Quienes fueron considerados por la revista Líderes Mexicanos como los 300 más influyentes, comieron con el Presidente Felipe Calderón en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Al Presidente no sólo se le antojó ofrecerles el pan y la sal a los convidados, sino además una invitación a modo de reclamo cuyas partes esenciales sugieren:
"Quien quiera ejercer de veras su liderazgo, aparte de lo que ya hacen en sus empresas, las mejores de México, quien quiera ejercer su liderazgo fuerte y en serio, recorra la puerta de la política y entonces, quizá México pueda ser distinto. (...) Si no les gustan los partidos políticos, hagan ustedes un partido y pasen la prueba del ácido. Quizá los mejores líderes pueden estar aquí y les va mejor en términos económicos, sociales, de prestigio; no se mete nadie con ustedes en la prensa".
Este entorno, que pudiera haberse antojado seguro, fue escenario de un intercambio de reclamos a diferente tono, donde se le reprochó al Presidente el precario estado de las cosas en cuanto a seguridad, corrupción, competitividad, generación de empleo, etcétera.
Mucho le han de haber pesado estas críticas al Mandatario, visto el intercambio de argumentos donde él mismo les reprochó que abogaran por la competencia, cuando no falta de ésta, o de la incompetencia gubernamental para regular sectores polémicos. No le falta la razón al Presidente cuando hace este reclamo, mas no le asiste cuando los invita a participar en la política electoral como vía de solución a los reclamos que esbozan.
Al dedicarse a sus negocios, los empresarios no pierden ninguna de sus prerrogativas políticas, por lo que pueden ser postulados y elegidos a cualquiera de los encargos públicos que decidan. De hecho, ha sido precisamente a través del PAN -entre otros institutos políticos- donde varios empresarios han ejercido este tipo de cargos. Lo que ha quedado claro, además, es que la pericia empresarial de ninguna manera garantiza por sí sola un buen ejercicio de la función pública.
El ejercicio de lo político, como el de la libre empresa, la academia u otras vocaciones, requiere de habilidades específicas que caracterizan a quienes se dedican a estas actividades. Vamos, no se trata de un concurso de amateurs -de los que ya tantos hemos tenido- sino una selección de profesionales.
Max Weber, uno de los teóricos más relevantes de las ciencias económico-administrativas y políticas, distinguía claramente cómo las vocaciones del científico y el político son claramente diferenciadas. La política moderna requiere del político profesional, no del habitual; la tragedia es que nuestra clase política no ha desarrollado los cuadros adecuados, en cuanto a probidad o capacidad, por una serie de razones estructurales y de incentivos cuya mención rebasa los límites de este artículo.
Donde se equivoca el Presidente, entonces, no es en la invitación, sino en el cauce al que los convida: a la participación político-electoral como única o mejor alternativa para que los miembros de la sociedad civil generen un impacto en nuestras instituciones. Hay muchos más caminos que el ser candidato o fundar un partido; a continuación, me explico.
La intensa promoción del voto ha provocado que la mayoría de los ciudadanos asocie política con política electoral. Pareciera que se nos invita a un "Votas y te vas", cuando la democracia no se agota, sino que se legitima en las urnas. Ser ciudadano no implica sólo alcanzar la mayoría de edad, empadronarse y votar, implica más, mucho más.
Un genuino ciudadano elige a sus líderes, pero además obedece fielmente las leyes y es solidario con sus conciudadanos, pues comprende que su suerte está ligada a la de ellos. Este ciudadano, además, elige estar debidamente enterado de los problemas públicos a su alrededor, y se involucra, en la medida de sus posibilidades, en su solución mediante la asociación y la acción colectiva. Un genuino ciudadano también contribuye con el sostenimiento del Estado, y recordemos que en México superamos los 82 millones de empadronados, pero apenas el año pasado llegamos a la barrera de los 30 millones de contribuyentes.
Ser ciudadano, con mayúsculas, implica participar en política, y si bien a este País le faltan políticos profesionales, le urgen aún más ciudadanos plenos.
rogelio_campos@yahoo.com
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El diputado local del PAN, Abraham González Uyeda, propuso realizar exámenes antidoping en las escuelas a partir del quinto año de primaria. No es la primera vez que se plantea esta medida. El Presidente Calderón la anunció en el 2007, aunque no consideraba una reforma legal, y se aplicaría en escuelas públicas, con el consentimiento previo de los padres (REFORMA, 3/07/07).
En ese caso hubo mucho ruido, pero muy pocas nueces. Muy pronto quedaron al descubierto las limitaciones de esta "acción gubernamental", que se empezó a aplicar siete meses después de su anuncio; la única entidad en la que se probó fue en Nuevo León, y el ejercicio se circunscribió a 53 secundarias públicas. Se trató de una prueba de saliva -no de orina- y, adicional al consentimiento de los padres, se requirió el de las escuelas y de los alumnos.
En el ciclo escolar 2007-2008, únicamente se aplicó a 2 mil 709 estudiantes, de los cuales sólo 9 resultaron positivos y 35 se negaron a participar (El Norte, 4/07/08). Cabe mencionar que la población estudiantil de secundaria, en Nuevo León, asciende a 220 mil alumnos.
Para el ciclo escolar 2008-2009 se anunció la ampliación a 800 secundarias, pero el programa fue abandonado. Las pruebas no se efectuaron ni siquiera en las 53 escuelas iniciales (El Norte, 30/06/09).
Después, las autoridades educativas estatales declararon que el esfuerzo "no otorgó resultados satisfactorios, no produjo nada de lo que hubiéramos podido pensar encontrar". (El Norte, 2/09/09). Actualmente, las autoridades de Nuevo León no tienen contemplado aplicar este tipo de pruebas.
Estamos hablando de un espectacular anuncio presidencial que se diluyó, ya que esta medida se aplicó en una sola entidad, únicamente en secundarias, con una micro-muestra del 1.2 por ciento y por única ocasión.
Si bien el proyecto del Gobierno federal puesto en marcha en Nuevo León no implicó una reforma legal, hay otros casos en los que sí se ha reformado la ley para proceder a la aplicación de estos exámenes en escuelas.
En febrero del 2009, el Congreso de Sonora aprobó la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones. La medida desató un intenso debate, con la oposición del magisterio y las autoridades de integración juvenil. Se dijo que era una acción mediática de los diputados, que no se estaba en condiciones para su aplicación y que podría generar estigmatización y deserción escolar (El Universal, 11/02/09).
No obstante que -en principio- se anunció que la ley podría empezar a aplicarse en el 2010, las autoridades manifestaron que era necesario contar con un reglamento. Entre la aprobación de la ley y la publicación del reglamento (28/03/11) pasaron más de dos años. El reglamento sonorense es un entramado burocrático salpicado de buenas intenciones.
Hay muchas referencias de lo que sucedió en Sonora antes de la aprobación del reglamento, pero no se encuentran notas o registros sobre la implementación de esta medida. Pareciera que lo importante es el anuncio, y después nos olvidamos del seguimiento y del resultado.
Para analizar la viabilidad y la pertinencia de la propuesta del diputado González Uyeda resulta de mucha utilidad el estudio "Drug Testing in Schools: Evidence, Impacts and Alternatives", http://drugaids.socialnet.org.hk/Documents/australia_drug_testing_in_schools%20(1).pdf.
Éste, revela que es alto el riesgo de obtener "falsos positivos" -la detección de un consumidor de droga que en realidad no lo es-, y este riesgo no se elimina con la confirmación en laboratorio de pruebas positivas.
También refiere que este tipo de pruebas no son confiables para contextos escolares, son muy costosas, prácticamente inservibles para los bajos consumos de drogas, y no son efectivas como medidas de prevención.
Llama la atención que el anuncio del Presidente Calderón haya quedado en el olvido. ¿Cuántos anuncios presidenciales, con bombo y platillo, como éste, se encontrarán en la misma situación?
Los gobernantes llaman la atención de la sociedad, por conducto de los medios de comunicación, con propuestas que se encuentran muy alejadas de los estudios científicos y que no trascienden más allá del ámbito mediático.
rogelio_campos@yahoo.com
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En noviembre de 2004, dos meses después de la polémica reforma al reglamento que permitió la proliferación de los casinos, IPSOS BIMSA realizó una encuesta nacional, disponible en www.ipsos-bimsa.com.mx/common/download.aspx?DocumentId=21.
El estudio es revelador. El 59 por ciento de los encuestados tenía una percepción negativa de los casinos, contra 20 por ciento con percepción positiva. La gran mayoría opinaba que los casinos traen consigo: corrupción (86 por ciento), delincuencia (85), narcotráfico (84) y desintegración familiar (71).
La apertura a los casinos no fue aprobada por los legisladores -representantes populares-, y además se hizo en contra de la opinión de la sociedad, ya que el 52 por ciento se oponía a su instalación y solamente 23 por ciento estaba a favor.
A la pregunta, ¿si llegaran a instalarse, en dónde preferiría que se situaran? las respuestas fueron: en zonas turísticas (30 por ciento), en ningún lado (29), en la frontera con Estados Unidos (9), en zonas de tolerancia (9), en todo el país (9), y en las playas (7 por ciento). Actualmente tenemos casinos en todo el País, situación que no contó con el respaldo social.
No solamente se atropelló la opinión ciudadana, también se ningunearon los estudios. En noviembre de 2002, la Cámara de Diputados publicó "Los casinos en México y sus principales efectos sociales: Un análisis de opinión pública", disponible en www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/pdf/dps56.pdf.
Por otra parte, en 2005, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad, A.C. (ICESI) publicó el "Estudio sobre la posible legalización de los casinos en México", disponible en www.icesi.org.mx/propuestas/icesi/estudio_sobre_casinos_en_mexico.asp.
En estos documentos se exponen las recomendaciones, objeciones, supuestos beneficios, perjuicios y sugerencias de la iniciativa privada, iglesias, ex funcionarios, especialistas e investigadores. La autoridad hizo caso omiso -prácticamente- a todo lo que se planteó: realización de estudios previos, condiciones y lugares para operar, el tipo o modelo de casino que se adoptaría, los impuestos y su destino, regulación y normatividad, límite de casinos a instalar, entre otros factores.
La Secretaría de Gobernación (Segob) contrató la realización del "Estudio multidisciplinario sobre los diversos impactos que tendría la instalación de casinos". Fue facturado por la UNAM y lo realizaron expertos de esa casa de estudios, España y Estados Unidos, y se entregó a la SEGOB en febrero del 2007.
En 2008 fue solicitado vía la Ley de Transparencia, y la SEGOB lo negó, pues lo había reservado por cinco años. El solicitante se inconformó ante el IFAI y éste ordenó su entrega.
Sin embargo, se mantuvo la clasificación de los apartados 2 al 6, que contienen el análisis y las implicaciones jurídico-políticas de los casinos, así como la experiencia internacional, las consecuencias culturales, sociales, fiscales, económicas y en materia de seguridad pública.
La Segob alegó que no podía dar a conocer el texto porque contiene diversas "opiniones" que forman parte de un proceso deliberativo permanente. También por ser guía en aspectos vinculados con lavado de dinero, delincuencia organizada, evasión fiscal, corrupción de menores y prostitución (La Jornada, 29 de julio, 2008).
La Segob debe dejar de hacerle al tahúr, no esconder los ases bajo la manga y desclasificar ya los apartados que nos oculta. ¿Acaso no estamos preparados para conocer las reglas del juego en el que ya estamos apostando?, ¿o acaso hay dados cargados?
En el juego -obviamente- no se sabe qué carta, número o combinación va a salir. Paradójicamente, estamos igual: ni la autoridad se pone de acuerdo sobre el número de establecimientos que hay; no sabemos el límite -si es que existe- de establecimientos a instalar; tampoco conocemos a ciencia cierta los supuestos beneficios que generan; no medimos los perjuicios que están ocasionando y mucho menos estamos preparados para afrontarlos.
En el asunto del juego, el Gobierno ha estado jugando. Lo ha hecho con la población, con los estudios, con las autorizaciones, con la fiscalización y con las consecuencias. Apostaron por el juego sucio, turbio. ¿Quién gana? ¡Haga sus apuestas!
rogelio_campos@yahoo.com
