sábado, 1 de noviembre de 2008

A endeudarnos

Ayer, el Gobernador del Estado presentó ante el Poder Legislativo una propuesta de endeudamiento por 5 mil 500 millones de pesos. Todo indica que será aprobada sin mayores dificultades. Ante tal situación, resulta conveniente dimensionar la magnitud de la propuesta y algunas de sus implicaciones.

Primeramente veamos la magnitud. Tomando como fecha de corte el mes de julio de este año, según los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, SHCP, la deuda pública del Estado de Jalisco es de 9 mil 703.2 millones de pesos. Es decir, los jaliscienses incrementaríamos nuestra deuda en 56.68 por ciento.

Debemos considerar que el monto de casi 10 mil millones de deuda que se reporta a la SHCP incluye la deuda de los organismos descentralizados como el SIAPA, que según el Periódico Oficial del Estado de Jalisco reporta un adeudo de mil 500 millones de pesos; adicionalmente, el registro incluye la deuda de los Municipios, que asciende a unos 2 mil 500 millones de pesos.

En septiembre de 2007, la deuda del Poder Ejecutivo era de 4 mil 444 millones de pesos. Debemos considerar que la propuesta del Gobernador será únicamente para ésa. En ese sentido, la propuesta representa un aumento del 124 por ciento.

En 1995, cuando el PAN llegó al poder en Jalisco, el entonces Gobernador no dejaba de quejarse de la "deuda inmanejable" que había heredado, pues ascendía a poco más de 3 mil millones de pesos. La situación económica que enfrentaba el Estado llevó a que Alberto Cárdenas promoviera la aprobación de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ante las turbulencias financieras, los analistas han recomendado prudencia en la contratación de créditos. Resulta crucial que las negociaciones que se realicen no establezcan cláusulas que puedan disparar el crecimiento del pago de intereses.

Otro punto a observar es el que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El artículo cuarto de este ordenamiento obliga a que "los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública estatal y municipal, deberán estar destinados al gasto de inversión pública productiva". El problema radica en que no se encuentra la definición de lo que debe considerarse como "obra pública productiva".

Nos encontramos frente a un endeudamiento histórico. Debe cumplirse lo que señala la legislación y destinarse a "inversión pública productiva". Si se cumple, a finales de 2009 debemos contar con una inversión pública monumental, histórica.

Del tamaño del endeudamiento son las interrogantes. ¿Quién va a definir lo que es inversión pública productiva? Por lo visto no hay más instancias que el propio Ejecutivo. ¿Deben considerarse en este apartado las transferencias a organismos privados, civiles o religiosos? En el pasado reciente la respuesta afirmativa a esta pregunta ha sido defendida por el Gobernador.

¿Hay un plan maestro de inversiones; cuáles regiones o zonas se van a privilegiar, con qué criterios; existe una forma de inconformarse respecto de la realización de algunas obras; se presentarán gradualmente o en paquete; cuánto se destinará a la infraestructura de los Juegos Panamericanos? La respuesta a todas las preguntas es la misma: no sabemos.

La ley de deuda establece un monto máximo para el endeudamiento: no debe ser superior al 10 por ciento del presupuesto. En tal sentido no habría vulneración al ordenamiento. Sin embargo, todos sabemos que la mayor parte del presupuesto está etiquetada o comprometida: nómina y gastos de operación, entre otros rubros, que en muchos casos son irreductibles. El punto fino de este importante incremento presupuestal, basado en endeudamiento, radicaría en que se erogaría en todos aquellos rubros que no están comprometidos o etiquetados.

Como consecuencia, el margen de maniobra para direccionar los recursos se amplía exponencialmente. Si además consideramos que no se cuenta con un diagnóstico de las obras prioritarias, estamos frente a un potencial problema de magnitudes similares al monto del endeudamiento.

Actualmente, Jalisco se ubica en el quinto lugar de las entidades más endeudadas del País, por debajo del Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León y Sonora, en ese orden. Si se llega a contratar el techo de la deuda propuesta, pasaremos al cuarto lugar, desplazando a Sonora, y estaremos a tiro de piedra de Nuevo León.

Está por verse si los Ayuntamientos y organismos descentralizados siguen el ejemplo del Ejecutivo. De ser el caso, no es descabellado pensar que empatemos o desplacemos a Nuevo León en endeudamiento.

Pero estas mediciones únicamente se refieren a términos absolutos. Debemos estar atentos a otros cálculos: el incremento de esta deuda con relación al porcentaje que representa sobre el total de la deuda de las entidades; el monto de la deuda con relación al PIB, y a millones de pesos constantes. En esas mediciones saldremos mal librados. Ni hablar de las comparaciones de competitividad y desarrollo humano, donde Jalisco es una entidad de media tabla y en algunos casos hasta sotanera.

El Gobernador ha declarado que "el error sería no endeudarnos" y que "endeudarse no es pecado". Lo que realmente preocupa es el destino de los recursos y la forma en que se tomarán las decisiones. Ese es el debate que debe estar por venir.

rogelio_campos@yahoo.com

sábado, 25 de octubre de 2008

¿Estás bromeando?

Lo maravilloso no radica en no sufrir, sino en no entenderlo ¿Le parece absurda la frase? Veamos. Un niño de ocho años, sentado en la escalera que da acceso a su casa, soba contra su pierna un billete de 20 pesos, al fondo su bicicleta está en el suelo.

-Una voz le pregunta: ¿son tuyos esos 20 pesos?

-El niño responde mientras continúa sobando el billete: sí, es mi billete; 20 mandados, 20 pesos.

-La voz en off le plantea: ¿Y si te digo que hubo una devaluación, y que tus 20 pesos ya sólo valen 10?

El niño, con cara de compungido, hace un breve silencio y de inmediato revira sonriente: ¿Me estás mintiendo, verdad? Aquí dice 20 pesos ¡Me estás bromeando!

Mientras el niño entra a su casa por un balón y recoge su bicicleta, otra voz en off, con tono lúgubre, dice: ¿no te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica; apostarle a algo distinto es retroceder; defendamos lo que hemos logrado. El mensaje cierra con la frase del patrocinador: Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El spot se transmitió durante las últimas semanas de las campañas electorales de 2006, y al respecto es pertinente resaltar dos aspectos fundamentales.

En primer término, este tipo de spots motivaron una reforma a nuestra Constitución. A principios de este mes, el IFE declaró el inicio del proceso electoral del próximo año. En 2009, los particulares y los organismos como el CCE ya no podrán contratar la transmisión de este tipo de anuncios. La reforma constitucional lo prohíbe.

A pesar de la estridente impugnación de un grupo de intelectuales y cúpulas empresariales, la Suprema Corte de Justicia dejó firme la prohibición. Los argumentos de la Corte son contundentes: no se violan las garantías individuales. Ya lo habíamos adelantado en "Yes o Oui" (MURAL, 7/12/08): en Francia también se prohíben este tipo de spots y nunca se han quejado de que se violen sus garantías.

Otro aspecto a destacar -y a cuestionar- es el contenido de este tipo de mensajes. La magia del spot nos adentra en la realidad virtual de una supuesta estabilidad económica de 1996 a 2006. La realidad virtual se estrella con la frialdad de los números.

El spot no mencionaba que de 2000 a 2006 el poder adquisitivo había caído un 22 por ciento. El billete de 20 se había convertido en billete de menos de 16 pesos. Tampoco se menciona que en enero de 2002, el niño del anuncio podía comprar con "20 mandados" dos euros, y todavía le sobraban 48 centavos. Ayer, el mismo niño necesitaría hacer 34 mandados para comprar dos euros, y solamente le sobrarían dos centavos. Dicho de otra forma, el billete de 20 pesos casi se le hizo de 10. Si tomamos como referencia el dólar, en el último mes el billete de 20 pesos se le hizo de poco más de 14.

En estricto sentido, es posible que el spot no mienta al decir: ¿no te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? No dice que los niños no sufran las consecuencias de una devaluación, dice que no lo entienden. Honestamente, no me parece maravilloso que, si fuera el caso, sufriendo una devaluación no se llegara a entender.

La percepción de que no sufríamos una devaluación tenía como fundamento la estabilidad del peso frente al dólar. Un frágil fundamento. Mientras, la moneda estadounidense se hundía frente a otras divisas como el euro y el dólar canadiense. Nadie alertaba que, lejos de una fortaleza, nos hundíamos junto con el dólar.

Tampoco se mencionaba que esa paridad, más que sustentarse en la estabilidad económica, tenía como causas el incremento desmedido de remesas -que implicaba la acelerada expulsión de mexicanos- y los estratosféricos precios del petróleo. Si no se consideran las exportaciones petroleras y el envío de remesas, con el actual déficit comercial las reservas internacionales se agotarían en poco más de año y medio.

En los últimos 15 días las reservas internacionales han pasado de 84 mil 116 millones de dólares a 78 mil 655 millones de dólares, una disminución del 6.5 por ciento. Esta reducción de las reservas tiene como única causa evitar una caída mayor del peso.

En el futuro inmediato el monto de las reservas se verá sometido a una fuerte presión. La recesión de la economía estadounidense repercutirá en la reducción del envío de remesas. Los ingresos petroleros disminuirán debido a la baja en los precios y a la extracción y las reservas del hidrocarburo. Además, el clima de inseguridad extrema impactará en la disminución del turismo.

Es posible que las exportaciones no petroleras suban, debido a que la devaluación en automático genera productos más baratos, pero también se verán afectadas por la recesión estadounidense y la crisis de las empresas mexicanas.

La producción industrial y la industria manufacturera y de la construcción han disminuido. Es el mismo caso de las ventas al mayoreo. La tasa de desempleo va en aumento, es la más alta desde el año 2000. La inflación anual proyectada del 3 por ciento ya va en el 5.47 por ciento. También el Índice de Precios al Consumidor se ha incrementado muy por encima de lo estimado por los analistas.

Lo difundido en el spot pudiera ser cierto, aunque parezca absurdo: lo maravilloso no radicaría en no sufrir, sino en no entenderlo. El que definitivamente sí tenía razón era el niño del anuncio. Tenía razón en desconfiar de la voz en off y en decir ¿Me estás mintiendo, verdad? ¡Me estás bromeando! Al hacerlo con el niño, la voz en off igualmente lo hacía con todos los que creían en el spot que se difundía.

rogelio_campos@yahoo.com

sábado, 18 de octubre de 2008

De noche...

Hay dos puntos que han pasado de noche en el debate reciente. Me referiré a la indemnización de los consejeros electorales que habrían renunciado el mes pasado. Mucho se ha escrito acerca del tema, pero no se ha puesto énfasis en dos puntos que a todas luces son insostenibles.

El 11 de octubre MURAL publicó "Se lleva consejero 9.5 millones de pesos". La nota daba cuenta de la renuncia del presidente del Instituto Electoral de Jalisco, a cambio de una indemnización millonaria. No fue la única "renuncia" ni tampoco fue todo lo que se gastó en esta maniobra.

La atención se ha centrado en juzgar si la forma de obtener las renuncias se ajusta a lo legal y a lo ético. A estas alturas ya no resulta novedoso el dato de que la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la inconstitucionalidad del supuesto fundamento legal en que se basaron las renuncias e indemnizaciones. Sin embargo, hay varios aspectos que han sido soslayados y que requieren nuestra atención.

Por un momento, supongamos sin conceder que el fundamento legal que abrió la puerta a las renuncias, a cambio de millonarias indemnizaciones, es correcto. Por supuesto, y con el riesgo de parecer reiterativo, lo anterior no significa que estemos de acuerdo en que lo que ocurrió sea correcto.

El decreto 22228 contiene las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Jalisco. Este decreto estableció en su artículo tercero transitorio lo siguiente: "Los consejeros en funciones que opten por no participar en el proceso de integración del nuevo organismo, o que participando, no sean electos mediante el procedimiento que realice el Poder Legislativo, percibirán por concepto de indemnización la cantidad equivalente a los sueldos que hubieren devengado de haber terminado el período para el que fueron electos". Este es el fundamento que abrió la puerta a las renuncias y que permitió el pago "legal" de las indemnizaciones.

Como consecuencia del ordenamiento anterior, el Poder Legislativo habría emitido el acuerdo legislativo 647/08 de fecha 12 de septiembre de 2008. El acuerdo establece lo siguiente: "Se aprueba pagar con recursos presupuestales del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, las indemnizaciones laborales de los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, que opten por esta opción en los términos del artículo tercero transitorio del Decreto 22228, por cuenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, de conformidad con la siguiente propuesta:".

A continuación, el acuerdo de referencia menciona los nombres de los funcionarios y el ingreso bruto por indemnización. Al presidente del organismo electoral, José Luis Castellanos González, se le indemnizó con poco más de 9 millones de pesos; a Rosa del Carmen Álvarez López con 3 millones 700 mil pesos; a Pedro Pablo Quintero Badillo con poco más de 3 millones de pesos, y a Manuel Ríos Gutiérrez con poco más de un millón 600 mil pesos.

Aquí viene lo bueno. El artículo tercero transitorio y el acuerdo -ambos referidos en los párrafos anteriores- son claros y se refieren única y exclusivamente a consejeros electorales. Las indemnizaciones que se hayan originado como consecuencia de renuncias no aplican para ningún otro funcionario que no sea consejero electoral. Más claro ni el agua.

Hay un fundamento legal -cuestionable o no- que permite el pago de las indemnizaciones a los consejeros que renuncien a seguir en su cargo. Sin embargo, en el acuerdo 647/08 se consideran los nombres de Pedro Pablo Quintero Badillo y de Manuel Ríos Gutiérrez. Hasta donde se sabe, el Instituto Electoral contaba, por disposición constitucional, con siete consejeros. Hasta donde se sabe, Quintero Badillo era asesor del presidente y Ríos Gutiérrez era secretario del Instituto Electoral. Esto es, ninguno de estos ex funcionarios referidos fue nombrado consejero electoral.

Lo anterior quiere decir que las indemnizaciones de las personas que no eran consejeros, simple y sencillamente no tienen fundamento: son ilegales, punto. Llama la atención que el tema haya pasado desapercibido.

No es el único tema que ha pasado de noche. Si se tiene el cuidado de leer el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional, se advierte con claridad que a los consejeros que renuncien a su cargo se les indemnizará con el monto equivalente a los sueldos que habrían percibido si hubieran concluido su encargo. Lo anterior no es menor, prepárese.

En mayo de 2010 los consejeros habrían terminado su encargo. El acuerdo que establece la indemnización está fechado en septiembre de 2008. A José Luis Castellanos le faltaban poco menos de veintiún meses para concluir su encargo. Hagamos la siguiente operación aritmética: dividamos 9 millones de pesos entre veintiún meses: la cantidad resultante es... ¡428,571.43 pesos! Para que la liquidación tenga fundamento legal, la remuneración mensual del ex funcionario debió ascender a poco más de 400 mil pesos. Vaya sorpresa. O la liquidación no tiene fundamento legal, o por años nos ocultaron su remuneración real.

Dos temas que han pasado de noche: funcionarios que no son consejeros y que son indemnizados bajo el fundamento que solamente permite la indemnización a esa figura; consejeros electorales y cantidades que sobrepasan, por mucho, la que permitiría el fundamento legal respectivo. Buenas noches.

rogelio_campos@yahoo.com