El diputado local del PAN, Abraham González Uyeda, propuso realizar exámenes antidoping en las escuelas a partir del quinto año de primaria. No es la primera vez que se plantea esta medida. El Presidente Calderón la anunció en el 2007, aunque no consideraba una reforma legal, y se aplicaría en escuelas públicas, con el consentimiento previo de los padres (REFORMA, 3/07/07).
En ese caso hubo mucho ruido, pero muy pocas nueces. Muy pronto quedaron al descubierto las limitaciones de esta "acción gubernamental", que se empezó a aplicar siete meses después de su anuncio; la única entidad en la que se probó fue en Nuevo León, y el ejercicio se circunscribió a 53 secundarias públicas. Se trató de una prueba de saliva -no de orina- y, adicional al consentimiento de los padres, se requirió el de las escuelas y de los alumnos.
En el ciclo escolar 2007-2008, únicamente se aplicó a 2 mil 709 estudiantes, de los cuales sólo 9 resultaron positivos y 35 se negaron a participar (El Norte, 4/07/08). Cabe mencionar que la población estudiantil de secundaria, en Nuevo León, asciende a 220 mil alumnos.
Para el ciclo escolar 2008-2009 se anunció la ampliación a 800 secundarias, pero el programa fue abandonado. Las pruebas no se efectuaron ni siquiera en las 53 escuelas iniciales (El Norte, 30/06/09).
Después, las autoridades educativas estatales declararon que el esfuerzo "no otorgó resultados satisfactorios, no produjo nada de lo que hubiéramos podido pensar encontrar". (El Norte, 2/09/09). Actualmente, las autoridades de Nuevo León no tienen contemplado aplicar este tipo de pruebas.
Estamos hablando de un espectacular anuncio presidencial que se diluyó, ya que esta medida se aplicó en una sola entidad, únicamente en secundarias, con una micro-muestra del 1.2 por ciento y por única ocasión.
Si bien el proyecto del Gobierno federal puesto en marcha en Nuevo León no implicó una reforma legal, hay otros casos en los que sí se ha reformado la ley para proceder a la aplicación de estos exámenes en escuelas.
En febrero del 2009, el Congreso de Sonora aprobó la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones. La medida desató un intenso debate, con la oposición del magisterio y las autoridades de integración juvenil. Se dijo que era una acción mediática de los diputados, que no se estaba en condiciones para su aplicación y que podría generar estigmatización y deserción escolar (El Universal, 11/02/09).
No obstante que -en principio- se anunció que la ley podría empezar a aplicarse en el 2010, las autoridades manifestaron que era necesario contar con un reglamento. Entre la aprobación de la ley y la publicación del reglamento (28/03/11) pasaron más de dos años. El reglamento sonorense es un entramado burocrático salpicado de buenas intenciones.
Hay muchas referencias de lo que sucedió en Sonora antes de la aprobación del reglamento, pero no se encuentran notas o registros sobre la implementación de esta medida. Pareciera que lo importante es el anuncio, y después nos olvidamos del seguimiento y del resultado.
Para analizar la viabilidad y la pertinencia de la propuesta del diputado González Uyeda resulta de mucha utilidad el estudio "Drug Testing in Schools: Evidence, Impacts and Alternatives", http://drugaids.socialnet.org.hk/Documents/australia_drug_testing_in_schools%20(1).pdf.
Éste, revela que es alto el riesgo de obtener "falsos positivos" -la detección de un consumidor de droga que en realidad no lo es-, y este riesgo no se elimina con la confirmación en laboratorio de pruebas positivas.
También refiere que este tipo de pruebas no son confiables para contextos escolares, son muy costosas, prácticamente inservibles para los bajos consumos de drogas, y no son efectivas como medidas de prevención.
Llama la atención que el anuncio del Presidente Calderón haya quedado en el olvido. ¿Cuántos anuncios presidenciales, con bombo y platillo, como éste, se encontrarán en la misma situación?
Los gobernantes llaman la atención de la sociedad, por conducto de los medios de comunicación, con propuestas que se encuentran muy alejadas de los estudios científicos y que no trascienden más allá del ámbito mediático.
rogelio_campos@yahoo.com
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En noviembre de 2004, dos meses después de la polémica reforma al reglamento que permitió la proliferación de los casinos, IPSOS BIMSA realizó una encuesta nacional, disponible en www.ipsos-bimsa.com.mx/common/download.aspx?DocumentId=21.
El estudio es revelador. El 59 por ciento de los encuestados tenía una percepción negativa de los casinos, contra 20 por ciento con percepción positiva. La gran mayoría opinaba que los casinos traen consigo: corrupción (86 por ciento), delincuencia (85), narcotráfico (84) y desintegración familiar (71).
La apertura a los casinos no fue aprobada por los legisladores -representantes populares-, y además se hizo en contra de la opinión de la sociedad, ya que el 52 por ciento se oponía a su instalación y solamente 23 por ciento estaba a favor.
A la pregunta, ¿si llegaran a instalarse, en dónde preferiría que se situaran? las respuestas fueron: en zonas turísticas (30 por ciento), en ningún lado (29), en la frontera con Estados Unidos (9), en zonas de tolerancia (9), en todo el país (9), y en las playas (7 por ciento). Actualmente tenemos casinos en todo el País, situación que no contó con el respaldo social.
No solamente se atropelló la opinión ciudadana, también se ningunearon los estudios. En noviembre de 2002, la Cámara de Diputados publicó "Los casinos en México y sus principales efectos sociales: Un análisis de opinión pública", disponible en www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/pdf/dps56.pdf.
Por otra parte, en 2005, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad, A.C. (ICESI) publicó el "Estudio sobre la posible legalización de los casinos en México", disponible en www.icesi.org.mx/propuestas/icesi/estudio_sobre_casinos_en_mexico.asp.
En estos documentos se exponen las recomendaciones, objeciones, supuestos beneficios, perjuicios y sugerencias de la iniciativa privada, iglesias, ex funcionarios, especialistas e investigadores. La autoridad hizo caso omiso -prácticamente- a todo lo que se planteó: realización de estudios previos, condiciones y lugares para operar, el tipo o modelo de casino que se adoptaría, los impuestos y su destino, regulación y normatividad, límite de casinos a instalar, entre otros factores.
La Secretaría de Gobernación (Segob) contrató la realización del "Estudio multidisciplinario sobre los diversos impactos que tendría la instalación de casinos". Fue facturado por la UNAM y lo realizaron expertos de esa casa de estudios, España y Estados Unidos, y se entregó a la SEGOB en febrero del 2007.
En 2008 fue solicitado vía la Ley de Transparencia, y la SEGOB lo negó, pues lo había reservado por cinco años. El solicitante se inconformó ante el IFAI y éste ordenó su entrega.
Sin embargo, se mantuvo la clasificación de los apartados 2 al 6, que contienen el análisis y las implicaciones jurídico-políticas de los casinos, así como la experiencia internacional, las consecuencias culturales, sociales, fiscales, económicas y en materia de seguridad pública.
La Segob alegó que no podía dar a conocer el texto porque contiene diversas "opiniones" que forman parte de un proceso deliberativo permanente. También por ser guía en aspectos vinculados con lavado de dinero, delincuencia organizada, evasión fiscal, corrupción de menores y prostitución (La Jornada, 29 de julio, 2008).
La Segob debe dejar de hacerle al tahúr, no esconder los ases bajo la manga y desclasificar ya los apartados que nos oculta. ¿Acaso no estamos preparados para conocer las reglas del juego en el que ya estamos apostando?, ¿o acaso hay dados cargados?
En el juego -obviamente- no se sabe qué carta, número o combinación va a salir. Paradójicamente, estamos igual: ni la autoridad se pone de acuerdo sobre el número de establecimientos que hay; no sabemos el límite -si es que existe- de establecimientos a instalar; tampoco conocemos a ciencia cierta los supuestos beneficios que generan; no medimos los perjuicios que están ocasionando y mucho menos estamos preparados para afrontarlos.
En el asunto del juego, el Gobierno ha estado jugando. Lo ha hecho con la población, con los estudios, con las autorizaciones, con la fiscalización y con las consecuencias. Apostaron por el juego sucio, turbio. ¿Quién gana? ¡Haga sus apuestas!
rogelio_campos@yahoo.com
Ayer en Michoacán, en el marco de la reunión plenaria con senadores de su partido, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, dijo: "En los indicadores de violencia agregada estamos en los mismos niveles que la última década de los gobiernos del PRI... Tenemos un arsenal de datos positivos. Los muertos no son nuestro punto flaco" (mural.com, 25 de agosto).
Llaman la atención los dichos de Madero, porque acepta que los gobiernos emanados de su partido son iguales -en este tipo de resultados- al PRI, siendo que el blanquiazul siempre ha ponderado su mejor proceder y desempeño. Ni qué decir de los vocablos bélicos adoptados por el líder panista, al referirse al "arsenal" con el que cuenta; quizás se contagió del discurso del gobierno federal o lo traicionó su subconsciente.
¿Qué tan ciertos son los dichos de Madero? El promedio de homicidios en la última década de los gobiernos priistas es de 14,413 por año, mientras que la década de gobiernos panistas reporta un promedio anual de 12,701. Hasta aquí tiene razón el presidente del PAN.
Ahora bien, ¿qué ha pasado en los últimos tres sexenios? Zedillo recibió el país con 15,844 homicidios -cometidos en 1994- y el último año de su sexenio lo entregó con 10,783 (32 por ciento menos). Vicente Fox recibió la cifra anterior, y el último año se reportaron 8,507 (11 por ciento menos). En 2010 fueron 24,374: un aumento de 186 por ciento, considerando los números entregados por Fox. Todos los datos expuestos son los anotados por el INEGI.
La situación es más grave, ya que la cantidad real de homicidios es mayor a la del INEGI, pues éste no tiene la capacidad técnica para contar todos los muertos. El instituto se basa en actas de defunción, pero hay una cantidad considerable de muertos sin acta. Los "desaparecidos" pueden tener ese carácter por años antes de ser declarados oficialmente muertos.
El INEGI tendría que contratar videntes que indicaran cuántas fosas clandestinas existen y cuántos muertos hay en cada una de ellas para así acercar las cifras oficiales a la cantidad de víctimas reales. Recientemente se han encontrado decenas de fosas -con docenas de cadáveres- que corresponden, en todos esos terribles casos, a muertos de este sexenio.
Madero quiere equiparar homicidios con violencia y se equivoca. Los científicos han tratado de medir la violencia aplicando una cierta metodología. Un caso representativo es el Índice Global de Paz, elaborado por el Institute for Economics and Peace junto a un panel internacional de expertos provenientes de institutos para la paz y grupos interdisciplinarios, además del Centre for Peace and Conflict Studies de la Universidad de Sydney, con datos procesados por la Economist Intelligence Unit.
El estudio evalúa 153 países, y Gustavo Madero haría bien en revisarlos. En 2007 México se ubicó en el lugar 79; en 2008 en el 93; en 2009 en el 108; en 2010 en el 107; y en 2011 en el lugar 121. Los homicidios solamente son un indicador de los 24 que considera este estudio.
Antes de usar su "arsenal" contra otro partido, Madero debería visitar a los científicos, intelectuales y académicos internaciones que hacen estos estudios, o de plano mandarles su "arsenal" de datos positivos. Si éstos son tan contundentes, seguramente reconsiderarán nuestras pésimas calificaciones y nos reubicarán en un mejor lugar.
El señor Madero debería ser más desinteresado y no pensar solamente en términos partidistas. Si lo hiciera, podría publicar ese "arsenal" en los medios de comunicación o subirlo a internet. Así, los mexicanos que -temerosos- salen a las calles y carreteras, no pocas de ellas federales, podrían imprimir esa información y pegarla en el parabrisas de su automóvil. Con eso quizás podría defenderse de los criminales, que no solamente matan, sino que roban, hieren y secuestran.
Si el "arsenal" que tiene el señor Madero no sirve para ahuyentar a los criminales, podría tal vez ayudar al gobierno emanado de su partido a revertir la percepción ciudadana, ya que según la última encuesta de este diario, el 52 por ciento de los ciudadanos piensa que va ganando el crimen organizado, y sólo un 27 por ciento opina que la ventaja es del gobierno federal (MURAL, 1 de agosto). Triste situación.
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