Sin duda, la reforma más urgente para México es la reforma hacendaria. No hay un solo problema de nuestro país que no se resuma en la falta de recursos que tiene el Gobierno para hacer frente a los más graves y variados problemas. Sin embargo, es una reforma que no se encuentra en la agenda del Gobierno.
México tiene una recaudación fiscal muy inferior a la de países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Chile. Ya viene siendo una constante que en este tipo de mediciones no pocos países de la región nos superen. Lejos quedaron los años en los que México era considerado ejemplo para Latinoamérica y en los que la referencia de progreso estaba en Norteamérica o en Europa.
La conclusión es clara: recaudamos poco, contrario al mito de que "el Gobierno tiene mucho dinero".
Las razones de que no contemos con los recursos suficientes están en la defraudación, en la evasión, en la pomposamente llamada elusión fiscal y en que, a diferencia de lo que pensamos, algunos impuestos son menores a lo que debieran ser. Ahí están los comparativos de las tasas de otros países.
Sin los recursos necesarios no se puede construir y modernizar la infraestructura básica para propiciar condiciones de competitividad. El personal docente y el personal médico, así como las instalaciones y equipos con los que trabajan, no son los adecuados. No hay recursos para el tratamiento de aguas y cuidado de los ecosistemas. No tenemos cuerpos de seguridad bien pagados y equipados para hacer frente a la creciente ola de inseguridad, que el día de ayer se volvió a manifestar, ahora en la Ciudad de México, en una de sus más terribles vertientes: el terrorismo.
Tampoco tenemos recursos para modernizar las entidades que se encargan de la generación de energía, ni para invertir en una palanca clave para el desarrollo: la tecnología. Ni hablar del transporte público o el desarrollo urbano, entre otras muchas carencias.
Todos estos problemas no podrán ser atacados eficazmente con el ritmo recaudatorio del País. Al parecer, a nadie le apura enfrentar estos retos con rapidez. Nos conformamos con un hipogradualismo que si bien nos mueve, lo hace de manera lenta. Mientras tanto, vemos cómo otros países se mueven a mayor velocidad y nos dejan atrás. Es el mismo caso del crecimiento del PIB: mientras México avanza lentamente, otros países de la región crecen a un ritmo que duplica o triplica al nuestro. No podemos decir que hemos caído en el conformismo, porque al anunciar esos ritmos de crecimiento subyace un inexplicable orgullo de haberlo conseguido. El mensaje es claro: más vale paso que dure. El problema radica en el hecho de que nos encontramos en un mundo globalizado, donde el tiempo es uno de los principales recursos, y lo estamos desperdiciando.
El problema es mucho mayor de lo que se piensa. No sólo recaudamos la mitad que los países de la región -ni hablar de que es una tercera parte de lo que se recauda en Europa-. Una fracción importante de esos ingresos proviene de los ingresos petroleros. Habrá que ver si en la reforma energética que se propone esos ingresos continuarán siendo gravados como actualmente se hace. Eso explica en gran parte la falta de ingresos y de competitividad de PEMEX.
El diagnóstico es más grave si consideramos que una porción de los tributos proviene de impuestos como el ISAN o la tenencia vehicular, que no existen en otras partes del mundo. Si además consideramos que parte de los tributos provienen del cobro excesivo de "derechos", como por ejemplo el pasaporte mexicano, que por 10 años tiene un costo de mil 800 pesos, aproximadamente, mientras que en España (está de moda comparar ambos documentos) cuesta el equivalente a 200 pesos. Si quitáramos los ingresos petroleros, el ISAN, la tenencia y el cobro excesivo de derechos, por sólo mencionar algunas de las tributaciones más pintorescas que tenemos... nuestra recaudación sería propia de una república bananera.
Pero solamente hemos hablado de los ingresos. Una reforma hacendaria es mucho más que una reforma fiscal (y mucho más que la ridícula pretensión de solamente reducirla al IVA en medicinas y alimentos). Esta última sólo se encarga de cobrar, mientras que la primera, además, considera en qué se va a gastar.
Quizás ahí radica el problema. No nos hemos puesto de acuerdo en qué gastar. Aquí pensamos que el Guggenheim debe ser pagado con dinero privado, mientras que en Bilbao fue pagado con recursos públicos. Aquí no concebimos que el gasto público subsidie el transporte público, mientras que en otras partes del mundo desarrollado se hace en alguna medida. Aquí queremos recaudar en medicinas, mientras que en el Reino Unido son gratuitas para los menores de 16 años. Eso sí, los servidores públicos aseguran lo suyo y se asignan salarios y bonos como de primer mundo.
La reforma hacendaria es urgente, para asignar recursos suficientes que permitan abatir rezagos y propiciar el desarrollo. Parece no importar. El inicio para avanzar en esta reforma se encuentra en el consenso del gasto, no del ingreso (esto es posterior).
Si en materia de gasto queremos parecernos a los países de la región que nos superan en recaudación y crecimiento, o a los desarrollados, estaríamos pasando al mundo de lo que aquí se llama populismo, que es lo que aquí no se quiere. Por eso no está en la agenda la reforma hacendaria... simplemente porque no se quieren las consecuencias.
rogelio_campos@yahoo.com
sábado, 16 de febrero de 2008
sábado, 9 de febrero de 2008
Poco apoyo
El portal de mural.com publicó ayer "Falta apoyo a empresarios". La nota reporta ésta y otras declaraciones del presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean. El influyente hombre de negocios expuso que en México no se respalda a las empresas nacionales, mientras que en la Unión Americana y en España sí lo hacen. Sería muy interesante escuchar y leer las reacciones al respecto, de quienes en los medios de comunicación se han empeñado en exorcizar el demonio del populismo y han abrazado el noble oficio del culto al mercado.
Las declaraciones del empresario de la televisión nos permiten abordar varios temas. Quizás el menos serio de todos sea el hecho de que Emilio González puede asumirse como alguien que sí apoya a las empresas nacionales. Azcárraga no puede reprochar esa falta de apoyo a las autoridades jaliscienses. Que excluya a Jalisco de las autoridades que no apoyan.
También nos permite abordar el tema de los "rescates": el bancario y el carretero. Los empresarios de estos ámbitos tampoco se pueden quejar de que no han sido apoyados por el Gobierno. Han sido apoyados al grado de que una vez que algunos de ellos han quebrado sus negocios, se les ha "rescatado" y se les han adjudicado de nueva cuenta concesiones en las que habían fracasado anteriormente. En estos casos, no solamente hay apoyo, sino que hay cariño. Que Azcárraga excluya a los banqueros y carreteros del sector de no apoyados.
Ahora abordemos el tema de los apoyos que se proporcionan por parte del Gobierno y que son tan cacareados en los medios de comunicación, incluyendo los que son propiedad de Azcárraga. ¿Quiere decir que los programas de la Secretaría de Economía, Bancomext, etcétera, no funcionan, o no los está considerando Azcárraga?... ¿O quiere decir que se requiere de más apoyo del que se proporciona?
Hay otras excepciones que debemos ponderar. La de los empresarios que han sido invitados a colaborar en cargos públicos: llegaron para enseñar la forma correcta de administrar, eliminar la corrupción y dar resultados. Hay decenas que han sido invitados a cargos en diversos ámbitos de Gobierno. Prácticamente ninguno ha destacado por lograr los objetivos ofrecidos. Lo que sí ha ocurrido es que al paso de los años se encariñaron tanto con la función pública que abandonaron sus negocios, dejaron de ser empresarios y pasaron a ser burócratas de altos vuelos. A estos empresarios sí se les apoyó: se les proporcionó un sueldo alto y varias prestaciones, inclusive algunas que no existían en el sector público y que fueron importadas por ellos, como los bonos, seguros dotales, etcétera.
Azcárraga acusó que mientras en México ha habido varios Presidentes y políticos que se han robado muchísimo dinero, a las empresas no se les apoya. Sería interesante que en los medios de Azcárraga se ventilara con detalle los montos de lo robado y los nombres de los rateros. También amerita que se ventile el nombre de los empresarios que han propiciado el enriquecimiento de los Presidentes y políticos. Estos empresarios seguramente han sido obligados, por la falta de apoyo gubernamental, a corromper o participar en la corrupción de los políticos y así poder obtener los apoyos que el Gobierno no proporciona de manera institucional. Así habrían logrado muchos apoyos que se han traducido en jugosos negocios.
Así como seguramente hay empresarios que no son apoyados, también hay algunos a quienes se apoya de más. El caso de la construcción de torres en Guadalajara y Puerto Vallarta es por demás contundente. La autoridad les hace planes parciales a modo. Si no se puede edificar más de 10 pisos... muy sencillo, ¡cambien el plan! ¿No que no hay apoyo?
Azcárraga dijo que en Estados Unidos y España se apoya a las empresas nacionales y que en México no sucede así. Tiene razón. De hecho, es lo que pelea el sector más desfavorecido de campesinos frente al TLCAN. Esas reacciones propiciaron que no pocos académicos e intelectuales se pusieran muy mal y la emprendieran contra esa bola de retrógrados. A ver si ahora hacen lo mismo con Azcárraga.
Azcárraga dijo: "Ahí vemos cómo los americanos y su Gobierno defienden a las empresas americanas, lo mismo en España. Y en México lo que se dice es que no hay que apoyar a las empresas mexicanas, en todos los rubros, no sólo en televisión". Tiene razón en eso de la falta de apoyo. Pero tampoco se apoya al transporte público, las prestaciones sociales, la difusión de cuestiones culturales, el cuidado a la ecología y una larga lista de temas que no son atendidos en México como sí se hace en la Unión Americana y en España.
Le faltó decir a Azcárraga que la falta de apoyo no se manifiesta sólo en los empresarios existentes, sino en los potenciales. México tiene una penetración crediticia del 15 por ciento con relación al PIB. Chile 40, Brasil 50, Tailandia 100 y China 150 por ciento. Sin financiamiento no hay nuevos empresarios y sin nuevos empresarios no hay competencia que beneficie al consumidor.
Hablando de Azcárraga, fue imposible no recordar las concesiones de centros de apuestas que le otorgó Creel. Hablando de apuestas, apuesto a que los adoradores del libre mercado, a pesar de tener en las declaraciones de Azcárraga una oportunidad de pronunciarse con la fiereza con la cual arremeten contra los grupos que defienden los temas que tampoco son apoyados en México... finalmente, con él no lo harán.
rogelio_campos@yahoo.com
Las declaraciones del empresario de la televisión nos permiten abordar varios temas. Quizás el menos serio de todos sea el hecho de que Emilio González puede asumirse como alguien que sí apoya a las empresas nacionales. Azcárraga no puede reprochar esa falta de apoyo a las autoridades jaliscienses. Que excluya a Jalisco de las autoridades que no apoyan.
También nos permite abordar el tema de los "rescates": el bancario y el carretero. Los empresarios de estos ámbitos tampoco se pueden quejar de que no han sido apoyados por el Gobierno. Han sido apoyados al grado de que una vez que algunos de ellos han quebrado sus negocios, se les ha "rescatado" y se les han adjudicado de nueva cuenta concesiones en las que habían fracasado anteriormente. En estos casos, no solamente hay apoyo, sino que hay cariño. Que Azcárraga excluya a los banqueros y carreteros del sector de no apoyados.
Ahora abordemos el tema de los apoyos que se proporcionan por parte del Gobierno y que son tan cacareados en los medios de comunicación, incluyendo los que son propiedad de Azcárraga. ¿Quiere decir que los programas de la Secretaría de Economía, Bancomext, etcétera, no funcionan, o no los está considerando Azcárraga?... ¿O quiere decir que se requiere de más apoyo del que se proporciona?
Hay otras excepciones que debemos ponderar. La de los empresarios que han sido invitados a colaborar en cargos públicos: llegaron para enseñar la forma correcta de administrar, eliminar la corrupción y dar resultados. Hay decenas que han sido invitados a cargos en diversos ámbitos de Gobierno. Prácticamente ninguno ha destacado por lograr los objetivos ofrecidos. Lo que sí ha ocurrido es que al paso de los años se encariñaron tanto con la función pública que abandonaron sus negocios, dejaron de ser empresarios y pasaron a ser burócratas de altos vuelos. A estos empresarios sí se les apoyó: se les proporcionó un sueldo alto y varias prestaciones, inclusive algunas que no existían en el sector público y que fueron importadas por ellos, como los bonos, seguros dotales, etcétera.
Azcárraga acusó que mientras en México ha habido varios Presidentes y políticos que se han robado muchísimo dinero, a las empresas no se les apoya. Sería interesante que en los medios de Azcárraga se ventilara con detalle los montos de lo robado y los nombres de los rateros. También amerita que se ventile el nombre de los empresarios que han propiciado el enriquecimiento de los Presidentes y políticos. Estos empresarios seguramente han sido obligados, por la falta de apoyo gubernamental, a corromper o participar en la corrupción de los políticos y así poder obtener los apoyos que el Gobierno no proporciona de manera institucional. Así habrían logrado muchos apoyos que se han traducido en jugosos negocios.
Así como seguramente hay empresarios que no son apoyados, también hay algunos a quienes se apoya de más. El caso de la construcción de torres en Guadalajara y Puerto Vallarta es por demás contundente. La autoridad les hace planes parciales a modo. Si no se puede edificar más de 10 pisos... muy sencillo, ¡cambien el plan! ¿No que no hay apoyo?
Azcárraga dijo que en Estados Unidos y España se apoya a las empresas nacionales y que en México no sucede así. Tiene razón. De hecho, es lo que pelea el sector más desfavorecido de campesinos frente al TLCAN. Esas reacciones propiciaron que no pocos académicos e intelectuales se pusieran muy mal y la emprendieran contra esa bola de retrógrados. A ver si ahora hacen lo mismo con Azcárraga.
Azcárraga dijo: "Ahí vemos cómo los americanos y su Gobierno defienden a las empresas americanas, lo mismo en España. Y en México lo que se dice es que no hay que apoyar a las empresas mexicanas, en todos los rubros, no sólo en televisión". Tiene razón en eso de la falta de apoyo. Pero tampoco se apoya al transporte público, las prestaciones sociales, la difusión de cuestiones culturales, el cuidado a la ecología y una larga lista de temas que no son atendidos en México como sí se hace en la Unión Americana y en España.
Le faltó decir a Azcárraga que la falta de apoyo no se manifiesta sólo en los empresarios existentes, sino en los potenciales. México tiene una penetración crediticia del 15 por ciento con relación al PIB. Chile 40, Brasil 50, Tailandia 100 y China 150 por ciento. Sin financiamiento no hay nuevos empresarios y sin nuevos empresarios no hay competencia que beneficie al consumidor.
Hablando de Azcárraga, fue imposible no recordar las concesiones de centros de apuestas que le otorgó Creel. Hablando de apuestas, apuesto a que los adoradores del libre mercado, a pesar de tener en las declaraciones de Azcárraga una oportunidad de pronunciarse con la fiereza con la cual arremeten contra los grupos que defienden los temas que tampoco son apoyados en México... finalmente, con él no lo harán.
rogelio_campos@yahoo.com
sábado, 2 de febrero de 2008
Cuentacuentos
La semana pasada señalamos el incumplimiento a diversos ordenamientos por parte del titular de la Comisión Estatal del Agua ("Más claro, ni el agua"). La reacción del Gobernador ante flagrante infracción es en principio desconcertante e inmediatamente decepcionante. Si Emilio González Márquez no ve o no quiere ver la violación flagrante y clarísima por parte de su colaborador, no hay razones para que los ciudadanos puedan confiar en sus propuestas presentadas ayer en materia de rendición de cuentas.
César Coll cobró un bono indebidamente, violando la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la Ley del Agua, la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Esta violación tiene como consecuencia la aplicación de sanciones. La prohibición y la sanción existen en la Ley, no en el ánimo del Gobernador.
Una de las excusas de Coll es que los organismos descentralizados son autónomos para determinar este tipo de pagos, confundiendo la independencia con indolencia, y entendiendo la autonomía como una patente de corso presupuestal.
Podemos recurrir a la nota de MURAL del 15 de noviembre de 2006, ahí se registra la devolución de un bono que fue otorgado a funcionarios de primer nivel del ITEI. Otro organismo constitucional autónomo (OCA) es el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. MURAL publicó el 12 de julio de 2007 "Prohíben bonos para consejeros"; la nota registra que, ante la duda de los consejeros para otorgarse este tipo de beneficios, quisieron curarse en salud consultándolo con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, instancia que finalmente podría determinar lo indebido de la conducta.
La respuesta de la ASEJ fue contundente: "Bajo ninguna circunstancia, puede otorgar o recibir bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por conclusión del encargo, u otras percepciones de similar naturaleza adicionales a la remuneración cualquiera que sea su denominación", asegurando que no lo podían otorgar atendiendo los artículos 46, 54 bis, 54 bis 1, 54 bis 7 y 55 de la Ley para los Servidores Públicos.
El IEEJ y el ITEI son OCAs, y por tanto gozan de mayor autonomía que los descentralizados, como el que dirige Coll. No hay que darle tantas vueltas, las normas no pueden ser más claras. Lo único que es más claro que los dispositivos legales vulnerados es la ambición de quien lo toma (Coll) y la displicencia del Gobernador.
MURAL publicó el pasado martes 29 "Quita Ejecutivo dádivas a OPDs". La nota refiere que se le hizo ver al Gobernador la violación legal por parte de César Coll. Le fueron citados los artículos que prohíben este tipo de conductas, se le hizo ver que la CEA se rige por la ley de servidores públicos... Total, que los reporteros le habrían querido dar el ABC de las reglas que prohíben los bonos, y la respuesta de Emilio González ante ello está para enmarcarse: "justificó la entrega del bono ya que en 2007 la orden de no bonos era, exclusivamente, para los Secretarios y no incluía a los OPDs.
"Para este segundo año estaremos haciendo extensiva la obligación (de no recibir ni otorgar bonos) a los Organismos Públicos Descentralizados y en ese momento ni él (César Coll) ni ninguno recibirán el bono", dijo el Mandatario.
Dejamos el terreno de la República para entrar en la Monarquía. En las monarquías la palabra del Rey es la ley, por eso es el Soberano (por encima de todos). Lo que es más, hay de monarquías a monarquías; en las que el monarca es la ley son las absolutas, y en las que debe someterse a la ley son las constitucionales. En la República (que creo que todavía es nuestro caso), la ley está por encima del gobernante. De manera que estas disposiciones no debieron cumplirse por instrucción del Gobernador, sino porque simplemente lo ordena la ley, y en una partecita que se llama "Transitorios", dice la fecha en la que empieza a tener vigencia la norma. Tuve el cuidado de verificar los transitorios de todas las leyes violadas alegremente, y en ninguna parte dice que la vigencia está condicionada a que el Gobernador gire una orden al respecto.
Con esta declaración se rompen los paradigmas de lo bochornoso y de la indignación. El Gobernador entra de lleno en terrenos inexplorados. Todavía hay más: "el Gobernador, contrario a lo que dice la ley, señaló que esta dependencia, y todos los Organismos Públicos Descentralizados, tienen autonomía para decidir respecto a los bonos" (MURAL 29/1/08). Desconozco quién lo asesore en estos temas, pero sí le puedo asegurar que cualquier estudiante de tercer semestre de Derecho, de cualquier universidad, le alcanza a decir que no es así.
Seguimos con la nota: "se le insistió al Mandatario estatal que la Ley Antibonos es para todos los servidores públicos, sin importar si son de una Secretaría o de un OPD", y respondió: "No, no estaba para todos".
"Según el argumento del Gobernador, son las juntas de Gobierno de los OPDs donde se fija el sueldo de los funcionarios". Contrario a lo que dice el Gobernador, los Secretarios tenían que dejar de darse bonos por mandato de ley, no por mandato de él. Contrario a lo que dice el Gobernador, las juntas de gobierno de los OPDs no pueden decidir en contra de lo que manda la ley.
Con esas "interpretaciones" ante dispositivos sumamente claros, es difícil confiar en la propuesta que presentó ayer el Gobernador, respecto a hacer informes cuatrimestrales y no, anuales. Dice que los anuales son para lucimiento personal, al mismo tiempo que su imagen o su voz se difunde por todos los medios posibles.
Ahí está un caso concreto (el bono de Coll) para que se rindan cuentas y no para que nos cuenten cuentos... malos, por cierto.
César Coll cobró un bono indebidamente, violando la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la Ley del Agua, la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Esta violación tiene como consecuencia la aplicación de sanciones. La prohibición y la sanción existen en la Ley, no en el ánimo del Gobernador.
Una de las excusas de Coll es que los organismos descentralizados son autónomos para determinar este tipo de pagos, confundiendo la independencia con indolencia, y entendiendo la autonomía como una patente de corso presupuestal.
Podemos recurrir a la nota de MURAL del 15 de noviembre de 2006, ahí se registra la devolución de un bono que fue otorgado a funcionarios de primer nivel del ITEI. Otro organismo constitucional autónomo (OCA) es el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. MURAL publicó el 12 de julio de 2007 "Prohíben bonos para consejeros"; la nota registra que, ante la duda de los consejeros para otorgarse este tipo de beneficios, quisieron curarse en salud consultándolo con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, instancia que finalmente podría determinar lo indebido de la conducta.
La respuesta de la ASEJ fue contundente: "Bajo ninguna circunstancia, puede otorgar o recibir bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por conclusión del encargo, u otras percepciones de similar naturaleza adicionales a la remuneración cualquiera que sea su denominación", asegurando que no lo podían otorgar atendiendo los artículos 46, 54 bis, 54 bis 1, 54 bis 7 y 55 de la Ley para los Servidores Públicos.
El IEEJ y el ITEI son OCAs, y por tanto gozan de mayor autonomía que los descentralizados, como el que dirige Coll. No hay que darle tantas vueltas, las normas no pueden ser más claras. Lo único que es más claro que los dispositivos legales vulnerados es la ambición de quien lo toma (Coll) y la displicencia del Gobernador.
MURAL publicó el pasado martes 29 "Quita Ejecutivo dádivas a OPDs". La nota refiere que se le hizo ver al Gobernador la violación legal por parte de César Coll. Le fueron citados los artículos que prohíben este tipo de conductas, se le hizo ver que la CEA se rige por la ley de servidores públicos... Total, que los reporteros le habrían querido dar el ABC de las reglas que prohíben los bonos, y la respuesta de Emilio González ante ello está para enmarcarse: "justificó la entrega del bono ya que en 2007 la orden de no bonos era, exclusivamente, para los Secretarios y no incluía a los OPDs.
"Para este segundo año estaremos haciendo extensiva la obligación (de no recibir ni otorgar bonos) a los Organismos Públicos Descentralizados y en ese momento ni él (César Coll) ni ninguno recibirán el bono", dijo el Mandatario.
Dejamos el terreno de la República para entrar en la Monarquía. En las monarquías la palabra del Rey es la ley, por eso es el Soberano (por encima de todos). Lo que es más, hay de monarquías a monarquías; en las que el monarca es la ley son las absolutas, y en las que debe someterse a la ley son las constitucionales. En la República (que creo que todavía es nuestro caso), la ley está por encima del gobernante. De manera que estas disposiciones no debieron cumplirse por instrucción del Gobernador, sino porque simplemente lo ordena la ley, y en una partecita que se llama "Transitorios", dice la fecha en la que empieza a tener vigencia la norma. Tuve el cuidado de verificar los transitorios de todas las leyes violadas alegremente, y en ninguna parte dice que la vigencia está condicionada a que el Gobernador gire una orden al respecto.
Con esta declaración se rompen los paradigmas de lo bochornoso y de la indignación. El Gobernador entra de lleno en terrenos inexplorados. Todavía hay más: "el Gobernador, contrario a lo que dice la ley, señaló que esta dependencia, y todos los Organismos Públicos Descentralizados, tienen autonomía para decidir respecto a los bonos" (MURAL 29/1/08). Desconozco quién lo asesore en estos temas, pero sí le puedo asegurar que cualquier estudiante de tercer semestre de Derecho, de cualquier universidad, le alcanza a decir que no es así.
Seguimos con la nota: "se le insistió al Mandatario estatal que la Ley Antibonos es para todos los servidores públicos, sin importar si son de una Secretaría o de un OPD", y respondió: "No, no estaba para todos".
"Según el argumento del Gobernador, son las juntas de Gobierno de los OPDs donde se fija el sueldo de los funcionarios". Contrario a lo que dice el Gobernador, los Secretarios tenían que dejar de darse bonos por mandato de ley, no por mandato de él. Contrario a lo que dice el Gobernador, las juntas de gobierno de los OPDs no pueden decidir en contra de lo que manda la ley.
Con esas "interpretaciones" ante dispositivos sumamente claros, es difícil confiar en la propuesta que presentó ayer el Gobernador, respecto a hacer informes cuatrimestrales y no, anuales. Dice que los anuales son para lucimiento personal, al mismo tiempo que su imagen o su voz se difunde por todos los medios posibles.
Ahí está un caso concreto (el bono de Coll) para que se rindan cuentas y no para que nos cuenten cuentos... malos, por cierto.
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