Esta semana el Presidente puso en marcha el Apoyo a los Adultos Mayores de 70 y Más, programa impulsado en el Congreso por el Frente Amplio Progresista, con antecedente en la pensión que empezó a entregarse en el Distrito Federal a iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de dar 500 pesos mensuales a los mayores de 70 años que viven en comunidades de menos de 2 mil 500 personas. El Presidente puntualizó: "Esto no lo tomen, no es una dádiva, no es una caridad, es un reconocimiento a lo que ustedes han hecho, a lo que han aportado de darle la vida a sus hijos, de educarlos, de criarlos, de enseñarles a ser hombres y mujeres de bien". En la página Web de la Presidencia podrá advertir que no solamente Calderón, sino todos los participantes en los eventos realizados en Campeche y Veracruz, evitaron utilizar la palabra subsidio. Resulta extraño, ya que ése es el término correcto de lo que se está entregando.
En Colombia estos programas son llamados por su nombre: subsidio. Los colombianos también son gobernados por un partido conservador, sin embargo, no tienen el prurito de no llamar a las cosas por su nombre. Es el mismo caso del Gobierno panista de Yucatán, que tiene estas políticas bajo el nombre correcto: subsidio. Cabe apuntar que en Colombia el beneficio es para los mayores de 65 años. Tienen una derecha más generosa que amplía en cinco años el "reconocimiento".
Los esfuerzos por no llamar a las cosas por su nombre introducen al Presidente en un laberinto semántico. Felipe Calderón hace malabarismos con el lenguaje para no invocar la palabra satanizada, maldita. No es para menos: ha sido demasiado el esfuerzo y los recursos invertidos para convencer a los mexicanos de la naturaleza malsana de los subsidios y de la santidad y veneración al nuevo Dios, el Mercado, que -no podía ser de otra manera- es omnipresente y omnipotente.
Estoy seguro que para los beneficiados, la ayuda que recibirán es importante. No sé si les importe el nombre o "el reconocimiento". Tampoco sé si todos los beneficiarios enseñaron a sus hijos a ser hombres y mujeres de bien, o si los criaron y educaron bien, que son algunas de las supuestas razones del "reconocimiento". Supongo que por más que "reconozcamos" a otros mexicanos, poco les puede importar o valer si no va acompañado de una ayuda económica.
Independientemente de lo anterior, vale la pena tomarle la palabra al Presidente, ya que abrió una rendija para volver a discutir el tema. Si quiere llamar reconocimiento al subsidio, da igual, sabemos que nos estamos refiriendo a lo mismo. En las siguientes líneas donde diga "reconozcamos" puede usted sustituirlo por "subsidiemos".
Reconozcamos a los niños de la calle y a los que viven cotidianamente el infierno, y a los que no creen en la benevolencia o no son escuchados por el dios del mercado. Reconozcamos a todos aquellos, incluidos los viejitos, que no tienen para los alimentos y las medicinas. Reconozcamos a las madres que tienen que trabajar y que no pueden estar pendientes, en la medida que quisieran, de que sus hijos sean hombres y mujeres de bien. Reconozcamos "como héroes" a nuestros agricultores que fueron aplastados al librar una guerra, por demás desigual, con sus pares de la Unión Americana y Europa, que son subsidiados (o reconocidos) de manera generosa.
Reconozcamos a nuestros bosques, lagos, litorales y ríos que son depredados y entregados en ofrenda al mercado, deidad voraz que además se alimenta del bienestar de los obreros, campesinos y clasemedieros, al grado de indigestión "forbesiana", para luego bendecirnos con la tibieza de su vómito que apesta a migración, desempleo, estancamiento, analfabetismo, inseguridad, falta de competitividad, improductividad, bajos salarios, economía monopolizada y contaminación.
¿Lo anterior es herejía? Sí, para el "Dios Mercado", pero no mayor a la practicada en países desarrollados a los cuales aspiramos (¿todavía?) a parecernos. Este tipo de subvenciones, ayudas, subsidios o reconocimientos -llámelos como quiera- son los que se dan en la Unión Americana, donde además se otorga el seguro de desempleo, y en Europa, donde ahora mismo se juega una importante presidencia con el debate centrado en temas como consolidar la jornada laboral de 35 horas semanales.
Nuestra nueva religión establece, entre otros, los siguientes mandamientos: bienestar de la macroeconomía; eliminar la deuda externa; finanzas públicas sanas; eliminar el déficit fiscal; no subsidiar, mucho menos al campo; abrir la economía eliminando los aranceles.
Suiza es uno de los muchos países desarrollados que no cree en esta religión. A pesar de ser el número uno en competitividad, enfrenta serios problemas en macroeconomía. Por su nivel de deuda externa ocupa el lugar 61 de 125 economías evaluadas; está en el sitio 54 por su déficit financiero gubernamental, mismo que no deja de crecer; su agricultura es subsidiada al grado de ocupar el lugar 111, donde el número uno es el que tiene mayor nivel de "Eficiencia de Mercado"; por si fuera poco, ocupa el lugar 85 por la existencia de barreras arancelarias al comercio, donde el número uno es el que tiene menos barreras de este tipo.
Resulta un misterio que países con alto desarrollo y nivel de vida atenten de esa forma contra los principios sacrosantos que nos rigen y guían a los mexicanos. También resulta extraño que si un día llegamos a ser como esos países, sería a cambio de hacer lo contrario a lo que ellos ahora practican. Más extraño aún, que cuando seamos como ellos, terminemos haciendo lo que ahora satanizamos. Todo un misterio... un misterio de fe.
rogelio_campos@yahoo.com
sábado, 5 de mayo de 2007
sábado, 28 de abril de 2007
De mal en peor
El Foro Económico Mundial dio a conocer esta misma semana que en América Latina Chile es el país más atractivo para inversiones privadas en infraestructura, seguido por Brasil, ¡Perú! y Colombia
La situación económica de México va de mal en peor. La semana que está por concluir se conocieron datos que así lo confirman. El crecimiento económico, la competitividad y la atracción de inversión en infraestructura reportan una situación por demás alarmante. No es mal de Latinoamérica, ya que algunos países de la región registran progreso, contrario al caso de México.
En materia de crecimiento económico, el Banco de México pronosticó esta semana que la economía mexicana habría crecido 3 por ciento en el primer trimestre del año, lejos del 3.6 por ciento pronosticado en diciembre de 2006 e incluso por debajo de cálculos más pesimistas, como el del Fondo Monetario Internacional, que mencionó un 3.4 por ciento.
En materia de competitividad, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico reportó esta semana que México retrocedió tres lugares y se ubicó en la posición 33 de 45 países evaluados. En este mismo ámbito, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) dio a conocer que, del segundo lugar que ocupábamos en 2004, caímos al quinto sitio, habiendo sido superados por Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia.
El IMCO considera 10 factores y 140 indicadores para medir la competitividad, entre los que se encuentran: Gobierno eficiente, macroeconomía estable, manejo sustentable del medio ambiente, y sociedad incluyente, preparada y sana. De los 10 factores medidos México retrocedió en seis, es decir, ni siquiera se mantuvo.
El estudio señala que en los últimos dos años la inversión disminuyó únicamente en seis países, entre ellos México, y que la inversión promedio por persona económicamente activa de los 10 países más competitivos quintuplica la de México. A ver si les seguimos haciendo caso a los agoreros de los recortes presupuestales. El país presume de finanzas sanas, que de poco sirven cuando los niveles de "salud social" van en picada.
Es tal la desesperación de algunos políticos, que en esta semana se propuso en el Senado una reforma consistente en adicionar al final del último párrafo del artículo 25 constitucional el texto "La competitividad es una política de Estado". Como si la competitividad se diera por decreto. Pareciera olvidarse que nuestra Carta Magna establece una serie de derechos: a una justa remuneración, vivienda digna, recreación, y una larga lista de otros que son letra muerta.
Por si lo anterior fuera poco, el Foro Económico Mundial dio a conocer esta misma semana que en América Latina Chile es el país más atractivo para inversiones privadas en infraestructura, seguido por Brasil, ¡Perú! y Colombia. México se ubica a media tabla entre los países de la región. El documento señala que nuestro país tiene debilidades en los antecedentes de inversión y un desempeño pobre en lo relativo a la relación entre el Gobierno y la sociedad civil, y que para potenciar las inversiones en infraestructura debería implementar políticas y reformas administrativas de corto plazo y realizar un esfuerzo centralizado para promover proyectos clave. Por más arengas gubernamentales que invitan a los inversionistas a México, los datos duros son los que orientan a los dueños del capital a tomar sus decisiones.
No hace muchos años México era líder en la región y lo comparaban con países desarrollados, aunque a estos últimos se les veía como parte de un primer mundo lejano. Actualmente la comparación con los países latinoamericanos cada vez resulta más desfavorable para nuestro país. Pasamos de voltear a ver el progreso del norte y de Europa para observar cómo algunos países de la región nos rebasan.
Es tiempo de reconocer que el modelo económico implantado desde principios de los ochenta no ha cumplido con lo que ofreció. El modelo neoliberal que priva llegó para exorcizar a los demonios del paternalismo y el populismo. Sin embargo, se ha constituido en un esquema que privilegia los monopolios y desalienta la competitividad, además de que ha depredado las instituciones, el Estado de Derecho y los niveles de bienestar de la inmensa mayoría de los mexicanos. Por si lo anterior fuera poco, ha puesto a la democracia y a las instituciones al servicio de los dueños del dinero.
rogelio_campos@yahoo.com
La situación económica de México va de mal en peor. La semana que está por concluir se conocieron datos que así lo confirman. El crecimiento económico, la competitividad y la atracción de inversión en infraestructura reportan una situación por demás alarmante. No es mal de Latinoamérica, ya que algunos países de la región registran progreso, contrario al caso de México.
En materia de crecimiento económico, el Banco de México pronosticó esta semana que la economía mexicana habría crecido 3 por ciento en el primer trimestre del año, lejos del 3.6 por ciento pronosticado en diciembre de 2006 e incluso por debajo de cálculos más pesimistas, como el del Fondo Monetario Internacional, que mencionó un 3.4 por ciento.
En materia de competitividad, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico reportó esta semana que México retrocedió tres lugares y se ubicó en la posición 33 de 45 países evaluados. En este mismo ámbito, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) dio a conocer que, del segundo lugar que ocupábamos en 2004, caímos al quinto sitio, habiendo sido superados por Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia.
El IMCO considera 10 factores y 140 indicadores para medir la competitividad, entre los que se encuentran: Gobierno eficiente, macroeconomía estable, manejo sustentable del medio ambiente, y sociedad incluyente, preparada y sana. De los 10 factores medidos México retrocedió en seis, es decir, ni siquiera se mantuvo.
El estudio señala que en los últimos dos años la inversión disminuyó únicamente en seis países, entre ellos México, y que la inversión promedio por persona económicamente activa de los 10 países más competitivos quintuplica la de México. A ver si les seguimos haciendo caso a los agoreros de los recortes presupuestales. El país presume de finanzas sanas, que de poco sirven cuando los niveles de "salud social" van en picada.
Es tal la desesperación de algunos políticos, que en esta semana se propuso en el Senado una reforma consistente en adicionar al final del último párrafo del artículo 25 constitucional el texto "La competitividad es una política de Estado". Como si la competitividad se diera por decreto. Pareciera olvidarse que nuestra Carta Magna establece una serie de derechos: a una justa remuneración, vivienda digna, recreación, y una larga lista de otros que son letra muerta.
Por si lo anterior fuera poco, el Foro Económico Mundial dio a conocer esta misma semana que en América Latina Chile es el país más atractivo para inversiones privadas en infraestructura, seguido por Brasil, ¡Perú! y Colombia. México se ubica a media tabla entre los países de la región. El documento señala que nuestro país tiene debilidades en los antecedentes de inversión y un desempeño pobre en lo relativo a la relación entre el Gobierno y la sociedad civil, y que para potenciar las inversiones en infraestructura debería implementar políticas y reformas administrativas de corto plazo y realizar un esfuerzo centralizado para promover proyectos clave. Por más arengas gubernamentales que invitan a los inversionistas a México, los datos duros son los que orientan a los dueños del capital a tomar sus decisiones.
No hace muchos años México era líder en la región y lo comparaban con países desarrollados, aunque a estos últimos se les veía como parte de un primer mundo lejano. Actualmente la comparación con los países latinoamericanos cada vez resulta más desfavorable para nuestro país. Pasamos de voltear a ver el progreso del norte y de Europa para observar cómo algunos países de la región nos rebasan.
Es tiempo de reconocer que el modelo económico implantado desde principios de los ochenta no ha cumplido con lo que ofreció. El modelo neoliberal que priva llegó para exorcizar a los demonios del paternalismo y el populismo. Sin embargo, se ha constituido en un esquema que privilegia los monopolios y desalienta la competitividad, además de que ha depredado las instituciones, el Estado de Derecho y los niveles de bienestar de la inmensa mayoría de los mexicanos. Por si lo anterior fuera poco, ha puesto a la democracia y a las instituciones al servicio de los dueños del dinero.
rogelio_campos@yahoo.com
sábado, 21 de abril de 2007
Cárguelo a la nómina
Es un tema recurrente: de manera cíclica se hacen presentes las críticas de militantes panistas hacia las prácticas de afiliación masiva de militantes. Los quejosos argumentan que es una forma de dirigir una elección, sea de consejeros o candidatos.
Hay que decirlo; el PAN se ha caracterizado por ser el partido que mayor sistematización y método ha impreso a sus procesos. En contrapartida, esos procedimientos son extremadamente rebuscados y han propiciado una nueva especialización dentro del partido. Esa compleja ingeniería electoral requiere de auténticos matemáticos expertos en desarrollar algoritmos que resuelvan convenciones.
Tampoco se puede dejar de mencionar que Acción Nacional es el partido que mayor control tiene sobre el registro de su militancia. Incluso se pueden conocer por Internet datos relacionados con sus militantes: si son adherentes o activos, el Municipio y Estado al que pertenecen. En contrapartida, el sistema es extremadamente limitado. El esquema de búsqueda exige que uno introduzca el nombre de una persona para entonces comprobar si es o no militante. Si quien busca la información no cuenta con la variable del nombre y acierta en el Municipio, no tiene posibilidad de éxito.
El compromiso panista se ve reflejado con el orden y la sistematización del registro de sus militantes. Sin embargo, no lo está con la máxima revelación de esos datos. Lo anterior podría ser hasta cierto punto justificable tratándose de poner a disposición de cualquier persona esta información; lo que no resulta justificable es que esos datos no sean proporcionados a sus propios militantes. Esta negativa del PAN por entregar información se ha visto reflejada en varios recursos que se han interpuesto ante el ITEI.
Cabe mencionar que los militantes que se sienten agraviados por la negativa de datos de la autoridad partidista, además del ITEI pueden recurrir a otras vías, como lo es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Si estos militantes panistas recurren a esta vía ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sus posibilidades de éxito serían enormes. El Trife ordenaría a la autoridad partidista entregar la información solicitada.
La pregunta es obligada: ¿por qué tanto celo en guardar los datos del padrón de militantes? Pero ese sólo es el síntoma del problema; esta actitud se ha visto acompañada de una serie de denuncias en el sentido de que en determinados momentos hay afiliaciones masivas. La suspicacia de algunos panistas los lleva a pensar que mediante éstas se asegura el resultado en el sentido deseado.
Las suspicacias apuntan a los dirigentes, que son los que tienen el conocimiento y control de las afiliaciones. Es ahí donde cobraría vigencia la frase "la información es poder". Pero hay que señalar que grupos van y vienen en la dirigencia de este partido y la queja se repite. Los que ayer eran dirigentes, hoy se quejan; y viceversa.
Personajes políticos de la más alta talla local y nacional han estado en el ojo del huracán, algunos denunciando y otros señalados de incurrir en estas prácticas. Estos delicados señalamientos se acentúan con un ingrediente adicional: el uso de la nómina por parte de quien encabeza un Gobierno Municipal o local o se encuentra en posiciones estratégicas del Gobierno federal. Los propios panistas han señalado que mediante el uso de la nómina se compran lealtades en las convenciones. Se han llegado a tachar de "nominócratas" o de pertenecer al otro PAN: al Partido de Adictos a la Nómina.
No solamente la afiliación masiva ha sido condenada por los propios panistas. También la afiliación selectiva, que consiste en negar o retardar la de quienes desean hacerlo. Esta práctica estaría vulnerando derechos de los ciudadanos que desean afiliarse a un partido y se les niega arbitrariamente.
No se puede dejar de mencionar que el problema de los señalamientos y las condenas ha quedado en dimes, diretes y escaramuzas. En general, terminando las convenciones los panistas asumen con disciplina los resultados y los resentimientos se guardan para la próxima ocasión. Mientras, hay que tratar de afiliar más militantes o hacerse de la dirigencia para tener acceso al tesoro más preciado: el conocimiento y control de las bases de datos.
Si bien es cierto que estos temas no pasan a mayores en el ámbito partidista, sí estarían generando una deformación en otros ámbitos: los del Gobierno y la Administración pública. Y es que, de ser ciertas las acusaciones de los propios panistas sobre la existencia del método nominocrático de comprar lealtades y votos convencionistas, estaríamos frente al reclutamiento de servidores públicos no por méritos ni capacidades, sino como pago a los servicios prestados en asambleas.
Lo anterior, exigiría un nuevo método para calcular el costo de las precampañas: habría que contabilizar el sueldo anual del servidor público-convencionista durante los años que esté en el cargo. Las asambleas democráticas estarían siendo con cargo a la nómina.
rogelio_campos@yahoo.com
Hay que decirlo; el PAN se ha caracterizado por ser el partido que mayor sistematización y método ha impreso a sus procesos. En contrapartida, esos procedimientos son extremadamente rebuscados y han propiciado una nueva especialización dentro del partido. Esa compleja ingeniería electoral requiere de auténticos matemáticos expertos en desarrollar algoritmos que resuelvan convenciones.
Tampoco se puede dejar de mencionar que Acción Nacional es el partido que mayor control tiene sobre el registro de su militancia. Incluso se pueden conocer por Internet datos relacionados con sus militantes: si son adherentes o activos, el Municipio y Estado al que pertenecen. En contrapartida, el sistema es extremadamente limitado. El esquema de búsqueda exige que uno introduzca el nombre de una persona para entonces comprobar si es o no militante. Si quien busca la información no cuenta con la variable del nombre y acierta en el Municipio, no tiene posibilidad de éxito.
El compromiso panista se ve reflejado con el orden y la sistematización del registro de sus militantes. Sin embargo, no lo está con la máxima revelación de esos datos. Lo anterior podría ser hasta cierto punto justificable tratándose de poner a disposición de cualquier persona esta información; lo que no resulta justificable es que esos datos no sean proporcionados a sus propios militantes. Esta negativa del PAN por entregar información se ha visto reflejada en varios recursos que se han interpuesto ante el ITEI.
Cabe mencionar que los militantes que se sienten agraviados por la negativa de datos de la autoridad partidista, además del ITEI pueden recurrir a otras vías, como lo es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Si estos militantes panistas recurren a esta vía ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sus posibilidades de éxito serían enormes. El Trife ordenaría a la autoridad partidista entregar la información solicitada.
La pregunta es obligada: ¿por qué tanto celo en guardar los datos del padrón de militantes? Pero ese sólo es el síntoma del problema; esta actitud se ha visto acompañada de una serie de denuncias en el sentido de que en determinados momentos hay afiliaciones masivas. La suspicacia de algunos panistas los lleva a pensar que mediante éstas se asegura el resultado en el sentido deseado.
Las suspicacias apuntan a los dirigentes, que son los que tienen el conocimiento y control de las afiliaciones. Es ahí donde cobraría vigencia la frase "la información es poder". Pero hay que señalar que grupos van y vienen en la dirigencia de este partido y la queja se repite. Los que ayer eran dirigentes, hoy se quejan; y viceversa.
Personajes políticos de la más alta talla local y nacional han estado en el ojo del huracán, algunos denunciando y otros señalados de incurrir en estas prácticas. Estos delicados señalamientos se acentúan con un ingrediente adicional: el uso de la nómina por parte de quien encabeza un Gobierno Municipal o local o se encuentra en posiciones estratégicas del Gobierno federal. Los propios panistas han señalado que mediante el uso de la nómina se compran lealtades en las convenciones. Se han llegado a tachar de "nominócratas" o de pertenecer al otro PAN: al Partido de Adictos a la Nómina.
No solamente la afiliación masiva ha sido condenada por los propios panistas. También la afiliación selectiva, que consiste en negar o retardar la de quienes desean hacerlo. Esta práctica estaría vulnerando derechos de los ciudadanos que desean afiliarse a un partido y se les niega arbitrariamente.
No se puede dejar de mencionar que el problema de los señalamientos y las condenas ha quedado en dimes, diretes y escaramuzas. En general, terminando las convenciones los panistas asumen con disciplina los resultados y los resentimientos se guardan para la próxima ocasión. Mientras, hay que tratar de afiliar más militantes o hacerse de la dirigencia para tener acceso al tesoro más preciado: el conocimiento y control de las bases de datos.
Si bien es cierto que estos temas no pasan a mayores en el ámbito partidista, sí estarían generando una deformación en otros ámbitos: los del Gobierno y la Administración pública. Y es que, de ser ciertas las acusaciones de los propios panistas sobre la existencia del método nominocrático de comprar lealtades y votos convencionistas, estaríamos frente al reclutamiento de servidores públicos no por méritos ni capacidades, sino como pago a los servicios prestados en asambleas.
Lo anterior, exigiría un nuevo método para calcular el costo de las precampañas: habría que contabilizar el sueldo anual del servidor público-convencionista durante los años que esté en el cargo. Las asambleas democráticas estarían siendo con cargo a la nómina.
rogelio_campos@yahoo.com
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