Tarde o temprano

Tarde o temprano nuestro país contará con un solo organismo electoral. El pasado jueves tuvo lugar en Guadalajara la reunión nacional de organismos electorales locales. Asistieron 28 presidentes de estos organismos e hicieron un frente común opositor a la propuesta para crear un organismo electoral nacional. También asistió el presidente del IFE y se sumó a las voces de sus colegas.

Crear un organismo electoral nacional no es una propuesta nueva, supone la desaparición del IFE y de los 32 organismos electorales existentes en el país. Pasaríamos de 33 organismos a uno solo: el Instituto Nacional Electoral. También eliminaríamos 32 legislaciones electorales para quedarnos con una.

Llaman la atención los ejes de la argumentación para oponerse a la propuesta. Se dice que la hizo el PRD como consecuencia del resultado electoral federal de 2006, y que sería una forma de remover a los actuales consejeros electorales del IFE. Efectivamente, la propuesta es del PRD, pero se hizo desde 2001, cuando estábamos muy lejos de que se conociera el resultado de 2006.

No solamente el partido del Sol Azteca se ha manifestado por la salida de los actuales consejeros; también el PRI está en la misma sintonía. El tema no es menor, estamos a menos de dos años de la jornada electoral de 2009 y a 15 meses de que inicie formalmente ese proceso electoral, y dos de los tres principales partidos no confían en el árbitro.

Otro de los argumentos que se esgrimen para oponerse a la creación de un instituto único es la supuesta invasión de soberanía de los Estados. Los opositores a esta propuesta de plano no saben de cuestiones constitucionales. Los Estados no son soberanos, sino autónomos; en dado caso, podría aceptarse el argumento de vulneración de la autonomía.

Lo extraño es que estos principios sólo se invocan a conveniencia, y se les da un acomodo forzoso. Los presidentes de organismos electorales con elecciones simultáneas nunca se han quejado de la invasión real a la autonomía estatal que el IFE, en los hechos, realiza en no pocas decisiones del proceso. Además, si se hace la reforma constitucional de manera adecuada, no tendría por qué vulnerar autonomías, pues en el pacto federal los Estados establecen qué ceden y qué se reservan.

Para fortalecer lo anterior, hay que señalar que algunos sistemas centralistas, como España y Japón, en los hechos, son más descentralizados que nuestro modelo federalista, que en realidad ha sido un centralismo de facto y que sí vulnera autonomías, y nadie dice nada, incluyendo a los consejeros y presidentes de los organismos electorales.

Por otro lado, está el caso de la Unión Americana que, siendo federal, delega prácticamente todo el proceso electoral en las autoridades locales. Si fuera por defender el federalismo a ultranza, los organismos electorales locales demandarían hacerse cargo en el ámbito de su territorio del proceso electoral federal... a ver si los fuertes cimientos federalistas de México permiten siquiera pensar esa posibilidad.

También tenemos el caso de Brasil, que es una república federal conformada (obvio) por Estados. Tome nota de algunas características de ese país que debieran servirnos de referencia. Ahí no existen organismos electorales locales y nadie lloriquea ni se queja de vulneración alguna a la autonomía de los Estados. Todas las elecciones locales y federales se celebran el mismo día y hay segunda vuelta para los ejecutivos. El cien por ciento de los brasileños vota en urna electrónica, por lo que no tienen que contar boletas ni llenar a mano las actas, y con ello tienen resultados definitivos a la medianoche del mismo día de la votación (no existe el PREP).

Los brasileños han ido más allá de la propuesta que aquí pone nerviosos a consejeros y presidentes electorales, y han reunido las funciones administrativas y jurisdiccionales en un solo órgano electoral: el Tribunal Superior Electoral, que desempeña las funciones que aquí se les encomiendan al IFE y al TRIFE. Si se adoptara esta medida en México, pasaríamos de tener 66 a sólo tres ordenamientos electorales como máximo y dejaríamos de tener 66 organismos electorales y nos quedaríamos con dos. Menos leyes, institutos, consejos, comisiones, tribunales, consejeros, magistrados y presidentes. Menos nómina y menos gastos.

Adicionalmente, los brasileños redujeron todos los mandatos a cuatro años; solamente esta medida nos ahorraría 3 mil millones de pesos en cada proceso electoral.

No estamos hablando de un país pequeño, donde hacer estos cambios podría antojarse fácil. Brasil tiene una extensión territorial y una población muy superiores a las de México; tampoco estamos hablando de un país del primer mundo: tiene zonas de difícil acceso, grupos étnicos, pobreza y muchas otras similitudes con nuestro país.

También tiene algunas diferencias: su identificación (credencial de elector) no tiene candado alguno; ser funcionario de casilla es un honor y casi vitalicio, por lo que no se insaculan... ¡Ah! también hay otra diferencia, el sistema electoral que han diseñado da como resultado que prácticamente haya cero impugnaciones.

Todas estas ventajas palidecen frente a las sabias manifestaciones de nuestros desinteresados funcionarios electorales. Sin embargo, tarde o temprano, si la racionalidad se impone transitaremos hacia el modelo que ha adoptado Brasil.

rogelio_campos@yahoo.com

Criminalización y engaño

La realidad que actualmente vivimos no tiene que envidiar las etapas en las que el engaño y la criminalización se utilizaron como eficaces instrumentos de dominación. La diferencia es que ahora, supuestamente, vivimos en un régimen democrático (ese es otro engaño), lo cual agravaría este tipo de prácticas.

Desde sus antecedentes y orígenes, las presentes Administraciones pretendieron encontrar en la criminalización un eficaz instrumento para nulificar a sus adversarios. Tales son los casos, por poner sólo dos ejemplos, del "desafuero" contra AMLO y del "aseguramiento" de las casas de Arturo Zamora. Ni el primero pisó la cárcel, ni al segundo se le incautaron sus casas.

Una vez que el Presidente Calderón asumió como tal, la primera medida en ser adoptada fue la militarización del país. Con esto se faculta, de facto, que cualquier ciudadano sea revisado por miembros del Ejército, o lo que es lo mismo: todos somos sospechosos, y por ello las revisiones aleatorias. La incapacidad del Gobierno para combatir al narcotráfico encuentra una salida "natural": criminalizar a toda la población.

Otro problema que enfrentó Felipe Calderón fue el aumento al precio del maíz. De inmediato se anunció que se ejercería acción penal contra los acaparadores del grano. Se llegó al punto de publicar en noticieros horario triple A la localización de los establecimientos que estaban incurriendo en estas condenables prácticas. Pues bien, días después, el propietario (criminalizado) del establecimiento demostró que no había acaparamiento, y por tanto, no se ejercitó acción penal en su contra. Sin embargo, al igual que con AMLO y Zamora, la meta se había cumplido: en esta ocasión se ganaba tiempo y legitimidad... con base en la criminalización y el engaño.

Los hermanos Sosa constituyen otro caso, éste por lo menos de sobrecriminalización. Encerrados en un penal de máxima seguridad, un juez acaba de resolver que la autoridad no acreditó la "alta peligrosidad" y, por tanto, serán trasladados a una cárcel de Oaxaca, donde (en el extremo del caso) también debieron estar quienes fueron aprehendidos por los desmanes de Oaxaca, y que de forma aberrante fueron encarcelados a cientos de kilómetros de distancia. Para este detallito había tantas razones políticas como carencia de elementos jurídicos.

Debido a la subcultura de la desconfianza, los mexicanos consentimos que se nos criminalice. Al desconfiar todos de todos, accedemos a que se nos entinte (marque) el dedo al votar. Con ello, admitimos que cada uno de nosotros es un delincuente electoral en potencia. Ese extraño gusto por ser criminalizados nos lleva a aceptar sin mayor resistencia que las mochilas de nuestros hijos vayan a ser revisadas y que a ellos se les practiquen exámenes de orina para detectar el consumo de drogas. Antes de aceptar este tipo de medidas deberíamos pedir que los exámenes se los practicaran los integrantes del Gabinete, las autoridades educativas y sanitarias (que estuvieran involucradas en su aplicación), y los maestros (incluyendo a los líderes sindicales, inspectores y directores) de los sospechosos menores de edad.

Varias estrategias basadas en la criminalización han resultado una verdadera estafa, un engaño. Adicionalmente, diversas maniobras del Gobierno se han basado en dar a la mentira apariencia de verdad. El ejemplo más reciente lo encontramos en las explosiones de gasoductos. La Secretaría de Gobernación se apresuró a decir que la causa se encontraba en una "baja presión" y que no se descartaba "la ordeña". Este comunicado nos inducía a creer y tener por cierto lo que era falso. Ahora la versión oficial ha dado un vuelco: no sólo son atentados, sino que son atribuibles al EPR. Si en esta ocasión el Gobierno acierta o falla es lo de menos, al parecer lo que importa es la rapidez de reacción.

A un cambio de opinión le sigue otro. Ahora el Presidente dice que los mexicanos queremos vivir en paz, lo cual suena bien; pero meses antes no dejaba de decir que estábamos en guerra, que duraría muchos años, y que costaría mucho dinero y vidas.

El ilusionismo es una forma de engaño. En este ámbito, el Gobierno le hace competencia al propio Copperfield. No sólo fueron magazos para convertir, en la casa de Las Lomas, 17 millones en sólo 157 mil pesos. Grupo Reforma publicó el 28 de marzo de este año que "en septiembre de 2006, el Sistema de Información Arancelaria de la Secretaría de Economía señalaba... que entre enero y agosto de 2005 México importó 3 mil 91 toneladas de seudoefedrina... monto 40 veces superior a lo que necesita anualmente la industria farmacéutica en México para producir medicamentos... detallaba el nombre de las empresas que realizaron el 80 por ciento de las compras. Entre ellas estaban... Unimed Pharm Chem de México (la de Zhen Le)... Sin embargo, las estadísticas oficiales de comercio cambiaron. Actualmente se reporta que sólo se importaron 118 toneladas de seudoefedrina en 2005 y se borró a la empresa de origen chino de la lista de importadores.

Consultada al respecto, la Secretaría de Economía responsabilizó a la Secretaría de Hacienda del "error de captura" causante de las diferencias en las importaciones -2 mil 973 toneladas menos-, pero no aclaró por qué se borró de la lista a la empresa de Zhen Le.

Frente a estas hazañas, a ojos de todo el mundo, desaparecer la Estatua de la Libertad es cosa de niños.

rogelio_campos@yahoo.com

Lecciones del Trife

El pasado 20 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California anuló la candidatura a Gobernador de Jorge Hank Rhon. Durante 16 días el PRI no contó propiamente con candidato. Ese no fue el único caso de candidatura anulada; el Tribunal Electoral bajacaliforniano se dio vuelo cancelando otras. Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso las cosas en su lugar, pues le devolvió a Hank la candidatura que le fue arrebatada. Sin embargo, no podrá recuperar los 16 días de campaña que perdió.

¿Qué fue lo que motivó la anulación de las candidaturas? La Constitución Política de Baja California establece que: "No podrán ser electos Gobernador del Estado... Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos durante el período para el que fueron electos; aun cuando se separen de sus cargos...". Hank fue electo Presidente Municipal de Tijuana y no había terminado su mandato cuando se registró como candidato al Gobierno de aquel Estado.

Esta disposición, conocida como "Ley Antichapulín", es muy popular y ha sido alabada donde se ha aprobado, y es demandada en no pocos Estados, entre ellos Jalisco. Al aprobar este tipo de medidas, el Congreso de Baja California fue popular, jugó para la tribuna. Sin embargo, al hacerlo estaba vulnerando los derechos políticos establecidos en la Constitución federal y en tratados internacionales que han sido asumidos como ley por nuestro país.

Efectivamente, un dispositivo constitucional local "prohíbe" a algunos servidores públicos ser candidatos. En contrapartida, hay otros dispositivos que prohíben prohibir. Esto es, el marco legal no permite que los Congresos pongan más restricciones que las señaladas por la Constitución federal y por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El punto es que hay de normas a normas, y la Constitución federal y los tratados internacionales tienen mayor rango que las constituciones locales. Si bien es cierto que los derechos políticos no son ilimitados, las restricciones a éstos deben adaptarse a los tratados internacionales; esto es, no pueden establecer prohibiciones adicionales.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, estableció en su artículo 23 que: "Todos (nótese: todos) los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país... La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal". Lo anterior, quiere decir que no puede reglamentarse el ejercicio de estos derechos por razones ajenas a las mencionadas anteriormente.

Esta convención va más allá, pues en su artículo 30 establece el alcance de las restricciones a estos derechos: "Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones (nótese: razones) de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas". En la sesión de ayer del Trife se llegó al punto de decir que estas disposiciones que prohíben a los ciudadanos arribar a cargos públicos son indebidas, y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos ha determinado que las restricciones indebidas son las que son irracionales y subjetivas.

Los Magistrados del Trife han interpretado la ley. Y es que la ley no es un conjunto de normas confinadas en un libro; es el conjunto de ordenamientos que tienen relación con un asunto como el que se ventiló en esta sesión. El Trife hizo una interpretación integral y sistemática del marco legal y la aplicó a favor de lo que tutela el Derecho y sus principios generales.

Son varias las lecciones que nos ha dado el Trife. La primera, consiste en que la supuesta irracionalidad del "Efecto Chapulín" no se combate con otra irracionalidad, aunque ésta sea planteada dentro de la Constitución local. La segunda lección es que estos fenómenos tampoco se combaten a partir de la subjetividad y de la frivolidad legislativa, por muchos que sean los entusiastas que pidan adoptar este tipo de medidas. La tercera lección es que debemos estudiar los tratados internacionales, que son normas de la más alta jerarquía asumidas por México y parte importante de nuestro marco legal. La cuarta lección es que el Derecho se aplica a favor del ciudadano y, nos guste o no (la quinta lección es), los políticos, antes de serlo, son ciudadanos.

Seguramente esta decisión no gustará a muchos. Al manifestar su disgusto, sírvanse adjuntar solicitud de que nuestro país abandone los tratados internacionales que ha suscrito.

rogelio_campos@yahoo.com