¿Mejoría o fantasía?

Por Rogelio Campos


"Jalisco ahora está mejor", así lo dice el Gobernador de Jalisco en los spots que promocionan el informe de la Administración que llegará a su fin en 20 días. Emilio González dice que "hoy hay muchas obras que antes no existían".

Bajo ese criterio, siempre hemos estado mejor que el año anterior, y difícilmente encontraremos a un Gobernador que no pueda decir lo mismo: "al finalizar mi sexenio hay más obras que hace seis años"; finalmente, uno de los rubros del presupuesto es el de inversión pública, y la realización de obras es una de las principales funciones -y razones de existir- del Gobierno.


Contar con más obras no necesariamente equivale a estar mejor, mucho menos cuando a simple vista saltan datos y hechos que contradicen ese optimismo. Un dato contundente es el publicado por el Gobierno del Estado en materia de inversión pública. Durante el sexenio de Francisco Ramírez Acuña en este rubro se erogó el 4.1 por ciento del total del presupuesto sexenal, mientras que en el sexenio que está por concluir, la proporción destinada a inversión pública fue del 3.4 por ciento.


Si el actual Gobernador hubiera dirigido el mismo porcentaje que su antecesor a inversión pública, habría invertido 2 mil 800 millones adicionales, y podría haber pagado cinco líneas de Macrobús, similares a la única que existe en la Ciudad, o se habrían pagado dos terceras partes de la ampliación de la Línea 1 del Tren Eléctrico que llegaría a Tlajomulco, como solamente lo llegó a anunciar.


En las cifras publicadas por el Gobierno del Estado se dice que en estos seis años se erogaron 13 mil 600 millones de pesos en inversión pública, pero también que este Gobierno contrató deuda por 12 mil millones que, es de suponer, debieron destinarse a ese rubro: entonces nos queda apenas una triste cifra sexenal, mil 600 millones, dedicada a este concepto. Caso contrario al sexenio de Ramírez Acuña, cuando se adquirió una deuda de mil 500 millones de pesos, pero se destinó a inversión pública una cantidad seis veces mayor (9 mil millones).


La masa presupuestal del actual sexenio es 102 por ciento mayor a la del sexenio anterior, pero el rubro de inversión pública apenas creció 52 por ciento. No son los únicos datos por los que es difícil pensar que estamos mejor; también hay hechos que alertan sobre situaciones desagradables y alarmantes que, muy probablemente, detonarán ya que se vaya la actual Administración.


En los festivos spots se dice que hoy hay 15 estadios nuevos, pero lo que no se dice es que el CODE está quebrado, que tiene deudas e incluso ha despedido personal, incluidos entrenadores. Adicionalmente, no se presupuestaron los recursos para el mantenimiento de los nuevos estadios y algunos ya lucen descuidados y otros no tienen ni para pagar la energía eléctrica.


Decir que estamos mejor que antes porque hoy hay nuevos estadios, cuando no hay dinero para su operación, es tanto como pensar que mejoramos porque compramos un coche, pero sin tener para la gasolina, el seguro y los servicios de mantenimiento.


Varios medios han dado cuenta de que hay dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Humano, que tienen adeudos económicos con los beneficiarios de programas sociales: extrañamente hace meses que no se paga lo que estaba presupuestado. También está el caso del Instituto Jalisciense de la Juventud, donde confiesan que ya nada más queda dinero para la nómina.


Existen adeudos de las dependencias del Ejecutivo con la Dirección de Pensiones, por un monto cercano a los 600 millones de pesos. La carencia ya no solamente es de dinero: tampoco se tiene interés por pagar lo que se debe antes de irse.


¿De verdad ahora estamos mejor? Sería creíble si el actual Gobernador hubiera destinado mayor porcentaje de la masa presupuestal en inversión pública que su antecesor, pero no fue el caso. Si, al igual que en el anterior sexenio, se hubiera erogado en inversión pública por lo menos el monto de la nueva deuda multiplicado por seis, pero no, apenas fue un 10 por ciento adicional a los préstamos que solicitó.


El Gobernador decidió recurrir a las obras para decir que "ahora estamos mejor", pero la realidad y las propias cifras publicadas por la autoridad confabulan contra lo dicho por los festivos spots.


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Fecha de publicación: 8 Feb. 13

Nuevo Rector

Ayer se eligió al Rector general que desempeñará el cargo de este 1 de abril hasta el 31 de marzo de 2019. Tonatiuh Bravo obtuvo los votos necesarios para ganar una contienda en la que se inscribieron otros universitarios destacados y respetados. Ahora viene el reto mayor.

Hace seis años en la UdeG no hubo contienda y se optó por transitar la ruta de un candidato "de unidad". Paradójica y lamentablemente, el desenlace fue totalmente el opuesto a la modalidad del tipo de candidatura anunciada. En ese sentido, bienvenida la contienda interna. El próximo Rector puede y debe hacer propias varias de las propuestas de los que hasta ayer fueron sus contendientes.

Tonatiuh Bravo tiene una destacada trayectoria política que ha combinado con su quehacer académico e importantes cargos de dirección en la propia universidad. Ha sido dos veces diputado federal. En 1997 compitió por la Presidencia Municipal de Guadalajara, cuando los candidatos que lo superaron eran Francisco Ramírez (PAN) y Enrique Dau (PRI). Quedó en tercer lugar, pero logró una de las más altas votaciones que ha obtenido un partido de izquierda en la capital jalisciense, lo que le valió ser regidor.

No obstante su trayectoria como militante perredista y los cargos de representación que ha alcanzado, ayer Bravo Padilla hizo una declaración tan sensata como necesaria: su militancia -y por lo tanto su visión- partidista quedará en el ámbito estrictamente personal, y hay motivos de sobra para celebrar que el próximo Rector -como debiera ser con todos los Rectores durante su ejercicio- no esté dispuesto a escuchar el canto de las sirenas de las candidaturas y se concentre exclusivamente en su responsabilidad.

Para Bravo Padilla la tercera fue la vencida, ya que hace doce años compitió por la Rectoría, resultando triunfador Trinidad Padilla. Hace seis años se quedó con las ganas, pues decidió quedarse en la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Su trabajo en diversas áreas de la UdeG, principalmente en el CUCEA y en la vicerrectoría ejecutiva, y el haberse apuntado -o manifestar su interés- en anteriores contiendas por ser Rector general le valió en esta ocasión ser el más -re- conocido de los candidatos: así se reflejó en los sondeos que realizó MURAL. El orden en el que finalmente se ubicaron los participantes, por la cantidad de votos obtenidos, no solamente coincide con los ejercicios que llevó a cabo este diario, también con la cantidad de seguidores que tuvieron en las redes sociales.

Es de suponer que tantos años esperando ser Rector general llevaron a Tonatiuh Bravo a observar aún con mayor detenimiento las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas de la universidad estatal más grande del país.

También podemos suponer que esa observación se conjuntará con otros atributos propios del próximo Rector: disciplina, trabajo, buen trato, respeto hacia los demás y habilidad política, entre otros. Y si esto es así, Bravo Padilla podrá realizar una gestión exitosa.

La problemática de la institución es compleja, como grandes las expectativas y demandas que tiene la población respecto a ella. Sin embargo, basta tomar como ejemplo cualquier universidad estatal para darnos cuenta de que el balance de la UdeG es favorable.

Lo anterior no quiere decir que no haya importantes y urgentes retos, pero hay universitarios con talento, disposición y buena voluntad para superarlos. Seguramente el Rector electo sabe de la importancia de tener cerca a los perfiles más capaces.

No son pocos los colegas editorialistas que en estas fechas han ponderado las cualidades de Tonatiuh Bravo para encabezar los trabajos de la UdeG. Otros han dicho que "ya se la debían", por aquello de que la había buscado en otras dos ocasiones.

En lo personal, me congratulo de que el próximo Rector sea un colega editorialista en estas páginas, quien ha sido mi maestro en las aulas universitarias y con quien he tenido el gusto y el honor de colaborar. Yo no creo que sea un asunto de débitos; en este caso -y reconociendo en los demás candidatos importantes cualidades- es un asunto de méritos. Que sea para bien de la Universidad de Guadalajara y de Jalisco. Así se requiere.


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Justicia a la mexicana

La liberación de Florence Cassez desató una intensa polémica que refleja con nitidez el talante de la sociedad mexicana: nuestra preocupación por el Estado de Derecho es muy superficial y esporádica.

Nadie puede negar que nuestro aparato de procuración y administración de justicia es anacrónico y rudimentario; esto -entre otras circunstancias- lo vuelve inoperante. Si a lo anterior añadimos que la corrupción se ha enquistado en las procuradurías, juzgados y tribunales, tenemos un panorama -literalmente- kafkiano.

Todo empieza por la imagen. Los espacios físicos en los que supuestamente se procura y administra justicia son deprimentes. Parecería que el mensaje que se pretende transmitir es "no vengan".

Después de que un ciudadano fue víctima de un delito, vuelve a serlo al entrar a un lugar lúgubre y con un denso ambiente. Pero de algo le sirvió el impacto, ya que el resto tiene una coherencia formidable con la primera impresión de estas oficinas: el descuido y la modorra se enseñorean en un territorio en el que parece que se ha declarado la guerra a la diligencia y a la modernidad.

Casos como el contenido en el documental "Presunto culpable" son una muestra de que los procedimientos obsoletos y tortuosos con los que se pretende procurar y administrar justicia en México generan resultados que distan mucho de la certeza jurídica.

Tan rudimentarios estamos, que no atendemos un protocolo cuando se trata de presentar a presuntos delincuentes ante la opinión pública a través de los medios de comunicación. Partiendo del supuesto de que es recomendable presentarlos, porque hay quienes dicen que no, parece que da lo mismo que se les vea el rostro o no (porque algunos se lo cubren), y así como se les pone un chaleco naranja a unos, a otros se les pone uno oscuro.

No hay un seguimiento informativo de las tan publicitadas detenciones. Nos debemos conformar con verlos en el periódico o en la televisión. No se nos dice cuántos quedaron libres, cuántos están procesados y cuántos fueron sentenciados. No extraña de la autoridad, pero sí deja mucho qué desear la actitud tan pasiva de la sociedad ante una actuación tan rudimentaria.

Pareciera que los mexicanos nos hemos acostumbrado a tener un infame sistema de procuración y administración de justicia, y que son los extranjeros los que nos observan y evalúan.

En noviembre de 2011, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó -y entregó a Felipe Calderón- información realmente escalofriante: de los homicidios que habían contabilizado en el anterior sexenio, solamente se habían abierto investigaciones en el 2.22 por ciento, y se habían logrado condenas en el 0.05 por ciento de los casos.

Cuando se analizan con detalle algunos índices, como el Mundial de Competitividad, el de Estados Fallidos y el Global de Paz, entre otros, se aprecia con toda claridad el nivel tan bajo de nuestro Estado de Derecho, de nuestras instituciones y de la seguridad jurídica. En gran medida estos factores son los que nos tienen anclados en lugares vergonzosos en esos y otros indicadores.

No debe sorprendernos que el caso Cassez -y muchos más- no arrojen luz y sí proyecten sombras. Como país, no nos hemos preocupado por contar con un sistema de seguridad, procuración y administración de justicia moderno y eficaz, aunque de manera esporádica sí tendemos a rasgarnos las vestiduras ante casos emblemáticos o mediáticos.

Modernizar la procuración y administración de justicia en México requiere de muchos recursos: tecnológicos, financieros y humanos. Es una tarea titánica que exige coordinación: no se va a lograr con el avance de un puñado de Estados en temas tales como los juicios orales. Es un asunto crucial para brindar certeza que sirva de cimiento para nuestra tranquilidad y progreso.

Los políticos evaden hablar de la procuración y administración de justicia; cuando llegan al Gobierno escatiman recursos -sobre todo voluntad y talento- en esas áreas. Pero también como sociedad tenemos responsabilidad: debemos empezar por apreciar la justicia en todas sus dimensiones, y difícilmente una sociedad que apuesta por, y se solaza en, la injusticia social puede aspirar a la justicia judicial.


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