En cuatro meses iniciará el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Algunas encuestadoras ya han publicado resultados de intención de voto con miras a la elección de la cual nos separan 13 meses. La noticia es el repunte del PRI, que incluso se empieza a perfilar para un triunfo en 2012.
Lejos quedaron los días en los que Felipe Calderón pensaba en llevarse la mayoría absoluta en la elección intermedia. Eran los primeros días del sexenio, las encuestas arrojaban resultados muy favorables para el Presidente y su partido. Había optimismo sobre las expectativas económicas y políticas.
El Presidente puso en marcha los operativos militares y hasta apareció enfundado y tocado con accesorios del uniforme militar, aumentando su popularidad y posicionando la inseguridad como el principal problema de México, no obstante que en todas las mediciones anteriores la economía era lo que más preocupaba a los mexicanos. Por algo se autonombró el Presidente del Empleo.
A 18 meses de distancia, no se ve la forma en la que el PAN obtenga la mayoría del Congreso. Los números indican que podría reducirse el número de diputados respecto a los que hoy tiene. Conforme se publican estudios de opinión, dan cuenta de esta tendencia y ofrecen datos que la explican.
Recién llegado Calderón a la Presidencia, el partido con el que más se identificaban los mexicanos era el PAN. En marzo, Consulta Mitofski reportó que por primera vez en el sexenio el PRI ha tomado una ligera delantera, dejando a Acción Nacional en la segunda posición. La tasa de rechazo del PAN se mantiene en los mismos niveles en que se encontraba al inicio del sexenio, mientras que los mexicanos que rechazan al PRI cada vez son menos y, aunque parezca increíble, lo mismo ha sucedido con el PRD, aunque todavía conserva la mayor tasa de rechazo entre los tres partidos grandes.
Al preguntar a los encuestados cómo actuarían si hoy fueran las elecciones, la mayoría dijeron votar por el PRI, seguidos muy de cerca por el PAN, y con el PRD en un lejano tercer lugar.
La cantidad de mexicanos que percibe un empeoramiento de la situación política y económica aumenta de manera alarmante. Los resultados en algunos casos son los peores de los últimos ocho años. Esto se confirma con la encuesta publicada por MURAL el domingo pasado y con el índice de confianza de los consumidores, que evalúa sus percepciones tanto de las finanzas del hogar como de las del país. Esta medición cayó en mayo estrepitosamente respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa el peor retroceso en seis años.
La encuesta de MURAL arroja una calificación aprobatoria para el Presidente, misma que se ha mantenido más o menos estable desde que asumió. Sin embargo, su liderazgo, credibilidad y actuación en rubros específicos se desinfla de manera constante, aunque lenta. Ya no es vigente la frase "sí le va bien al Presidente, le va bien al país".
Algunas variables que explican el descenso de las cifras tienen que ver con situaciones externas, como la crisis y carestía alimentaria, las presiones inflacionarias y la recesión económica del vecino país que repercute en una baja de las exportaciones y en la disminución del envío de remesas. Otras variables son consecuencia de la "guerra" en la que estamos inmersos y que, de acuerdo con la encuesta de MURAL, cada día genera más pesimismo en los mexicanos.
Las consecuencias de las variables expuestas no necesariamente han llegado al límite. De seguir las tendencias, el PAN podría llegar a la elección en las peores circunstancias.
Hace algunas semanas, Andrés Oppenheimer trataba en su programa televisivo el tema del petróleo. Se comentó que, en tanto el precio del petróleo se mantuviera alto, Hugo Chávez seguiría teniendo aliados en los Jefes de Estado de la región. Es el mismo caso de México, pero con una diferencia: en tanto siga alto el precio del petróleo, Calderón tendrá aliados en los Gobernadores.
Sin embargo, hasta el tema de los excedentes petroleros empieza a minar la alianza del Ejecutivo federal con los Gobernadores. Se dice que ahora no hay excedentes y eso puede tensar las relaciones. Pero aun resolviéndose, difícilmente los Gobernadores no panistas harán alianza con Calderón o con el PAN. No hay incentivos para hacerlo en la elección intermedia, como sí los hubo en el 2006, pues sin ella no se explica el triunfo de Calderón.
Según la encuesta de Mitofsky, los Gobernadores priistas son los mejor calificados por los mexicanos, y los panistas acaban de perder el segundo lugar dejándolo en manos de los perredistas. Los Gobernadores, como lo vienen haciendo, emplearán los recursos para favorecer a sus candidatos. Si hay excedentes petroleros lo harán con mayor éxito. El festín de los excedentes explica la práctica inexistencia de alternancia en los Estados desde que existe esta aberrante repartición que se ejerce con la mayor discrecionalidad. Hasta Mario Marín arrasó en las elecciones intermedias locales.
El jueves, la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) dio a conocer su Encuesta Nacional Gobierno, Sociedad y Política (http://www.gabinetece.com.mx/index.html). El estudio señala que si hoy fueran las elecciones para Presidente, el PRI triunfaría con Enrique Peña como candidato. Los otros candidatos visibles son Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones. Por el PAN encabezan la lista Santiago Creel, Josefina Vázquez y Camilo Mouriño; y por el PRD Marcelo Ebrard, AMLO y Lázaro Cárdenas. Estamos todavía muy lejos, pero el PRI vive su mejor momento de los últimos ocho años.
En el caso de Jalisco, la encuesta de GCE reprueba al Gobernador (lugar 26), revela que los jaliscienses votarían abrumadoramente por Peña Nieto, pero también indica que el PAN es por mucho (muchísimo) el partido que los jaliscienses sienten más cercano.
rogelio_campos@yahoo.com
sábado, 7 de junio de 2008
sábado, 31 de mayo de 2008
Arbitrariedad
¿Usted sabe en dónde edificarán una torre de departamentos? Seguramente no. No lo sabe porque la viabilidad de la edificación depende del capricho y del arbitrio de la autoridad. Usted, seguramente sí sabe que los diputados son capaces de multiplicar los ingresos de los partidos, indemnizar a los consejeros actuales y nombrar nuevos... esto lo sabe porque tiene claro que los diputados, cuando se ponen de acuerdo con quienes pudieran objetar sus decisiones, no tienen más límite que su arbitrio y su capricho. También lo tiene claro, porque sabe que no hay medios de defensa ante estas arbitrariedades.
Estos actos demuestran que estamos muy lejos del poder institucionalizado que se caracteriza por la previsibilidad del poder, esto es, por estar lejos de la arbitrariedad y del capricho de los gobernantes. Rodrigo Borja, en su "Enciclopedia de la Política", explica con gran claridad las características del poder institucionalizado.
Los políticos, en sus discursos, recurren frecuentemente a las instituciones. Sin embargo, no pasa de ahí. La institucionalización se contrapone a los madruguetes y las decisiones accidentadas. El poder institucionalizado se traduce en la existencia de límites para la autoridad y, sobre todo, en que los ciudadanos tienen conocimiento de los mismos y mecanismos para contrarrestar las acciones que los sobrepasen.
El poder institucionalizado es un indicador del grado de desarrollo político. Si la institucionalización es sinónimo de límites y del conocimiento que de los mismos tiene la ciudadanía, vale la pena cuestionar nuestro grado de desarrollo político y. por consecuencia, de institucionalización.
El 1 de septiembre de 2006, Andrés Manuel López Obrador pronunció la frase "al diablo con las instituciones", misma que le valió la reprobación de analistas, personajes de la vida política y de la opinión pública. Al expresarlo, no solamente desdeñaba los caminos que ofrecen las instituciones, también refería la caducidad de las mismas. Hay personajes de la vida pública que, sin decirlo, abonan a confirmar que las instituciones están caducas y además las desdeñan con sus hechos arbitrarios y caprichosos.
Un botón de muestra es la convocatoria que publicaron los diputados esta semana en los medios impresos. Se invitaba a registrar candidatos a magistrados electorales. El plazo para hacer llegar las propuestas vencía ¡el mismo día de su publicación! El mínimo sentido común indica que entre la publicación (de preferencia deberían ser varias) y el cierre de registros debe transcurrir un plazo razonable. Sin embargo, en una maniobra accidentada y desaseada atentaron contra principios básicos de la institucionalización. El mensaje es que las reglas incomodan, que no importa la intención de las mismas y que se cumplen por compromiso y no por convicción. Las reglas se reducen a un mero trámite y no se atienden en una dimensión más amplia.
La institucionalización del poder es una consecuencia de que la sociedad se ha dado cuenta de la necesidad de contar con modelos de comportamiento considerados como racionales y de aceptación general. Cuando la sociedad se da cuenta de esto, construye los modelos que se consideran convenientes. Los modelos funcionan o no; si solamente aparentan funcionar, entonces no sirven. La institucionalización no se da hasta en tanto estos modelos han demostrado que, además de servir, han madurado. Lo anterior implica responsabilidad de quienes los diseñan y luego se sujetan a ellos. La irresponsabilidad y la frivolidad no conducen a la institucionalización.
Por eso, sostengo que estamos lejos de la institucionalización del poder. No podemos hablar de que nos hemos dado cuenta de la necesidad de contar con reglas vigentes de aceptación general. Por lo menos a nuestros representantes no les caído el veinte. Darse cuenta de la necesidad implica el compromiso de llegar a las últimas consecuencias por conseguirlo. Mucho menos podemos hablar de que contamos con esas reglas si son letra muerta; y si ni siquiera existen como normas eficaces, mejor no hablemos de su maduración y perfeccionamiento.
Los ciudadanos también somos cómplices de esta situación. Son los ciudadanos quienes a pesar de tener noción de lo correcto sacan provecho de las decisiones arbitrarias.
Los países en los que han madurado estos modelos terminan protegiéndolos con sus leyes. Lo anterior implica que hay normas jurídicas para combatir la vulneración de los modelos. Eso y no otra cosa es el poder institucionalizado, y este es el cimiento de la seguridad jurídica, de la que casi no se habla porque ni siquiera podemos con la seguridad pública.
La discrecionalidad que se ejerce sobre los nombramientos, permisos de construcción, entrega de donativos y todo lo que tome por sorpresa a la sociedad es lo contrario al poder institucionalizado. Las veleidades personales, caprichos, arbitrariedades y atentados contra lo que se considera correcto es propio de las sociedades premodernas y del subdesarrollo político. Ahí es justo donde estamos situados.
rogelio_campos@yahoo.com
Estos actos demuestran que estamos muy lejos del poder institucionalizado que se caracteriza por la previsibilidad del poder, esto es, por estar lejos de la arbitrariedad y del capricho de los gobernantes. Rodrigo Borja, en su "Enciclopedia de la Política", explica con gran claridad las características del poder institucionalizado.
Los políticos, en sus discursos, recurren frecuentemente a las instituciones. Sin embargo, no pasa de ahí. La institucionalización se contrapone a los madruguetes y las decisiones accidentadas. El poder institucionalizado se traduce en la existencia de límites para la autoridad y, sobre todo, en que los ciudadanos tienen conocimiento de los mismos y mecanismos para contrarrestar las acciones que los sobrepasen.
El poder institucionalizado es un indicador del grado de desarrollo político. Si la institucionalización es sinónimo de límites y del conocimiento que de los mismos tiene la ciudadanía, vale la pena cuestionar nuestro grado de desarrollo político y. por consecuencia, de institucionalización.
El 1 de septiembre de 2006, Andrés Manuel López Obrador pronunció la frase "al diablo con las instituciones", misma que le valió la reprobación de analistas, personajes de la vida política y de la opinión pública. Al expresarlo, no solamente desdeñaba los caminos que ofrecen las instituciones, también refería la caducidad de las mismas. Hay personajes de la vida pública que, sin decirlo, abonan a confirmar que las instituciones están caducas y además las desdeñan con sus hechos arbitrarios y caprichosos.
Un botón de muestra es la convocatoria que publicaron los diputados esta semana en los medios impresos. Se invitaba a registrar candidatos a magistrados electorales. El plazo para hacer llegar las propuestas vencía ¡el mismo día de su publicación! El mínimo sentido común indica que entre la publicación (de preferencia deberían ser varias) y el cierre de registros debe transcurrir un plazo razonable. Sin embargo, en una maniobra accidentada y desaseada atentaron contra principios básicos de la institucionalización. El mensaje es que las reglas incomodan, que no importa la intención de las mismas y que se cumplen por compromiso y no por convicción. Las reglas se reducen a un mero trámite y no se atienden en una dimensión más amplia.
La institucionalización del poder es una consecuencia de que la sociedad se ha dado cuenta de la necesidad de contar con modelos de comportamiento considerados como racionales y de aceptación general. Cuando la sociedad se da cuenta de esto, construye los modelos que se consideran convenientes. Los modelos funcionan o no; si solamente aparentan funcionar, entonces no sirven. La institucionalización no se da hasta en tanto estos modelos han demostrado que, además de servir, han madurado. Lo anterior implica responsabilidad de quienes los diseñan y luego se sujetan a ellos. La irresponsabilidad y la frivolidad no conducen a la institucionalización.
Por eso, sostengo que estamos lejos de la institucionalización del poder. No podemos hablar de que nos hemos dado cuenta de la necesidad de contar con reglas vigentes de aceptación general. Por lo menos a nuestros representantes no les caído el veinte. Darse cuenta de la necesidad implica el compromiso de llegar a las últimas consecuencias por conseguirlo. Mucho menos podemos hablar de que contamos con esas reglas si son letra muerta; y si ni siquiera existen como normas eficaces, mejor no hablemos de su maduración y perfeccionamiento.
Los ciudadanos también somos cómplices de esta situación. Son los ciudadanos quienes a pesar de tener noción de lo correcto sacan provecho de las decisiones arbitrarias.
Los países en los que han madurado estos modelos terminan protegiéndolos con sus leyes. Lo anterior implica que hay normas jurídicas para combatir la vulneración de los modelos. Eso y no otra cosa es el poder institucionalizado, y este es el cimiento de la seguridad jurídica, de la que casi no se habla porque ni siquiera podemos con la seguridad pública.
La discrecionalidad que se ejerce sobre los nombramientos, permisos de construcción, entrega de donativos y todo lo que tome por sorpresa a la sociedad es lo contrario al poder institucionalizado. Las veleidades personales, caprichos, arbitrariedades y atentados contra lo que se considera correcto es propio de las sociedades premodernas y del subdesarrollo político. Ahí es justo donde estamos situados.
rogelio_campos@yahoo.com
sábado, 24 de mayo de 2008
Las designaciones que vienen
En los próximos meses, el Poder Legislativo designará nuevos integrantes del Instituto de Transparencia, del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral. Los nubarrones de los procesos de selección están a la vista. Antes, la designación de este tipo de cargos se basaba en un modelo diferente. Las ventajas que en principio ofrecía el nuevo modelo sobre el anterior no eran pocas, pero se quedaron en el papel.
La propuesta la hacía el Ejecutivo y la turnaba al Legislativo para que escogiera de entre ternas. Ahora, el centro de las negociaciones se encuentra en el Legislativo. El cambio no se ha manifestado en mejores prácticas de transparencia en las negociaciones. El mal que aquejaba al proceso anterior solamente cambió de domicilio y agregó algunos actores.
Antes, las propuestas enviadas por el Ejecutivo eran negociadas por los coordinadores parlamentarios, que a su vez atendían las consideraciones de dirigentes partidistas. Ahora, la indisciplina y la balcanización al interior de los grupos parlamentarios, y su divorcio con las dirigencias, dan como resultado que una fracción de la fracción pueda impulsar y conseguir posiciones.
Inicialmente, el nuevo modelo ofrecía la bondad de convocar a la sociedad para que presentara propuestas. Ahora, esta posibilidad se ha convertido en un requisito fácilmente salvable y en una práctica de simulación. El modelo se ha querido perfeccionar con la evaluacionitis. Se somete a los integrantes a un examen de conocimientos. En la designación de los actuales consejeros del ITEI, quienes obtuvieron los más altos puntajes tuvieron como recompensa sólo eso: su calificación. Algo similar sucedió con el Tribunal Administrativo y con el Instituto Electoral.
Donde no sucedió eso fue en el Tribunal Electoral. Ahí, los aspirantes hicieron examen y se quedaron en eso. El proceso fue interrumpido por recursos ante la Corte. Esta es otra de las novedades del nuevo modelo: las impugnaciones del Poder Judicial o de los ciudadanos que ocupaban los puestos o que aspiraban a ocuparlos. Estas impugnaciones desembocaron recientemente en indemnizaciones Millonarias (con mayúscula)... y en la restitución de los que antecedieron a los actuales. Ya mejor ni hablar del proceso para sustituir a los actuales, que por cierto resolvieron los recursos para determinar legalidad o ilegalidad de dos elecciones (2003 y 2006) sin que, en estricto sentido legal, les correspondiera hacerlo. Una chulada.
El nuevo modelo es tan arcaico que todavía pide a los aspirantes carta de Policía, práctica considerada inconstitucional. También exige un mínimo de residencia en Jalisco si no nacieron en el Estado... y también es inconstitucional. No obstante, muchos aspirantes en esa condición no entregan sus papeles inhibidos por la disposición y por el desconocimiento de la inconstitucionalidad de la medida.
Contra toda lógica y argumentos académicos se evita la designación de estos cargos por periodos prolongados (mínimo siete años). Lo anterior desemboca en que el Legislativo esté permanentemente tensionado por estas designaciones, y que sean moneda de cambio frente a la aprobación de cuentas o de leyes.
A los vericuetos que representa el nuevo modelo de designación se suma el debate desordenado de actores sociales, quienes se consideran la encarnación misma de la sociedad civil. Estos illuminati empujaron la creación de organismos "ciudadanos" y no asumen que los mismos son una figura transitoria que es reemplazada por organismos profesionales.
Los illuminati no entienden las consecuencias de la creación de estos organismos. Al interior de estos institutos se incubó un nuevo tipo de burocracia: servidores públicos más o menos especializados en la materia (electoral, derechos humanos, transparencia). En no pocos casos, el personal designado por la alta dirección tiene mayor conocimiento que los propios consejeros, y legítimamente tienen también la aspiración de convertirse en consejeros.
Tampoco entienden que ante la ausencia de un servicio civil de carrera, los incentivos de los directivos y del personal por permanecer en esa condición son menores, y aumentan los de aspirar a las máximas posiciones directivas. Ni qué decir que fueron algunos de estos iluminados, o personas alabadas por ellos, quienes han sido omisos en la implementación de un servicio civil de carrera en estos organismos.
Los illuminati esperan el momento de la convocatoria para, en ceremonias sagradas frente a tazas de café, hacer las listas de los que consideran aptos y condenar (sin pruebas) a quienes no merecen llegar al cargo. Basan sus juicios en la subjetividad, en el supuesto conocimiento que tienen sobre ellos. Luego, andan enmendando el juicio emitido.
Los medios de comunicación también abonan a las perversiones del nuevo modelo. Sólo se pone atención a los organismos cuando ya es inminente la renovación de los consejeros o magistrados. Rara vez se exige un sistema de indicadores sobre su desempeño o se da seguimiento a los pocos existentes. No se toma parecer a los integrantes de los órganos máximos de dirección acerca de la problemática estructural que se vive al interior, y se trivializan las diferencias dentro de los cuerpos colegiados.
Ni qué decir de las prácticas emergentes que produce la evolución del moderno modelito. Ahora los partidos amenazan con cortarles la cabeza a los consejeros electorales que se niegan a exonerar a los partidos por haber rebasado los topes en los gastos de campaña. Les piden a los consejeros contar bien los votos, pero no los spots ni los dineros. Eso se ganan los renuentes por no ser alquimistas.
Los tiempos han cambiado, pero lo que se avizoraba como un progreso ha desembocado en un modelo arcaico y pervertido.
La propuesta la hacía el Ejecutivo y la turnaba al Legislativo para que escogiera de entre ternas. Ahora, el centro de las negociaciones se encuentra en el Legislativo. El cambio no se ha manifestado en mejores prácticas de transparencia en las negociaciones. El mal que aquejaba al proceso anterior solamente cambió de domicilio y agregó algunos actores.
Antes, las propuestas enviadas por el Ejecutivo eran negociadas por los coordinadores parlamentarios, que a su vez atendían las consideraciones de dirigentes partidistas. Ahora, la indisciplina y la balcanización al interior de los grupos parlamentarios, y su divorcio con las dirigencias, dan como resultado que una fracción de la fracción pueda impulsar y conseguir posiciones.
Inicialmente, el nuevo modelo ofrecía la bondad de convocar a la sociedad para que presentara propuestas. Ahora, esta posibilidad se ha convertido en un requisito fácilmente salvable y en una práctica de simulación. El modelo se ha querido perfeccionar con la evaluacionitis. Se somete a los integrantes a un examen de conocimientos. En la designación de los actuales consejeros del ITEI, quienes obtuvieron los más altos puntajes tuvieron como recompensa sólo eso: su calificación. Algo similar sucedió con el Tribunal Administrativo y con el Instituto Electoral.
Donde no sucedió eso fue en el Tribunal Electoral. Ahí, los aspirantes hicieron examen y se quedaron en eso. El proceso fue interrumpido por recursos ante la Corte. Esta es otra de las novedades del nuevo modelo: las impugnaciones del Poder Judicial o de los ciudadanos que ocupaban los puestos o que aspiraban a ocuparlos. Estas impugnaciones desembocaron recientemente en indemnizaciones Millonarias (con mayúscula)... y en la restitución de los que antecedieron a los actuales. Ya mejor ni hablar del proceso para sustituir a los actuales, que por cierto resolvieron los recursos para determinar legalidad o ilegalidad de dos elecciones (2003 y 2006) sin que, en estricto sentido legal, les correspondiera hacerlo. Una chulada.
El nuevo modelo es tan arcaico que todavía pide a los aspirantes carta de Policía, práctica considerada inconstitucional. También exige un mínimo de residencia en Jalisco si no nacieron en el Estado... y también es inconstitucional. No obstante, muchos aspirantes en esa condición no entregan sus papeles inhibidos por la disposición y por el desconocimiento de la inconstitucionalidad de la medida.
Contra toda lógica y argumentos académicos se evita la designación de estos cargos por periodos prolongados (mínimo siete años). Lo anterior desemboca en que el Legislativo esté permanentemente tensionado por estas designaciones, y que sean moneda de cambio frente a la aprobación de cuentas o de leyes.
A los vericuetos que representa el nuevo modelo de designación se suma el debate desordenado de actores sociales, quienes se consideran la encarnación misma de la sociedad civil. Estos illuminati empujaron la creación de organismos "ciudadanos" y no asumen que los mismos son una figura transitoria que es reemplazada por organismos profesionales.
Los illuminati no entienden las consecuencias de la creación de estos organismos. Al interior de estos institutos se incubó un nuevo tipo de burocracia: servidores públicos más o menos especializados en la materia (electoral, derechos humanos, transparencia). En no pocos casos, el personal designado por la alta dirección tiene mayor conocimiento que los propios consejeros, y legítimamente tienen también la aspiración de convertirse en consejeros.
Tampoco entienden que ante la ausencia de un servicio civil de carrera, los incentivos de los directivos y del personal por permanecer en esa condición son menores, y aumentan los de aspirar a las máximas posiciones directivas. Ni qué decir que fueron algunos de estos iluminados, o personas alabadas por ellos, quienes han sido omisos en la implementación de un servicio civil de carrera en estos organismos.
Los illuminati esperan el momento de la convocatoria para, en ceremonias sagradas frente a tazas de café, hacer las listas de los que consideran aptos y condenar (sin pruebas) a quienes no merecen llegar al cargo. Basan sus juicios en la subjetividad, en el supuesto conocimiento que tienen sobre ellos. Luego, andan enmendando el juicio emitido.
Los medios de comunicación también abonan a las perversiones del nuevo modelo. Sólo se pone atención a los organismos cuando ya es inminente la renovación de los consejeros o magistrados. Rara vez se exige un sistema de indicadores sobre su desempeño o se da seguimiento a los pocos existentes. No se toma parecer a los integrantes de los órganos máximos de dirección acerca de la problemática estructural que se vive al interior, y se trivializan las diferencias dentro de los cuerpos colegiados.
Ni qué decir de las prácticas emergentes que produce la evolución del moderno modelito. Ahora los partidos amenazan con cortarles la cabeza a los consejeros electorales que se niegan a exonerar a los partidos por haber rebasado los topes en los gastos de campaña. Les piden a los consejeros contar bien los votos, pero no los spots ni los dineros. Eso se ganan los renuentes por no ser alquimistas.
Los tiempos han cambiado, pero lo que se avizoraba como un progreso ha desembocado en un modelo arcaico y pervertido.
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