Yes o oui

Nuevamente está en el centro de la discusión el tema de los spots con contenido político. En noviembre de 2007 se aprobaron reformas que prohíben a los particulares y a los partidos la contratación de espacios en radio y televisión. Desde entonces los hombres del dinero y algunos intelectuales se opusieron a la reforma. Interpusieron amparos que en su mayoría han sido desechados, pero que han sido atraídos por la Suprema Corte para dictaminar si dicha prohibición viola las garantías individuales, en este caso la de expresión.

No solamente hay detractores de la reforma, también hay editorialistas, periodistas y académicos que están de acuerdo con la prohibición constitucional, ayer la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) defendió la prohibición.

La voz de los que están en contra de la prohibición suena más fuerte; se debe a que las televisoras sirven de caja de resonancia y éstas defienden que se puedan contratar estos espacios. En México, donde más del 80 por ciento de la población se entera de lo que sucede en la vida pública por la televisión, resulta lógico que se perciba que son más las voces a favor de la contratación que aquellas que consideran pertinente la prohibición.

Se dice que la reforma atenta contra la libertad de expresión, pero en realidad la confunden con la capacidad económica para contratar la difusión de un mensaje en la televisión. A nadie se le está prohibiendo que se exprese, o que con su pluma publique un artículo en un medio impreso, organice una marcha, tome un altavoz y pronuncie un discurso en la vía pública, o incluso contrate la inserción de un desplegado en la prensa. Lo que se prohíbe es la contratación en radio y televisión para efectos políticos, y esa prohibición es para todos, incluidos los partidos.

Vale la pena preguntarnos cuántos ciudadanos u organizaciones tienen la capacidad económica para contratar la producción y difusión de un spot, ya no digamos varios. La evidencia empírica da respuesta: cúpulas empresariales; organizaciones patito, de las cuales no se sabía nada antes de que aparecieran sus spots ni tampoco después, meros membretes. Estas organizaciones fantasmas supuestamente ejercieron la libertad de expresión. Nunca supimos de quién ni tampoco de dónde provinieron los fondos para pagar sumas millonarias.

Cuando los que estamos a favor de la prohibición referimos estos argumentos, se nos refuta, no sin descalificaciones facilonas, denostaciones y una fuerte carga de adjetivos. Esta curiosa libertad, que para ser ejercida requiere no solamente la capacidad económica de dimensión millonaria, sino la generosa disposición de gastarla, coincidentemente es defendida por quienes igual defienden los operativos militares que violan la libertad de tránsito, y por quienes callan frente a la vulneración de otras tantas libertades consagradas en nuestra Constitución.

Frente a este escenario siempre es recomendable recurrir a la comparación; abrir la ventana para que refresque el sofocado ambiente. No basta con recurrir al caso norteamericano, en el que al parecer se basan nuestros intelectuales. Tampoco abona a la discusión pensar en la política, algo eminentemente público, como algo que está en el ámbito comercial y del dinero, y que por lo tanto se somete al imperio de las leyes del mercado.

En este sentido Francia nos pone el ejemplo. Resulta paradójico porque es un país emblemático por ser cuna de la república moderna, de las libertades y, por si fuera poco, del sistema jurídico que tenemos. Para entender brevemente el sistema francés resulta recomendable el ensayo publicado por el tapatío Sergio Ramírez Robles, publicado en el número 14 de la revista FEPADE Difunde, publicación de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.

El ensayo refiere que desde hace más de veinte años los franceses cuentan con un órgano que se encarga de reglamentar la producción, programación y difusión de emisiones oficiales que tienen que ver con campañas electorales. Se busca la equidad en el acceso y distribución de los tiempos. También se busca garantizar el derecho de réplica.

Aquí viene lo bueno. En Francia están prohibidas las emisiones publicitarias con carácter político, y la publicidad no puede contener elementos que afecten las convicciones religiosas, filosóficas o políticas de los telespectadores. Vamos, ni siquiera pueden difundir listas de los candidatos más guapos.

Los franceses traducen la libertad de comunicación en el hecho de garantizar que todas las corrientes del pensamiento puedan expresarse... ¡Gulp! Eso lo garantiza el Estado. Nada más contrario a lo que aquí defienden nuestros intelectualazos: que cada quien ampare con su chequera su libertad de expresarse ¡A mayor poder adquisitivo, mayor ejercicio de la libertad! Si usted no tiene dinero, debe o está en cartera vencida, absténgase.

El modelo francés no ha estado exento de dificultades y se ha ido perfeccionando. Paradójicamente, ellos hicieron esta importante reforma para su bicentenario (nosotros estamos próximos a celebrarlo) y la asumieron. Ojalá que los Ministros de la Corte, más que ver el caso estadounidense, volteen a ver a Francia, cuna de la república moderna, de la libertad y del sistema jurídico que adoptamos y del que ellos son los máximos responsables en México.

No se trata de decir no a las libertades, eso no está a discusión, se trata de decir sí y de que se ejerzan con responsabilidad y bajo la tutela del Estado. Ojalá y en este caso, los Ministros más que decir yes a la libertad, le digan oui.

rogelio_campos@yahoo.com

¿Números o palabras?

El 11 de junio del 2007, cuando Felipe Calderón clausuró la Octava Asamblea del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, pronunció un discurso (se puede consultar en la página web de la Presidencia de la República) con la marca de la casa: triunfalista y sesgado. El discurso carece de autocrítica, acude a cifras que muestran que nuestro País está en un buen lugar en materia de comercio mundial o aquellas que indicarían un crecimiento importante de nuestros intercambios comerciales. Por supuesto que arenga a que "vamos a ser los mejores" y otras frases que recuerdan el grito futbolero de ¡sí se puede!

El discurso presidencial se impacta con la realidad. El Foro Económico Mundial (WEF) publicó recientemente la versión 2008 del Global Enabling Trade Report 2008, que pretende medir los factores, políticas y los servicios que permiten el libre comercio. Nuestro País queda situado en una posición lamentable. De 118 países evaluados, México ocupa el lugar 65, por debajo de Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Honduras, por mencionar únicamente los países que se encuentran al sur de México.

Nuestras autoridades se aferran únicamente al manejo mañoso de las cifras que favorecen la construcción de una percepción falsa. Al hacerlo engañan a la sociedad. No descarto la posibilidad de que el Gobierno llegue al autoengaño, a creérsela. Llama la atención la ausencia de crítica de los entes involucrados en el entramado de la actividad comercial de nuestro País con el resto del mundo. Resulta alarmante la ausencia de espacios que señalen la debilidad de los argumentos que nos pretenden convencer de una falsa fortaleza de nuestro país en este y otros rubros.

Afortunadamente, hoy se cuenta con estudios desarrollados con metodología. Desafortunadamente, otra vez tienen que venir de fuera. Todavía más desafortunado, lamentable que no sean difundidos, mucho menos atendidos. Los países son evaluados en una serie de factores que arrojan resultados numéricos. Los números son fríos, mucho más que las palabras de aliento presidencial. En el caso de México, más que fríos resultan escalofriantes.

El estudio del WEF atiende varios aspectos. De los 118 países evaluados, México obtiene sitios vergonzosos: acceso al mercado (65), barreras arancelarias y no arancelarias (95), administración de fronteras (65), eficiencia y administración de aduanas (63), eficiencia de procedimientos de importación y exportación (76), transparencia de la administración de aduanas (57), infraestructura de comunicaciones y transportes (67), cobertura y calidad de la infraestructura de transporte (87), entorno para los negocios (86), seguridad (105).

En varias ocasiones escuchamos a nuestros maestros decir: "yo no te voy a reprobar, te va a reprobar la vida". La frase refleja una falta de rigor en nuestros sistemas de evaluación y una condescendencia con la falta de dedicación. Esa frase escolar es aplicable en diversos ámbitos de nuestra vida nacional. Ante la falta de aplicación de las instancias gubernamentales para generar un entorno adecuado, en este caso para el comercio mundial, no hay instancia que se atreva a reprobarlas, pero sí las hay para encontrar condescendencia, autocomplacencia.

No solamente se advierte ausencia de rigor en la evaluación interna de las condiciones del país; tampoco existen los parámetros internos de evaluación. Por eso resulta fácil acudir a los lugares comunes: "nuestras exportaciones han crecido 300 por ciento", "México aspira a convertirse en el principal receptor de inversión extranjera directa". Por eso también resulta natural creer esas frases facilonas.

Mientras nos alejamos de las evaluaciones y con ello de la sujeción a las mismas, nos autoengañamos, nos damos una calificación aprobatoria y pareciera que nos decimos "ahí la llevamos". Al mismo tiempo, la vida nos reprueba: organismos como el WEF construyen metodologías, observan comportamientos, aplican encuestas, alimentan sus bases de datos y otorgan calificaciones. En este ejercicio están involucrados académicos de Harvard, la ONU, Asociación de Transporte Aéreo Internacional, el Banco Mundial, por sólo mencionar algunos.

Los discursos con alto contenido motivacional chocan estruendosamente con esas evaluaciones. Las palabras se someten al reino de los números. La fantasía colectiva construida en torno al discurso presidencial se esfuma, se desvanece.

Ante esta situación solamente quedan dos opciones. La primera es que convenzamos a los del WEF (y a los importantes organismos involucrados en esta evaluación) de no ser tan rigurosos, tan quisquillosos e invitarlos a dejar ese tono tan alarmista y pesimista con el que abordan los temas. Felipe Calderón podría visitarlos y convencerlos de que cambien su forma de evaluar. Si se planta frente a ellos y les habla con el mismo tono de su famoso ¡YA BASTA! es posible que les transmita su optimismo. En esta opción, quizás cambien su forma de evaluar con números y adopten otra que tenga que ver con el optimismo presidencial, con el silencio de los dirigentes empresariales y con la complacencia de la sociedad.

La segunda opción es que veamos los rubros que se están evaluando (barreras arancelarias, aduanas, transparencia, infraestructura, transporte, comunicaciones y seguridad) y nos pongamos a invertir recursos suficientes y a exigir resultados a la autoridad.

Como están las cosas, es más factible que tenga éxito la primera de las opciones. Seguiremos escuchando palabras bonitas... nos seguirán reprobando los números.

rogelio_campos@yahoo.com

Vencer sin convencer

A principios de la Guerra Civil española, Miguel de Unamuno, Rector de la Universidad de Salamanca, pronunció la célebre frase "venceréis pero no convenceréis, porque para vencer tenéis la fuerza, pero para convencer os hace falta la razón". Sin duda, esta frase es perfectamente aplicable en la actualidad por parte de los ciudadanos jaliscienses hacia quienes detentan el poder en nuestro Estado.

No es lo mismo ejercer el poder que la autoridad. Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política nos regala una espléndida explicación al respecto. Quien tiene el poder puede imponerse por la fuerza, independientemente de que los subordinados estén o no de acuerdo con el acto; pero tiene autoridad quien es reconocido por tener ascendencia sobre los demás, es decir, por su autoridad moral.

Esta diferencia de conceptos explica que en Jalisco tengamos que apechugar con una serie de arbitrariedades ejercidas desde el poder. Planes parciales a modo, caos urbano, obras "de servicio público" de pésima manufactura, caprichos inconclusos y una larga lista de calamidades ordenadas desde el poder y sin contar con la aprobación ciudadana.

En Jalisco se viene ejerciendo el poder sin autoridad. Se vence, pero no se convence. Los poderes fácticos se alían con el poder institucionalizado para imponerse a la ciudadanía, al interés público. Al hacerlo, el poder institucionalizado se convierte en un poder fáctico que utiliza el parapeto de la ley y de los tribunales para avasallar al ciudadano y dejarlo indefenso.

Por eso los diputados se pueden salir con la suya en las reformas constitucionales y legales. También pueden designar a funcionarios del más alto nivel dejando de lado las formas. Hay que reconocer que en eso han dejado de lado la simulación, pero han entrado de lleno en el terreno del descaro y el desaseo. Poco les duró el gusto de hacer evaluaciones... como en repetidas ocasiones el resultado de las calificaciones no se ajustaba a sus pretensiones, fácil: quiten las evaluaciones. Como las convocatorias los obligaba a recibir a muchos suspirantes, fácil: hacen convocatorias que permanecen abiertas seis horas.

El poder que se ha divorciado de la autoridad se vuelve impúdico, se solaza en la imposición, se olvida de la persuasión y del convencimiento. Se refugia en la razón de la fuerza y se olvida de la fuerza de la razón.

Es absurdo pensar que la ciudadanía quiere un caos urbano como el que vivimos, o acabar con las áreas verdes, renunciar a contar con reservas urbanas, tener miles de espectaculares que dan al traste con el paisaje urbano. Sin embargo, todo ello se vuelve realidad porque los ciudadanos tenemos en las autoridades a verdaderos enemigos que confabulan con los intereses privados y conspiran contra el interés público.

Como un simple ejemplo, en España llegaron a la conclusión de que los espectaculares distraen a los automovilistas en las autopistas. La solución: no hay espectaculares. Seguramente dejan de percibir dinero los dueños de los predios aledaños a las carreteras, pero el interés público y con él la razón, se imponen.

El capítulo más reciente de esta forma de proceder se puede observar en las pretendidas reformas al marco normativo de la fiscalización superior en Jalisco. Vaya que hay estudios que indican las cualidades que debe reunir un sistema de fiscalización. También hay un catálogo de "las mejores prácticas" en esta materia. Pero la razón parece no importar, ni la aspiración ciudadana de contar (por lo menos en el papel) con algo que rescate el alicaído orgullo jalisciense. Lo que importa es imponerse, vencer sin convencer.

Vale la pena preguntarnos si nuestros supuestos representantes populares tienen noción de la teoría de la representación. Se supone que vivimos en un régimen republicano y representativo. Y, si no se les ha olvidado, a quienes deben representar es a los ciudadanos, además de reivindicar el interés público.

Si tienen una ligera noción de lo anterior, no se explica que su forma de proceder sea tan menor, a menos que piensen que los ciudadanos queremos la simulación, que nos gusta el subdesarrollo y que nos encanta ser premodernos. Solamente así se explicaría que no tengan altura de miras y que gasten su tiempo en una puesta en escena de pésima manufactura.

La fiscalización tiene que ver con rendir cuentas, con ser responsables de sus actos, con explicar de cara a la sociedad las acciones que se desarrollan. Por eso es importante contar con una normatividad de avanzada en esta materia.

El Poder Legislativo es clave para revertir el proceso de deterioro institucional y la lógica de enemistad que prevalece entre ciudadanos y autoridades. Al realizar una reforma en materia de fiscalización, de rendición de cuentas, deben explicar de frente a la ciudadanía las razones para no ir más allá, para renunciar a un modelo más moderno, eficiente y eficaz.

Si en el proceso de una reforma en materia de rendición de cuentas, no son capaces de rendirlas; si la materia que nos ocupa tiene que ver con responsabilidad y no son responsables o no están a la altura de los estudios académicos; si quieren que la ciudadanía refuerce su percepción de que la fiscalización en realidad es una lavandería y un intercambio de cartitas... podrán imponerse y vencer, pero lo harán sin convencernos que son representantes populares.

Definitivamente no están demostrando estar a la altura de sus promesas, de lo que dicen sus plataformas electorales ni de sus sueldos. Tampoco demuestran tener la estatura para ser lo que les manda la ciencia política y la norma: contrapesos y vigilantes de los demás poderes. Los jaliscienses requieren representantes que se esfuercen por no permitir que Jalisco se siga hundiendo en cuanto indicador aparece. Para lograrlo se requieren representantes con autoridad y que convenzan.


rogelio_campos@yahoo.com