El portal de mural.com publicó ayer "Falta apoyo a empresarios". La nota reporta ésta y otras declaraciones del presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean. El influyente hombre de negocios expuso que en México no se respalda a las empresas nacionales, mientras que en la Unión Americana y en España sí lo hacen. Sería muy interesante escuchar y leer las reacciones al respecto, de quienes en los medios de comunicación se han empeñado en exorcizar el demonio del populismo y han abrazado el noble oficio del culto al mercado.
Las declaraciones del empresario de la televisión nos permiten abordar varios temas. Quizás el menos serio de todos sea el hecho de que Emilio González puede asumirse como alguien que sí apoya a las empresas nacionales. Azcárraga no puede reprochar esa falta de apoyo a las autoridades jaliscienses. Que excluya a Jalisco de las autoridades que no apoyan.
También nos permite abordar el tema de los "rescates": el bancario y el carretero. Los empresarios de estos ámbitos tampoco se pueden quejar de que no han sido apoyados por el Gobierno. Han sido apoyados al grado de que una vez que algunos de ellos han quebrado sus negocios, se les ha "rescatado" y se les han adjudicado de nueva cuenta concesiones en las que habían fracasado anteriormente. En estos casos, no solamente hay apoyo, sino que hay cariño. Que Azcárraga excluya a los banqueros y carreteros del sector de no apoyados.
Ahora abordemos el tema de los apoyos que se proporcionan por parte del Gobierno y que son tan cacareados en los medios de comunicación, incluyendo los que son propiedad de Azcárraga. ¿Quiere decir que los programas de la Secretaría de Economía, Bancomext, etcétera, no funcionan, o no los está considerando Azcárraga?... ¿O quiere decir que se requiere de más apoyo del que se proporciona?
Hay otras excepciones que debemos ponderar. La de los empresarios que han sido invitados a colaborar en cargos públicos: llegaron para enseñar la forma correcta de administrar, eliminar la corrupción y dar resultados. Hay decenas que han sido invitados a cargos en diversos ámbitos de Gobierno. Prácticamente ninguno ha destacado por lograr los objetivos ofrecidos. Lo que sí ha ocurrido es que al paso de los años se encariñaron tanto con la función pública que abandonaron sus negocios, dejaron de ser empresarios y pasaron a ser burócratas de altos vuelos. A estos empresarios sí se les apoyó: se les proporcionó un sueldo alto y varias prestaciones, inclusive algunas que no existían en el sector público y que fueron importadas por ellos, como los bonos, seguros dotales, etcétera.
Azcárraga acusó que mientras en México ha habido varios Presidentes y políticos que se han robado muchísimo dinero, a las empresas no se les apoya. Sería interesante que en los medios de Azcárraga se ventilara con detalle los montos de lo robado y los nombres de los rateros. También amerita que se ventile el nombre de los empresarios que han propiciado el enriquecimiento de los Presidentes y políticos. Estos empresarios seguramente han sido obligados, por la falta de apoyo gubernamental, a corromper o participar en la corrupción de los políticos y así poder obtener los apoyos que el Gobierno no proporciona de manera institucional. Así habrían logrado muchos apoyos que se han traducido en jugosos negocios.
Así como seguramente hay empresarios que no son apoyados, también hay algunos a quienes se apoya de más. El caso de la construcción de torres en Guadalajara y Puerto Vallarta es por demás contundente. La autoridad les hace planes parciales a modo. Si no se puede edificar más de 10 pisos... muy sencillo, ¡cambien el plan! ¿No que no hay apoyo?
Azcárraga dijo que en Estados Unidos y España se apoya a las empresas nacionales y que en México no sucede así. Tiene razón. De hecho, es lo que pelea el sector más desfavorecido de campesinos frente al TLCAN. Esas reacciones propiciaron que no pocos académicos e intelectuales se pusieran muy mal y la emprendieran contra esa bola de retrógrados. A ver si ahora hacen lo mismo con Azcárraga.
Azcárraga dijo: "Ahí vemos cómo los americanos y su Gobierno defienden a las empresas americanas, lo mismo en España. Y en México lo que se dice es que no hay que apoyar a las empresas mexicanas, en todos los rubros, no sólo en televisión". Tiene razón en eso de la falta de apoyo. Pero tampoco se apoya al transporte público, las prestaciones sociales, la difusión de cuestiones culturales, el cuidado a la ecología y una larga lista de temas que no son atendidos en México como sí se hace en la Unión Americana y en España.
Le faltó decir a Azcárraga que la falta de apoyo no se manifiesta sólo en los empresarios existentes, sino en los potenciales. México tiene una penetración crediticia del 15 por ciento con relación al PIB. Chile 40, Brasil 50, Tailandia 100 y China 150 por ciento. Sin financiamiento no hay nuevos empresarios y sin nuevos empresarios no hay competencia que beneficie al consumidor.
Hablando de Azcárraga, fue imposible no recordar las concesiones de centros de apuestas que le otorgó Creel. Hablando de apuestas, apuesto a que los adoradores del libre mercado, a pesar de tener en las declaraciones de Azcárraga una oportunidad de pronunciarse con la fiereza con la cual arremeten contra los grupos que defienden los temas que tampoco son apoyados en México... finalmente, con él no lo harán.
rogelio_campos@yahoo.com
sábado, 9 de febrero de 2008
sábado, 2 de febrero de 2008
Cuentacuentos
La semana pasada señalamos el incumplimiento a diversos ordenamientos por parte del titular de la Comisión Estatal del Agua ("Más claro, ni el agua"). La reacción del Gobernador ante flagrante infracción es en principio desconcertante e inmediatamente decepcionante. Si Emilio González Márquez no ve o no quiere ver la violación flagrante y clarísima por parte de su colaborador, no hay razones para que los ciudadanos puedan confiar en sus propuestas presentadas ayer en materia de rendición de cuentas.
César Coll cobró un bono indebidamente, violando la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la Ley del Agua, la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Esta violación tiene como consecuencia la aplicación de sanciones. La prohibición y la sanción existen en la Ley, no en el ánimo del Gobernador.
Una de las excusas de Coll es que los organismos descentralizados son autónomos para determinar este tipo de pagos, confundiendo la independencia con indolencia, y entendiendo la autonomía como una patente de corso presupuestal.
Podemos recurrir a la nota de MURAL del 15 de noviembre de 2006, ahí se registra la devolución de un bono que fue otorgado a funcionarios de primer nivel del ITEI. Otro organismo constitucional autónomo (OCA) es el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. MURAL publicó el 12 de julio de 2007 "Prohíben bonos para consejeros"; la nota registra que, ante la duda de los consejeros para otorgarse este tipo de beneficios, quisieron curarse en salud consultándolo con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, instancia que finalmente podría determinar lo indebido de la conducta.
La respuesta de la ASEJ fue contundente: "Bajo ninguna circunstancia, puede otorgar o recibir bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por conclusión del encargo, u otras percepciones de similar naturaleza adicionales a la remuneración cualquiera que sea su denominación", asegurando que no lo podían otorgar atendiendo los artículos 46, 54 bis, 54 bis 1, 54 bis 7 y 55 de la Ley para los Servidores Públicos.
El IEEJ y el ITEI son OCAs, y por tanto gozan de mayor autonomía que los descentralizados, como el que dirige Coll. No hay que darle tantas vueltas, las normas no pueden ser más claras. Lo único que es más claro que los dispositivos legales vulnerados es la ambición de quien lo toma (Coll) y la displicencia del Gobernador.
MURAL publicó el pasado martes 29 "Quita Ejecutivo dádivas a OPDs". La nota refiere que se le hizo ver al Gobernador la violación legal por parte de César Coll. Le fueron citados los artículos que prohíben este tipo de conductas, se le hizo ver que la CEA se rige por la ley de servidores públicos... Total, que los reporteros le habrían querido dar el ABC de las reglas que prohíben los bonos, y la respuesta de Emilio González ante ello está para enmarcarse: "justificó la entrega del bono ya que en 2007 la orden de no bonos era, exclusivamente, para los Secretarios y no incluía a los OPDs.
"Para este segundo año estaremos haciendo extensiva la obligación (de no recibir ni otorgar bonos) a los Organismos Públicos Descentralizados y en ese momento ni él (César Coll) ni ninguno recibirán el bono", dijo el Mandatario.
Dejamos el terreno de la República para entrar en la Monarquía. En las monarquías la palabra del Rey es la ley, por eso es el Soberano (por encima de todos). Lo que es más, hay de monarquías a monarquías; en las que el monarca es la ley son las absolutas, y en las que debe someterse a la ley son las constitucionales. En la República (que creo que todavía es nuestro caso), la ley está por encima del gobernante. De manera que estas disposiciones no debieron cumplirse por instrucción del Gobernador, sino porque simplemente lo ordena la ley, y en una partecita que se llama "Transitorios", dice la fecha en la que empieza a tener vigencia la norma. Tuve el cuidado de verificar los transitorios de todas las leyes violadas alegremente, y en ninguna parte dice que la vigencia está condicionada a que el Gobernador gire una orden al respecto.
Con esta declaración se rompen los paradigmas de lo bochornoso y de la indignación. El Gobernador entra de lleno en terrenos inexplorados. Todavía hay más: "el Gobernador, contrario a lo que dice la ley, señaló que esta dependencia, y todos los Organismos Públicos Descentralizados, tienen autonomía para decidir respecto a los bonos" (MURAL 29/1/08). Desconozco quién lo asesore en estos temas, pero sí le puedo asegurar que cualquier estudiante de tercer semestre de Derecho, de cualquier universidad, le alcanza a decir que no es así.
Seguimos con la nota: "se le insistió al Mandatario estatal que la Ley Antibonos es para todos los servidores públicos, sin importar si son de una Secretaría o de un OPD", y respondió: "No, no estaba para todos".
"Según el argumento del Gobernador, son las juntas de Gobierno de los OPDs donde se fija el sueldo de los funcionarios". Contrario a lo que dice el Gobernador, los Secretarios tenían que dejar de darse bonos por mandato de ley, no por mandato de él. Contrario a lo que dice el Gobernador, las juntas de gobierno de los OPDs no pueden decidir en contra de lo que manda la ley.
Con esas "interpretaciones" ante dispositivos sumamente claros, es difícil confiar en la propuesta que presentó ayer el Gobernador, respecto a hacer informes cuatrimestrales y no, anuales. Dice que los anuales son para lucimiento personal, al mismo tiempo que su imagen o su voz se difunde por todos los medios posibles.
Ahí está un caso concreto (el bono de Coll) para que se rindan cuentas y no para que nos cuenten cuentos... malos, por cierto.
César Coll cobró un bono indebidamente, violando la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la Ley del Agua, la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Esta violación tiene como consecuencia la aplicación de sanciones. La prohibición y la sanción existen en la Ley, no en el ánimo del Gobernador.
Una de las excusas de Coll es que los organismos descentralizados son autónomos para determinar este tipo de pagos, confundiendo la independencia con indolencia, y entendiendo la autonomía como una patente de corso presupuestal.
Podemos recurrir a la nota de MURAL del 15 de noviembre de 2006, ahí se registra la devolución de un bono que fue otorgado a funcionarios de primer nivel del ITEI. Otro organismo constitucional autónomo (OCA) es el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. MURAL publicó el 12 de julio de 2007 "Prohíben bonos para consejeros"; la nota registra que, ante la duda de los consejeros para otorgarse este tipo de beneficios, quisieron curarse en salud consultándolo con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, instancia que finalmente podría determinar lo indebido de la conducta.
La respuesta de la ASEJ fue contundente: "Bajo ninguna circunstancia, puede otorgar o recibir bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por conclusión del encargo, u otras percepciones de similar naturaleza adicionales a la remuneración cualquiera que sea su denominación", asegurando que no lo podían otorgar atendiendo los artículos 46, 54 bis, 54 bis 1, 54 bis 7 y 55 de la Ley para los Servidores Públicos.
El IEEJ y el ITEI son OCAs, y por tanto gozan de mayor autonomía que los descentralizados, como el que dirige Coll. No hay que darle tantas vueltas, las normas no pueden ser más claras. Lo único que es más claro que los dispositivos legales vulnerados es la ambición de quien lo toma (Coll) y la displicencia del Gobernador.
MURAL publicó el pasado martes 29 "Quita Ejecutivo dádivas a OPDs". La nota refiere que se le hizo ver al Gobernador la violación legal por parte de César Coll. Le fueron citados los artículos que prohíben este tipo de conductas, se le hizo ver que la CEA se rige por la ley de servidores públicos... Total, que los reporteros le habrían querido dar el ABC de las reglas que prohíben los bonos, y la respuesta de Emilio González ante ello está para enmarcarse: "justificó la entrega del bono ya que en 2007 la orden de no bonos era, exclusivamente, para los Secretarios y no incluía a los OPDs.
"Para este segundo año estaremos haciendo extensiva la obligación (de no recibir ni otorgar bonos) a los Organismos Públicos Descentralizados y en ese momento ni él (César Coll) ni ninguno recibirán el bono", dijo el Mandatario.
Dejamos el terreno de la República para entrar en la Monarquía. En las monarquías la palabra del Rey es la ley, por eso es el Soberano (por encima de todos). Lo que es más, hay de monarquías a monarquías; en las que el monarca es la ley son las absolutas, y en las que debe someterse a la ley son las constitucionales. En la República (que creo que todavía es nuestro caso), la ley está por encima del gobernante. De manera que estas disposiciones no debieron cumplirse por instrucción del Gobernador, sino porque simplemente lo ordena la ley, y en una partecita que se llama "Transitorios", dice la fecha en la que empieza a tener vigencia la norma. Tuve el cuidado de verificar los transitorios de todas las leyes violadas alegremente, y en ninguna parte dice que la vigencia está condicionada a que el Gobernador gire una orden al respecto.
Con esta declaración se rompen los paradigmas de lo bochornoso y de la indignación. El Gobernador entra de lleno en terrenos inexplorados. Todavía hay más: "el Gobernador, contrario a lo que dice la ley, señaló que esta dependencia, y todos los Organismos Públicos Descentralizados, tienen autonomía para decidir respecto a los bonos" (MURAL 29/1/08). Desconozco quién lo asesore en estos temas, pero sí le puedo asegurar que cualquier estudiante de tercer semestre de Derecho, de cualquier universidad, le alcanza a decir que no es así.
Seguimos con la nota: "se le insistió al Mandatario estatal que la Ley Antibonos es para todos los servidores públicos, sin importar si son de una Secretaría o de un OPD", y respondió: "No, no estaba para todos".
"Según el argumento del Gobernador, son las juntas de Gobierno de los OPDs donde se fija el sueldo de los funcionarios". Contrario a lo que dice el Gobernador, los Secretarios tenían que dejar de darse bonos por mandato de ley, no por mandato de él. Contrario a lo que dice el Gobernador, las juntas de gobierno de los OPDs no pueden decidir en contra de lo que manda la ley.
Con esas "interpretaciones" ante dispositivos sumamente claros, es difícil confiar en la propuesta que presentó ayer el Gobernador, respecto a hacer informes cuatrimestrales y no, anuales. Dice que los anuales son para lucimiento personal, al mismo tiempo que su imagen o su voz se difunde por todos los medios posibles.
Ahí está un caso concreto (el bono de Coll) para que se rindan cuentas y no para que nos cuenten cuentos... malos, por cierto.
sábado, 26 de enero de 2008
Más claro, ni el agua
Según declaraciones del titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), y el portal de transparencia del propio organismo, César Coll habría recibido en 2007 un bono, y todo indica que lo recibirá en 2008. Esta conducta está expresamente prohibida por el marco legal que debería regir, pero para el titular de la CEA es letra muerta.
El pasado jueves, MURAL publicó "Defiende Coll los bonos.- El titular de la CEA... defendió el bono que se otorgó en el 2007, por 61 mil pesos, y dejó abierta la posibilidad de recibirlo también este año". Dijo: "Como organismo autónomo tenemos ciertas facultades y se ha hecho lo correspondiente". Al cuestionársele por el bono que se otorgó en 2007, respondió "no sé cuál bono". Sus subordinados le habrían hecho ver que la información se encontraba en Internet, y entonces dijo "La Secretaría de Administración nunca nos ha turnado ningún oficio al respecto que dijera lo contrario, por lo tanto se va a quedar así".
Lo más seguro es que tenga razón y que efectivamente se quede así. Pero esto sucedería porque vivimos en un "Estado de NO Derecho", pues de aplicarse la normatividad las consecuencias apuntarían en otra dirección.
Coll se equivoca al decir que la CEA es un organismo autónomo. La CEA es un organismo descentralizado. Existen diferencias entre un organismo descentralizado y uno autónomo. Organismos autónomos lo son el Instituto Electoral del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No obstante su autonomía, los titulares de estos organismos no se otorgan bonos, y se ha llegado a la conclusión de que no pueden hacerlo.
La imposibilidad de que los titulares de los órganos autónomos se otorguen bonos se encuentra establecida en el marco legal; también las sanciones, en caso de que lo hagan.
El artículo 46 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, establece "Es causal de responsabilidad administrativa..., establecer en los presupuestos de egresos o autorizar el pago de bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por fin del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneración, cualquiera que sea su denominación. En igual responsabilidad incurre el servidor que reciba este tipo de percepciones. Las sanciones que se apliquen... son independientes de las que procedan en caso de configurarse responsabilidad política, penal o civil". Ahora sí que más claro, ni el agua.
En caso de duda podemos recurrir al artículo primero de la misma ley: "La presente ley es de orden público, de observancia general y obligatoria para los titulares y servidores públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, ayuntamientos y sus dependencias, así como para los organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado...". Más claro, ni el agua.
Si todavía tiene dudas, podemos recurrir a la ley publicada en el portal del organismo que el propio Coll dirige. El artículo 21 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios dice: "La Comisión, organismo descentralizado del Gobierno del Estado...". El artículo 22 de la misma ley ordena: "Los servidores públicos y demás empleados de la Comisión... se regirán por las disposiciones relativas a los servidores públicos del Estado". Entonces, sí es un organismo descentralizado y sí está obligado a regirse por los dispositivos legales que se han mencionado. Más claro, ni el agua.
Si la duda todavía persiste, podemos recurrir a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, concretamente al artículo 33: "Los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo aprobarán por conducto de sus propios órganos de gobierno sus respectivos presupuestos de egresos..., cumpliendo con los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad y con apego a lo establecido en la presente ley. Los presupuestos a que se refiere el presente artículo deben contener las plantillas de personal en las que se especifiquen todos los empleos públicos, así como las remuneraciones que, por concepto de salarios y prestaciones de ley, les sean asignadas a estos servidores públicos, sin que se realice la incorporación, bajo ninguna circunstancia, de bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por fin del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneración que deben recibir legalmente los servidores públicos cualquiera que sea su denominación. Más claro, ni el agua.
Retomo las declaraciones del propio Coll cuando dijo: "La Secretaría de Administración nunca nos ha turnado ningún oficio al respecto que dijera lo contrario, por lo tanto se va a quedar así". Entonces... es autónomo para darse bonos, pero ¡asume dependencia hacia la Secretaría de Administración! Y eso de que "se va a quedar así"... pues, es probable que tenga razón, pero como consecuencia de una sociedad incapaz de hacer valer la ley.
No se debería quedar así. Debería despedir, por ineptos, a quienes fungen como director Administrativo, contralor Interno y gerente Jurídico, respectivamente. Estos funcionarios debieron asesorar adecuadamente a Coll, si es que los conocimientos en la materia no le alcanzan al titular de la CEA. Además, lo anterior no salvaría a los receptores del bono de la sanción prevista en el marco legal.
Más claro, ni el agua; a menos de que el concepto que tengan del agua, en esa dependencia, que paradójicamente a eso se dedica, sea tremendamente turbio.
Bono que no has de tener, debes devolver.
rogelio_campos@yahoo.com
El pasado jueves, MURAL publicó "Defiende Coll los bonos.- El titular de la CEA... defendió el bono que se otorgó en el 2007, por 61 mil pesos, y dejó abierta la posibilidad de recibirlo también este año". Dijo: "Como organismo autónomo tenemos ciertas facultades y se ha hecho lo correspondiente". Al cuestionársele por el bono que se otorgó en 2007, respondió "no sé cuál bono". Sus subordinados le habrían hecho ver que la información se encontraba en Internet, y entonces dijo "La Secretaría de Administración nunca nos ha turnado ningún oficio al respecto que dijera lo contrario, por lo tanto se va a quedar así".
Lo más seguro es que tenga razón y que efectivamente se quede así. Pero esto sucedería porque vivimos en un "Estado de NO Derecho", pues de aplicarse la normatividad las consecuencias apuntarían en otra dirección.
Coll se equivoca al decir que la CEA es un organismo autónomo. La CEA es un organismo descentralizado. Existen diferencias entre un organismo descentralizado y uno autónomo. Organismos autónomos lo son el Instituto Electoral del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No obstante su autonomía, los titulares de estos organismos no se otorgan bonos, y se ha llegado a la conclusión de que no pueden hacerlo.
La imposibilidad de que los titulares de los órganos autónomos se otorguen bonos se encuentra establecida en el marco legal; también las sanciones, en caso de que lo hagan.
El artículo 46 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, establece "Es causal de responsabilidad administrativa..., establecer en los presupuestos de egresos o autorizar el pago de bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por fin del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneración, cualquiera que sea su denominación. En igual responsabilidad incurre el servidor que reciba este tipo de percepciones. Las sanciones que se apliquen... son independientes de las que procedan en caso de configurarse responsabilidad política, penal o civil". Ahora sí que más claro, ni el agua.
En caso de duda podemos recurrir al artículo primero de la misma ley: "La presente ley es de orden público, de observancia general y obligatoria para los titulares y servidores públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, ayuntamientos y sus dependencias, así como para los organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado...". Más claro, ni el agua.
Si todavía tiene dudas, podemos recurrir a la ley publicada en el portal del organismo que el propio Coll dirige. El artículo 21 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios dice: "La Comisión, organismo descentralizado del Gobierno del Estado...". El artículo 22 de la misma ley ordena: "Los servidores públicos y demás empleados de la Comisión... se regirán por las disposiciones relativas a los servidores públicos del Estado". Entonces, sí es un organismo descentralizado y sí está obligado a regirse por los dispositivos legales que se han mencionado. Más claro, ni el agua.
Si la duda todavía persiste, podemos recurrir a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, concretamente al artículo 33: "Los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo aprobarán por conducto de sus propios órganos de gobierno sus respectivos presupuestos de egresos..., cumpliendo con los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad y con apego a lo establecido en la presente ley. Los presupuestos a que se refiere el presente artículo deben contener las plantillas de personal en las que se especifiquen todos los empleos públicos, así como las remuneraciones que, por concepto de salarios y prestaciones de ley, les sean asignadas a estos servidores públicos, sin que se realice la incorporación, bajo ninguna circunstancia, de bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por fin del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneración que deben recibir legalmente los servidores públicos cualquiera que sea su denominación. Más claro, ni el agua.
Retomo las declaraciones del propio Coll cuando dijo: "La Secretaría de Administración nunca nos ha turnado ningún oficio al respecto que dijera lo contrario, por lo tanto se va a quedar así". Entonces... es autónomo para darse bonos, pero ¡asume dependencia hacia la Secretaría de Administración! Y eso de que "se va a quedar así"... pues, es probable que tenga razón, pero como consecuencia de una sociedad incapaz de hacer valer la ley.
No se debería quedar así. Debería despedir, por ineptos, a quienes fungen como director Administrativo, contralor Interno y gerente Jurídico, respectivamente. Estos funcionarios debieron asesorar adecuadamente a Coll, si es que los conocimientos en la materia no le alcanzan al titular de la CEA. Además, lo anterior no salvaría a los receptores del bono de la sanción prevista en el marco legal.
Más claro, ni el agua; a menos de que el concepto que tengan del agua, en esa dependencia, que paradójicamente a eso se dedica, sea tremendamente turbio.
Bono que no has de tener, debes devolver.
rogelio_campos@yahoo.com
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