Tobogán

Esta semana se dieron a conocer datos que revelan que nuestro País va en picada. Más que preocupante, el escenario dibujado por las cifras es alarmante. Lo de menos es el impacto que éstas tendrán en las elecciones del próximo año. Lo verdaderamente grave radica en el mediano y largo plazo. Estamos en un tobogán y no se advierte cómo salir ni se avizora cuándo la caída deja de ser tan pronunciada.

El Índice de Confianza del Consumidor que se publicó esta semana se ubicó en su peor nivel desde que se dio a conocer en el 2001. El índice muestra un desplome en la percepción de los mexicanos respecto a la situación económica con relación al año pasado. Los mexicanos perciben, saben que su situación económica ha empeorado. También revela la expectativa que se tiene para los próximos 12 meses. Peor imposible.

Sin duda, el silencioso y progresivo gasolinazo constituye un elemento que se refleja en el estudio. Este aumento irá minando la economía de los mexicanos y se irá reflejando en mayor inflación, de manera inversamente proporcional a la racionalidad impuesta por el hecho de que el combustible deje de ser subsidiado.

Hablando de inflación, nos encontramos frente a una curva ascendente. La inflación que se da a conocer es más alta que la del mes inmediato anterior. Ya llevamos varios meses así. Lo mismo sucede, pero a la inversa, con la proyección de crecimiento de la economía. En ambos casos, inflación y crecimiento, nos encontramos con la realidad que no se ajusta a lo que se había considerado a principios de año.

Debido a la recesión en la Unión Americana, el envío de remesas ha disminuido y la proyección es que esa tendencia siga. Los ingresos de miles de familias han disminuido y seguirán disminuyendo. Por si lo anterior fuera poco, el precio del petróleo se desplomó y la extracción de crudo ha sufrido la misma suerte. Los ingresos de divisas que se captan vía remesas y petróleo han caído y seguirán cayendo. Sin divisas, nuestra capacidad de importación se ve afectada.

Tenemos en el turismo otra fuente de divisas. La ola histórica de violencia extrema que vive el País hace menos atractivos nuestros destinos turísticos, lo cual sin duda se verá reflejado en la captación de ingresos y, por consiguiente, en la balanza comercial, entre otros indicadores.

Otro dato revelador lo encontramos en la cartera vencida de tarjetas de crédito. Alcanza niveles de máximo peligro, incluso si lo comparamos con el que originó "el error de diciembre". A diferencia de 1995, hoy los mexicanos compramos hasta los víveres en los supermercados con dinero plástico. Hoy nos endeudamos para comer. Esta sola diferencia podría reflejar un problema mayor al de hace 13 años.

La mezcla explosiva de cifras ya se refleja en los estudios de opinión. Consulta Mitofsky, en su -poco difundida- encuesta trimestral de agosto, muestra datos escalofriantes: El 76 por ciento de la población tiene la percepción que la situación económica está mal. Es la cifra más alta desde el 2001. El 22 por ciento percibe a la economía mejor; es la cifra más baja de los últimos ocho años. Crisis económica, narcotráfico, bajos salarios e inflación alcanzan los niveles más altos de preocupación con relación a los últimos ocho años.

Felipe Calderón enfrenta el nivel más alto de reprobación de cualquier medición realizada desde que asumió el poder. Su nivel de aprobación está a punto de llegar al más bajo que haya registrado. Alcaldes y Gobernadores obtienen, en general, mejor calificación que el Ejecutivo federal. El Presidente obtiene una pésima calificación en el rubro "preocupación por los pobres".

La población ha mandado una señal que se ve reflejada en las encuestas de preferencia electoral. Si hoy fueran las elecciones, el PRI arrebataría al PAN la mayoría en la Cámara de Diputados.

El Gobierno federal había girado en torno a la figura de un Presidente enjundioso, empeñado. Esa ponderación mediática generó colateralmente la percepción de un Gabinete gris. Hoy se percibe un Presidente cansado, ensimismado, atribulado. Su imagen se ha venido desinflando. El Gabinete ha dejado de ser gris; se ha diluido, es un Gabinete inexistente, virtual.

Se han conjuntado todos los elementos para que tengamos una "tormenta perfecta". Con visión de corto plazo, el proceso electoral -que inicia formalmente el próximo mes- será el escenario para una turbulencia intensa, descomunal.

El problema mayor es que no será en el 2009 cuando el tobogán llegue a su fin. Resulta necesario atender las causas que provocan lo que los índices y las encuestas reflejan. No se ve quién, no se ve cómo y no se ve cuándo se atiendan las causas que han venido degradando el tejido social y nos tienen en la antesala de una crisis económica de magnitud histórica.

Ahí están los datos y los números. Ahí está un modelo económico que no cambia. Partidos van, partidos vienen y el modelito es el mismo. El otro modelo propuesto no solamente no gusta, se condena. Es un modelo asimétrico, que permite la acumulación de riqueza, la desigualdad; que no atiende causas sociales, que está reñido con el concepto de lo "público".

Las medidas y los funcionarios que solamente pretenden administrar los problemas, no resolverlos, están llegando al límite. Por evitar golpes de timón y turbulencias estamos en un tobogán y desemboca en una tormenta perfecta.

rogelio_campos@yahoo.com

País de renuncias

Nos quejamos de la inseguridad pública, que permite que nos roben de a poco. En cambio, toleramos la inseguridad jurídica, que cancela lo más importante: la posibilidad de futuro

Confusión en varios aspectos es lo que priva en los mexicanos como consecuencia de la escalada de violencia que se viene sufriendo. No solamente estamos confundidos y perplejos, con desasosiego y turbación de ánimo. También lo estamos por el clima de abatimiento y humillación que padecen miles de compatriotas al ser víctimas materiales o potenciales de la delincuencia. Pero también el término confusión se aplica para quien mezcla o funde cosas diversas y para quien se encuentra equivocado.

Los mexicanos podríamos estar mezclando o fundiendo términos. La marcha que se ha convocado es para protestar contra la violencia. Algunos encuentran el antecedente a esta -seguramente- monumental marcha en el año 2004. En aquella ocasión se marchó contra la inseguridad. Violencia e inseguridad se relacionan, pero no son lo mismo. Cuatro años después volverá a participar México Unido contra la Delincuencia, la asociación que entonces convocó a aquella marcha. Delincuencia, inseguridad y violencia se relacionan, pero no son lo mismo.

El cambio de término entre la marcha de 2004 y la de 2008 reflejaría una transformación del problema o la percepción que se tiene del mismo. Antes se reclamaba seguridad. Si hoy se protesta contra la violencia y este último problema fuera resuelto, podríamos quedar en el estado en el que nos encontrábamos en 2004, sufriendo o percibiendo una inseguridad sin violencia o tal vez menos violenta.

Lo que queda claro es que en todos los casos -delincuencia, inseguridad y violencia- se vienen limitando los términos para referimos básicamente al concepto de seguridad pública.

Nos quejamos y protestamos -y está bien hacerlo- contra la "delincuencia de abajo", que extorsiona, asalta transeúntes, roba casas, negocios, autos o camiones; a la que secuestra. Pero no nos quejamos con la misma intensidad contra la "delincuencia de arriba". La delincuencia institucionalizada y la de cuello blanco roban a gran escala, asaltan con la ley en la mano, dejan sin casa o sin negocio. Ante esa delincuencia nos rendimos. Curiosamente en este caso no confundimos, no mezclamos términos, sino que tomamos el cuidado de separarlos.

En materia de seguridad se repite el esquema. Confundimos el término seguridad con el de seguridad pública. Nos quejamos de la inseguridad pública, que permite que nos roben de a poco. En cambio, toleramos la inseguridad jurídica, que cancela -nos roba- lo más importante: la posibilidad de futuro.

En este esquema de miopía estamos confundidos -equivocados- al reducir nuestro concepto de propiedad tan sólo a lo privado e inmediato. Renunciamos a ver como nuestra propiedad los bienes y servicios públicos: ríos, mares, bosques, parques, calles, transporte. Igualmente, renunciamos a ver como propio el futuro.

En nuestro esquema, lo único que nos pertenece es lo privado y actuamos en consecuencia. En ese sentido, todo lo que también nos pertenece, lo público, y a lo que cobardemente hemos renunciado, nos lo pueden robar y se puede dañar, pues en nuestra apreciación, no nos pertenece.

Al defender únicamente lo privado hemos abandonado la plaza. No se puede defender lo público desde la trinchera de lo privado. Lo peor: no se puede defender eficazmente lo privado sin las herramientas de lo público. Esta atrofia de no usar y disfrutar lo propio explica nuestra torpeza cuando se trata de reclamar seguridad pública. No sabemos cómo hacerlo y queda la duda de si sabemos lo qué es.

En materia de violencia, nuevamente limitamos el concepto. Lo reducimos a la violencia como instrumento de la delincuencia. Sin embargo, hemos renunciado a luchar contra los distintos tipos de violencia que ejercemos en nuestra sociedad: violencia intrafamiliar, de género, explotación infantil, discriminación de todo tipo. Difícilmente asociamos el término con los accidentes violentos, esos que están cobrando la vida de jóvenes alcoholizados. Si lo asociamos, tenemos una inmunidad brutal frente al fenómeno o bien una incapacidad monumental para imaginar o hacer algo al respecto.

Esa visión limitada de violencia o renuncia a la capacidad de indignación por la violencia en general nos pone en estos momentos en un serio predicamento de congruencia. Debiéramos preguntarnos contra qué específicamente estamos protestando o qué específicamente nos tiene indignados.

Bien lo decía el empresario Martí en su disertación del jueves, cuando se refería a las autoridades: "si no pueden, renuncien". Sin duda habló a nombre de la sociedad mexicana que es conocedora en esa materia. Con nuestros hechos demostramos que hemos renunciado a lo público y a ser congruentes. Hoy sufrimos las consecuencias y estamos confundidos, en los varios sentidos del término confusión: mezclamos los términos, estamos perturbados, nos sentimos humillados, pero lo más importante: nos hemos equivocado y debemos empezar por reconocerlo.

rogelio_campos@yahoo.com

Una pobre reforma

La "reforma" electoral aprobada recientemente fija nuevas reglas para la operación de las elecciones en Jalisco. No son pocas las nuevas disposiciones cuestionadas. La atención se ha centrado en el sensible aumento de los recursos destinados a los partidos políticos y en la remoción de los actuales consejeros.

El pasado jueves el órgano electoral dejó entrever que solicitará más de 700 millones de pesos para ejercer en 2009. El próximo año se celebrarán elecciones intermedias. En 2003 este tipo de elecciones costaron poco más de 200 millones de pesos. Se exponen muchos argumentos para justificar el aumento, pero no parecen alcanzar para justificarlo.

Uno de los puntos que explican el incremento se encuentra en los ingresos que tendrán los partidos. Los legisladores lo justifican al amparo de que en ese sentido está la reforma constitucional federal. Obsoletos quedaron los argumentos de anteriores reformas que buscaban un ahorro en el gasto electoral. En 2005 se reformó la Constitución para que los consejeros ganaran menos, tres años después, ganarán más que en 2004.

Para las elecciones de 2003 se hizo otra reforma que hacía coincidir las fechas de la elección local con la federal. El principal argumento fue el del ahorro. Al parecer, ese argumento ya perdió vigencia.

El Instituto Electoral sigue siendo visto por la mayoría de la población como un organismo "temporalero", que solamente tiene actividad cada tres años. Si bien es cierto que esto no es así, ya que el organismo tiene a su cargo funciones en los períodos de menor intensidad, su eficacia y el impacto de su trabajo quedan en entredicho.

El organismo electoral no ha dictaminado sobre las multas a las violaciones en los gastos de campaña de la elección de 2006. Estamos a meses de iniciar un nuevo proceso electoral y eso no es aceptable, bajo ningún argumento.

Si bien es cierto que los actuales consejeros han desplegado el mayor esfuerzo del que se tenga memoria por realizar actividades de educación cívica, también es cierto que el impacto de las mismas apenas sí se puede apreciar.

Si además consideramos que actividades sustantivas, como el padrón electoral, sale de su competencia, este tipo de organismos locales cada vez encuentran menos argumentos para existir y se convierten en ventanilla de trámite del IFE. Por si lo anterior fuera poco, el caso del referéndum promovido por la FEU evidenció que a los consejeros y a su aparato los atrofia la inactividad. La FEU demostró que el cruce de datos entre las solicitudes y el padrón lo hicieron con un documento caduco. Además demostró que varios casos de personas que se declararon inexistentes en el padrón, en realidad sí se encontraban.

Debemos transitar a un modelo de Instituto Nacional Electoral que se encargue de la organización de todas las elecciones, ya sean federales y locales, con un calendario único. El mismo día deben celebrarse elecciones en todo el País. Si somos más ambiciosos podemos recurrir al ejemplo brasileño, que conjunta en su órgano electoral las funciones administrativas y jurisdiccionales que nosotros tenemos separadas en institutos y tribunales. Un sólo organismo -con sus delegaciones- en lugar de los 66 que tenemos actualmente.

Si queremos ir más allá, podemos hacer períodos de cuatro años para Presidente de la República, Gobernador y diputados; y de ocho años para senadores, con posibilidad de reelección. Se acabaría el pretexto de que en el primer año apenas están aprendiendo, pero también se tendría la exigencia de resultados en el corto plazo.

Contar con dos organismos, con sus delegaciones, implicaría un ahorro aproximado del 50 por ciento. Períodos de cuatro años implicarían un ahorro adicional del 25 por ciento. Se puede ahorrar más si invertimos en urnas electrónicas que se puedan usar en varios procesos electorales y podríamos aprovechar las fechas simultáneas (que en este esquema se convertirían en concurrentes) para que los ciudadanos votarán por referéndum, obras públicas, entre otras decisiones.

Lo anterior sin tomar en cuenta las bondades ecológicas, de rapidez en contar con resultados y de certidumbre en cuanto a las pocas impugnaciones que se tendrían. La urna electrónica no solamente se utiliza en países de primer mundo, en Brasil el 100 por ciento de los ciudadanos la utiliza y prácticamente no han tenido impugnaciones. El mito del federalismo, al que se apela para contar con 66 organismos, se diluye con el caso brasileño.

Pasemos al segundo de los puntos. En la reforma aprobada, los consejeros duran únicamente tres años en el cargo. Con lo anterior se contraviene la doctrina que establece, para el caso de organismos constitucionales autónomos, períodos largos de duración para sus titulares como un elemento que abona de manera determinante a su autonomía, estabilidad y profesionalización.

Al parecer, estas posibilidades no existen en la mente de nuestros legisladores. Estamos peleados con la tecnología, la eficacia, la certidumbre, la rapidez, los ejemplos de casos de éxito y con lo que establece la doctrina. Nuestro sistema electoral se ve reflejado a la perfección: premoderno, ineficaz, lento, destinado al fracaso y basado en la ignorancia. Lo peor de todo es que nuestras autoridades surgen de estos procesos y estamos reafirmando las bases para que, salvo caso fortuito, sean a su vez un reflejo del sistema electoral que da origen a su autoridad.

Tomo necesarias vacaciones. Nos vemos en tres semanas.

rogelio_campos@yahoo.com