sábado, 15 de noviembre de 2008

Queda a deber

La deuda que pretende contraer el Gobierno de Jalisco sigue dando de qué hablar. El tema requiere de más información y explicaciones -queda a deber- como a deber quedan los actores involucrados en lo que parece su inminente aprobación.

Mientras los diputados del PAN han refrendado su apoyo al proyecto presentado por el Ejecutivo, los legisladores del PRI se oponen a la propuesta. Un elemento adicional a la discusión se encuentra en la aprobación de recursos federales por un monto muy superior a los que consideraba el documento enviado por el Gobernador a los diputados. Lo anterior no sería un elemento que necesariamente pusiera en duda la pertinencia del endeudamiento: es posible que los recursos federales adicionales no tengan por destino los proyectos que se pretenden realizar con el endeudamiento.

El problema radica en la falta de claridad sobre los proyectos a desarrollar. No se ha dicho a cuáles proyectos se destinarían los recursos provenientes del endeudamiento. Si lo supiéramos, sería muy fácil averiguar si se duplican con los recursos que el Gobierno federal ha comprometido para su ejercicio en el Estado.

La deuda que se pretende contraer (6 mil millones de pesos) es histórica. Nunca antes en un año el Gobierno de Jalisco -y es posible que ningún otro Estado- ha contraído un compromiso de esta magnitud. Basta señalar que la deuda del Ejecutivo es de aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos. Estamos hablando de un aumento -en tan sólo un año- del 133 por ciento del total de la deuda contraída en toda la historia.

Resulta inevitable pensar en las posibilidades reales que tiene el aparato gubernamental para ejercer -directa o indirectamente- ese monto. No son pocas las muestras de subejercicios y de obras que se desfasan en el monto y el plazo previstos. Asunto aparte son las asignaciones directas de obras que -en el mejor de los casos- incluso ponen en duda la capacidad del aparato gubernamental para instrumentar los procesos de licitación. Debemos, además, agregar las suspicacias de la coincidencia que hay entre este monto histórico con un año electoral.

Para defender el proyecto de endeudamiento se recurre al argumento de la recesión económica mundial que se enfrentará el próximo año. En esa lógica, el Gobernador pretende instrumentar un modelo keynesiano que incentive la economía con base en el gasto público.

Aquí es donde hacen su aparición elementos que debemos considerar. Los antecedentes del Gobernador, cuando fungió como Presidente Municipal de Guadalajara -y no estábamos en recesión- apuntan en el sentido de un manejo presupuestal que se debe evitar, con o sin modelo keynesiano.

En abril de este año, Moody´s calificó como emisor de deuda a Guadalajara. El documento nos permite apreciar datos por demás interesantes. Moody´s dice que Guadalajara empezó a estabilizarse en su desempeño financiero mixto en los últimos dos años, lo que significa que hasta 2006 no se encontraba estabilizada. Recordemos que Emilio González fue electo en Guadalajara para el periodo 2003-2006. La calificadora refiere que la Ciudad operó con déficit en ese periodo.

Moody´s agrega: "en el periodo 2002-2005 se observa un deterioro gradual del margen operativo, al pasar de 17 por ciento en 2002 a 10 por ciento en 2005, nivel considerado relativamente bajo. Lo anterior fue a consecuencia del desequilibrio estructural entre los ingresos disponibles y el gasto corriente... creciendo -el gasto corriente- 41 por ciento comparado con -el crecimiento- del 25 por ciento de los ingresos".

Moody´s establece que el notable crecimiento de gasto corriente se disipó en 2006: justo cuando terminó el periodo para el que había sido electo Emilio González. Lo anterior refuerza el temor de algunos diputados de que el gasto corriente haya venido aumentando y que la obra pública se esté realizando con excedentes petroleros.

Moody´s también asegura que la posición de liquidez de Guadalajara fue negativa del 2003 al 2006, pero que -en ese periodo- no comprometió su condición financiera, pues el Municipio fue capaz de cubrir sus necesidades de flujo de efectivo sin recurrir a la deuda de corto plazo. Lo que no le dijeron a Moody´s fue que para lograr lo anterior efectivamente no se recurrió a deuda de corto plazo, pero sí se mandó temporalmente -a su casa- a cientos de empleados supernumerarios porque no se les podía seguir pagando, en una peculiar e histórica medida.

Ni los diputados del partido en el Gobierno ni los de Oposición han tomado medidas de fondo al respecto. Hace más de cuatro años, en mayo del 2004, la Convención Nacional Hacendaria elaboró el "Manual de Mejores Prácticas para la Administración de la Deuda en Entidades Subnacionales", que se puede consultar en http://www.indetec.gob.mx/cnh/General/DocsCNH/ManualCNH.pdf. Si los diputados hicieran lo que el manual recomienda acerca del marco regulatorio, mejores prácticas, normas prudenciales, fortalecimiento del marco institucional y transparencia y rendición de cuentas de la deuda, no andarían aprobando la deuda a ojos cerrados ni tampoco les quedaría solamente lloriquear.

Por eso, el tema de la deuda sigue quedando a deber, como otros han quedado a deber en el manejo presupuestal o en la implementación de un marco adecuado para el tema de la deuda.

P.D. Standard and Poor´s -también calificadora de deuda- estima que el sistema de pensiones de Jalisco agotará sus reservas en 2021. A tiempo, para que lo vayan viendo por ahí del 2018.

rogelio_campos@yahoo.com

sábado, 8 de noviembre de 2008

Enredos electorales

Esta semana por fin se integró el pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) que habrá de organizar las elecciones locales del próximo año. Los consejeros tienen una pesada tarea y el tiempo en contra. Adicionalmente, hay factores que pueden incidir en complicaciones mayores.

La historia de la recomposición del órgano máximo de dirección no podía haber sido más accidentada. Los partidos quisieron tomar como referencia lo ocurrido con el IFE, donde hubo una purga de consejeros. En el caso del órgano local, quisieron quitar a todos al mismo tiempo. No tomaron en cuenta que en el caso del IFE el relevo fue gradual y algunos consejeros permanecieron.

Tampoco tomaron en cuenta que para hacer los movimientos en el IFE se reformó la Carta Magna, y es precisamente nuestro máximo ordenamiento el que protege a los consejeros locales de ser removidos. Mientras los ex consejeros del IFE no contaban con un instrumento legal de defensa, los consejeros locales nunca lo perdieron. Al parecer, a nuestros diputados se les olvidó que las reformas a la constitución local no pueden contravenir la federal.

En la reforma a la constitución local se estableció la posibilidad de indemnizar a los consejeros que decidieran no participar en el proceso de renovación o que participando no lograran la designación. Esa parte fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Las indemnizaciones ya se habían hecho, en medio de un enredo jurídico-presupuestal que todavía está por verse cómo se resuelve. Los que no aceptaron la millonaria indemnización se quedaron, en contra de la voluntad de los partidos.

Al ver que no resultó la maniobra, los partidos sacaron sus cuentas; algunos se ajustaron a la realidad y de ahí partieron para jugar su tablero. Sacaron una convocatoria tan mal hecha que emplaza a la designación de "consejeros ciudadanos", mientras que el cargo -según la legislación- es de consejeros electorales. Por su parte, el PRI se quedaba solo, pidiendo que se eligiera a los suplentes.

Al parecer, el pasado jueves la fracción parlamentaria del PRI habría interpuesto una Controversia Constitucional en contra de la designación de los dos consejeros recientemente designados. En caso de que la controversia fuera favorable para los priistas, podrían darse varios escenarios: el primero es que los suplentes asuman, y cabe la posibilidad de que contemos con un consejo integrado por nueve miembros -ya hay antecedentes de que por medio de resoluciones judiciales los órganos electorales amplían el número de consejeros-.

Si los consejeros suplentes fueran reinstalados, tendría que repetirse la elección del presidente, y la correlación de fuerzas favorecería al PRI. Si el número de consejeros aumentara a nueve, el PAN y el PRI quedarían con cuatro cada uno y, paradójicamente, el voto decisivo sería el del consejero identificado con el PRD.

Independientemente de lo anterior, el IEPC cuenta con dos semanas para elaborar 40 reglamentos. Así lo obliga la legislación. Además, debe proceder a integrar las comisiones y a nombrar o ratificar a los directivos. Si decide remover directivos, cabe la posibilidad de que tenga que pagar sumas millonarias por las demandas que interpongan. Recientemente, por el mismo motivo, el IEPC tuvo que pagar dos indemnizaciones que ascienden a los 3 millones de pesos cada una.

El inicio del proceso electoral está en puerta -el IFE ya declaró formalmente el inicio del proceso federal-. En Jalisco tenemos elecciones simultáneas, y es imprescindible avanzar al mismo tiempo que lo hace el IFE.

Por si lo anterior fuera poco, el instituto local tiene un rezago inexplicable en el proceso de fiscalización de las campañas políticas ¡del 2006! Esto quiere decir que los partidos no han sido sancionados por las irregularidades en el ejercicio de los recursos que emplearon hace más de 30 meses.

No se entendería que iniciara el proceso electoral del 2009 sin la definición de las multas correspondientes. Si acaso los partidos no fueran multados, o lo son con cantidades ridículas, los consejeros estarán mandando una mala señal que incidiría en la falta de confianza.

No son los únicos retos de los consejeros. Al mismo tiempo que los enfrentan, tendrán que acortar los tiempos para acoplar a los que llevan más de tres años en el cargo con los recién llegados.

La asimetría de información sobre la estructura, personal y usos y costumbres del organismo repercute en los liderazgos al interior, y puede ser un factor que incida en la falta de entendimiento. Ojalá puedan sortear correctamente estos enredos.

rogelio_campos@yahoo.com

sábado, 1 de noviembre de 2008

A endeudarnos

Ayer, el Gobernador del Estado presentó ante el Poder Legislativo una propuesta de endeudamiento por 5 mil 500 millones de pesos. Todo indica que será aprobada sin mayores dificultades. Ante tal situación, resulta conveniente dimensionar la magnitud de la propuesta y algunas de sus implicaciones.

Primeramente veamos la magnitud. Tomando como fecha de corte el mes de julio de este año, según los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, SHCP, la deuda pública del Estado de Jalisco es de 9 mil 703.2 millones de pesos. Es decir, los jaliscienses incrementaríamos nuestra deuda en 56.68 por ciento.

Debemos considerar que el monto de casi 10 mil millones de deuda que se reporta a la SHCP incluye la deuda de los organismos descentralizados como el SIAPA, que según el Periódico Oficial del Estado de Jalisco reporta un adeudo de mil 500 millones de pesos; adicionalmente, el registro incluye la deuda de los Municipios, que asciende a unos 2 mil 500 millones de pesos.

En septiembre de 2007, la deuda del Poder Ejecutivo era de 4 mil 444 millones de pesos. Debemos considerar que la propuesta del Gobernador será únicamente para ésa. En ese sentido, la propuesta representa un aumento del 124 por ciento.

En 1995, cuando el PAN llegó al poder en Jalisco, el entonces Gobernador no dejaba de quejarse de la "deuda inmanejable" que había heredado, pues ascendía a poco más de 3 mil millones de pesos. La situación económica que enfrentaba el Estado llevó a que Alberto Cárdenas promoviera la aprobación de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ante las turbulencias financieras, los analistas han recomendado prudencia en la contratación de créditos. Resulta crucial que las negociaciones que se realicen no establezcan cláusulas que puedan disparar el crecimiento del pago de intereses.

Otro punto a observar es el que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El artículo cuarto de este ordenamiento obliga a que "los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública estatal y municipal, deberán estar destinados al gasto de inversión pública productiva". El problema radica en que no se encuentra la definición de lo que debe considerarse como "obra pública productiva".

Nos encontramos frente a un endeudamiento histórico. Debe cumplirse lo que señala la legislación y destinarse a "inversión pública productiva". Si se cumple, a finales de 2009 debemos contar con una inversión pública monumental, histórica.

Del tamaño del endeudamiento son las interrogantes. ¿Quién va a definir lo que es inversión pública productiva? Por lo visto no hay más instancias que el propio Ejecutivo. ¿Deben considerarse en este apartado las transferencias a organismos privados, civiles o religiosos? En el pasado reciente la respuesta afirmativa a esta pregunta ha sido defendida por el Gobernador.

¿Hay un plan maestro de inversiones; cuáles regiones o zonas se van a privilegiar, con qué criterios; existe una forma de inconformarse respecto de la realización de algunas obras; se presentarán gradualmente o en paquete; cuánto se destinará a la infraestructura de los Juegos Panamericanos? La respuesta a todas las preguntas es la misma: no sabemos.

La ley de deuda establece un monto máximo para el endeudamiento: no debe ser superior al 10 por ciento del presupuesto. En tal sentido no habría vulneración al ordenamiento. Sin embargo, todos sabemos que la mayor parte del presupuesto está etiquetada o comprometida: nómina y gastos de operación, entre otros rubros, que en muchos casos son irreductibles. El punto fino de este importante incremento presupuestal, basado en endeudamiento, radicaría en que se erogaría en todos aquellos rubros que no están comprometidos o etiquetados.

Como consecuencia, el margen de maniobra para direccionar los recursos se amplía exponencialmente. Si además consideramos que no se cuenta con un diagnóstico de las obras prioritarias, estamos frente a un potencial problema de magnitudes similares al monto del endeudamiento.

Actualmente, Jalisco se ubica en el quinto lugar de las entidades más endeudadas del País, por debajo del Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León y Sonora, en ese orden. Si se llega a contratar el techo de la deuda propuesta, pasaremos al cuarto lugar, desplazando a Sonora, y estaremos a tiro de piedra de Nuevo León.

Está por verse si los Ayuntamientos y organismos descentralizados siguen el ejemplo del Ejecutivo. De ser el caso, no es descabellado pensar que empatemos o desplacemos a Nuevo León en endeudamiento.

Pero estas mediciones únicamente se refieren a términos absolutos. Debemos estar atentos a otros cálculos: el incremento de esta deuda con relación al porcentaje que representa sobre el total de la deuda de las entidades; el monto de la deuda con relación al PIB, y a millones de pesos constantes. En esas mediciones saldremos mal librados. Ni hablar de las comparaciones de competitividad y desarrollo humano, donde Jalisco es una entidad de media tabla y en algunos casos hasta sotanera.

El Gobernador ha declarado que "el error sería no endeudarnos" y que "endeudarse no es pecado". Lo que realmente preocupa es el destino de los recursos y la forma en que se tomarán las decisiones. Ese es el debate que debe estar por venir.

rogelio_campos@yahoo.com