenamiento local. Basta el mínimo de memoria para saber que ya se han aplicado reducciones a los sueldos de consejeros y que a los pocos meses se ha dado marcha atrás en dicha medida.
Otro tema favorito es la repartición de las posiciones por cuotas que hacen los partidos políticos. Se condena la práctica bajo el supuesto de que los consejeros nombrados representarán los intereses de los partidos y no los de los ciudadanos. El punto es que no se aportan elementos que demuestren -o siquiera sugieran- la forma en la que los consejeros han beneficiado a los partidos políticos que los han propuesto. No pocos de los que critican el esquema han participado con esas reglas -las del juego que todos juegan- y algunos han sido designados como propietarios o suplentes.
En la reedición de este estéril debate hacen presencia los defensores de los "organismos ciudadanos". Arengan a defender la "ciudadanización", pero al parecer nadie les ha informado que estamos hablando de organismos constitucionales autónomos y no de organismos ciudadanos. Los primeros sí existen y están previstos en la doctrina y en las leyes; los segundos no existen -como tales- en la ley. Incluso, hace mucho tiempo que tampoco existe la denominación de consejero ciudadano, pues se cambió por la de consejero electoral.
El cambio de nombre tiene relación directa con el perfil de quienes ocupan el cargo. Así, encontramos que la época (de transición) de los consejeros ciudadanos se caracterizó por nombrar personas reconocidas en su ámbito -empresarial, el ejercicio de la abogacía, periodístico-. No eran, en sentido estricto, servidores públicos.
Los órganos constitucionales autónomos (IFE, Banco de México, Comisiones de Derechos Humanos, etcétera) son otra cosa: se caracterizan por su profesionalismo y demandan como consejeros a personas con prestigio y experiencia en la materia correspondiente.
Ahí es donde se complica el modelo. La experiencia y el prestigio deberían reconocerse desde la sociedad: cámaras, medios de comunicación, etcétera. Pero en esos espacios privan los mismos esquemas que critican. En el órgano electoral ha existido, por momentos, una cuota de reparto de posiciones para empresarios y otra para medios de comunicación.
Lo paradójico es que las cámaras empresariales no son -por mucho- un modelo de las mejores prácticas democráticas. Lo grave es que la descalificación o impulso de candidatos desde los medios de comunicación está cimentada, en la mayor parte de los casos, en el prejuicio, la infamia, la injuria o la falta del mínimo rigor periodístico. Tal tipo de prácticas en los espacios sociales explica el bajísimo nivel que tenemos en materia democrática.
El Índice de Democracia, elaborado por la Unidad de Inteligencia del prestigiado diario británico The Economist, evalúa a los países en varios aspectos. México -para variar- obtiene una pésima calificación (6.78).
El índice nos ubica en el lugar 55. Estamos por debajo -entre otros- de Jamaica, Panamá, Brasil y Botswana. Nuestra mejor calificación la tenemos en ejercicio de libertades civiles (8.82); en orden decreciente siguen: pluralismo y procesos electorales (7.92), funcionamiento de Gobierno (7.14), y en el fondo están la participación y la cultura política (5).
El nivel de los argumentos que se expresan cuando se dan estos procesos de renovación de consejeros pudiera encontrar su explicación en nuestra pésima calificación en los rubros de participación y cultura política que apunta The Economist. Ya deberíamos elevarlo.
rogelio_campos@yahoo.com
Uno de los tópicos -reciclados- es el sueldo de los consejeros. Se asusta con el petate del muerto de que se reducirán sus percepciones. Esta estrategia se utiliza en realidad para desincentivar el alud de inscripciones que llegarán al Congreso del Estado. Lo que no dicen es que la prestación de los consejeros está en la Constitución local y no hay tiempo -por las implicaciones y requisitos especiales- para una reforma al máximo ordenamiento local. Basta el mínimo de memoria para saber que ya se han aplicado reducciones a los sueldos de consejeros y que a los pocos meses se ha dado marcha atrás en dicha medida.
Otro tema favorito es la repartición de las posiciones por cuotas que hacen los partidos políticos. Se condena la práctica bajo el supuesto de que los consejeros nombrados representarán los intereses de los partidos y no los de los ciudadanos. El punto es que no se aportan elementos que demuestren -o siquiera sugieran- la forma en la que los consejeros han beneficiado a los partidos políticos que los han propuesto. No pocos de los que critican el esquema han participado con esas reglas -las del juego que todos juegan- y algunos han sido designados como propietarios o suplentes.
En la reedición de este estéril debate hacen presencia los defensores de los "organismos ciudadanos". Arengan a defender la "ciudadanización", pero al parecer nadie les ha informado que estamos hablando de organismos constitucionales autónomos y no de organismos ciudadanos. Los primeros sí existen y están previstos en la doctrina y en las leyes; los segundos no existen -como tales- en la ley. Incluso, hace mucho tiempo que tampoco existe la denominación de consejero ciudadano, pues se cambió por la de consejero electoral.
El cambio de nombre tiene relación directa con el perfil de quienes ocupan el cargo. Así, encontramos que la época (de transición) de los consejeros ciudadanos se caracterizó por nombrar personas reconocidas en su ámbito -empresarial, el ejercicio de la abogacía, periodístico-. No eran, en sentido estricto, servidores públicos.
Los órganos constitucionales autónomos (IFE, Banco de México, Comisiones de Derechos Humanos, etcétera) son otra cosa: se caracterizan por su profesionalismo y demandan como consejeros a personas con prestigio y experiencia en la materia correspondiente.
Ahí es donde se complica el modelo. La experiencia y el prestigio deberían reconocerse desde la sociedad: cámaras, medios de comunicación, etcétera. Pero en esos espacios privan los mismos esquemas que critican. En el órgano electoral ha existido, por momentos, una cuota de reparto de posiciones para empresarios y otra para medios de comunicación.
Lo paradójico es que las cámaras empresariales no son -por mucho- un modelo de las mejores prácticas democráticas. Lo grave es que la descalificación o impulso de candidatos desde los medios de comunicación está cimentada, en la mayor parte de los casos, en el prejuicio, la infamia, la injuria o la falta del mínimo rigor periodístico. Tal tipo de prácticas en los espacios sociales explica el bajísimo nivel que tenemos en materia democrática.
El Índice de Democracia, elaborado por la Unidad de Inteligencia del prestigiado diario británico The Economist, evalúa a los países en varios aspectos. México -para variar- obtiene una pésima calificación (6.78).
El índice nos ubica en el lugar 55. Estamos por debajo -entre otros- de Jamaica, Panamá, Brasil y Botswana. Nuestra mejor calificación la tenemos en ejercicio de libertades civiles (8.82); en orden decreciente siguen: pluralismo y procesos electorales (7.92), funcionamiento de Gobierno (7.14), y en el fondo están la participación y la cultura política (5).
El nivel de los argumentos que se expresan cuando se dan estos procesos de renovación de consejeros pudiera encontrar su explicación en nuestra pésima calificación en los rubros de participación y cultura política que apunta The Economist. Ya deberíamos elevarlo.
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