Triunvirato

No hay mejor antídoto para un panista que otro panista. La evidencia empírica así lo demuestra. Tanto en el ámbito nacional como local, una vez que los panistas llegan al poder sus problemas, en la mayoría de los casos, no se deben a la Oposición, sino que tienen un origen interno, sea por una pésima actuación en el poder o sobre todo por las fisuras internas que terminan en división, persecución, fractura o confrontación.

Este patrón es el que se manifiesta con la iniciativa de reforma en materia de fiscalización, enviada por el Gobernador al Congreso. La propuesta encontró el respaldo total de las demás fuerzas políticas y resistencia en su propio partido. El Gobernador habría acordado la propuesta con todas las fuerzas políticas, pero cometió el error de no consultarlo con quienes junto con él, y según ellos (Rosales y Salinas), conformarían el triunvirato que ejerce el Poder Ejecutivo en Jalisco.

Lejos de ser la primera vez que esto sucede, ya es algo sistemático. Más allá de los pretextos que se exponen, el Gobernador ha encontrado en una subfracción panista del Congreso una Oposición sistemática y férrea. No importa el tema; no puede moverse sin sentir el rigor de la marca personal de Eduardo Rosales y Jorge Salinas.

Se han ido los tiempos en los que el partido en el poder y sus diputados apoyaban ciegamente a su gobernante, y han dado paso a una nueva configuración de fuerzas. A primera vista resulta sano, pero esta nueva realidad entraña una serie de factores que merecen ser analizados.

A lo que se ha llegado en Jalisco es a reivindicar el derecho a disentir de las propuestas del Ejecutivo. Ahora se ve como algo normal y hasta conveniente. Sin embargo, esta reivindicación no ha sido en favor del voto libre de los diputados, sino que se endosa en favor del presidente del partido en el Gobierno. Si bien hay derecho a disentir con las propuestas del Ejecutivo, este derecho no se puede ejercer contra el presidente del partido.

El Ejecutivo no debe ejercer coacción hacia los diputados, eso está bien. Lo que resulta terrible es "la nueva línea", que se refleja en la coacción que sí ejercen dos de los integrantes del triunvirato. Se ha llegado al punto de amenazar a los diputados y regidores de ser expulsados si no votan en bloque. Esta sanción podrá estar prevista en los estatutos panistas, pero sin duda contraviene el marco constitucional, aunque ha sido un mecanismo eficaz de alineamiento. Pasamos de la línea del Ejecutivo a la línea de los otros integrantes del triunvirato. El Ejecutivo pierde, el líder partidista y el coordinador de los diputados ganan, los diputados y los ciudadanos quedan igual. Sin duda, es un cambio; el punto es quiénes son los principales beneficiados.

En países desarrollados es totalmente normal que el Ejecutivo se dé a la tarea de cabildear de manera directa, el voto con cada uno de los legisladores de todos los partidos, incluido el propio. Es un "toma y daca" donde los diputados obtienen beneficios para sus distritos. Lo hacen de manera directa porque están actuando entes políticos libres y el resultado de la votación no tiene necesariamente una correlación con la configuración partidista del Congreso. Lo que escapa de toda lógica en Jalisco es la obsesión por arrinconar al Ejecutivo a tratar todos los asuntos con el presidente de su propio partido en una relación de pares, en la sala de sesiones del triunvirato. Todavía peor, en el caso de la reforma al marco de fiscalización, se podría dar el caso de que el presidente del CEN del PAN, instancia de apelación ante las diferencias de los integrantes del triunvirato, estuviera resolviendo los asuntos de los jaliscienses.

Si los diputados representan a los ciudadanos que los eligieron, es a ellos a quienes deben rendir cuentas y justificar sus actos. Si alguien puede intimidarlos y obligarlos a votar en determinado sentido, la representación popular que ostentan es una representación acotada, limitada.

Extraño escenario el que vivimos: los votos de los diputados del partido en el poder, que hacen mayoría al coincidir con las demás fuerzas políticas, son anulados por una "mayoría intrapartidista", que en realidad es minoría en el Congreso, pero que cuenta con la fuerza de dos de los integrantes del triunvirato.

Que el Ejecutivo ceda o negocie no es nuevo; tampoco lo es el hecho del poder de las minorías, que en muchos casos terminan decidiendo. Lo extraño es que estas cesiones sean con su propio partido; que la minoría que decide sea una subfracción del partido en el poder, que hasta verse perdida recurre con estridencia a los medios de comunicación.

Ante este escenario, los argumentos que se han expuesto no sorprenden. Quien públicamente ha amenazado a sus compañeros de ser expulsados de su partido, denuncia amenazas. Quien se asume como par del Gobernador, desconfía de la legitimidad de las propuestas del Ejecutivo, no importa si su mentor, en su momento, consintió el nombramiento de la misma persona. Quien ha callado ante el lavado de cuentas públicas, hoy exige rendición de cuentas.

Mientras se dirimen las disputas internas, los diputados de Oposición disfrutan el espectáculo, toman nota de los argumentos que avivan la lucha al interior del PAN y esperan el día en que los dejen ser Oposición. Entonces les habrán dejado abonado el terreno. Nada extraño. Lo curioso será ver cómo los que hoy se oponen al Gobernador serán los primeros en rasgarse las vestiduras. Sin duda, será interesante ver el catálogo de adjetivos que expresarán en su momento, mismos que les autoaplicarán de manera retroactiva.

rogelio_campos@yahoo.com

Vestiduras rasgadas

Los retazos de las vestiduras volaron sin ton ni son. La Reforma Electoral aprobada por el Senado nos ha permitido ver uno de los espectáculos cumbre del fariseísmo. Los concesionarios de los medios electrónicos y sus empleados pusieron el grito en el cielo. A su juicio, el Senado atentó contra la libertad de expresión: denunciaron que vivimos bajo una partidocracia y hasta pidieron someter la reforma a referéndum.

Con la reforma, los partidos políticos no podrán contratar espacios publicitarios por su cuenta. Las ventajas que esta medida traerá son importantes. El IFE destinará menos tiempo en los procesos de fiscalización y se estará ahorrando la revisión y cotejo de facturas. Se eliminará el trato discrecional en las tarifas, que constituía un elemento de inequidad casi nunca mencionado en los programas televisivos de análisis político.ç

Llama la atención que los concesionarios de los medios electrónicos ahora se rasguen las vestiduras, cuando ellos establecieron la política comercial de "según el sapo es la pedrada"; esto es, si un partido compra mucho le dan más barato, si compra poco, más caro. Recordemos que son los mismos que han ignorado olímpicamente el contenido del artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que las tarifas de campañas no deben ser superiores a las de publicidad comercial. En realidad, las tarifas de campaña son más caras que las comerciales. Los concesionarios se han pasado por el arco del triunfo la ley, con la complacencia de los integrantes del Consejo general del IFE (de éste, y de los anteriores).

Inclusive, en foros públicos los consejeros han defendido el hecho de que este precepto se vulnere. Vivimos en un país de instituciones y leyes (eso dicen)... siempre y cuando no se vulneren los privilegios, en este caso, de quienes reciben carretadas de dinero del erario vía los partidos políticos, y que son los mismos que critican el gasto de sumas millonarias. Son los mismos que magnifican el descrédito de los políticos y de los partidos, sin reparar que los bajos niveles de aceptación en parte se deben a las prácticas de las cuales son partícipes. Son los mismos que no transparentan los ingresos provenientes de los partidos ni de sus patrocinadores, y luego reclaman transparencia. Les conviene tener partidos y políticos débiles, pues requerirán en algún momento del auxilio de la videocracia, y es ahí cuando se puede pactar con todos, no importando el color.

En su reciente gira por la India, el Presidente Calderón dijo querer imitar el crecimiento económico de aquel país. Haríamos bien en imitar lo que en otros países está funcionando y en abandonar las prácticas que nos han llevado al lugar en el que estamos. En el caso de los spots, por qué no se dice que en Argentina la ley establece espacios en los medios de radiodifusión: 50 por ciento por igual entre todos los partidos y 50 por ciento restante en forma proporcional. Tampoco se dice que en Chile la ley establece que para las elecciones conjuntas de Presidente de la República y de diputados y senadores, los canales de televisión destinarán gratuitamente 40 minutos diarios a propaganda electoral, que se distribuirán en 20 minutos para la elección de Presidente y 20 para la elección de diputados y senadores.

Ni hablar de aquellos países desarrollados en donde los spots políticos ni siquiera existen. En esos países nadie se rasga las vestiduras por esta reglamentación, y a primera vista no tienen muchas cosas qué envidiar de la democracia mexicana. Llegar a esos niveles implica tener una sociedad más politizada, situación totalmente contraria a la que vivimos. Aquí nos hemos dedicado con singular alegría a despolitizar a la sociedad, y por eso el spot ha sido la única forma eficaz de llegar al gran electorado. Hasta el IFE ha caído en esa tentación (no solamente los actuales consejeros) renunciando a una de las funciones sustantivas que le manda el marco legal: la educación cívica. Lejos de tener un ambicioso programa en esta materia, se limita a difundir spots insulsos, vacíos.

Una sociedad despolitizada es terreno fértil para que las verdades a medias parezcan sentencias bíblicas. Esto explica que algunos pretendan tomarle el pelo a la ciudadanía. Dicen que es monstruoso remover a los consejeros, pero no dicen que en otras ocasiones se ha hecho lo mismo y que los nuevos han salido en hombros. Algunos que dicen esto han sido favorecidos por las remociones y llegado a ocupar los lugares que dejaron, sin drama, quienes fueron removidos. A los ojos de estos intelectuales, es mejor que los consejeros sean el resultado del consenso de dos partidos, como es actualmente, que de los tres principales, como aparentemente sucederá.

En una sociedad despolitizada la clase empresarial, que a su vez es aportante de campañas políticas, se asume con la mayor autoridad moral y se expresa acerca de temas democráticos, de transparencia y rendición de cuentas, sin saber bien a bien con qué se comen, y dando ejemplo, en muchísimos casos, de las peores prácticas en sus empresas y cámaras empresariales. Son los que se quejan de que el Constituyente Permanente les quite los privilegios que les dio unilateralmente, en corto y en lo oscurito, el titular del Ejecutivo (Vicente Fox).

Quienes piden referéndum (que no está en la ley), son los mismos que hace un año argumentaban que no se podía contar voto por voto, por no estar en la legislación. Los que hoy comparan a los partidos políticos (entidades de interés público) con camarillas o mafias; los que denuestan a los senadores, cuestionan las determinaciones de las instituciones democráticas y presionarán a los legisladores locales para no aprobar la reforma: son los mismos que habían venido defendiendo las instituciones. Todo esto es posible por la magia de la televisión.

Los Intocables

Vivimos tiempos de polarización. Ya es normal y hasta predecible que cada acción de Gobierno y cada propuesta de reforma al marco legal generen controversia. Lo mismo sucede si se saca al Ejército a la calle que si se pretende remover a los integrantes del consejo general del IFE. Los académicos, analistas e intelectuales se expresan a favor y en contra. Al parecer, el marco legal, las instituciones y el pacto social están agotados y ya no responden a nuestra realidad.

Algunas medidas son ampliamente aprobadas por la ciudadanía y cuentan con esa legitimidad, como las movilizaciones militares; sin embargo, no son pocos los estudiosos del tema que han señalado la debilidad del fundamento jurídico que las sustentan. La ciudadanía sabe que existe un grave problema en materia de seguridad y que las autoridades civiles encargadas de esta área ya no son competentes. Para sostener las movilizaciones y hasta ufanarse de su realización, el Gobierno ha recurrido a la legitimidad que brindan la aprobación ciudadana, la iniciativa privada y los Gobernadores. El mensaje es que el crimen organizado no es intocable, a pesar de que diversas publicaciones dan cuenta de que lo sigue siendo.

Si las movilizaciones son legales o ilegales, poco importa; la Constitución no ha sido intocable, y lo que vale es que tengan el respaldo de los factores reales de poder; quizás son efectivas y con toda seguridad son altamente rentables ante la opinión pública, eso es lo que cuenta. Se dejan de lado las recomendaciones de organismos como la ONU, que sugieren para el caso específico y actual de México sacar a las fuerzas armadas de este combate, y para ello se antepone una razón de Estado.

No cabe duda que los temas de la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico alcanzan un nivel de gravedad como para unir a los mexicanos en torno a una estrategia (legal o ilegal) que nos permita la esperanza de combatir estos males.

Sin embargo, no sucede lo mismo con otros temas que también son de la mayor importancia. El primer caso es el de la Reforma Fiscal. México apenas recauda el 9 por ciento del PIB, mientras que algunos países sudamericanos rondan el 20 y países de la Unión Europea el 30 por ciento. Esta disparidad explica la calidad de los servicios públicos, la falta de obras de infraestructura necesarias para insertarnos en el siglo 21 y el remedo de aparato estatal con que contamos, entre otras cosas. El tema fiscal es casi intocable, es de lo que se maneja con pinzas.

Pero al parecer esto no es urgente, y es que contrariamente a las acciones militares, que son motivo de orgullo y de las cuales el titular del Ejecutivo asume la honrosa y responsable paternidad, en el caso de las reformas fiscales no hay apoyo de los factores reales de poder, que en el lejano escenario de alcanzar el 20 por ciento de recaudación serían los principales perjudicados en sus intereses privados. Estos sí son intocables.

Por lo tanto, la Reforma Fiscal no brinda el escenario apropiado para el lucimiento; no hay reflectores, no hay aumento de popularidad, no da votos. Esa es la razón de postergar una decisión racional, legal y de Estado, y de no asumir siquiera la paternidad de las propuestas encaminadas a recaudar más. Basta un manotazo en la mesa, de parte de los filántropos, para recular.

Que las necesidades esperen; primero está la imagen, quedar bien con los dueños del país, ganar la siguiente elección y entonces continuar administrando las ruinas del aparato gubernamental.

Es el mismo caso de la Reforma Electoral, donde propuestas van y propuestas vienen. Lo que llama la atención es que el tema de la publicidad gubernamental sea intocable. De nada servirá que los partidos gasten menos o no gasten en medios de comunicación, si no se reduce drásticamente el gasto de publicidad que ejercen principalmente los titulares del Poder Ejecutivo, federal y de los Estados, así como los Presidentes Municipales.

Otro elemento que resultaría afectado, y que hasta ahora se ha beneficiado brutalmente de las campañas y de los partidos que ellos mismos critican, son los medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido intocables. Veremos si el Legislativo sigue el ejemplo que dio el Judicial con la Ley Televisa, y se atreve a tocar a esta industria.

Por último, a juicio de "notables" "intelectuales" de este país, los consejeros del IFE también deben ser intocables. Argumentan que si son removidos se vulneraría la autonomía del IFE y luego nos tiran el mismo rollo: que el IFE es la institución más acreditada (¿o menos desacreditada?) del País. No pocos firmantes de este desplegado pertenecen al selecto grupo de los que han sido o son favorecidos de alguna u otra forma por el sistema en el que se han desarrollado.

Habrá que leer con detenimiento el desplegado que este grupo de mexicanos destacados seguramente publicará acerca de los grandes problemas y las macro reformas que le hacen falta a nuestro País; y será de mucha ayuda que nos digan qué es lo que debe ser intocable, cuáles principios deben prevalecer y a favor de qué o de quiénes deben estar. También nos ayudaría mucho saber su punto de vista sobre la vulneración de múltiples principios legales, que se da actualmente en México, en diversos ámbitos. Habrá que esperar que nos iluminen.

rogelio_campos@yahoo.com