¡Aguas!

¿El agua que usamos y consumimos es de buena calidad, está certificada, cumple con la norma? Sin duda son preguntas de la mayor importancia que invitan a la reflexión. Los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara formamos una sociedad diversa. Tenemos diferencias en diversos ámbitos: ideología, religión, valores, identificación o rechazo con partidos políticos, equipos de futbol. Pero también hay aspectos que más o menos nos igualan, como los servicios públicos. Hay otros puntos que aun nos igualan más: el aire que respiramos y el agua que consumimos.

El pasado 13 de noviembre, MURAL publicó "Tratan el agua, no la potabilizan"; la nota da cuenta de las declaraciones de José Antonio Gómez Reyna, investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y se refiere al agua de consumo en Guadalajara. El investigador afirma que si bien el agua se trata, no tiene la calidad suficiente para ser potable.

Al día siguiente, MURAL publicó "Garantiza el SIAPA potabilización del agua". Los funcionarios del organismo aseguran que el agua que se abastece en la ZMG sí es apta para uso y consumo humano, que es cien por ciento potable, pues los procesos que realizan en sus plantas cumplen los 49 parámetros que marca la Norma Oficial 127 en cuanto a las características del líquido. Vamos, dicen que se puede tomar agua de la llave sin ningún problema. ¿Usted a quién le cree?

Ante la contradicción de ambas posturas, el caso amerita que analicemos los antecedentes recientes y el contexto de la situación.

El 17 de mayo del 2007 MURAL publicó una encuesta que se aplicó en 12 ciudades del País. Los resultados del estudio de opinión son los siguientes: los habitantes de la zona conurbada de Monterrey son los que mejor califican la calidad del agua que reciben: el 90 por ciento de los regiomontanos la considera muy buena o buena. Después de Monterrey se ubica Mérida, con un 88 por ciento de percepción favorable. En tercer lugar encontramos a León, con 87 por ciento.

Una vez que vimos los tres primeros, veamos los tres últimos: Guadalajara, 71 por ciento; Distrito Federal, 66 por ciento y Puebla, con 60 por ciento. La encuesta señala que los regios y los torreonenses son quienes utilizan en mayor medida el agua de la llave para beber o para cocinar. Ahora veamos los tres últimos lugares: los tijuanenses, tapatíos y poblanos son los que menos la usan para esos fines. La encuesta da un punto a favor del investigador (1-0).

En la misma nota que contiene la encuesta, MURAL publicó los resultados del laboratorio que analizó muestras de agua. Éstos arrojaron que el agua de cinco de las más grandes ciudades de México no cumple con la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994 sobre agua para uso y consumo humano.

Las ciudades incumplidas son Ciudad Juárez, León, San Luis Potosí, Distrito Federal y.... ¡Guadalajara! En nuestra Ciudad se encontró fluoruro, nitratos y fenoles por arriba de la NOM, por lo que expertos en salud recomendaron evitar su ingesta. Los resultados de laboratorio dan otro punto a favor del investigador (2-0).

La encuesta aplicada también obtuvo el promedio de gasto por habitante en agua embotellada. Lo anterior se puede traducir en la confianza que tienen los ciudadanos en consumir agua de la llave. La ciudad que más gasta en agua embotellada por habitante es... ¡Guadalajara! (3-0).

En la misma fecha, MURAL publicó "Asegura SIAPA dar agua pura". A esa fecha, según lo reporta la nota, el SIAPA no había podido obtener el Certificado de Calidad del Agua Apta para Consumo Humano, que según la NOM-179-SSA1-1998 es obligatorio para las localidades mayores a 50 mil habitantes. Los funcionarios declaraban que esperaban obtenerlo gradualmente en 2008. Cabe señalar que Puerto Vallarta sí cuenta con este certificado. La ausencia del certificado da otro punto a favor del investigador (4-0).

El Certificado de Calidad del Agua Apta para Consumo Humano lo otorgan autoridades federales sanitarias. Llama la atención la afirmación de funcionarios del SIAPA cuando aún no han podido obtener este certificado.

No es el SIAPA el que garantiza que el agua tenga las características que señala la norma, es la autoridad sanitaria. Tampoco son las palabras de los funcionarios del SIAPA las que otorgan certificación, y mucho menos a través de felices declaraciones; es el certificado expedido por una autoridad competente el que eventualmente podría hacerlo. Llama la atención que, de ser cierto lo afirmado por los funcionarios, no se cuente con el certificado respectivo y que las encuestas reflejen un complot de los ciudadanos en su contra.

Pero, al parecer, el debate ahí terminó: con las declaraciones de los funcionarios que desmienten al investigador. Mientras tanto los funcionarios se olvidaron de la promesa hecha en 2007 de obtener, gradualmente, el certificado en 2008.

Igualmente, mientras tanto, nosotros seguimos utilizando agua con la calidad que señala la encuesta, los estudios publicados por MURAL y sin el certificado correspondiente y, por consecuencia, agua fuera de norma. ¡Salud!

rogelio_campos@yahoo.com

Queda a deber

La deuda que pretende contraer el Gobierno de Jalisco sigue dando de qué hablar. El tema requiere de más información y explicaciones -queda a deber- como a deber quedan los actores involucrados en lo que parece su inminente aprobación.

Mientras los diputados del PAN han refrendado su apoyo al proyecto presentado por el Ejecutivo, los legisladores del PRI se oponen a la propuesta. Un elemento adicional a la discusión se encuentra en la aprobación de recursos federales por un monto muy superior a los que consideraba el documento enviado por el Gobernador a los diputados. Lo anterior no sería un elemento que necesariamente pusiera en duda la pertinencia del endeudamiento: es posible que los recursos federales adicionales no tengan por destino los proyectos que se pretenden realizar con el endeudamiento.

El problema radica en la falta de claridad sobre los proyectos a desarrollar. No se ha dicho a cuáles proyectos se destinarían los recursos provenientes del endeudamiento. Si lo supiéramos, sería muy fácil averiguar si se duplican con los recursos que el Gobierno federal ha comprometido para su ejercicio en el Estado.

La deuda que se pretende contraer (6 mil millones de pesos) es histórica. Nunca antes en un año el Gobierno de Jalisco -y es posible que ningún otro Estado- ha contraído un compromiso de esta magnitud. Basta señalar que la deuda del Ejecutivo es de aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos. Estamos hablando de un aumento -en tan sólo un año- del 133 por ciento del total de la deuda contraída en toda la historia.

Resulta inevitable pensar en las posibilidades reales que tiene el aparato gubernamental para ejercer -directa o indirectamente- ese monto. No son pocas las muestras de subejercicios y de obras que se desfasan en el monto y el plazo previstos. Asunto aparte son las asignaciones directas de obras que -en el mejor de los casos- incluso ponen en duda la capacidad del aparato gubernamental para instrumentar los procesos de licitación. Debemos, además, agregar las suspicacias de la coincidencia que hay entre este monto histórico con un año electoral.

Para defender el proyecto de endeudamiento se recurre al argumento de la recesión económica mundial que se enfrentará el próximo año. En esa lógica, el Gobernador pretende instrumentar un modelo keynesiano que incentive la economía con base en el gasto público.

Aquí es donde hacen su aparición elementos que debemos considerar. Los antecedentes del Gobernador, cuando fungió como Presidente Municipal de Guadalajara -y no estábamos en recesión- apuntan en el sentido de un manejo presupuestal que se debe evitar, con o sin modelo keynesiano.

En abril de este año, Moody´s calificó como emisor de deuda a Guadalajara. El documento nos permite apreciar datos por demás interesantes. Moody´s dice que Guadalajara empezó a estabilizarse en su desempeño financiero mixto en los últimos dos años, lo que significa que hasta 2006 no se encontraba estabilizada. Recordemos que Emilio González fue electo en Guadalajara para el periodo 2003-2006. La calificadora refiere que la Ciudad operó con déficit en ese periodo.

Moody´s agrega: "en el periodo 2002-2005 se observa un deterioro gradual del margen operativo, al pasar de 17 por ciento en 2002 a 10 por ciento en 2005, nivel considerado relativamente bajo. Lo anterior fue a consecuencia del desequilibrio estructural entre los ingresos disponibles y el gasto corriente... creciendo -el gasto corriente- 41 por ciento comparado con -el crecimiento- del 25 por ciento de los ingresos".

Moody´s establece que el notable crecimiento de gasto corriente se disipó en 2006: justo cuando terminó el periodo para el que había sido electo Emilio González. Lo anterior refuerza el temor de algunos diputados de que el gasto corriente haya venido aumentando y que la obra pública se esté realizando con excedentes petroleros.

Moody´s también asegura que la posición de liquidez de Guadalajara fue negativa del 2003 al 2006, pero que -en ese periodo- no comprometió su condición financiera, pues el Municipio fue capaz de cubrir sus necesidades de flujo de efectivo sin recurrir a la deuda de corto plazo. Lo que no le dijeron a Moody´s fue que para lograr lo anterior efectivamente no se recurrió a deuda de corto plazo, pero sí se mandó temporalmente -a su casa- a cientos de empleados supernumerarios porque no se les podía seguir pagando, en una peculiar e histórica medida.

Ni los diputados del partido en el Gobierno ni los de Oposición han tomado medidas de fondo al respecto. Hace más de cuatro años, en mayo del 2004, la Convención Nacional Hacendaria elaboró el "Manual de Mejores Prácticas para la Administración de la Deuda en Entidades Subnacionales", que se puede consultar en http://www.indetec.gob.mx/cnh/General/DocsCNH/ManualCNH.pdf. Si los diputados hicieran lo que el manual recomienda acerca del marco regulatorio, mejores prácticas, normas prudenciales, fortalecimiento del marco institucional y transparencia y rendición de cuentas de la deuda, no andarían aprobando la deuda a ojos cerrados ni tampoco les quedaría solamente lloriquear.

Por eso, el tema de la deuda sigue quedando a deber, como otros han quedado a deber en el manejo presupuestal o en la implementación de un marco adecuado para el tema de la deuda.

P.D. Standard and Poor´s -también calificadora de deuda- estima que el sistema de pensiones de Jalisco agotará sus reservas en 2021. A tiempo, para que lo vayan viendo por ahí del 2018.

rogelio_campos@yahoo.com

Enredos electorales

Esta semana por fin se integró el pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) que habrá de organizar las elecciones locales del próximo año. Los consejeros tienen una pesada tarea y el tiempo en contra. Adicionalmente, hay factores que pueden incidir en complicaciones mayores.

La historia de la recomposición del órgano máximo de dirección no podía haber sido más accidentada. Los partidos quisieron tomar como referencia lo ocurrido con el IFE, donde hubo una purga de consejeros. En el caso del órgano local, quisieron quitar a todos al mismo tiempo. No tomaron en cuenta que en el caso del IFE el relevo fue gradual y algunos consejeros permanecieron.

Tampoco tomaron en cuenta que para hacer los movimientos en el IFE se reformó la Carta Magna, y es precisamente nuestro máximo ordenamiento el que protege a los consejeros locales de ser removidos. Mientras los ex consejeros del IFE no contaban con un instrumento legal de defensa, los consejeros locales nunca lo perdieron. Al parecer, a nuestros diputados se les olvidó que las reformas a la constitución local no pueden contravenir la federal.

En la reforma a la constitución local se estableció la posibilidad de indemnizar a los consejeros que decidieran no participar en el proceso de renovación o que participando no lograran la designación. Esa parte fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Las indemnizaciones ya se habían hecho, en medio de un enredo jurídico-presupuestal que todavía está por verse cómo se resuelve. Los que no aceptaron la millonaria indemnización se quedaron, en contra de la voluntad de los partidos.

Al ver que no resultó la maniobra, los partidos sacaron sus cuentas; algunos se ajustaron a la realidad y de ahí partieron para jugar su tablero. Sacaron una convocatoria tan mal hecha que emplaza a la designación de "consejeros ciudadanos", mientras que el cargo -según la legislación- es de consejeros electorales. Por su parte, el PRI se quedaba solo, pidiendo que se eligiera a los suplentes.

Al parecer, el pasado jueves la fracción parlamentaria del PRI habría interpuesto una Controversia Constitucional en contra de la designación de los dos consejeros recientemente designados. En caso de que la controversia fuera favorable para los priistas, podrían darse varios escenarios: el primero es que los suplentes asuman, y cabe la posibilidad de que contemos con un consejo integrado por nueve miembros -ya hay antecedentes de que por medio de resoluciones judiciales los órganos electorales amplían el número de consejeros-.

Si los consejeros suplentes fueran reinstalados, tendría que repetirse la elección del presidente, y la correlación de fuerzas favorecería al PRI. Si el número de consejeros aumentara a nueve, el PAN y el PRI quedarían con cuatro cada uno y, paradójicamente, el voto decisivo sería el del consejero identificado con el PRD.

Independientemente de lo anterior, el IEPC cuenta con dos semanas para elaborar 40 reglamentos. Así lo obliga la legislación. Además, debe proceder a integrar las comisiones y a nombrar o ratificar a los directivos. Si decide remover directivos, cabe la posibilidad de que tenga que pagar sumas millonarias por las demandas que interpongan. Recientemente, por el mismo motivo, el IEPC tuvo que pagar dos indemnizaciones que ascienden a los 3 millones de pesos cada una.

El inicio del proceso electoral está en puerta -el IFE ya declaró formalmente el inicio del proceso federal-. En Jalisco tenemos elecciones simultáneas, y es imprescindible avanzar al mismo tiempo que lo hace el IFE.

Por si lo anterior fuera poco, el instituto local tiene un rezago inexplicable en el proceso de fiscalización de las campañas políticas ¡del 2006! Esto quiere decir que los partidos no han sido sancionados por las irregularidades en el ejercicio de los recursos que emplearon hace más de 30 meses.

No se entendería que iniciara el proceso electoral del 2009 sin la definición de las multas correspondientes. Si acaso los partidos no fueran multados, o lo son con cantidades ridículas, los consejeros estarán mandando una mala señal que incidiría en la falta de confianza.

No son los únicos retos de los consejeros. Al mismo tiempo que los enfrentan, tendrán que acortar los tiempos para acoplar a los que llevan más de tres años en el cargo con los recién llegados.

La asimetría de información sobre la estructura, personal y usos y costumbres del organismo repercute en los liderazgos al interior, y puede ser un factor que incida en la falta de entendimiento. Ojalá puedan sortear correctamente estos enredos.

rogelio_campos@yahoo.com